Bomberos no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento, consorcio provincial o comunidad autónoma convoca su propio proceso selectivo con su propio temario. Este fichero recoge el temario oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (CBM) para el acceso por Grupo C, Subgrupo C1, a la categoría de Bombero Especialista, puestos de Bombero Especialista Conductor (131 plazas, convocatoria 2026) — es el más verificable de los que existen porque el Anexo I de la Orden 877/2026 fija un temario cerrado y numerado de 35 temas. NO cubre: (1) el temario del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid (SPEIS), que es una convocatoria y una organización distintas de la Comunidad de Madrid; (2) los temarios de otras comunidades autónomas, consorcios provinciales o ayuntamientos, cada uno con su propia normativa; (3) las categorías superiores del propio CBM (Sargento, Suboficial, etc.), que tienen temarios distintos y más extensos. Cualquier opositor de Bomberos fuera de la Comunidad de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria. Pendiente como tarea futura: adaptar o complementar este temario con el de otras comunidades autónomas.
Analiza la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, norma estatal básica que sustituyó a la antigua Ley 2/1985 de Protección Civil y que configura la protección civil como un servicio público orientado a la protección de las personas y los bienes ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Regula los derechos y deberes de los ciudadanos, las fases de actuación del sistema (anticipación, prevención, planificación, respuesta inmediata y recuperación), los instrumentos de planificación, los recursos humanos, las competencias de la Administración General del Estado y los mecanismos de cooperación y coordinación entre administraciones, además del régimen sancionador en esta materia.
Objeto, finalidad y definiciones (Título I, arts. 1 a 3)
El art. 1 configura la protección civil como un servicio público que se orienta a garantizar la protección física de las personas y de los bienes, de carácter público o privado, ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, mediante medidas de prevención, auxilio y rehabilitación. El art. 2 recoge las definiciones básicas del sistema: peligro, vulnerabilidad, amenaza, riesgo, emergencia, catástrofe y servicios esenciales, entre otras. El art. 3 configura el propio Sistema Nacional de Protección Civil como la estructura que integra las actuaciones de todas las Administraciones Públicas en esta materia, en coordinación con la participación de los ciudadanos, de las organizaciones y de otras entidades públicas y privadas, para hacer frente a las emergencias que puedan afectar a personas y bienes.
Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 5 a 7 quáter)
La ley reconoce a los ciudadanos el derecho a la protección en caso de catástrofe, el derecho a la información sobre los riesgos existentes y las medidas previstas, y el derecho a la participación ciudadana en las actuaciones de protección civil, entre otras vías, a través del voluntariado. Frente a estos derechos, se establecen deberes de colaboración con las Administraciones Públicas en caso de emergencia —incluida la posibilidad de prestaciones personales y requisas en situaciones de grave riesgo—, un deber de cautela y de autoprotección, que exige a cada persona adoptar las medidas necesarias para evitar que su conducta genere riesgos para terceros, y un reconocimiento expreso del voluntariado de protección civil como cauce de participación ciudadana organizada.
Anticipación y prevención (Título II, Capítulos I y II, arts. 8 a 12)
La fase de anticipación comprende el conjunto de actividades dirigidas al conocimiento de los riesgos, su evolución y sus posibles consecuencias, con el fin de facilitar la toma de decisiones; a tal efecto se prevé una Red Nacional de Información sobre Protección Civil que recopila y comparte información entre administraciones. La fase de prevención agrupa las actuaciones dirigidas a evitar o reducir los riesgos, a través de una política de prevención y de instrumentos como un fondo específico para la financiación de actuaciones preventivas y una Red de Alerta Nacional de Protección Civil, orientada a la transmisión rápida de avisos a la población y a las autoridades ante la inminencia o la ocurrencia de un riesgo.
Planificación: la Norma Básica y los tipos de planes (Capítulo III, arts. 13 a 15)
La Norma Básica de Protección Civil constituye el instrumento director que fija los criterios esenciales para la elaboración de los distintos planes de protección civil, garantizando su homogeneidad y su coordinación. A partir de ella se articulan varios tipos de planes: el Plan Estatal General, los Planes Territoriales —de ámbito autonómico o, en su caso, provincial o insular, como el Plan Territorial de la Comunidad de Madrid—, los Planes Especiales, referidos a riesgos concretos que por su naturaleza requieren métodos específicos de análisis y tratamiento, y los Planes de Autoprotección, de aplicación en centros, establecimientos y dependencias donde se desarrollan actividades susceptibles de generar situaciones de emergencia. Cada tipo de plan se activa y se coordina según su propio ámbito territorial y material.
Respuesta inmediata (Capítulo IV, arts. 16 a 19)
La respuesta inmediata comprende el conjunto de actuaciones dirigidas a combatir de forma eficaz e inmediata los efectos de las emergencias y catástrofes, movilizando los servicios de intervención y asistencia necesarios. La ley prevé la existencia de un Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, dependiente de la Administración General del Estado, encargado del seguimiento permanente de las situaciones de emergencia y de facilitar la coordinación con los centros de coordinación de las comunidades autónomas. En las emergencias de mayor magnitud, la Administración General del Estado puede poner a disposición de la emergencia los recursos propios que resulten necesarios, en apoyo de los medios ordinarios de la administración territorialmente competente.
