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Tema 25. El Derecho Laboral. Fuentes del Derecho del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo. El Estatuto de los Trabajadores. El contrato de trabajo: Estructura, tipos y principales características.

Temario oficial estatal de referencia — especialidad Procesos de Gestión Administrativa (código 222), Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional · Índice oficial del BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1996 (Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, BOE-A-1996-3102), especialidad Procesos de Gestión Administrativa (código 222).

Este temario corresponde en exclusiva a la especialidad de Procesos de Gestión Administrativa (código 222), una de las especialidades docentes de la familia profesional de Administración y Gestión dentro de la Formación Profesional, vinculada principalmente a ciclos como Gestión Administrativa (Grado Medio) y Administración y Finanzas (Grado Superior). Originalmente adscrita en exclusiva al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (código de cuerpo 0591), tras la reordenación de cuerpos y especialidades docentes de FP posterior a la LOMLOE se encuentra hoy también asociada al código 590222 dentro del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en aquellas comunidades autónomas y procesos que ya han aplicado la integración del profesorado con titulación de grado, coexistiendo en la práctica ambas adscripciones (0591222 y 590222) según la convocatoria y la situación administrativa del profesorado afectado. IMPORTANTE: esta especialidad no debe confundirse con "Procesos Comerciales" (código 221), una especialidad DISTINTA de la misma familia profesional, de temario propio y separado, centrada en marketing, ventas y logística comercial desde una óptica de fuerza de ventas, mientras que Procesos de Gestión Administrativa se centra en la gestión documental, contable, fiscal, laboral y ofimática de la empresa desde el puesto administrativo. El listado de 61 temas reproducido aquí es el aprobado con carácter estatal por la Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1996) y sigue siendo, tres décadas después, el temario de referencia que las distintas comunidades autónomas citan en sus convocatorias de oposición para esta especialidad, al no existir una versión posterior que lo haya derogado o sustituido con carácter general. Como en el resto de especialidades de FP de más de 25-30 años de antigüedad normativa, muchos temas reflejan una normativa mercantil, fiscal, laboral y una tecnología ofimática (máquina de escribir eléctrica, télex, fax, mecanografía manual) muy anteriores a las actuales: el desarrollo de cada tema en este sitio actualiza esos aspectos a la práctica y normativa vigentes en 2026 (Ley de Sociedades de Capital, Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas, IVA, IRPF, Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, RGPD/LOPDGDD, Ley 39/2015 y 40/2015 de procedimiento administrativo, suites ofimáticas en la nube) sin alterar el enunciado oficial de cada tema. Esta es la única entrada de esta especialidad en el catálogo de OpositaGratis (id "profesor-fp-gestion-administrativa"); no cubre Procesos Comerciales, ni ninguna otra especialidad de la familia de Administración y Gestión, ni otras familias profesionales de FP, ni los cuerpos de Maestros o de Profesores de Enseñanza Secundaria generalista, que se cubren bajo otros ids del catálogo ("maestros", "secundaria", "profesor-fp", "profesor-fp-informatica").

Introduce el Derecho del Trabajo como rama jurídica que regula las relaciones laborales, sus fuentes normativas y los principios que rigen su aplicación, la Organización Internacional del Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores como norma básica, y la estructura, elementos y tipología general del contrato de trabajo tras la reforma laboral de 2021.

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Concepto de Derecho del Trabajo

El Derecho del Trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones derivadas de la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena, dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Surge históricamente como respuesta a la desigualdad real entre las partes del contrato de trabajo, de ahí su carácter tuitivo o protector del trabajador, considerado la parte más débil de la relación. Se distingue de otras ramas afines: del Derecho Civil, porque el trabajo se presta en régimen de dependencia y ajenidad, no en pie de igualdad entre las partes; del Derecho Mercantil, porque no persigue un intercambio de bienes sino la cesión de la propia fuerza de trabajo; y del Derecho Administrativo, porque regula relaciones entre particulares, aunque el Estado interviene activamente fijando mínimos de derecho necesario. El Derecho del Trabajo comprende dos grandes bloques: el Derecho individual del trabajo (contrato, jornada, salario, extinción) y el Derecho colectivo del trabajo (sindicatos, negociación colectiva, huelga, representación de los trabajadores en la empresa).

Fuentes del Derecho del Trabajo

El artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece la jerarquía de fuentes de la relación laboral: a) las disposiciones legales y reglamentarias del Estado; b) los convenios colectivos; c) la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, siempre dentro del respeto a las leyes y a los convenios; y d) los usos y costumbres locales y profesionales. A estas fuentes internas se suman, por encima de ellas, la Constitución española, los tratados internacionales ratificados por España (en especial los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo) y el Derecho de la Unión Europea, que goza de primacía y, en el caso de los reglamentos, de efecto directo sobre el ordenamiento interno. La aplicación conjunta de estas fuentes se rige por dos principios esenciales recogidos en el artículo 3.3 ET: el principio de norma mínima, por el que las disposiciones legales y reglamentarias tienen carácter de derecho necesario relativo salvo que se disponga lo contrario, y el principio de norma más favorable, por el que, en caso de concurrencia de normas, se aplica la que resulte más beneficiosa para el trabajador apreciada en su conjunto y en cómputo anual respecto de los conceptos cuantificables.

