Bomberos no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento, consorcio provincial o comunidad autónoma convoca su propio proceso selectivo con su propio temario. Este fichero recoge el temario oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (CBM) para el acceso por Grupo C, Subgrupo C1, a la categoría de Bombero Especialista, puestos de Bombero Especialista Conductor (131 plazas, convocatoria 2026) — es el más verificable de los que existen porque el Anexo I de la Orden 877/2026 fija un temario cerrado y numerado de 35 temas. NO cubre: (1) el temario del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid (SPEIS), que es una convocatoria y una organización distintas de la Comunidad de Madrid; (2) los temarios de otras comunidades autónomas, consorcios provinciales o ayuntamientos, cada uno con su propia normativa; (3) las categorías superiores del propio CBM (Sargento, Suboficial, etc.), que tienen temarios distintos y más extensos. Cualquier opositor de Bomberos fuera de la Comunidad de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria. Pendiente como tarea futura: adaptar o complementar este temario con el de otras comunidades autónomas.
Desarrolla la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), como marco general de la seguridad y salud en el trabajo, y los Equipos de Protección Individual (EPI) como una de sus herramientas centrales, con la particularidad de que en un Cuerpo de Bomberos la exposición al riesgo forma parte de la propia función operativa, lo que exige una gestión preventiva especialmente rigurosa.
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones (Exposición de Motivos y Capítulo I)
La LPRL tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Se aplica tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores como, con las particularidades que establece su disposición adicional, en el ámbito de las Administraciones Públicas, lo que incluye al personal funcionario del Cuerpo de Bomberos.
Política en materia preventiva (Capítulo II)
Regula la planificación de la acción preventiva a través de las Administraciones Públicas competentes, los instrumentos de coordinación (como el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de cada organización) y el papel de los órganos técnicos en la definición de la política preventiva.
Derechos y obligaciones (Capítulo III)
Reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, con obligaciones correlativas del empresario (evaluación de riesgos, información, formación, vigilancia de la salud, medidas de emergencia) y del propio trabajador (uso correcto de los medios y equipos de protección, cooperación con la organización preventiva).
Los Servicios de Prevención y la consulta y participación de los trabajadores (Capítulos IV y V)
Los Servicios de Prevención son el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para desarrollar las actividades preventivas; pueden ser propios, mancomunados o ajenos. El derecho de consulta y participación de los trabajadores se canaliza a través de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud.
Obligaciones de fabricantes, importadores y suministradores; responsabilidades y sanciones (Capítulos VI y VII)
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos y productos de trabajo están obligados a garantizar que no constituyan una fuente de peligro para el trabajador cuando se utilicen en las condiciones previstas. El incumplimiento de las obligaciones en materia preventiva puede generar responsabilidades administrativas, civiles, penales y de Seguridad Social.
Equipos de Protección Individual: conceptos, marco normativo y clasificación
Un EPI es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. Su marco normativo combina la LPRL, el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI y el Real Decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud para su utilización. Se clasifican según el riesgo cubierto (categoría I, II o III según su gravedad) y participan en su certificación organismos notificados que verifican el cumplimiento de los requisitos esenciales antes de la comercialización.
Ciclo de vida de un EPI
Comprende la selección adecuada al riesgo evaluado, la formación en su uso correcto, la revisión periódica de su estado, el mantenimiento conforme a las instrucciones del fabricante, y su sustitución o retirada cuando pierde las garantías de protección — un aspecto crítico en el equipamiento de intervención de un bombero (EPI de estructuras, equipo de respiración autónoma, etc.), donde un fallo puede comprometer directamente la seguridad del interviniente.
Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva
La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas. A partir de esa evaluación se elabora la planificación de la actividad preventiva, que debe incluir las medidas a adoptar, los responsables de ejecutarlas, los recursos necesarios y el plazo previsto para llevarlas a cabo. En el caso del Cuerpo de Bomberos, la evaluación de riesgos presenta la particularidad de que muchos de los riesgos evaluados —exposición a atmósferas tóxicas, colapso estructural, riesgo eléctrico, riesgo biológico— son inherentes a la propia naturaleza de la intervención, por lo que la planificación preventiva se centra sobre todo en minimizar su probabilidad y su severidad mediante procedimientos operativos normalizados, formación continua y una selección adecuada de los equipos de protección individual, más que en pretender eliminarlos por completo.
