Este temario corresponde EXCLUSIVAMENTE al Ayuntamiento de Madrid (Grupo C, Subgrupo C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar), turno libre. Auxiliar Administrativo es uno de los cuerpos más fragmentados de España: cada ayuntamiento convoca su propio proceso selectivo con su propio temario, así que este fichero NO sirve para ningún otro ayuntamiento — cualquier opositor de Auxiliar Administrativo fuera del Ayuntamiento de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria municipal. Se ha elegido el Ayuntamiento de Madrid por ser la convocatoria más citable y mejor documentada que se ha podido verificar en el momento de construir este fichero; en el futuro sería deseable ampliar con temarios adaptados a otros ayuntamientos grandes, dejando claro en cada uno a qué municipio corresponde. Tampoco cubre: (1) el proceso de promoción interna independiente de esta misma categoría en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un programa distinto y más corto de 12 temas (Resolución de 4 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.748, de 29 de octubre de 2024); (2) el Cuerpo de Auxiliares de Administración General (C2) de la Comunidad de Madrid (gobierno autonómico, no ayuntamiento), que es una escala distinta y ya tiene su propio temario en src/data/temarios/auxiliar-administrativo-madrid.json.
La contratación del sector público se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que transpuso al ordenamiento español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. Su objeto es regular la contratación del sector público para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos y la selección de la oferta con mejor relación calidad-precio. Se aplica a los contratos onerosos celebrados por las entidades del sector público (art. 3), con exclusiones tasadas. Los contratos típicos son obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, además de los mixtos, y se distinguen contratos administrativos y privados. En las Entidades locales, la Disposición adicional segunda LCSP reparte la competencia de órgano de contratación entre el Alcalde o Presidente y el Pleno según el valor estimado y la duración, y en los municipios de gran población, como Madrid, atribuye un papel central a la Junta de Gobierno Local.
Norma aplicable y objeto de la ley (arts. 1 y 2 LCSP)
La norma vigente es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Sustituyó al Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y ha sido modificada en varias ocasiones (entre otras, por el Real Decreto-ley 36/2020, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Su art. 1 señala que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Se introducen también la perspectiva de la contratación pública estratégica: la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación, y facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas. Desarrollan la ley, de forma parcial, el Real Decreto 1098/2001 (Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) y el Real Decreto 817/2009, en todo lo que no se oponga a la LCSP. El art. 2 define como contratos del sector público los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el art. 3; un contrato es oneroso cuando el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, directo o indirecto.
El art. 3 LCSP delimita el sector público de forma amplia. Forman parte de él, entre otros, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas, las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de entidades del sector público sea superior al 50 por 100, las fundaciones del sector público, los consorcios y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en los términos del propio artículo. Dentro del sector público se distinguen tres categorías de entes a efectos de la ley: las Administraciones Públicas (en cuyo concepto se integran, entre otras, las Entidades que integran la Administración Local y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes que no sean financiadas mayoritariamente con ingresos de mercado), los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas (entes que satisfacen necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil y que están financiados mayoritariamente o controlados por otros poderes adjudicadores) y el resto de entes del sector público que no son poderes adjudicadores. La clasificación es relevante porque determina el régimen jurídico de la preparación y adjudicación (más estricto para las Administraciones Públicas), la calificación de los contratos como administrativos o privados y el régimen de recursos. Las Entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, Consejos, mancomunidades, comarcas y entidades de ámbito territorial inferior al municipio) son, por tanto, Administraciones Públicas a efectos de la LCSP, al igual que sus organismos autónomos.