Recuperación (Capítulo V, arts. 20 a 25)
La fase de recuperación comprende las actuaciones dirigidas al restablecimiento de los servicios esenciales y a la normalización de la vida en las zonas afectadas, una vez controlada la emergencia. Incluye el tratamiento de los daños materiales y personales causados por la catástrofe, así como un procedimiento específico para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, declaración que habilita la adopción de medidas de ayuda, de carácter fiscal, laboral y de otra índole, dirigidas a paliar los daños sufridos por las personas y a facilitar la recuperación de la actividad económica y social en el territorio afectado.
Evaluación, inspección y memoria anual (Capítulo VI, arts. 26 y 27)
La ley prevé mecanismos de evaluación e inspección del funcionamiento del propio Sistema Nacional de Protección Civil, dirigidos a comprobar el grado de cumplimiento de la normativa y la eficacia real de los planes y de las actuaciones desarrolladas, con el fin de introducir las mejoras necesarias a partir de la experiencia acumulada en cada emergencia. Se prevé igualmente la elaboración de una memoria anual que recoja la actividad desarrollada por el sistema durante el ejercicio correspondiente, como instrumento de transparencia y de rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante el resto de Administraciones Públicas integradas en el sistema.
Las emergencias de interés nacional (Capítulo VII, arts. 28 a 30)
La ley regula una figura especialmente relevante: la emergencia de interés nacional, aquella que por sus dimensiones o sus efectos previsibles requiere una dirección y una coordinación de carácter estatal para garantizar una respuesta eficaz. Su declaración corresponde al Ministro del Interior, de oficio o a instancia de la comunidad autónoma afectada, en los supuestos previstos por la norma —entre ellos, cuando sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas por afectar la emergencia a varias comunidades autónomas, o cuando por sus dimensiones efectivas o previsibles requiera una dirección de carácter nacional—. La declaración comporta que la dirección y la coordinación de todas las Administraciones Públicas implicadas en la emergencia corresponde a la Administración General del Estado, sin perjuicio de la participación del resto de Administraciones afectadas.
Recursos humanos del sistema (Título III, arts. 31 y 32)
El Título III se dedica a los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil, estableciendo la necesidad de una adecuada formación de todo el personal que interviene en la materia, tanto profesional como voluntario. A tal efecto, prevé la Escuela Nacional de Protección Civil como centro de referencia para la formación, la investigación y la difusión del conocimiento en protección civil y gestión de emergencias, en coordinación con las escuelas y los centros de formación autonómicos, como el que forma al personal del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Competencias de la Administración General del Estado (Título IV, arts. 33 a 38)
El Título IV distribuye las competencias estatales en materia de protección civil entre el Gobierno, el Ministerio del Interior, otros departamentos y organismos de la Administración General del Estado y los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, a quienes corresponde un papel destacado de dirección y coordinación en el territorio de su competencia. La ley dedica especial atención a la participación de las Fuerzas Armadas y, en particular, de la Unidad Militar de Emergencias, como medio estatal especializado en la intervención ante grandes catástrofes, así como a la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las labores de protección civil, en coordinación con el resto de servicios intervinientes.
Cooperación y coordinación entre administraciones (Título V, arts. 39 a 42)
El Consejo Nacional de Protección Civil se configura como el órgano superior de cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales en esta materia, y entre sus funciones se encuentra informar los proyectos normativos en materia de protección civil y las directrices y normas básicas de planificación. Junto a él, la ley prevé otros órganos territoriales de participación y coordinación de ámbito autonómico o local. En el plano internacional, la ley regula la contribución de España al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y otras formas de cooperación internacional en la prevención y la respuesta ante catástrofes que superan el ámbito nacional.
Régimen sancionador (Título VI, arts. 43 a 45)
El Título VI atribuye a la Administración General del Estado el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en la propia ley, identificando a los sujetos responsables de las conductas infractoras y clasificando las infracciones en muy graves, graves y leves, en función de criterios como la entidad del daño causado, la existencia de intencionalidad o negligencia grave y la reiteración de conductas infractoras. La norma remite a la legislación general sobre procedimiento administrativo sancionador en cuanto al procedimiento aplicable, sin perjuicio de las especialidades procedimentales que, en su caso, prevea la propia ley o su desarrollo reglamentario.
El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y rescEU
El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, al que se refiere el Título V de la Ley 17/2015 en el plano de la cooperación internacional, se ha visto reforzado con la creación de rescEU, una reserva adicional de capacidades europeas —entre ellas, medios aéreos de extinción de incendios forestales y equipos médicos de emergencia— pensada para intervenir cuando la capacidad colectiva de los Estados participantes resulta insuficiente ante una catástrofe de gran magnitud. rescEU complementa, sin sustituir, los medios nacionales y autonómicos de intervención, como los del propio Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y puede activarse en apoyo de España en episodios de especial gravedad, como grandes incendios forestales simultáneos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, sustituyó a la antigua Ley 2/1985 de Protección Civil.
