En la Administración General del Estado, el puesto tradicionalmente llamado "ordenanza" o "subalterno" ya no se provee, en la práctica totalidad de los departamentos, mediante la antigua Agrupación Profesional funcionarial (Grupo E del EBEP), sino como personal laboral fijo del grupo profesional E1, especialidad "Servicios Administrativos", regulado por el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE. Las funciones (control de accesos, reparto de correspondencia y paquetería, recados oficiales, manejo de fotocopiadoras) son las mismas que las que tradicionalmente se asocian a un ordenanza, por lo que este temario recoge esa vía de acceso. Este mismo programa (Anexo VI de materias comunes + Anexo VII específico de la especialidad Servicios Administrativos) es el que se cita de forma prácticamente idéntica en varias convocatorias departamentales publicadas en la misma tanda de julio de 2026 (p. ej. Defensa BOE-A-2026-14677, Interior BOE-A-2026-14786), todas dentro del mismo proceso selectivo coordinado por la Subsecretaría. NO cubre: (1) otras especialidades del grupo E1/E2 dentro del mismo Convenio (Conducción de vehículos, Telefonista, Tareas Complementarias de Apoyo del grupo E0, etc.), que tienen su propio Anexo VII con temario distinto; (2) las convocatorias de Agrupación Profesional de Subalternos que sí siguen existiendo como cuerpo funcionarial en otras Administraciones (algunas Comunidades Autónomas, como Canarias, o determinados organismos), que tienen normativa y temario propios y no están cubiertas por este fichero.
Tema de encuadre general presente en prácticamente todas las oposiciones de la Administración: qué es la Constitución de 1978, cómo se estructura y qué principios y valores inspiran todo el ordenamiento jurídico español. Para el nivel de esta especialidad no se exige un desarrollo técnico profundo, sino conocer bien la estructura del texto y los conceptos clave que después reaparecen, de forma más aplicada, en el tema 2 (Gobierno y Administración).
Elaboración y características generales de la Constitución
La Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978, entrando en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el BOE, conforme a su disposición final (29 de diciembre de 1978). Es una constitución larga y extensa, escrita, rígida (exige procedimientos agravados para su reforma, regulados en los artículos 166 a 169) y normativa: no es una mera declaración de intenciones, sino la norma jurídica suprema del ordenamiento, con eficacia directa y aplicación inmediata.
Estructura del texto constitucional
La Constitución se compone de un Preámbulo (sin valor normativo directo, pero orientador de la interpretación del resto del texto), un Título Preliminar (artículos 1 a 9, que fija los principios básicos del Estado), diez Títulos numerados (I a X, del artículo 10 al 169: derechos y deberes fundamentales, la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, las relaciones Gobierno-Cortes, el Poder Judicial, Economía y Hacienda, Organización Territorial, el Tribunal Constitucional, y la Reforma constitucional), y disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.
Principios y valores superiores del artículo 1
El artículo 1.1 define España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 1.2 atribuye la soberanía nacional al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El artículo 1.3 establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. El artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, dentro de la indisoluble unidad de la Nación española.
Otros principios del Título Preliminar
El artículo 3 regula el castellano como lengua oficial del Estado y las demás lenguas españolas como oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas. El artículo 4 fija la bandera de España. El artículo 6 reconoce el papel de los partidos políticos. El artículo 9.1 somete a todos los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; el artículo 9.3 es el que garantiza expresamente el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Los derechos y deberes fundamentales: estructura del Título I
El Título I de la Constitución (artículos 10 a 55) es el más extenso del texto y regula los derechos y deberes fundamentales. Se abre con el artículo 10, que proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social, y remite la interpretación de las normas relativas a derechos fundamentales a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El Capítulo I (arts. 11-13) regula la nacionalidad española, la mayoría de edad y la condición de los extranjeros. El Capítulo II (arts. 14-38), bajo la rúbrica «Derechos y libertades», se divide en la Sección 1ª (arts. 15-29), «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas», y la Sección 2ª (arts. 30-38), «De los derechos y deberes de los ciudadanos»; el artículo 14, que proclama la igualdad ante la ley, encabeza el capítulo sin integrarse formalmente en ninguna sección, aunque a efectos de garantías se equipara a los de la Sección 1ª. El Capítulo III (arts. 39-52) recoge los principios rectores de la política social y económica, y los Capítulos IV y V (arts. 53-55) regulan, respectivamente, las garantías y la suspensión de los derechos y libertades.
