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Tema 15. El Personal al servicio de la Administración Pública conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Clases de personal. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas. Derechos de los empleados públicos. Régimen disciplinario.

Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022) · Índice oficial del BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024)..

Este temario corresponde EXCLUSIVAMENTE al Ayuntamiento de Madrid (Grupo C, Subgrupo C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar), turno libre. Auxiliar Administrativo es uno de los cuerpos más fragmentados de España: cada ayuntamiento convoca su propio proceso selectivo con su propio temario, así que este fichero NO sirve para ningún otro ayuntamiento — cualquier opositor de Auxiliar Administrativo fuera del Ayuntamiento de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria municipal. Se ha elegido el Ayuntamiento de Madrid por ser la convocatoria más citable y mejor documentada que se ha podido verificar en el momento de construir este fichero; en el futuro sería deseable ampliar con temarios adaptados a otros ayuntamientos grandes, dejando claro en cada uno a qué municipio corresponde. Tampoco cubre: (1) el proceso de promoción interna independiente de esta misma categoría en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un programa distinto y más corto de 12 temas (Resolución de 4 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.748, de 29 de octubre de 2024); (2) el Cuerpo de Auxiliares de Administración General (C2) de la Comunidad de Madrid (gobierno autonómico, no ayuntamiento), que es una escala distinta y ya tiene su propio temario en src/data/temarios/auxiliar-administrativo-madrid.json.

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es la norma marco de la relación de todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas, incluido el propio Auxiliar Administrativo (Grupo C, Subgrupo C2). Regula las clases de personal (funcionarios de carrera, interinos, laborales y eventuales, además del personal directivo), la adquisición y pérdida de la relación de servicio, las situaciones administrativas, los derechos y deberes y el régimen disciplinario. Su contenido es básico, y se completa con las leyes de función pública del Estado y de las Comunidades Autónomas y, en el ámbito local, con la LBRL, el TRRL y el RD 781/1986. Ha sido modificado por normas recientes como el Real Decreto-ley 29/2020 (teletrabajo) y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de reducción de la temporalidad en el empleo público. Es uno de los temas más transversales de cualquier oposición de la Administración.

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Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas (art. 8 y ss.)

El art. 8 TREBEP considera empleados públicos a quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales, y los clasifica en: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente (art. 9.1). El art. 9.2 reserva exclusivamente a los funcionarios públicos el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. Los funcionarios interinos (art. 10) son nombrados como tales, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; la sustitución transitoria de los titulares; la ejecución de programas de carácter temporal; y el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses (redacción dada por la Ley 20/2021). Cuando el nombramiento interino responda a la existencia de plazas vacantes, el cese se produce al cubrirse la plaza por funcionario de carrera o, como regla general, transcurridos tres años desde el nombramiento, salvo los supuestos legales que permiten su prolongación; los programas temporales no pueden tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de función pública. El personal laboral (art. 11) es el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas; en función de la duración del contrato, puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Se rige, además de por la legislación laboral y los convenios colectivos, por los preceptos del TREBEP que así lo dispongan (art. 7). El personal eventual (art. 12) es el que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin; su nombramiento y cese son libres, cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento, y la condición de personal eventual no puede constituir mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna. En la Administración local, el número, las características y las retribuciones del personal eventual las determina el Pleno al comienzo de su mandato y sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales (art. 104 LBRL). El personal directivo profesional (art. 13) desarrolla funciones directivas profesionales definidas como tales en las normas específicas de cada Administración; su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

Grupos de clasificación profesional y Cuerpos y Escalas (arts. 75 y 76)

Los cuerpos y escalas de funcionarios se clasifican en grupos de acuerdo con la titulación exigida para el ingreso (art. 76): Grupo A, dividido en Subgrupos A1 y A2, para los que se exige título universitario de Grado (el A1 corresponde a funciones de mayor responsabilidad y complejidad); Grupo B, con título de Técnico Superior; Grupo C, dividido en Subgrupos C1 (título de Bachiller o Técnico) y C2 (título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). La Disposición adicional sexta prevé las agrupaciones profesionales de funcionarios para cuyo acceso no se exija titulación alguna. Un Auxiliar Administrativo de la Administración local pertenece, por tanto, al Subgrupo C2, y su subescala es la de Auxiliar de la Escala de Administración General (art. 167 del Texto Refundido de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986). Los funcionarios con habilitación de carácter nacional (Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención) constituyen un régimen propio regulado en los arts. 92 y 92 bis TREBEP y en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo; el Auxiliar Administrativo no pertenece a este régimen.

