Este temario combina dos bloques de origen distinto. El primero (6 temas) es la 'parte común' del Anexo I de la convocatoria PNI26/01 de ADIF (Personal Operativo, Oferta de Empleo Público 2026): temas transversales sobre empleo público, incompatibilidades, igualdad y prevención de riesgos, exigidos por igual a todos los perfiles convocados. El segundo bloque (8 temas, añadido el 18-oct-2026) desarrolla contenido que el banco de preguntas de OpositaGratis ya testeaba desde antes de construir este temario (Constitución y régimen jurídico del sector público, organización de ADIF, seguridad en la circulación, contratación pública LCSP, ofimática, Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, infraestructura y señalización), pero que nunca había tenido página de lectura propia; no proviene literalmente del Anexo I de ninguna convocatoria concreta, sino de áreas de conocimiento generalista del sector ferroviario y de la Administración que el banco ya cubría. Ninguno de los dos bloques cubre la 'parte específica' de cada perfil de Personal Operativo (por ejemplo, para 26/11PO es un bloque propio de 5 temas de electrotecnia y reglamento de circulación; otros perfiles como Oficial Administrativo, Maquinista o Controlador tienen su propia parte específica, completamente distinta entre sí), ni las categorías de Mando Intermedio y de Cuadro Técnico y Técnico de la misma OEP 2026, ni las convocatorias de Renfe Operadora (empresa distinta de Adif desde la escisión de 2005, con su propio temario ya construido en OpositaGratis bajo el id "renfe"). AÑADIDO 18-oct-2026: un tercer bloque (temas 15 a 17) cubre, por primera vez, la "parte específica" real de un perfil de Personal Operativo: el de Factor de Circulación de Entrada (código oficial 26/09PO, 524 plazas, el de mayor volumen de la convocatoria). Corresponde al perfil real 'Factor de Circulación de Entrada' (código oficial 26/09PO, 524 plazas, no 26/11PO como se había asumido inicialmente) de la convocatoria PNI26/01. Cubre los 3 documentos que forman la parte específica según el Anexo I de las bases: el RCF (Libros 1 y 2), la Orden FOM/2872/2010 (excepto su Título V) y la Resolución 8/2022 de la AESF; no cubre el resto de perfiles ni la habilitación posterior de Responsable de Circulación.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es la norma marco española en materia preventiva, de aplicación a toda relación laboral, incluida la de ADIF con su personal. El Anexo I limita el temario a la exposición de motivos y a los capítulos I (disposiciones generales), III (derechos y obligaciones) y V (consulta y participación de los trabajadores), dejando fuera el resto del articulado (obligaciones de fabricantes, régimen sancionador, etc.).
La exposición de motivos: el mandato constitucional del artículo 40.2 CE
La exposición de motivos de la Ley 31/1995 parte del mandato del artículo 40.2 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo, y sitúa la ley como transposición al ordenamiento español de la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
El objeto de la ley (Capítulo I, artículo 2)
El Capítulo I fija como objeto de la ley promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, estableciendo los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales.
El ámbito de aplicación (Capítulo I)
La ley se aplica tanto en el ámbito de las Administraciones Públicas como en el de las empresas privadas, y por tanto a las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, incluidas las de entidades públicas empresariales como ADIF, con las peculiaridades que se establecen para determinados colectivos (Fuerzas Armadas, Policía, etc.), que no afectan al personal ordinario de Adif.
Definiciones básicas (Capítulo I)
El Capítulo I recoge las definiciones esenciales de la norma: 'prevención', como el conjunto de actividades adoptadas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo; 'riesgo laboral', como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo; y 'daños derivados del trabajo', como las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
El derecho de los trabajadores a la protección frente a riesgos laborales (artículo 14)
El artículo 14, dentro del Capítulo III, reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, correlativo al deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, deber que se concreta en la adopción de cuantas medidas sean necesarias, integrando la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades y en todos los niveles jerárquicos.
Los principios de la acción preventiva (artículo 15)
El artículo 15 enumera los principios generales de la acción preventiva: evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatir los riesgos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención; adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; y dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
La evaluación de los riesgos (artículo 16)
El artículo 16 obliga al empresario a realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y a revisarla cuando cambien las condiciones de trabajo o se produzcan daños para la salud, así como a planificar la actividad preventiva cuando el resultado de la evaluación lo ponga de manifiesto.
