Concepto de Derecho Administrativo
Conjunto de normas que regulan la organización, el funcionamiento y las relaciones de las Administraciones Públicas con los ciudadanos y entre sí, con un régimen jurídico exorbitante respecto del Derecho común.
Temario oficial estatal de referencia — especialidad Procesos de Gestión Administrativa (código 222), Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional · Índice oficial del BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1996 (Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, BOE-A-1996-3102), especialidad Procesos de Gestión Administrativa (código 222).
Este temario corresponde en exclusiva a la especialidad de Procesos de Gestión Administrativa (código 222), una de las especialidades docentes de la familia profesional de Administración y Gestión dentro de la Formación Profesional, vinculada principalmente a ciclos como Gestión Administrativa (Grado Medio) y Administración y Finanzas (Grado Superior). Originalmente adscrita en exclusiva al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (código de cuerpo 0591), tras la reordenación de cuerpos y especialidades docentes de FP posterior a la LOMLOE se encuentra hoy también asociada al código 590222 dentro del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en aquellas comunidades autónomas y procesos que ya han aplicado la integración del profesorado con titulación de grado, coexistiendo en la práctica ambas adscripciones (0591222 y 590222) según la convocatoria y la situación administrativa del profesorado afectado. IMPORTANTE: esta especialidad no debe confundirse con "Procesos Comerciales" (código 221), una especialidad DISTINTA de la misma familia profesional, de temario propio y separado, centrada en marketing, ventas y logística comercial desde una óptica de fuerza de ventas, mientras que Procesos de Gestión Administrativa se centra en la gestión documental, contable, fiscal, laboral y ofimática de la empresa desde el puesto administrativo. El listado de 61 temas reproducido aquí es el aprobado con carácter estatal por la Orden de 1 de febrero de 1996 (BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1996) y sigue siendo, tres décadas después, el temario de referencia que las distintas comunidades autónomas citan en sus convocatorias de oposición para esta especialidad, al no existir una versión posterior que lo haya derogado o sustituido con carácter general. Como en el resto de especialidades de FP de más de 25-30 años de antigüedad normativa, muchos temas reflejan una normativa mercantil, fiscal, laboral y una tecnología ofimática (máquina de escribir eléctrica, télex, fax, mecanografía manual) muy anteriores a las actuales: el desarrollo de cada tema en este sitio actualiza esos aspectos a la práctica y normativa vigentes en 2026 (Ley de Sociedades de Capital, Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas, IVA, IRPF, Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social, RGPD/LOPDGDD, Ley 39/2015 y 40/2015 de procedimiento administrativo, suites ofimáticas en la nube) sin alterar el enunciado oficial de cada tema. Esta es la única entrada de esta especialidad en el catálogo de OpositaGratis (id "profesor-fp-gestion-administrativa"); no cubre Procesos Comerciales, ni ninguna otra especialidad de la familia de Administración y Gestión, ni otras familias profesionales de FP, ni los cuerpos de Maestros o de Profesores de Enseñanza Secundaria generalista, que se cubren bajo otros ids del catálogo ("maestros", "secundaria", "profesor-fp", "profesor-fp-informatica").
Introduce el Derecho Administrativo como rama del Derecho Público que regula la organización y actividad de las Administraciones Públicas, sus fuentes normativas, el principio de división de poderes, la jerarquía normativa y el régimen de publicación de las normas.
← Ver el índice completo del temarioConjunto de normas que regulan la organización, el funcionamiento y las relaciones de las Administraciones Públicas con los ciudadanos y entre sí, con un régimen jurídico exorbitante respecto del Derecho común.
La Constitución, los tratados internacionales, el Derecho de la Unión Europea, la ley y los reglamentos, y de forma supletoria la costumbre y los principios generales del Derecho.
Legislativo (Cortes Generales, aprueba las leyes), ejecutivo (Gobierno y Administración, ejecuta las leyes y dicta reglamentos) y judicial (juzgados y tribunales, aplica el Derecho con independencia), inspirada en Montesquieu.
Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias (mismo rango), decretos-leyes y decretos legislativos (con rango de ley), y reglamentos, jerarquizados según el órgano que los dicta.
Ley orgánica (mayoría absoluta, art. 81 CE), ley ordinaria (mayoría simple), decreto-ley (extraordinaria y urgente necesidad, sujeto a convalidación) y decreto legislativo (previa delegación de las Cortes).
Requisito de eficacia conforme al artículo 2.1 del Código Civil; las leyes estatales se publican en el BOE y entran en vigor a los 20 días de su publicación completa, salvo disposición distinta (vacatio legis).
La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge en su artículo 3 los principios generales que rigen la actuación administrativa: servicio efectivo a los ciudadanos, eficacia en el cumplimiento de objetivos, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe y confianza legítima, transparencia, planificación y evaluación de resultados, responsabilidad por la gestión pública, y cooperación y coordinación entre Administraciones. Estos principios, junto con el de legalidad, constituyen el marco de referencia frente al que se contrasta la validez de toda actuación administrativa.