Acceso al empleo público (arts. 55 a 61)

El acceso al empleo público se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE) y por los siguientes principios (art. 55): publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y agilidad, sin perjuicio de la objetividad. Los requisitos generales para participar (art. 56) son: tener la nacionalidad española (sin perjuicio de lo previsto para los nacionales de otros Estados en los términos del art. 57); poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial; y poseer la titulación exigida. En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública (art. 59). Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición, que deben incluir en todo caso pruebas para la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes; sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el concurso de valoración de méritos (art. 61).

Adquisición y pérdida de la relación de servicio (arts. 62 a 68)

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos (art. 62.1): superación del proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera (art. 63): la renuncia a la condición de funcionario; la pérdida de la nacionalidad según lo dispuesto en el art. 56; la jubilación total del funcionario; la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme; y la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera carácter firme. La renuncia (art. 64) debe ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo que el funcionario esté sometido a expediente disciplinario o haya sido dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; no inhabilita para participar en futuros procesos selectivos. La jubilación (art. 67) puede ser voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente para el servicio; la jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, aunque se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan setenta años de edad, y la Administración resolverá de forma motivada. La rehabilitación de la condición de funcionario (art. 68) está prevista para quienes la hubieran perdido por pérdida de la nacionalidad o por jubilación por incapacidad permanente, cuando desaparezcan las causas, y también tras el cumplimiento de la pena de inhabilitación, de forma excepcional y por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa.

Situaciones administrativas (arts. 85 a 90)

Los funcionarios de carrera pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas (art. 85): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. El servicio activo (art. 86) es la situación general de quien presta servicios en su condición de funcionario, y se asimilan a ella los permisos y licencias. Los servicios especiales (art. 87) se declaran, entre otros supuestos, a quienes sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, elegidos para las Cortes Generales o las Asambleas legislativas, o designados para cargos de otras instituciones, de manera que el funcionario conserva su plaza y el tiempo se computa a efectos de antigüedad y derechos pasivos. En servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88) se encuentran los funcionarios que, como consecuencia de transferencias, pasan a depender de otra Administración y los que obtienen plaza en ella por concurso. La excedencia (art. 89) tiene varias modalidades: voluntaria por interés particular, que exige haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores; voluntaria por agrupación familiar; voluntaria por prestación de servicios en el sector público (a veces denominada por incompatibilidad), cuando el funcionario pasa a prestar servicios en otro cuerpo o escala sin compatibilidad; por cuidado de familiares, con un periodo no superior a tres años para el cuidado de cada hijo, natural o adoptivo, y de hasta dos años para atender el cuidado de un familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo, y que da derecho a reserva de puesto durante el primer año y destino en el mismo municipio con carácter general; y por razón de violencia de género, con una duración inicial de seis meses y derecho a reserva del puesto (así como las modalidades legalmente previstas para víctimas de terrorismo y otras violencias reconocidas). La suspensión de funciones (art. 90) puede ser provisional, adoptada como medida cautelar durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario, o firme, impuesta por sentencia o como sanción disciplinaria; la suspensión firme que exceda de seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo.

Derechos de los empleados públicos (arts. 14 y 15) y jornada, permisos y vacaciones (arts. 47 a 51)

El art. 14 TREBEP reconoce a los empleados públicos, entre otros, el derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional, a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio, a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios, a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral, a la no discriminación, a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico, a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y a las vacaciones, descansos, permisos y licencias. El art. 15 recoge los derechos individuales que se ejercen colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo, ejercicio de la huelga con garantía de mantenimiento de los servicios esenciales, planteamiento de conflictos colectivos y derecho de reunión. El Real Decreto-ley 29/2020 incorporó el art. 47 bis (teletrabajo), que lo define como la modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación; es voluntaria, reversible y se autoriza expresamente. Los permisos de los funcionarios están regulados en los arts. 48 (por motivos personales y deberes inexcusables) y 49 (por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares); el permiso por nacimiento para la madre biológica y el del progenitor distinto de la madre, y el de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tienen una duración de diecinueve semanas tras el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, y de treinta y dos semanas en los supuestos de monoparentalidad, de las cuales las seis primeras son de disfrute obligatorio e ininterrumpido inmediatamente posterior al parto. Las vacaciones (art. 50) son de un mes natural o de veintidós días hábiles anuales, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor; se incrementan con días adicionales por antigüedad (quince años de servicio, veintitrés días; veinte, veinticuatro; veinticinco, veinticinco; y treinta o más, veintiséis días hábiles). El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, introdujo ampliaciones de permisos en el TREBEP, y la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, protege a los empleados públicos informantes. Los deberes de los empleados públicos y el Código de Conducta (arts. 52 a 54) obligan a actuar con diligencia y con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