Las garantías de los derechos y libertades (artículo 53 CE)
El artículo 53 CE gradúa las garantías según el tipo de derecho. Los derechos y libertades del Capítulo II (arts. 14-38) vinculan a todos los poderes públicos; solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio (reserva de ley). Los derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección 1ª (arts. 15-29) gozan además de una protección reforzada: su desarrollo normativo exige Ley Orgánica (art. 81.1 CE) y cualquier ciudadano puede recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; este último recurso de amparo se extiende también a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.2, aunque su desarrollo normativo no exige Ley Orgánica. Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52), en cambio, solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero no son directamente exigibles como derechos subjetivos autónomos.
La Corona (Título II)
El Título II de la Constitución (arts. 56 a 65) regula la Corona. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales (art. 56). La Corona es hereditaria en los sucesores del Rey, siguiendo el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos (art. 57.1). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad: sus actos deben ser siempre refrendados en la forma que establece el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo salvo las excepciones previstas en la propia Constitución, y de ese refrendo son responsables las personas que lo prestan.
Las Cortes Generales (Título III)
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66 CE), y ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto mediante un sistema de representación proporcional por circunscripciones provinciales (art. 68); la Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija en 350 el número de Diputados. El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69): la mayor parte de sus miembros se eligen por sufragio universal en cada provincia, y las Comunidades Autónomas designan además, cada una, un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio.
La reforma constitucional (Título X)
La Constitución prevé dos procedimientos de reforma. El procedimiento ordinario (art. 167) se sigue para las reformas que no afecten a las materias reservadas al procedimiento agravado: exige su aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara o, si no hay acuerdo, la constitución de una Comisión Mixta paritaria que proponga un texto que será votado por ambas Cámaras, pudiendo el Congreso aprobarlo por mayoría de dos tercios si el Senado lo hubiera aprobado por mayoría absoluta y no se lograse el acuerdo entre ambas; aprobada la reforma, puede someterse a referéndum si lo solicita, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento agravado (art. 168) se reserva para la revisión total de la Constitución o la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15-29) o al Título II (la Corona): exige la aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara, la disolución inmediata de las Cortes, la ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras, la aprobación del nuevo texto de nuevo por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y, en todo caso, su ratificación mediante referéndum obligatorio.
El Tribunal Constitucional (Título IX)
El Tribunal Constitucional, regulado en el Título IX (arts. 159 a 165) y desarrollado por su Ley Orgánica, está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, nombrados por un mandato de nueve años y renovados por terceras partes cada tres. Entre sus competencias (art. 161) destacan el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del artículo 53.2, y los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí.
La organización territorial del Estado (Título VIII)
El artículo 137 CE organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, reconociendo a todas estas entidades autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El municipio goza de personalidad jurídica propia, y su gobierno y administración corresponden a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto (art. 140). La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y también división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado (art. 141); su gobierno y administración corresponden, con carácter general, a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Las Comunidades Autónomas acceden a su autogobierno mediante su Estatuto de Autonomía, norma institucional básica de cada una de ellas, que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su propio ordenamiento jurídico (art. 147).
El Poder Judicial (Título VI) y el Ministerio Fiscal
El Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127) regula el Poder Judicial. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1), y el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, conforme al principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5), con la excepción de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense. El Consejo General del Poder Judicial (art. 122) es su órgano de gobierno: se compone, además del Presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá, de veinte miembros nombrados por el Rey por un mandato de cinco años, de los cuales doce son Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales y ocho son elegidos por el Congreso y el Senado (cuatro por cada Cámara), por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. El Ministerio Fiscal (art. 124) tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, y ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
El Defensor del Pueblo (artículo 54 CE)
El artículo 54 CE prevé una ley orgánica reguladora de la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Esta previsión fue desarrollada por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que regula su elección por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos, su mandato de cinco años, y sus facultades de supervisión de la Administración mediante la tramitación de quejas de los ciudadanos y la elaboración de un informe anual a las Cortes Generales; el Defensor del Pueblo no tiene potestad para anular o modificar los actos administrativos, pero puede sugerir la modificación de los criterios utilizados o instar la iniciación de un expediente disciplinario, e incluso interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Constitución se aprobó el 31 de octubre de 1978 y se ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
Entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, al día siguiente de su publicación en el BOE.