Equipos de trabajo y equipos de protección individual (artículo 17)
El artículo 17 obliga al empresario a proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo adecuados para el trabajo que deba realizarse y a que su uso no origine riesgos, así como a facilitar equipos de protección individual adecuados cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente por medios de protección colectiva.
Información, consulta y participación de los trabajadores (artículo 18)
El artículo 18 reconoce el derecho de los trabajadores a ser informados sobre los riesgos de su puesto y las medidas preventivas aplicables, así como el derecho a formular propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección, garantizando su consulta con la debida antelación en la adopción de decisiones relativas a la seguridad y salud.
La formación de los trabajadores (artículo 19)
El artículo 19 obliga al empresario a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, debiendo impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo y sin que su coste recaiga en ningún caso sobre el trabajador.
Medidas de emergencia (artículo 20)
El artículo 20 obliga al empresario a analizar las posibles situaciones de emergencia y a adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento.
Riesgo grave e inminente (artículo 21)
El artículo 21 regula la actuación ante un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores: el empresario debe informar de él lo antes posible, y los trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, sin que puedan sufrir perjuicio alguno por ello, salvo que su actuación suponga un incumplimiento manifiesto y temerario.
La vigilancia de la salud (artículo 22)
El artículo 22 obliga al empresario a garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, vigilancia que, como regla general, es voluntaria para el trabajador salvo en los supuestos tasados que la propia ley establece (entre ellos, cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud o para verificar si el estado de salud puede constituir un peligro para el propio trabajador o para terceros).
La coordinación de actividades empresariales (artículo 24)
El artículo 24 obliga a las empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo a cooperar en la aplicación de la normativa de prevención, algo especialmente relevante para ADIF cuando contratas externas realizan trabajos de mantenimiento u obra en sus instalaciones ferroviarias.
El derecho de consulta de los trabajadores (artículo 33 y siguientes, Capítulo V)
El Capítulo V, a partir del artículo 33, regula el derecho de consulta de los trabajadores, obligando al empresario a consultarles, con la debida antelación, la adopción de decisiones relativas a la planificación de la actividad preventiva, la designación de trabajadores encargados de las medidas de emergencia, y los procedimientos de información y documentación, entre otras materias.
Los Delegados de Prevención (artículos 35 a 37)
Los artículos 35 a 37 configuran a los Delegados de Prevención como los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, elegidos por y entre los representantes del personal, con competencias como colaborar con la dirección en la mejora de la acción preventiva o ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa.
El Comité de Seguridad y Salud (artículos 38 a 40)
Los artículos 38 a 40 regulan el Comité de Seguridad y Salud como el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, obligatorio en empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, e integrado por los Delegados de Prevención y por el empresario o sus representantes en número igual.
La reforma de la Ley 54/2003: la integración de la prevención en la gestión de la empresa
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, modificó varios preceptos de la LPRL para reforzar la integración de la actividad preventiva en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos, exigiendo que dicha integración se refleje en un plan de prevención documentado que incluya la estructura organizativa, las funciones, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios para desarrollar la acción de prevenir riesgos en la empresa, de forma que la prevención deje de entenderse como una obligación meramente formal.
El recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad
Cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se produce por incumplimiento del empresario de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, el ordenamiento español prevé, además de las posibles responsabilidades administrativa, civil y penal, un recargo específico de las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivadas de ese accidente o enfermedad, regulado en la legislación general de Seguridad Social. Este recargo, que puede alcanzar hasta el cincuenta por cien de la prestación, es independiente y compatible con las responsabilidades que puedan derivarse del incumplimiento de la LPRL, y recae directamente sobre el empresario responsable, sin que pueda ser objeto de seguro alguno. Constituye, junto con las sanciones administrativas por infracciones en materia de prevención, uno de los principales mecanismos de presión económica para forzar el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas por parte del empresario, incluidas las entidades públicas empresariales como ADIF.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la organización de la prevención
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) —denominado anteriormente Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), hasta que el Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, le dio su denominación actual—, organismo científico-técnico especializado de la Administración General del Estado, tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la promoción de su mejora, actuando como centro de referencia nacional y representando a España ante la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Para cumplir las obligaciones preventivas de la LPRL, las empresas deben organizar la prevención mediante alguna de las modalidades previstas: asunción personal por el propio empresario (en supuestos muy limitados), designación de trabajadores, constitución de un servicio de prevención propio o mancomunado, o recurso a un servicio de prevención ajeno acreditado; en una organización de la dimensión y complejidad de ADIF, dados el volumen de su plantilla y la singularidad de sus riesgos ferroviarios, la prevención se organiza mediante servicio de prevención propio.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 31/1995 (LPRL) es de 8 de noviembre y transpone la Directiva 89/391/CEE.