Régimen disciplinario: responsabilidad, faltas y sanciones (arts. 93 a 98)

Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII del TREBEP y en las normas que las leyes de función pública dicten en desarrollo del Estatuto (art. 93); el personal laboral se rige en esta materia por la legislación laboral, salvo en las faltas muy graves, en las que se aplica el Título VII. Los principios de la potestad disciplinaria son los de legalidad, tipicidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia, y son responsables quienes incurran en las faltas, quienes induzcan a otros a su realización y quienes encubran las faltas consumadas muy graves o graves cuando de dicho acto se derive grave daño para la Administración o los ciudadanos (art. 94). Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves o leves (art. 95). El art. 95.2 enumera las faltas muy graves comunes a todas las Administraciones: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por esas causas, el acoso moral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función; la negligencia en la custodia de secretos oficiales que sea causa de su publicación o difusión indebida; el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo; la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales; la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico; la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido; la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; los actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga y el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades; la incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas; y el acoso laboral. Las leyes de función pública establecen el régimen de faltas graves y leves atendiendo al grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos, y el descrédito para la imagen pública de la Administración. Las sanciones (art. 96) son: separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento y que sólo podrá sancionar faltas muy graves; despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares; suspensión firme de funciones (o de empleo y sueldo en el personal laboral), con una duración máxima de seis años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca; demérito, consistente en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; apercibimiento; y cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se establece en función del grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, del daño al interés público, de la cuantía del perjuicio causado y de la reiteración o reincidencia. La prescripción (art. 97) es de tres años para las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves; y las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El procedimiento disciplinario (art. 98) garantiza la audiencia del interesado; no puede imponerse sanción por faltas graves o muy graves sino mediante el procedimiento previamente establecido, mientras que para las faltas leves basta un procedimiento sumario con audiencia al interesado; debe haber separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos; y puede acordarse la suspensión provisional como medida cautelar por un máximo de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. Con carácter supletorio, y mientras no se desarrolle por las leyes, resulta de aplicación en el ámbito local el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

Representación y negociación colectiva de los empleados públicos (arts. 31 a 46)