Es una constitución rígida: su reforma exige procedimientos agravados (arts. 166-169).
El Título Preliminar (arts. 1-9) fija los principios básicos del Estado.
El artículo 1.1 define España como Estado social y democrático de Derecho.
Los valores superiores del ordenamiento son: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
La soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2).
La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3).
El artículo 2 reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, dentro de la unidad de la Nación.
El castellano es la lengua oficial del Estado (art. 3.1); las demás lenguas son oficiales en sus Comunidades (art. 3.2).
El artículo 9.1 somete ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
El artículo 9.3 garantiza: principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
El texto tiene diez Títulos numerados, del I al X.
El Título I (arts. 10-55) regula los derechos y deberes fundamentales.
El Título II regula la Corona; el Título III, las Cortes Generales; el Título IV, el Gobierno y la Administración.
El Título VI regula el Poder Judicial.
El Título VIII regula la Organización Territorial del Estado.
El Título IX regula el Tribunal Constitucional.
El Título X (arts. 166-169) regula la reforma constitucional.
El Preámbulo no tiene valor normativo directo, pero orienta la interpretación del resto del texto.
La Constitución fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978.
El Título I (arts. 10-55) se divide en un pórtico (art. 10) y cinco Capítulos: nacionalidad y extranjería (I), derechos y libertades (II), principios rectores (III), garantías (IV) y suspensión (V).
El Capítulo II del Título I se divide en Sección 1ª (arts. 15-29, derechos fundamentales y libertades públicas) y Sección 2ª (arts. 30-38, derechos y deberes de los ciudadanos).
Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley, que debe respetar su contenido esencial (art. 53.1).
Los derechos de los artículos 14 a 29 exigen Ley Orgánica para su desarrollo y están protegidos por recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo son alegables ante la jurisdicción ordinaria conforme a lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad; sus actos deben ir siempre refrendados (art. 56.3 y 64).
En la sucesión a la Corona se prefiere la línea anterior a las posteriores, el grado más próximo, el varón a la mujer en el mismo grado, y la mayor edad en el mismo sexo (art. 57.1).
Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66).
El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados; la LOREG fija el número en 350.
El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69).
El procedimiento ordinario de reforma constitucional (art. 167) exige mayoría de tres quintos de cada Cámara.
El procedimiento agravado de reforma (art. 168) se reserva para la revisión total o la parcial de materias especialmente protegidas: Título Preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I, y Título II.
El procedimiento agravado exige mayoría de dos tercios, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.
El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros, con mandato de nueve años, renovados por terceras partes cada tres.
El Tribunal Constitucional conoce del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y los conflictos de competencia.
El artículo 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, con autonomía para gestionar sus intereses respectivos.
El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147).
El Poder Judicial se rige por el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE), con la excepción de la jurisdicción militar.
Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley.
El Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) es el órgano de gobierno del Poder Judicial.
El CGPJ se compone del Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros con mandato de cinco años.
De esos veinte miembros, doce son Jueces y Magistrados y ocho son juristas elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos.
El Ministerio Fiscal (art. 124 CE) promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público.
El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
El Defensor del Pueblo (art. 54 CE) es un alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I.
El Defensor del Pueblo está regulado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
El Defensor del Pueblo supervisa la actividad de la Administración y da cuenta anualmente a las Cortes Generales.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué órgano constitucional ejerce el gobierno del Poder Judicial?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Personal Subalterno?