Planes de autoprotección y coordinación de actividades empresariales
El Real Decreto 393/2007 aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, exigiendo la elaboración de un Plan de Autoprotección que identifique los riesgos, los medios de protección disponibles y la organización de la respuesta ante una emergencia. La coordinación de actividades empresariales, regulada en el art. 24 de la LPRL y desarrollada reglamentariamente, resulta especialmente relevante para el Cuerpo de Bomberos cuando varios servicios o entidades —bomberos, servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, protección civil— concurren en un mismo lugar de intervención, exigiendo mecanismos de comunicación recíproca de riesgos e instrucciones que eviten accidentes derivados de la concurrencia de actuaciones sobre un mismo escenario.
Vigilancia de la salud y aptitud psicofísica específica de los bomberos
El art. 22 LPRL reconoce el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, con las garantías de voluntariedad —salvo excepciones tasadas, como cuando la propia salud del trabajador pueda suponer un riesgo para terceros— y de confidencialidad de los resultados. Para el personal del Cuerpo de Bomberos, dada la exigencia física y psíquica de las funciones de extinción, salvamento y rescate, la vigilancia de la salud se complementa con reconocimientos médicos periódicos específicos: capacidad cardiorrespiratoria, aptitud psicofísica para el uso de equipos de respiración autónoma y ausencia de patologías incompatibles con el servicio. El resultado de estos reconocimientos puede determinar el paso a la situación de segunda actividad cuando la aptitud psicofísica disminuye por razón de edad o de enfermedad.
El recargo de prestaciones de la Seguridad Social por falta de medidas de prevención
Cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se produce por incumplimiento, por parte del empresario o de la Administración, de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, la normativa de Seguridad Social prevé un recargo sobre las prestaciones económicas derivadas de dicho accidente o enfermedad. Este recargo tiene naturaleza sancionadora, no indemnizatoria, recae directamente sobre el sujeto responsable del incumplimiento, no puede ser objeto de seguro que traslade su coste a un tercero, y es compatible con las responsabilidades administrativa, civil y penal que, por los mismos hechos, puedan concurrir. Constituye, junto con el régimen sancionador administrativo de la propia LPRL, uno de los mecanismos que refuerzan el cumplimiento efectivo de la normativa preventiva, también en el ámbito de un servicio de riesgo como el del Cuerpo de Bomberos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LPRL es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Su objeto es promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo.
Se aplica también a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con particularidades.
El empresario (o la Administración) debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
La evaluación de riesgos es el punto de partida de toda la actividad preventiva.
El Plan de Prevención integra la actividad preventiva en el sistema general de gestión de la empresa u organización.
Los Servicios de Prevención pueden ser propios, mancomunados o ajenos.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario de participación en materia preventiva.
Los trabajadores tienen derecho a paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente.
Los fabricantes deben garantizar que sus productos no constituyan fuente de peligro cuando se usan correctamente.
Las infracciones en materia de prevención pueden ser leves, graves o muy graves, con sanciones administrativas asociadas.
Un EPI es un equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos.
El Reglamento (UE) 2016/425 regula los requisitos esenciales de salud y seguridad de los EPI antes de su comercialización.
Los EPI se clasifican en categoría I (riesgos mínimos), II (riesgos intermedios) y III (riesgos graves o mortales).
El marcado CE certifica que el EPI cumple los requisitos esenciales del reglamento europeo.
Los organismos notificados intervienen en la certificación de los EPI de categoría III.
El ciclo de vida de un EPI incluye selección, formación en su uso, revisión, mantenimiento y sustitución.
El equipo de respiración autónoma es un EPI crítico frente a atmósferas irrespirables o tóxicas.