Negocios y contratos excluidos y exclusión del ámbito de la ley
La LCSP excluye de su ámbito (arts. 4 a 11 y concordantes) una serie de negocios, relaciones jurídicas y contratos. Entre los más relevantes se encuentran: las relaciones de servicio de los funcionarios y el personal laboral con la Administración; los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en la ley o en normas administrativas especiales, celebrados entre sí por las Administraciones y entes públicos, siempre que no tengan por objeto prestaciones propias de los contratos típicos (art. 6, en relación con la regulación general de los convenios en los arts. 47 y siguientes de la Ley 40/2015); la cooperación horizontal entre entidades del sector público bajo determinadas condiciones; los negocios jurídicos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, regulados por la legislación patrimonial; las relaciones jurídicas que se rigen por la normativa de contratos del Estado en el ámbito de la cooperación internacional, ciertos contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación, contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación cuando los resultados no pertenecen a este de forma exclusiva, y los contratos de servicios financieros relacionados con valores o instrumentos financieros. También quedan fuera los encargos a medios propios personificados (art. 32), que no tienen la consideración de contrato: son una forma de ejecución directa por la que el poder adjudicador encomienda a una entidad que es medio propio y servicio técnico una prestación, siempre que se cumplan los requisitos legales (control análogo al que se ejerce sobre sus propios servicios, realización de la parte esencial de la actividad para el poder adjudicador y propiedad pública íntegra del capital o patrimonio). Las exclusiones se interpretan de forma restrictiva.
Tipos de contratos y su calificación (arts. 12 a 18)
La LCSP clasifica los contratos del sector público en los siguientes tipos: contrato de obras (art. 13), cuyo objeto es la ejecución de una obra o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I, entendiéndose por obra el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble; concesión de obras (art. 14), en la que la contraprestación del concesionario consiste en el derecho a explotar la obra o en ese derecho acompañado del de percibir un precio, con transferencia del riesgo operacional; concesión de servicios (art. 15), por la que un poder adjudicador encomienda a título oneroso la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, con contrapartida en el derecho a explotar el servicio o ese derecho acompañado de un precio, y también con transferencia del riesgo operacional; contrato de suministro (art. 16), que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles; y contrato de servicios (art. 17), cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro. En el contrato de servicios no pueden incluirse prestaciones que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos (art. 308). Los contratos mixtos (art. 18) comprenden prestaciones correspondientes a más de un tipo; se atiende al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. Los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición no son tipos contractuales sino técnicas de racionalización de la contratación (arts. 219 a 227). La duración máxima de los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva, incluidas las prórrogas, es con carácter general de cinco años (art. 29.4), salvo supuestos especiales; los contratos menores no pueden durar más de un año ni ser objeto de prórroga (art. 29.8).
Contratos administrativos y contratos privados (arts. 24 a 27)
El art. 24 distingue contratos administrativos y privados. Son contratos administrativos (art. 25) los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las Administraciones Públicas, así como los contratos administrativos especiales, definidos como aquellos de objeto distinto a los anteriores pero vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o que satisfacen de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella, siempre que no tengan expresamente carácter de contrato privado. Son contratos privados (art. 26) los celebrados por Administraciones Públicas que tengan por objeto servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos, y los contratos de suscripción a revistas y publicaciones y de acceso a bases de datos (con ciertas condiciones), así como todos los celebrados por entes del sector público que no sean Administraciones Públicas (poderes adjudicadores no Administración Pública y demás entes). Los contratos privados de las Administraciones Públicas se rigen, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la LCSP y sus normas de desarrollo y, en cuanto a sus efectos y extinción, por el derecho privado. Los contratos administrativos se regulan en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la LCSP y, supletoriamente, por las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, de derecho privado. En cuanto a la jurisdicción (art. 27), el orden contencioso-administrativo es competente para conocer de las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y de la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada; el orden civil conoce de los efectos y extinción de los contratos privados.