Principios de aplicación del Derecho del Trabajo

Además del principio de norma más favorable, el ordenamiento laboral se articula sobre otros principios interpretativos y aplicativos de origen doctrinal y jurisprudencial. El principio de irrenunciabilidad de derechos (art. 3.5 ET) impide que el trabajador renuncie válidamente, antes o después de su adquisición, a los derechos reconocidos como indisponibles por disposiciones legales de derecho necesario. El principio de la condición más beneficiosa protege los derechos adquiridos por el trabajador a título individual, de modo que una norma posterior menos favorable no puede suprimirlos retroactivamente, aunque sí puede impedir su generación futura. El principio in dubio pro operario obliga, ante una norma oscura que admite varias interpretaciones razonables, a optar por la más favorable al trabajador; se diferencia del principio de norma más favorable en que este último opera ante la concurrencia de varias normas válidas, mientras que el in dubio pro operario opera ante la duda interpretativa de una sola norma. Por último, el principio de estabilidad en el empleo, reforzado tras la reforma laboral de 2021, favorece la contratación indefinida frente a la temporal como modalidad contractual prioritaria.

La Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas dedicado a la promoción de la justicia social y de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente. Fue creada en 1919, en el marco del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y España figura entre sus miembros fundadores. Su rasgo distintivo es la estructura tripartita: a diferencia de otros organismos internacionales, en sus órganos de gobierno participan en pie de igualdad representantes de los gobiernos, de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales de cada Estado miembro. Sus órganos principales son la Conferencia Internacional del Trabajo (asamblea general anual), el Consejo de Administración (órgano ejecutivo) y la Oficina Internacional del Trabajo (secretaría permanente, con sede en Ginebra). La OIT produce dos tipos de instrumentos normativos: los Convenios, que generan obligaciones jurídicas para los Estados que los ratifican y se incorporan al ordenamiento interno una vez publicados oficialmente, y las Recomendaciones, que no requieren ratificación y orientan la política legislativa de los Estados sin crear obligación jurídica directa.

El Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores (ET) es la norma legal básica que regula las relaciones laborales individuales y colectivas en España. Su texto vigente está contenido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprobó el texto refundido sustituyendo al anterior texto refundido de 1995 (a su vez heredero de la Ley 8/1980, primer Estatuto de los Trabajadores de la etapa democrática). Se estructura en un Título Preliminar sobre ámbito de aplicación y fuentes; el Título I, dedicado a la relación individual de trabajo (contrato, derechos y deberes, clasificación profesional, jornada, salario, modificación, suspensión y extinción del contrato); el Título II, sobre los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa; y el Título III, sobre la negociación colectiva y los convenios colectivos. Desde su aprobación, el ET ha sido modificado en numerosas ocasiones mediante reales decretos-ley de reforma laboral, siendo las más relevantes de los últimos años la de 2012 (flexibilización) y la del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre (orientada a la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo).

El contrato de trabajo: concepto y elementos

El contrato de trabajo es el negocio jurídico por el que una persona (trabajador) se obliga a prestar voluntariamente servicios retribuidos por cuenta de otra (empresario), dentro del ámbito de organización y dirección de esta. El artículo 1.1 ET presume la existencia de contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización de otro, y el que lo recibe a cambio de una retribución, salvo prueba en contrario. De esta definición se extraen las notas esenciales de laboralidad: voluntariedad (ausencia de coacción), ajenidad (los frutos del trabajo pertenecen inicialmente al empresario, que asume el riesgo de la actividad), dependencia o subordinación (sujeción a las órdenes e instrucciones organizativas del empresario) y retribución (carácter oneroso de la prestación, excluyendo el trabajo a título de amistad, benevolencia o buena vecindad y el trabajo familiar). Como todo contrato, exige los elementos esenciales del artículo 1261 del Código Civil: consentimiento de ambas partes, objeto cierto (la prestación de servicios) y causa (la contraprestación salarial).