El capítulo IV del Título III del TREBEP regula el derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de las condiciones de trabajo. La negociación colectiva de los funcionarios se somete a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia (art. 33). La negociación se realiza en las Mesas de Negociación, de las que existe la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las mesas generales de cada Administración y las mesas sectoriales; las entidades locales cuentan con su propia Mesa General de Negociación, y la legitimación corresponde a las organizaciones sindicales más representativas. Los acuerdos (que deben ser aprobados por el órgano de gobierno) y los pactos (que se celebran sobre materias de la competencia del órgano que los suscribe) tienen eficacia directa (art. 38). Los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal (art. 39): se elegirán Delegados de Personal en unidades electorales con un mínimo de seis y menos de cincuenta funcionarios, y Juntas de Personal en las unidades con cincuenta o más funcionarios. El personal laboral se rige por la legislación laboral (Comités de Empresa y Delegados de Personal del Estatuto de los Trabajadores). Para los conflictos colectivos el TREBEP prevé procedimientos de mediación y arbitraje.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El TREBEP se aprobó por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (texto refundido de la Ley 7/2007, de 12 de abril).
  • Art. 8: clases de empleados públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual.
  • Art. 9.1: los funcionarios de carrera tienen una relación estatutaria de carácter permanente regulada por el Derecho Administrativo; art. 9.2: las funciones que implican ejercicio de potestades públicas corresponden exclusivamente a funcionarios.
  • Art. 10: los funcionarios interinos cubren plazas vacantes, sustituciones, programas temporales o exceso o acumulación de tareas (máximo nueve meses dentro de un periodo de dieciocho, tras la Ley 20/2021, no seis meses en doce).
  • Art. 10: la interinidad por plaza vacante termina al cubrirse la plaza por funcionario de carrera o, con carácter general, a los tres años del nombramiento.
  • Art. 11: define al personal laboral; el art. 7 dispone que se rige por la legislación laboral y por los preceptos del TREBEP que así lo dispongan.
  • Art. 12: el personal eventual ocupa puestos de confianza o asesoramiento especial, es de nombramiento y cese libres y cesa automáticamente al cesar la autoridad a la que sirve; no es mérito para el acceso.
  • Art. 104 LBRL: en las Entidades locales, el número, características y retribuciones del personal eventual lo fija el Pleno al comienzo del mandato.
  • Art. 13: personal directivo profesional, designado por mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia.
  • Art. 76: Grupo A (A1 y A2): Grado; Grupo B: Técnico Superior; Grupo C1: Bachiller o Técnico; Grupo C2: ESO. El Auxiliar Administrativo es C2.
  • Art. 56: requisito de edad: tener dieciséis años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
  • Art. 59: reserva no inferior al 7 por ciento de las vacantes para personas con discapacidad; objetivo del 2 por ciento de los efectivos totales.
  • Art. 61: sistemas selectivos: oposición y concurso-oposición; el concurso, solo excepcionalmente y por ley.
  • Art. 62: la condición de funcionario de carrera exige superar el proceso selectivo, nombramiento, acatamiento de la Constitución y toma de posesión (requisitos sucesivos).
  • Art. 63: causas de pérdida de la condición de funcionario: renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme e inhabilitación firme.
  • Art. 67: jubilación forzosa a los 65 años, con posibilidad de prolongar la permanencia en servicio activo hasta los 70 años.
  • Art. 85: situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones.
  • Art. 89: modalidades de excedencia: voluntaria por interés particular (cinco años de servicios previos), por agrupación familiar, por prestación de servicios en el sector público, por cuidado de familiares y por violencia de género/terrorista.
  • Art. 89: la excedencia por cuidado de hijo no puede exceder de tres años por cada hijo; la de otro familiar hasta el segundo grado, de dos años.
  • Art. 90: la suspensión de funciones puede ser provisional (cautelar) o firme (sanción disciplinaria o sentencia); la firme superior a seis meses supone la pérdida del puesto.
  • Art. 14: derechos individuales; art. 15: derechos individuales ejercidos colectivamente (libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos, reunión).
  • Art. 47 bis: el teletrabajo es voluntario, reversible y requiere autorización expresa (introducido por el Real Decreto-ley 29/2020).
  • Art. 50: vacaciones de un mes natural o veintidós días hábiles; hasta veintiséis días por antigüedad de treinta años.
  • Permisos por nacimiento y por adopción, guarda o acogimiento: diecinueve semanas, treinta y dos en monoparentalidad (RDL 9/2025).
  • Arts. 52 a 54: Código de Conducta: principios éticos y de conducta de los empleados públicos.
  • Art. 93: el régimen disciplinario del TREBEP se aplica a funcionarios y, en las faltas muy graves, también al personal laboral.
  • Art. 94: principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; responden también quienes inducen y quienes encubren las faltas graves y muy graves.
  • Art. 95: las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves; las muy graves se enumeran en el art. 95.2 y las graves y leves las fijan las leyes de función pública.
  • Art. 96: sanciones: separación del servicio, despido disciplinario (laboral), suspensión firme (máximo seis años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento y otras legales.
  • Art. 97: prescripción de las infracciones: muy graves, tres años; graves, dos años; leves, seis meses. De las sanciones: tres años, dos años y un año.
  • Art. 98: no se puede sancionar una falta grave o muy grave sin procedimiento; las leves, por procedimiento sumario con audiencia del interesado; separación entre fase instructora y sancionadora.
  • La suspensión provisional durante el procedimiento disciplinario no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado.
  • Art. 39: Delegados de Personal en unidades de 6 a 49 funcionarios; Juntas de Personal desde 50 funcionarios.
  • Error típico: confundir la interinidad por exceso o acumulación de tareas (máximo nueve meses en dieciocho) con el plazo anterior de seis meses en doce.
  • Error típico: creer que el personal eventual puede acceder a la condición de funcionario por el mero hecho de serlo; su condición no es mérito para el acceso.
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¿A qué edad se declara de oficio la jubilación forzosa del funcionario según el art. 67 TREBEP, sin perjuicio de la prolongación legal?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 15 de Auxiliar Ayuntamiento?

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es la norma marco de la relación de todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas, incluido el propio Auxiliar Administrativo (Grupo C, Subgrupo C2). Regula las clases de personal (funcionarios de carrera, interinos, laborales y eventuales, además del personal directivo), la adquisición y pérdida de la relación de servicio, las situaciones administrativas, los derechos y deberes y el régimen disciplinario. Su contenido es básico, y se completa con las leyes de función pública del Estado y de las Comunidades Autónomas y, en el ámbito local, con la LBRL, el TRRL y el RD 781/1986. Ha sido modificado por normas recientes como el Real Decreto-ley 29/2020 (teletrabajo) y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de reducción de la temporalidad en el empleo público. Es uno de los temas más transversales de cualquier oposición de la Administración.

¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?