Contratos sujetos a regulación armonizada y recurso especial
Son contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) aquellos que, por su tipo y valor estimado, quedan sometidos a las normas de las Directivas europeas (arts. 19 a 23 LCSP): obras y concesiones de obras y servicios por encima del umbral europeo, y contratos de suministro y servicios que superen los umbrales fijados por la Comisión Europea, que se actualizan cada dos años mediante reglamento delegado; por ello conviene consultar el umbral aplicable en cada momento en lugar de memorizar la cifra. La publicidad de los contratos SARA se realiza además en el Diario Oficial de la Unión Europea. El valor estimado del contrato (art. 101) incluye el importe total sin IVA que se estime que se va a pagar, con las prórrogas, modificaciones previstas y las primas u opciones. Está prohibido el fraccionamiento del objeto del contrato con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir los requisitos de publicidad o de procedimiento (art. 99.2). Los contratos menores (art. 118) son los de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios (sin IVA); requieren expediente con la justificación de que no se está alterando su objeto para evitar los umbrales, de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen esas cifras, el informe de insuficiencia de medios cuando proceda y la aprobación del gasto. La adjudicación se publica al menos trimestralmente en el perfil de contratante (art. 63.4). Contra determinados actos de preparación y adjudicación de contratos (obras de valor estimado superior a 3.000.000 de euros, y suministros y servicios de valor estimado superior a 100.000 euros, entre otros) cabe el recurso especial en materia de contratación (art. 44), de carácter potestativo, que se interpone en el plazo de quince días hábiles (art. 50) ante el tribunal administrativo de recursos contractuales competente (art. 45), órgano especializado e independiente.
Órganos de contratación: concepto y reglas generales (arts. 61 a 63)
Según el art. 61 LCSP, los órganos de contratación son los órganos unipersonales o colegiados de las entidades del sector público a los que se atribuye la facultad de celebrar los contratos en su nombre; ostentan la representación de la entidad en materia contractual, adjudican los contratos, aprueban el expediente y el gasto y formalizan los contratos. Pueden delegar su competencia en los términos de la legislación sobre régimen jurídico del sector público (Ley 40/2015, arts. 8 y siguientes). El órgano de contratación debe designar un responsable del contrato (art. 62), al que corresponde supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación. Además, el órgano de contratación difundirá a través de internet su perfil de contratante (art. 63), que se integra en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información equivalentes de las Comunidades Autónomas, y donde se publica la información relativa a su actividad contractual. La capacidad para contratar (arts. 65 y siguientes) exige personalidad jurídica, capacidad de obrar, no estar incurso en prohibición de contratar (art. 71), acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional (arts. 74 y siguientes) y, en su caso, la clasificación. La mesa de contratación (art. 326) es el órgano de asistencia técnica especializada al órgano de contratación en los procedimientos abiertos y restringidos, que califica la documentación administrativa, valora las proposiciones y propone al órgano de contratación la adjudicación.
Órganos de contratación en las Entidades locales: Disposición adicional segunda LCSP
La Disposición adicional segunda LCSP establece las competencias en materia de contratación en las Entidades locales. Corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de concesión de obras, de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Corresponde al Pleno la competencia respecto de los contratos de las mismas clases cuando su valor estimado supere esos límites, incluidos los plurianuales cuya duración exceda de cuatro años o supere los porcentajes y cuantías indicados; y, igualmente, respecto de los contratos privados de bienes patrimoniales en los supuestos del apartado correspondiente, así como la competencia para la contratación de determinados contratos de especial relevancia. El Pleno ostenta asimismo las competencias para aprobar modificaciones de los contratos cuando sea el órgano competente para la contratación inicial, y la resolución de los contratos que haya adjudicado. En los municipios de gran población del Título X de la LBRL, como Madrid, las competencias en materia de contratación se atribuyen en los términos del art. 127.1 LBRL a la Junta de Gobierno Local, que puede delegarlas, y el Pleno conserva las competencias propias que la ley le reserva; la concreción de órganos delegados (Concejales delegados, Coordinadores Generales, Directores Generales, Distritos) se hace mediante los acuerdos y decretos de organización y delegación de competencias de cada Corporación, por lo que debe consultarse el texto vigente. El apartado 7 de la Disposición adicional segunda regula la mesa de contratación en las Entidades locales: está presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y actúan como vocales el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y el Interventor, así como los demás que designe el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o laboral al servicio de la Corporación o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres; actúa como Secretario un funcionario de la Corporación. La Disposición adicional tercera LCSP atribuye al Secretario y al Interventor, respectivamente, los informes jurídicos y la fiscalización que la ley asigna a los servicios jurídicos y a la intervención.