Su fundamento constitucional es el artículo 40.2 de la Constitución Española.
El objeto de la ley (Capítulo I) es promover la seguridad y salud de los trabajadores.
Se aplica a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores, incluidas empresas públicas como ADIF.
'Riesgo laboral' es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo.
El artículo 14 reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz.
Correlativamente, el empresario tiene el deber de protección frente a los riesgos laborales.
El artículo 15 enumera los principios de la acción preventiva.
El primer principio es evitar los riesgos; el segundo, evaluar los que no se puedan evitar.
Otro principio es anteponer la protección colectiva a la individual.
El artículo 16 exige una evaluación inicial de riesgos y su revisión ante cambios.
El artículo 17 obliga a proporcionar equipos de trabajo y EPI adecuados.
El artículo 18 reconoce el derecho de información, consulta y participación de los trabajadores.
El artículo 19 obliga a formar a los trabajadores en materia preventiva, gratis y en horario laboral.
El artículo 20 exige planificar medidas de emergencia (primeros auxilios, incendios, evacuación).
El artículo 21 regula la actuación ante riesgo grave e inminente.
Ante riesgo grave e inminente, el trabajador puede interrumpir su actividad sin sufrir perjuicio.
El artículo 22 regula la vigilancia de la salud, voluntaria salvo excepciones tasadas.
El artículo 24 regula la coordinación de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.
La coordinación es relevante en ADIF cuando hay contratas externas trabajando en sus instalaciones.
El Capítulo V (art. 33 y ss.) regula la consulta y participación de los trabajadores.
Los Delegados de Prevención (arts. 35-37) son representantes específicos en materia preventiva.
Se eligen por y entre los representantes del personal.
El Comité de Seguridad y Salud (arts. 38-40) es un órgano paritario y colegiado.
Es obligatorio en empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.
Se integra por los Delegados de Prevención y por el empresario o sus representantes, en número igual.
La Ley 54/2003 reformó la LPRL para reforzar la integración real de la prevención en la empresa.
Exige un plan de prevención documentado con estructura, funciones, procedimientos y recursos.
El recargo de prestaciones (legislación de Seguridad Social) sanciona económicamente al empresario cuando el accidente se debe a la falta de medidas de seguridad.
Puede alcanzar hasta el 50% de la prestación y es compatible con otras responsabilidades.
No puede asegurarse ni trasladarse a un tercero.
El INSST es el organismo científico-técnico de referencia en seguridad y salud laboral en España.
Antes se denominaba Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), hasta el Real Decreto 903/2018, de 20 de julio.
Representa a España ante la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Las empresas deben organizar la prevención mediante asunción personal, trabajadores designados, servicio propio, mancomunado o ajeno.
ADIF, por su tamaño y riesgos, organiza la prevención mediante servicio de prevención propio.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cómo define el Capítulo I de la LPRL el concepto de 'riesgo laboral'?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de ADIF?
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es la norma marco española en materia preventiva, de aplicación a toda relación laboral, incluida la de ADIF con su personal. El Anexo I limita el temario a la exposición de motivos y a los capítulos I (disposiciones generales), III (derechos y obligaciones) y V (consulta y participación de los trabajadores), dejando fuera el resto del articulado (obligaciones de fabricantes, régimen sancionador, etc.).