La reforma de 2015 sustituyó a la anterior Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desdoblándola en dos textos: la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la relación externa entre la Administración y los ciudadanos (actos administrativos, recursos, procedimiento), y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la organización y el funcionamiento interno de las Administraciones Públicas y del resto del sector público institucional.
El artículo 106.1 de la Constitución somete los reglamentos y la actuación administrativa al control de los tribunales, atribuido con carácter general a la jurisdicción contencioso-administrativa. Un reglamento ilegal, por infringir una norma de rango superior, exceder el ámbito de la habilitación legal o incurrir en desviación de poder, puede ser declarado nulo de pleno derecho, con efectos ex tunc (retroactivos) frente a todos, a diferencia de la anulación de un acto administrativo singular, que produce efectos más limitados.
Entre el Estado y las Comunidades Autónomas no rige, en sentido estricto, un principio de jerarquía normativa, sino de distribución competencial: las leyes autonómicas, dentro de su ámbito de competencia, tienen el mismo rango que las leyes estatales, sin que estas últimas puedan dejarlas sin efecto por el mero hecho de ser estatales. Los conflictos entre ley estatal y ley autonómica se resuelven, por tanto, no por el principio de jerarquía, sino verificando cuál de las dos Administraciones tenía la competencia constitucional y estatutaria para regular la materia.
Conforme al artículo 96.1 de la Constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno desde su publicación, sin necesidad de norma de transposición adicional. Sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional, lo que los dota de una resistencia especial frente a la legislación interna ordinaria, aunque sin alcanzar el rango de la Constitución.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
El decreto-ley es una norma dictada por el Gobierno:
Introduce el Derecho Administrativo como rama del Derecho Público que regula la organización y actividad de las Administraciones Públicas, sus fuentes normativas, el principio de división de poderes, la jerarquía normativa y el régimen de publicación de las normas.
El Derecho Administrativo regula la organización, el funcionamiento y las relaciones de las Administraciones Públicas con los ciudadanos y entre sí. La división de poderes clásica distingue el legislativo (Cortes Generales), el ejecutivo (Gobierno y Administración) y el judicial (juzgados y tribunales). La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que deben sujetarse todas las demás normas. Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, conforme al artículo 81 de la Constitución. Las leyes orgánicas y ordinarias tienen el mismo rango jerárquico, diferenciándose por la materia y por el procedimiento de aprobación. El decreto-ley es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sujeta a convalidación del Congreso en 30 días. El decreto legislativo es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno previa delegación expresa de las Cortes Generales. Los reglamentos son normas jurídicas de rango inferior a la ley, dictadas por el Gobierno o la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria. El principio de jerarquía normativa implica que una norma de rango inferior no puede contradecir a una de rango superior, so pena de nulidad. El principio de reserva de ley exige que determinadas materias, como el desarrollo de derechos fundamentales o los tributos, se regulen por norma con rango de ley. El artículo 2.1 del Código Civil establece que las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, salvo disposición distinta. El período entre la publicación de una norma y su entrada en vigor se denomina vacatio legis. El Boletín Oficial del Estado es el diario oficial en el que se publican las leyes estatales, los reales decretos y otras disposiciones normativas de ámbito estatal. Cada Comunidad Autónoma cuenta con su propio boletín oficial para la publicación de sus normas de ámbito autonómico. El Derecho de la Unión Europea forma parte del ordenamiento jurídico español y prevalece, en caso de conflicto, sobre el derecho interno. Un reglamento europeo tiene aplicación directa en todos los Estados miembros; una directiva europea requiere transposición mediante norma interna. La potestad reglamentaria corresponde, con carácter general, al Gobierno (Real Decreto) y a los ministerios (Orden Ministerial), dentro de sus competencias. Los principios generales del Derecho actúan como fuente supletoria en defecto de ley o costumbre aplicable. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada. La publicación es un requisito de eficacia, no de validez, de las normas jurídicas. El régimen jurídico exorbitante de la Administración incluye potestades como la autotutela declarativa y ejecutiva. La jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para controlar la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas. La Ley 40/2015 recoge en su artículo 3 los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, entre ellos la buena fe, la confianza legítima y la transparencia. La antigua Ley 30/1992 fue sustituida por dos leyes: la 39/2015 (procedimiento administrativo común) y la 40/2015 (régimen jurídico del sector público). Entre el Estado y las Comunidades Autónomas no rige el principio de jerarquía normativa, sino el de distribución de competencias. Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento interno español desde su publicación oficial, conforme al artículo 96.1 CE.
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
Del índice oficial de BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1996 (Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, BOE-A-1996-3102), especialidad Procesos de Gestión Administrativa (código 222) (Temario oficial estatal de referencia — especialidad Procesos de Gestión Administrativa (código 222), Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional).
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