Órganos consultivos, registros y supervisión
Junto a los órganos de contratación, la LCSP regula órganos de asesoramiento, supervisión y control. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (art. 328) es el órgano consultivo específico de la Administración General del Estado en materia de contratación; el Comité de Cooperación en materia de contratación pública (art. 329) coordina la cooperación entre las Administraciones; la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon, art. 332) vela por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promueve la concurrencia y combate las ilegalidades; y la Oficina Nacional de Evaluación (art. 333) analiza la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de servicios. Sirven de registro y de publicidad el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (art. 337), el Registro de Contratos del Sector Público (art. 346) y la Plataforma de Contratación del Sector Público (art. 347), que centraliza la difusión de las licitaciones y debe facilitar la tramitación electrónica. El procedimiento de contratación es electrónico (Disposición adicional decimosexta y art. 347): la presentación de ofertas y su apertura se realizan, con carácter general, a través de medios electrónicos. Los principios de la contratación (art. 132) son igualdad y no discriminación, transparencia, libre competencia y proporcionalidad, y los órganos de contratación deben actuar con integridad, evitando conflictos de intereses (art. 64).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE y sustituye al Texto Refundido aprobado por RDL 3/2011.
Art. 1 LCSP: principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, eficiente utilización de fondos y selección de la oferta económicamente más ventajosa.
Art. 2 LCSP: son contratos del sector público los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrados por las entidades del art. 3.
Art. 3 LCSP: las Entidades que integran la Administración Local forman parte del sector público y son Administraciones Públicas a efectos de la ley.
Distinguir sector público, poderes adjudicadores y Administraciones Públicas: cada categoría implica un régimen distinto de preparación y adjudicación.
Tipos de contratos: obras (13), concesión de obras (14), concesión de servicios (15), suministro (16) y servicios (17); los mixtos (18) se rigen por la prestación principal.
En las concesiones (obras y servicios) el concesionario asume el riesgo operacional.
El contrato de servicios no puede tener por objeto el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos (art. 308).
Art. 99.2: prohibición de fraccionar el objeto del contrato para eludir publicidad o procedimiento.
Contratos menores (art. 118): obras de valor estimado inferior a 40.000 euros; suministros y servicios inferiores a 15.000 euros; duración máxima de un año y sin prórroga (art. 29.8).
Los encargos a medios propios personificados (art. 32) no son contratos y quedan fuera de la LCSP en su preparación y adjudicación.
Contratos administrativos (art. 25) frente a contratos privados (art. 26): la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de la preparación y adjudicación de ambos, pero de efectos y extinción solo de los administrativos.
Art. 61 LCSP: los órganos de contratación son los órganos unipersonales o colegiados facultados para celebrar contratos en nombre de la entidad del sector público.
Art. 62: el órgano de contratación designa un responsable del contrato; art. 63: perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Disposición adicional segunda LCSP: el Alcalde o Presidente es órgano de contratación hasta el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y seis millones de euros; el Pleno, por encima de esos límites.
En los contratos plurianuales de Entidades locales, el límite del Alcalde exige duración no superior a cuatro años y que el importe acumulado de las anualidades no supere el 10 por 100 ni los seis millones.
Mesa de contratación en Entidades locales (DA 2.ª.7): presidida por un miembro de la Corporación o funcionario; vocales Secretario e Interventor; mínimo tres miembros; Secretario de la mesa, un funcionario.
DA 3.ª LCSP: en las Entidades locales los informes jurídicos corresponden al Secretario y la fiscalización al Interventor.
Recurso especial en materia de contratación (art. 44): obras superiores a 3.000.000 euros y suministros y servicios superiores a 100.000 euros de valor estimado; plazo de quince días hábiles (art. 50).
OIReScon (art. 332), Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (art. 328) y Plataforma de Contratación del Sector Público (art. 347): organismos que no deben confundirse con el órgano de contratación.
Error típico: creer que cualquier convenio es un contrato; los convenios entre Administraciones sin prestaciones propias de los contratos típicos están excluidos (art. 6).
Error típico: confundir el órgano de contratación (adjudica y contrata) con la mesa de contratación (asiste y propone).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Según la Disposición adicional segunda LCSP, ¿hasta qué límite corresponde al Alcalde ser órgano de contratación en los contratos de obras, suministros y servicios?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 14 de Auxiliar Ayuntamiento?