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
La Ley 31/1995 (LPRL) es de 8 de noviembre y transpone la Directiva 89/391/CEE. Su fundamento constitucional es el artículo 40.2 de la Constitución Española. El objeto de la ley (Capítulo I) es promover la seguridad y salud de los trabajadores. Se aplica a las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores, incluidas empresas públicas como ADIF. 'Riesgo laboral' es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. El artículo 14 reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz. Correlativamente, el empresario tiene el deber de protección frente a los riesgos laborales. El artículo 15 enumera los principios de la acción preventiva. El primer principio es evitar los riesgos; el segundo, evaluar los que no se puedan evitar. Otro principio es anteponer la protección colectiva a la individual. El artículo 16 exige una evaluación inicial de riesgos y su revisión ante cambios. El artículo 17 obliga a proporcionar equipos de trabajo y EPI adecuados. El artículo 18 reconoce el derecho de información, consulta y participación de los trabajadores. El artículo 19 obliga a formar a los trabajadores en materia preventiva, gratis y en horario laboral. El artículo 20 exige planificar medidas de emergencia (primeros auxilios, incendios, evacuación). El artículo 21 regula la actuación ante riesgo grave e inminente. Ante riesgo grave e inminente, el trabajador puede interrumpir su actividad sin sufrir perjuicio. El artículo 22 regula la vigilancia de la salud, voluntaria salvo excepciones tasadas. El artículo 24 regula la coordinación de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. La coordinación es relevante en ADIF cuando hay contratas externas trabajando en sus instalaciones. El Capítulo V (art. 33 y ss.) regula la consulta y participación de los trabajadores. Los Delegados de Prevención (arts. 35-37) son representantes específicos en materia preventiva. Se eligen por y entre los representantes del personal. El Comité de Seguridad y Salud (arts. 38-40) es un órgano paritario y colegiado. Es obligatorio en empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. Se integra por los Delegados de Prevención y por el empresario o sus representantes, en número igual. La Ley 54/2003 reformó la LPRL para reforzar la integración real de la prevención en la empresa. Exige un plan de prevención documentado con estructura, funciones, procedimientos y recursos. El recargo de prestaciones (legislación de Seguridad Social) sanciona económicamente al empresario cuando el accidente se debe a la falta de medidas de seguridad. Puede alcanzar hasta el 50% de la prestación y es compatible con otras responsabilidades. No puede asegurarse ni trasladarse a un tercero. El INSST es el organismo científico-técnico de referencia en seguridad y salud laboral en España. Antes se denominaba Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), hasta el Real Decreto 903/2018, de 20 de julio. Representa a España ante la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Las empresas deben organizar la prevención mediante asunción personal, trabajadores designados, servicio propio, mancomunado o ajeno. ADIF, por su tamaño y riesgos, organiza la prevención mediante servicio de prevención propio.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de ADIF es una entidad pública empresarial y sus procesos de acceso a Personal Operativo no publican el temario íntegro como Anexo de una Orden ministerial en el BOE, sino que la convocatoria se anuncia en el BOE (14 de julio de 2026, apertura de plazo de solicitudes del 15 de julio al 4 de agosto de 2026) y las bases completas, con el Anexo I de temario, se publican por la propia empresa en su portal corporativo de empleo. Este fichero cubre la 'parte común' del Anexo I (6 temas), exigida por igual a TODOS los perfiles de Personal Operativo convocados en la PNI26/01 (Factor de Circulación de Entrada, Ayudante Ferroviario, Oficial Administrativo, Oficial de Telecomunicaciones, Oficial Electricista, Maquinista, Controlador, etc.), más un segundo bloque de 8 temas (añadido el 18-oct-2026, detallado en el campo 'alcance' de este fichero) que desarrolla contenido generalista del sector ferroviario y de la Administración que el banco de preguntas de OpositaGratis ya testeaba desde antes, pero que nunca había tenido página de lectura propia. Los seis temas y sus normas exactas se han verificado con una fuente especializada en oposiciones ferroviarias (redopositor.com) que cita a su vez las bases oficiales de ADIF; el contenido de cada tema se ha redactado con el texto real de cada norma citada (Ley Orgánica 3/2007, Ley 31/1995, Real Decreto 2395/2004 verificado directamente en el BOE —incluida la composición real del Consejo de Administración—, Real Decreto Legislativo 5/2015 con los artículos 52 a 54 verificados de forma independiente en el BOE, Ley 53/1984, y la estructura real por capítulos de la Declaración sobre la Red 2026 de Adif, verificada contra el propio documento oficial publicado en adif.es y contra un resumen especializado de sus capítulos I y II). (Oferta de Empleo Público 2026 (Personal Operativo): parte común del Anexo I de la convocatoria PNI26/01, más contenido generalista adicional del sector ferroviario y la Administración).
Mientras tanto, practica con tests gratis de ADIF.