Capacidad y forma del contrato de trabajo

Pueden celebrar contratos de trabajo como trabajadores, con carácter general, quienes tengan plena capacidad de obrar conforme al Código Civil, así como los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho con autorización de sus padres o tutores, o si viven de forma independiente con consentimiento expreso o tácito. Está prohibida la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años, salvo supuestos excepcionales de intervención en espectáculos públicos autorizados por la autoridad laboral. En cuanto a la forma, el contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o de palabra, presumiéndose existente entre todo el que presta un servicio retribuido por cuenta de otro, pero el artículo 8.2 ET exige la forma escrita para determinadas modalidades (contratos formativos, a tiempo parcial, fijos-discontinuos, de relevo, de trabajo a distancia, y en general los de duración determinada superior a cuatro semanas), así como cuando lo exija una disposición legal; de no formalizarse por escrito cuando la ley lo exige, el contrato se presume celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa. El empresario está obligado a comunicar el contenido de los contratos de trabajo, y sus prórrogas, al Servicio Público de Empleo Estatal.

Estructura, tipos y periodo de prueba del contrato

El contrato de trabajo se presume, salvo prueba en contrario, celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa (art. 8.2 ET), reflejando el principio de estabilidad en el empleo. Tras la reforma laboral del Real Decreto-ley 32/2021, las modalidades contractuales quedan simplificadas en torno a tres grandes ejes: el contrato indefinido ordinario, como modalidad general y prioritaria; el contrato indefinido fijo-discontinuo, potenciado para trabajos de carácter estacional o de prestación intermitente; y el contrato de duración determinada, residual y restringido a causas tasadas (sustitución de persona trabajadora o circunstancias de la producción). Junto a ellos subsisten los contratos formativos (para la formación en alternancia y para la obtención de práctica profesional), de naturaleza temporal pero finalidad distinta a la meramente productiva. El contrato puede incluir un periodo de prueba, que debe pactarse por escrito y cuya duración máxima fija el convenio colectivo aplicable (en su defecto, seis meses para técnicos titulados y dos meses para los demás trabajadores, salvo en empresas de menos de veinticinco trabajadores, donde el máximo general se eleva a tres meses para los no titulados); durante su vigencia, cualquiera de las partes puede resolver la relación laboral sin alegar causa y sin derecho a indemnización ni preaviso, salvo pacto en contrario.

La jurisdicción social

El orden jurisdiccional social es la rama de la organización judicial competente para conocer de los conflictos individuales y colectivos derivados del contrato de trabajo, de la negociación colectiva, y de las reclamaciones en materia de Seguridad Social, conforme a la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. En primera instancia conocen los Juzgados de lo Social; las resoluciones pueden recurrirse en suplicación ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, y, en los supuestos tasados por la ley, en casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Con carácter previo a la vía judicial, numerosas reclamaciones laborales (señaladamente el despido) exigen un intento de conciliación o mediación ante el órgano administrativo o extrajudicial competente, que en la mayoría de comunidades autónomas se tramita a través de los servicios de mediación, arbitraje y conciliación. El proceso laboral se caracteriza por principios de oralidad, concentración, celeridad y gratuidad para el trabajador, en coherencia con el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores establece la jerarquía de fuentes: disposiciones legales y reglamentarias del Estado, convenios colectivos, contrato de trabajo, y usos y costumbres.
  • El principio de norma más favorable exige aplicar, entre varias normas concurrentes, la que resulte más beneficiosa para el trabajador en su conjunto.
  • La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de Naciones Unidas de estructura tripartita: gobiernos, empresarios y trabajadores.
  • España es Estado miembro de la OIT desde 1919, uno de los miembros fundadores de la organización.
  • Los Convenios de la OIT, una vez ratificados por España, se incorporan al ordenamiento jurídico interno y son directamente aplicables.
  • El Estatuto de los Trabajadores está contenido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, texto refundido que sustituyó al anterior de 1995.
  • El contrato de trabajo exige tres elementos esenciales: voluntariedad, retribución y prestación de servicios por cuenta ajena dentro del ámbito de organización del empresario.
  • Se presume existente el contrato de trabajo entre quien presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización de otro y quien lo recibe a cambio de retribución.
  • El contrato de trabajo se presume, salvo prueba en contrario, celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa.
  • El Real Decreto-ley 32/2021 restringió los contratos de duración determinada a causas tasadas de sustitución de persona trabajadora o de circunstancias de la producción.
  • El contrato fijo-discontinuo, potenciado tras la reforma de 2021, es una modalidad de contrato indefinido para trabajos de carácter estacional o intermitente.
  • El período de prueba, cuando se pacta, debe constar por escrito y permite a ambas partes extinguir la relación laboral sin causa ni preaviso, dentro de su duración.
  • La capacidad para contratar como trabajador se adquiere, con carácter general, a los 16 años, con limitaciones específicas para menores de 18 años.
  • El contrato de trabajo debe formalizarse por escrito en los supuestos que exige la ley, aunque puede celebrarse verbalmente en los demás casos.
  • El empresario debe registrar el contrato de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de 10 días desde su formalización.
  • El principio de irrenunciabilidad de derechos impide que el trabajador renuncie válidamente a los derechos reconocidos como indisponibles por normas de derecho necesario.
  • El convenio colectivo es fuente del Derecho del Trabajo y puede mejorar, nunca empeorar, las condiciones mínimas legalmente establecidas.
  • Los usos y costumbres locales y profesionales son fuente supletoria del Derecho del Trabajo, aplicable en defecto de otras disposiciones.
  • El Derecho del Trabajo se caracteriza por su carácter tuitivo o protector de la parte más débil de la relación laboral, el trabajador.
  • La relación laboral especial se rige por su normativa específica y solo supletoriamente por el Estatuto de los Trabajadores.
  • El contrato de trabajo puede celebrarse a tiempo completo o a tiempo parcial, según la jornada pactada respecto de la jornada habitual comparable.
  • La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila el cumplimiento de la normativa laboral y puede sancionar la falta de formalización de los contratos.
  • La negociación colectiva, regulada en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, es el instrumento a través del cual se pactan condiciones de trabajo aplicables a un ámbito determinado.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Si la ley exige que un contrato de trabajo se formalice por escrito y las partes no lo hacen, ¿qué consecuencia establece el artículo 8.2 del Estatuto de los Trabajadores?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 25 de Profesor FP Gestión Administrativa?