La contratación del sector público se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que transpuso al ordenamiento español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. Su objeto es regular la contratación del sector público para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos y la selección de la oferta con mejor relación calidad-precio. Se aplica a los contratos onerosos celebrados por las entidades del sector público (art. 3), con exclusiones tasadas. Los contratos típicos son obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, además de los mixtos, y se distinguen contratos administrativos y privados. En las Entidades locales, la Disposición adicional segunda LCSP reparte la competencia de órgano de contratación entre el Alcalde o Presidente y el Pleno según el valor estimado y la duración, y en los municipios de gran población, como Madrid, atribuye un papel central a la Junta de Gobierno Local.
¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE y sustituye al Texto Refundido aprobado por RDL 3/2011. Art. 1 LCSP: principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, eficiente utilización de fondos y selección de la oferta económicamente más ventajosa. Art. 2 LCSP: son contratos del sector público los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrados por las entidades del art. 3. Art. 3 LCSP: las Entidades que integran la Administración Local forman parte del sector público y son Administraciones Públicas a efectos de la ley. Distinguir sector público, poderes adjudicadores y Administraciones Públicas: cada categoría implica un régimen distinto de preparación y adjudicación. Tipos de contratos: obras (13), concesión de obras (14), concesión de servicios (15), suministro (16) y servicios (17); los mixtos (18) se rigen por la prestación principal. En las concesiones (obras y servicios) el concesionario asume el riesgo operacional. El contrato de servicios no puede tener por objeto el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos (art. 308). Art. 99.2: prohibición de fraccionar el objeto del contrato para eludir publicidad o procedimiento. Contratos menores (art. 118): obras de valor estimado inferior a 40.000 euros; suministros y servicios inferiores a 15.000 euros; duración máxima de un año y sin prórroga (art. 29.8). Los encargos a medios propios personificados (art. 32) no son contratos y quedan fuera de la LCSP en su preparación y adjudicación. Contratos administrativos (art. 25) frente a contratos privados (art. 26): la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de la preparación y adjudicación de ambos, pero de efectos y extinción solo de los administrativos. Art. 61 LCSP: los órganos de contratación son los órganos unipersonales o colegiados facultados para celebrar contratos en nombre de la entidad del sector público. Art. 62: el órgano de contratación designa un responsable del contrato; art. 63: perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Disposición adicional segunda LCSP: el Alcalde o Presidente es órgano de contratación hasta el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y seis millones de euros; el Pleno, por encima de esos límites. En los contratos plurianuales de Entidades locales, el límite del Alcalde exige duración no superior a cuatro años y que el importe acumulado de las anualidades no supere el 10 por 100 ni los seis millones. Mesa de contratación en Entidades locales (DA 2.ª.7): presidida por un miembro de la Corporación o funcionario; vocales Secretario e Interventor; mínimo tres miembros; Secretario de la mesa, un funcionario. DA 3.ª LCSP: en las Entidades locales los informes jurídicos corresponden al Secretario y la fiscalización al Interventor. Recurso especial en materia de contratación (art. 44): obras superiores a 3.000.000 euros y suministros y servicios superiores a 100.000 euros de valor estimado; plazo de quince días hábiles (art. 50). OIReScon (art. 332), Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (art. 328) y Plataforma de Contratación del Sector Público (art. 347): organismos que no deben confundirse con el órgano de contratación. Error típico: creer que cualquier convenio es un contrato; los convenios entre Administraciones sin prestaciones propias de los contratos típicos están excluidos (art. 6). Error típico: confundir el órgano de contratación (adjudica y contrata) con la mesa de contratación (asiste y propone).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024). (Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (arts. 1 a 3, 6, 12 a 18, 24 a 27, 29, 32, 44, 61 a 63, 99, 101, 118, 132, 326, 328 a 333, 337, 346 y 347; Disposiciones adicionales segunda y tercera)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 22, 124 y 127)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 8 y siguientes, delegación de competencias; arts. 47 y siguientes, convenios)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxiliar Ayuntamiento.