El TREBEP se aprobó por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (texto refundido de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Art. 8: clases de empleados públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual. Art. 9.1: los funcionarios de carrera tienen una relación estatutaria de carácter permanente regulada por el Derecho Administrativo; art. 9.2: las funciones que implican ejercicio de potestades públicas corresponden exclusivamente a funcionarios. Art. 10: los funcionarios interinos cubren plazas vacantes, sustituciones, programas temporales o exceso o acumulación de tareas (máximo nueve meses dentro de un periodo de dieciocho, tras la Ley 20/2021, no seis meses en doce). Art. 10: la interinidad por plaza vacante termina al cubrirse la plaza por funcionario de carrera o, con carácter general, a los tres años del nombramiento. Art. 11: define al personal laboral; el art. 7 dispone que se rige por la legislación laboral y por los preceptos del TREBEP que así lo dispongan. Art. 12: el personal eventual ocupa puestos de confianza o asesoramiento especial, es de nombramiento y cese libres y cesa automáticamente al cesar la autoridad a la que sirve; no es mérito para el acceso. Art. 104 LBRL: en las Entidades locales, el número, características y retribuciones del personal eventual lo fija el Pleno al comienzo del mandato. Art. 13: personal directivo profesional, designado por mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia. Art. 76: Grupo A (A1 y A2): Grado; Grupo B: Técnico Superior; Grupo C1: Bachiller o Técnico; Grupo C2: ESO. El Auxiliar Administrativo es C2. Art. 56: requisito de edad: tener dieciséis años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Art. 59: reserva no inferior al 7 por ciento de las vacantes para personas con discapacidad; objetivo del 2 por ciento de los efectivos totales. Art. 61: sistemas selectivos: oposición y concurso-oposición; el concurso, solo excepcionalmente y por ley. Art. 62: la condición de funcionario de carrera exige superar el proceso selectivo, nombramiento, acatamiento de la Constitución y toma de posesión (requisitos sucesivos). Art. 63: causas de pérdida de la condición de funcionario: renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme e inhabilitación firme. Art. 67: jubilación forzosa a los 65 años, con posibilidad de prolongar la permanencia en servicio activo hasta los 70 años. Art. 85: situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones. Art. 89: modalidades de excedencia: voluntaria por interés particular (cinco años de servicios previos), por agrupación familiar, por prestación de servicios en el sector público, por cuidado de familiares y por violencia de género/terrorista. Art. 89: la excedencia por cuidado de hijo no puede exceder de tres años por cada hijo; la de otro familiar hasta el segundo grado, de dos años. Art. 90: la suspensión de funciones puede ser provisional (cautelar) o firme (sanción disciplinaria o sentencia); la firme superior a seis meses supone la pérdida del puesto. Art. 14: derechos individuales; art. 15: derechos individuales ejercidos colectivamente (libertad sindical, negociación colectiva, huelga, conflictos colectivos, reunión). Art. 47 bis: el teletrabajo es voluntario, reversible y requiere autorización expresa (introducido por el Real Decreto-ley 29/2020). Art. 50: vacaciones de un mes natural o veintidós días hábiles; hasta veintiséis días por antigüedad de treinta años. Permisos por nacimiento y por adopción, guarda o acogimiento: diecinueve semanas, treinta y dos en monoparentalidad (RDL 9/2025). Arts. 52 a 54: Código de Conducta: principios éticos y de conducta de los empleados públicos. Art. 93: el régimen disciplinario del TREBEP se aplica a funcionarios y, en las faltas muy graves, también al personal laboral. Art. 94: principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; responden también quienes inducen y quienes encubren las faltas graves y muy graves. Art. 95: las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves; las muy graves se enumeran en el art. 95.2 y las graves y leves las fijan las leyes de función pública. Art. 96: sanciones: separación del servicio, despido disciplinario (laboral), suspensión firme (máximo seis años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento y otras legales. Art. 97: prescripción de las infracciones: muy graves, tres años; graves, dos años; leves, seis meses. De las sanciones: tres años, dos años y un año. Art. 98: no se puede sancionar una falta grave o muy grave sin procedimiento; las leves, por procedimiento sumario con audiencia del interesado; separación entre fase instructora y sancionadora. La suspensión provisional durante el procedimiento disciplinario no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado. Art. 39: Delegados de Personal en unidades de 6 a 49 funcionarios; Juntas de Personal desde 50 funcionarios. Error típico: confundir la interinidad por exceso o acumulación de tareas (máximo nueve meses en dieciocho) con el plazo anterior de seis meses en doce. Error típico: creer que el personal eventual puede acceder a la condición de funcionario por el mero hecho de serlo; su condición no es mérito para el acceso.

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Del índice oficial de BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024). (Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022)).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 104)
  • Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (art. 167)
  • Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado

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