Introduce el Derecho del Trabajo como rama jurídica que regula las relaciones laborales, sus fuentes normativas y los principios que rigen su aplicación, la Organización Internacional del Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores como norma básica, y la estructura, elementos y tipología general del contrato de trabajo tras la reforma laboral de 2021.

¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?

El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores establece la jerarquía de fuentes: disposiciones legales y reglamentarias del Estado, convenios colectivos, contrato de trabajo, y usos y costumbres. El principio de norma más favorable exige aplicar, entre varias normas concurrentes, la que resulte más beneficiosa para el trabajador en su conjunto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de Naciones Unidas de estructura tripartita: gobiernos, empresarios y trabajadores. España es Estado miembro de la OIT desde 1919, uno de los miembros fundadores de la organización. Los Convenios de la OIT, una vez ratificados por España, se incorporan al ordenamiento jurídico interno y son directamente aplicables. El Estatuto de los Trabajadores está contenido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, texto refundido que sustituyó al anterior de 1995. El contrato de trabajo exige tres elementos esenciales: voluntariedad, retribución y prestación de servicios por cuenta ajena dentro del ámbito de organización del empresario. Se presume existente el contrato de trabajo entre quien presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización de otro y quien lo recibe a cambio de retribución. El contrato de trabajo se presume, salvo prueba en contrario, celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa. El Real Decreto-ley 32/2021 restringió los contratos de duración determinada a causas tasadas de sustitución de persona trabajadora o de circunstancias de la producción. El contrato fijo-discontinuo, potenciado tras la reforma de 2021, es una modalidad de contrato indefinido para trabajos de carácter estacional o intermitente. El período de prueba, cuando se pacta, debe constar por escrito y permite a ambas partes extinguir la relación laboral sin causa ni preaviso, dentro de su duración. La capacidad para contratar como trabajador se adquiere, con carácter general, a los 16 años, con limitaciones específicas para menores de 18 años. El contrato de trabajo debe formalizarse por escrito en los supuestos que exige la ley, aunque puede celebrarse verbalmente en los demás casos. El empresario debe registrar el contrato de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de 10 días desde su formalización. El principio de irrenunciabilidad de derechos impide que el trabajador renuncie válidamente a los derechos reconocidos como indisponibles por normas de derecho necesario. El convenio colectivo es fuente del Derecho del Trabajo y puede mejorar, nunca empeorar, las condiciones mínimas legalmente establecidas. Los usos y costumbres locales y profesionales son fuente supletoria del Derecho del Trabajo, aplicable en defecto de otras disposiciones. El Derecho del Trabajo se caracteriza por su carácter tuitivo o protector de la parte más débil de la relación laboral, el trabajador. La relación laboral especial se rige por su normativa específica y solo supletoriamente por el Estatuto de los Trabajadores. El contrato de trabajo puede celebrarse a tiempo completo o a tiempo parcial, según la jornada pactada respecto de la jornada habitual comparable. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila el cumplimiento de la normativa laboral y puede sancionar la falta de formalización de los contratos. La negociación colectiva, regulada en el Título III del Estatuto de los Trabajadores, es el instrumento a través del cual se pactan condiciones de trabajo aplicables a un ámbito determinado.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1996 (Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, BOE-A-1996-3102), especialidad Procesos de Gestión Administrativa (código 222) (Temario oficial estatal de referencia — especialidad Procesos de Gestión Administrativa (código 222), Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional).

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