Tema de encuadre general presente en prácticamente todas las oposiciones de la Administración: qué es la Constitución de 1978, cómo se estructura y qué principios y valores inspiran todo el ordenamiento jurídico español. Para el nivel de esta especialidad no se exige un desarrollo técnico profundo, sino conocer bien la estructura del texto y los conceptos clave que después reaparecen, de forma más aplicada, en el tema 2 (Gobierno y Administración).
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La Constitución se aprobó el 31 de octubre de 1978 y se ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, al día siguiente de su publicación en el BOE. Es una constitución rígida: su reforma exige procedimientos agravados (arts. 166-169). El Título Preliminar (arts. 1-9) fija los principios básicos del Estado. El artículo 1.1 define España como Estado social y democrático de Derecho. Los valores superiores del ordenamiento son: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2). La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3). El artículo 2 reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, dentro de la unidad de la Nación. El castellano es la lengua oficial del Estado (art. 3.1); las demás lenguas son oficiales en sus Comunidades (art. 3.2). El artículo 9.1 somete ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. El artículo 9.3 garantiza: principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. El texto tiene diez Títulos numerados, del I al X. El Título I (arts. 10-55) regula los derechos y deberes fundamentales. El Título II regula la Corona; el Título III, las Cortes Generales; el Título IV, el Gobierno y la Administración. El Título VI regula el Poder Judicial. El Título VIII regula la Organización Territorial del Estado. El Título IX regula el Tribunal Constitucional. El Título X (arts. 166-169) regula la reforma constitucional. El Preámbulo no tiene valor normativo directo, pero orienta la interpretación del resto del texto. La Constitución fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. El Título I (arts. 10-55) se divide en un pórtico (art. 10) y cinco Capítulos: nacionalidad y extranjería (I), derechos y libertades (II), principios rectores (III), garantías (IV) y suspensión (V). El Capítulo II del Título I se divide en Sección 1ª (arts. 15-29, derechos fundamentales y libertades públicas) y Sección 2ª (arts. 30-38, derechos y deberes de los ciudadanos). Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley, que debe respetar su contenido esencial (art. 53.1). Los derechos de los artículos 14 a 29 exigen Ley Orgánica para su desarrollo y están protegidos por recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) solo son alegables ante la jurisdicción ordinaria conforme a lo que dispongan las leyes que los desarrollen. El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad; sus actos deben ir siempre refrendados (art. 56.3 y 64). En la sucesión a la Corona se prefiere la línea anterior a las posteriores, el grado más próximo, el varón a la mujer en el mismo grado, y la mayor edad en el mismo sexo (art. 57.1). Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66). El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados; la LOREG fija el número en 350. El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69). El procedimiento ordinario de reforma constitucional (art. 167) exige mayoría de tres quintos de cada Cámara. El procedimiento agravado de reforma (art. 168) se reserva para la revisión total o la parcial de materias especialmente protegidas: Título Preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I, y Título II. El procedimiento agravado exige mayoría de dos tercios, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio. El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros, con mandato de nueve años, renovados por terceras partes cada tres. El Tribunal Constitucional conoce del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y los conflictos de competencia. El artículo 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, con autonomía para gestionar sus intereses respectivos. El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (art. 147). El Poder Judicial se rige por el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE), con la excepción de la jurisdicción militar. Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley. El Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) es el órgano de gobierno del Poder Judicial. El CGPJ se compone del Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros con mandato de cinco años. De esos veinte miembros, doce son Jueces y Magistrados y ocho son juristas elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. El Ministerio Fiscal (art. 124 CE) promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público. El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. El Defensor del Pueblo (art. 54 CE) es un alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I. El Defensor del Pueblo está regulado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. El Defensor del Pueblo supervisa la actividad de la Administración y da cuenta anualmente a las Cortes Generales.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026, páginas 96306 a 96367 (Resolución de 6 de julio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado; Anexo VI, temario de materias comunes, y Anexo VII, temario específico del grupo E1, especialidad Servicios Administrativos) (Grupo profesional E1, especialidad Servicios Administrativos (funciones de ordenanza), personal laboral fijo, IV Convenio colectivo único de la AGE).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Personal Subalterno.