El art. 1 configura la protección civil como un servicio público de protección de personas y bienes ante grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
El Sistema Nacional de Protección Civil integra las actuaciones de todas las Administraciones Públicas, con participación ciudadana.
Los ciudadanos tienen derecho a la protección, a la información y a la participación, y deberes de colaboración, cautela y autoprotección.
El voluntariado de protección civil está expresamente reconocido como cauce de participación ciudadana organizada.
La anticipación se apoya en la Red Nacional de Información sobre Protección Civil.
La prevención cuenta con un fondo específico y con la Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
La Norma Básica de Protección Civil fija los criterios esenciales para la elaboración de los planes del sistema.
Existen cuatro grandes tipos de planes: Estatal General, Territoriales, Especiales y de Autoprotección.
El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias realiza el seguimiento permanente de las emergencias.
La recuperación incluye la declaración de zona afectada gravemente y medidas de ayuda fiscal y laboral.
La emergencia de interés nacional la declara el Ministro del Interior, de oficio o a instancia de la comunidad autónoma afectada.
La declaración de emergencia de interés nacional atribuye la dirección y coordinación a la Administración General del Estado.
La Escuela Nacional de Protección Civil es el centro estatal de referencia en formación e investigación en esta materia.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) es el medio militar especializado en la intervención ante grandes catástrofes.
El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano superior de cooperación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
España participa en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
El régimen sancionador del Título VI clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.
La Administración General del Estado ejerce la potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en la propia ley.
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se integra, como recurso de intervención, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.
rescEU es una reserva adicional de capacidades europeas (medios aéreos, equipos médicos, etc.) que refuerza el Mecanismo de Protección Civil de la UE ante catástrofes de gran magnitud, complementando los medios nacionales y autonómicos.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué instrumento fija los criterios esenciales para la elaboración homogénea de los planes de protección civil?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Bomberos?
Analiza la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, norma estatal básica que sustituyó a la antigua Ley 2/1985 de Protección Civil y que configura la protección civil como un servicio público orientado a la protección de las personas y los bienes ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Regula los derechos y deberes de los ciudadanos, las fases de actuación del sistema (anticipación, prevención, planificación, respuesta inmediata y recuperación), los instrumentos de planificación, los recursos humanos, las competencias de la Administración General del Estado y los mecanismos de cooperación y coordinación entre administraciones, además del régimen sancionador en esta materia.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, sustituyó a la antigua Ley 2/1985 de Protección Civil. El art. 1 configura la protección civil como un servicio público de protección de personas y bienes ante grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El Sistema Nacional de Protección Civil integra las actuaciones de todas las Administraciones Públicas, con participación ciudadana. Los ciudadanos tienen derecho a la protección, a la información y a la participación, y deberes de colaboración, cautela y autoprotección. El voluntariado de protección civil está expresamente reconocido como cauce de participación ciudadana organizada. La anticipación se apoya en la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. La prevención cuenta con un fondo específico y con la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. La Norma Básica de Protección Civil fija los criterios esenciales para la elaboración de los planes del sistema. Existen cuatro grandes tipos de planes: Estatal General, Territoriales, Especiales y de Autoprotección. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias realiza el seguimiento permanente de las emergencias. La recuperación incluye la declaración de zona afectada gravemente y medidas de ayuda fiscal y laboral. La emergencia de interés nacional la declara el Ministro del Interior, de oficio o a instancia de la comunidad autónoma afectada. La declaración de emergencia de interés nacional atribuye la dirección y coordinación a la Administración General del Estado. La Escuela Nacional de Protección Civil es el centro estatal de referencia en formación e investigación en esta materia. La Unidad Militar de Emergencias (UME) es el medio militar especializado en la intervención ante grandes catástrofes. El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano superior de cooperación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales. España participa en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. El régimen sancionador del Título VI clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. La Administración General del Estado ejerce la potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en la propia ley. El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid se integra, como recurso de intervención, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. rescEU es una reserva adicional de capacidades europeas (medios aéreos, equipos médicos, etc.) que refuerza el Mecanismo de Protección Civil de la UE ante catástrofes de gran magnitud, complementando los medios nacionales y autonómicos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 82, de 8 de abril de 2026, páginas 9 a 38 (Orden 877/2026, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Escala Ejecutiva u Operativa, Categoría de Bombero Especialista, puestos de Bombero Especialista Conductor, Grupo C, Subgrupo C1); Anexo I, páginas 21 a 25 (Convocatoria 2026 (Orden 877/2026), Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, categoría de Bombero Especialista, puestos de Bombero Especialista Conductor, Grupo C, Subgrupo C1 — 131 plazas).
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