La formación en el uso correcto del EPI es obligación tanto del empleador como derecho-deber del trabajador.
El uso incorrecto o la falta de mantenimiento de un EPI puede anular su capacidad de protección real.
La vigilancia de la salud es un derecho de los trabajadores y una obligación del empresario, con las garantías de confidencialidad previstas en la ley.
La evaluación de riesgos es previa y obligatoria respecto de la planificación de la actividad preventiva.
El Real Decreto 393/2007 aprueba la Norma Básica de Autoprotección.
El art. 24 LPRL regula la coordinación de actividades empresariales cuando concurren varios servicios en un mismo lugar de trabajo.
La vigilancia de la salud es, como regla general, voluntaria para el trabajador, salvo excepciones legalmente tasadas.
El recargo de prestaciones de la Seguridad Social sanciona al empresario o Administración cuando el accidente de trabajo deriva del incumplimiento de obligaciones preventivas; es compatible con otras responsabilidades y no puede asegurarse.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no han podido evitarse se denomina:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Bomberos?
Desarrolla la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), como marco general de la seguridad y salud en el trabajo, y los Equipos de Protección Individual (EPI) como una de sus herramientas centrales, con la particularidad de que en un Cuerpo de Bomberos la exposición al riesgo forma parte de la propia función operativa, lo que exige una gestión preventiva especialmente rigurosa.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
La LPRL es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Su objeto es promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Se aplica también a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con particularidades. El empresario (o la Administración) debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. La evaluación de riesgos es el punto de partida de toda la actividad preventiva. El Plan de Prevención integra la actividad preventiva en el sistema general de gestión de la empresa u organización. Los Servicios de Prevención pueden ser propios, mancomunados o ajenos. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario de participación en materia preventiva. Los trabajadores tienen derecho a paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente. Los fabricantes deben garantizar que sus productos no constituyan fuente de peligro cuando se usan correctamente. Las infracciones en materia de prevención pueden ser leves, graves o muy graves, con sanciones administrativas asociadas. Un EPI es un equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos. El Reglamento (UE) 2016/425 regula los requisitos esenciales de salud y seguridad de los EPI antes de su comercialización. Los EPI se clasifican en categoría I (riesgos mínimos), II (riesgos intermedios) y III (riesgos graves o mortales). El marcado CE certifica que el EPI cumple los requisitos esenciales del reglamento europeo. Los organismos notificados intervienen en la certificación de los EPI de categoría III. El ciclo de vida de un EPI incluye selección, formación en su uso, revisión, mantenimiento y sustitución. El equipo de respiración autónoma es un EPI crítico frente a atmósferas irrespirables o tóxicas. La formación en el uso correcto del EPI es obligación tanto del empleador como derecho-deber del trabajador. El uso incorrecto o la falta de mantenimiento de un EPI puede anular su capacidad de protección real. La vigilancia de la salud es un derecho de los trabajadores y una obligación del empresario, con las garantías de confidencialidad previstas en la ley. La evaluación de riesgos es previa y obligatoria respecto de la planificación de la actividad preventiva. El Real Decreto 393/2007 aprueba la Norma Básica de Autoprotección. El art. 24 LPRL regula la coordinación de actividades empresariales cuando concurren varios servicios en un mismo lugar de trabajo. La vigilancia de la salud es, como regla general, voluntaria para el trabajador, salvo excepciones legalmente tasadas. El recargo de prestaciones de la Seguridad Social sanciona al empresario o Administración cuando el accidente de trabajo deriva del incumplimiento de obligaciones preventivas; es compatible con otras responsabilidades y no puede asegurarse.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 82, de 8 de abril de 2026, páginas 9 a 38 (Orden 877/2026, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista, puestos de Bombero Especialista Conductor, Grupo C, Subgrupo C1); Anexo I, páginas 21 a 25 (Convocatoria 2026 (Orden 877/2026), Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, categoría de Bombero Especialista, puestos de Bombero Especialista Conductor, Grupo C, Subgrupo C1 — 131 plazas).
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