Tema 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Disposiciones generales. Interesados en el procedimiento. Actividad en la Administración Pública. Actos administrativos.
Este temario corresponde EXCLUSIVAMENTE al Ayuntamiento de Madrid (Grupo C, Subgrupo C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar), turno libre. Auxiliar Administrativo es uno de los cuerpos más fragmentados de España: cada ayuntamiento convoca su propio proceso selectivo con su propio temario, así que este fichero NO sirve para ningún otro ayuntamiento — cualquier opositor de Auxiliar Administrativo fuera del Ayuntamiento de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria municipal. Se ha elegido el Ayuntamiento de Madrid por ser la convocatoria más citable y mejor documentada que se ha podido verificar en el momento de construir este fichero; en el futuro sería deseable ampliar con temarios adaptados a otros ayuntamientos grandes, dejando claro en cada uno a qué municipio corresponde. Tampoco cubre: (1) el proceso de promoción interna independiente de esta misma categoría en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un programa distinto y más corto de 12 temas (Resolución de 4 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.748, de 29 de octubre de 2024); (2) el Cuerpo de Auxiliares de Administración General (C2) de la Comunidad de Madrid (gobierno autonómico, no ayuntamiento), que es una escala distinta y ya tiene su propio temario en src/data/temarios/auxiliar-administrativo-madrid.json.
La Ley 39/2015 (LPAC) regula las relaciones externas de las Administraciones con los ciudadanos: cómo se tramita cualquier procedimiento administrativo. Es la ley de referencia de todo el bloque de procedimiento administrativo y una de las más preguntadas en cualquier oposición de auxiliar/administrativo. Esta primera parte abarca sus disposiciones generales (Título Preliminar), los interesados (Título I), la actividad de las Administraciones (Título II: normas generales de actuación, términos y plazos) y los actos administrativos (Título III: requisitos, eficacia, notificación, publicación, nulidad y anulabilidad).
La LPAC regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 1). Se aplica al sector público (art. 2), que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional (organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, y entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando ejerzan potestades administrativas). Las Universidades públicas se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPAC. La Ley fue publicada en el BOE de 2 de octubre de 2015 y entró en vigor, con carácter general, un año después de su publicación.
Capacidad de obrar (art. 3) y concepto de interesado (art. 4)
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) las personas físicas y jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles; b) los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de sus representantes; c) cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Según el art. 4, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte; c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Si durante el procedimiento sobreviniera la transmisión del derecho, el causahabiente sucede en la condición de interesado.
Representación (art. 5) y registros de apoderamientos (art. 6)
Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado o comparecencia electrónica en la sede electrónica correspondiente, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración competente. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Las Administraciones deben contar con un registro electrónico general de apoderamientos (art. 6), en el que se inscriben los poderes otorgados apud acta, presencialmente o por medios electrónicos.
Identificación y firma de los interesados (arts. 9 a 12)
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad: certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, sistemas de sello electrónico y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido (como los sistemas de clave concertada). Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo bastará con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos; solo será necesaria la firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Las Administraciones Públicas están obligadas a asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los supuestos de obligación de relacionarse electrónicamente (art. 12), y a mantener oficinas de asistencia en materia de registros.
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas (art. 13)
El art. 13 recoge, entre otros, el derecho a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración; a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones; a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; al acceso a la información pública, archivos y registros; a ser tratadas con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente; a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica previstos en la Ley; y a la protección de datos de carácter personal, en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones. Por su parte, el art. 53 reconoce los derechos del interesado en el procedimiento administrativo (conocer el estado de tramitación, identificar a las autoridades y personal responsable, no presentar documentos ya en poder de la Administración, formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia, actuar asistido de asesor, entre otros).
Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente (art. 14)
Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. El art. 14.2 obliga a relacionarse electrónicamente, entre otros, a las personas jurídicas, a las entidades sin personalidad jurídica, a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones en el ejercicio de dicha actividad profesional), a quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente, y a los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse por medios electrónicos para determinados colectivos de personas físicas cuando por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Actividad de las Administraciones Públicas: lengua, registros y archivo (arts. 15 a 20)
El Título II regula la actividad de las Administraciones Públicas. En su Capítulo I (normas generales de actuación) se encuentran el uso de las lenguas oficiales en el procedimiento (art. 15), el registro (art. 16), el archivo de documentos (art. 17), la colaboración de los ciudadanos (art. 18), la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas (art. 19) y la responsabilidad de la tramitación (art. 20). Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos; b) en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; c) en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; d) en las oficinas de asistencia en materia de registros; e) en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los documentos presentados de manera presencial deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros. Los registros electrónicos permiten la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas (art. 31). Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados (art. 17).
Obligación de resolver y silencio administrativo (arts. 21 a 25)
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 21.1). El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. El plazo se cuenta en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación, y en los iniciados a solicitud del interesado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. El silencio es desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, los de impugnación de actos y disposiciones y los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (art. 24.1). La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio cuando este sea desestimatorio, y solo podrá ser confirmatoria cuando sea estimatorio (art. 24.3). El art. 25 regula el silencio en los procedimientos iniciados de oficio: si tienden a reconocer o constituir derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones; si pueden producir efectos desfavorables o de gravamen (como los sancionadores), se producirá la caducidad.
Términos y plazos: cómputo (arts. 29 a 33)
Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos (art. 29). Salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos (art. 30.2). Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Los plazos expresados en meses o años se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio, y concluirán el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes o año de vencimiento; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos (art. 32). Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos (art. 33).
Los actos administrativos: concepto y requisitos (arts. 34 a 37)
Doctrinalmente, el acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Los actos administrativos que dicte la Administración, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos (art. 34.1). Su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, en los casos que exige el art. 35, entre otros: los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio y recursos administrativos; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; y los dictados en ejercicio de potestades discrecionales. Se producirán por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36). El art. 37 consagra la inderogabilidad singular de los reglamentos: las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que haya dictado la disposición general.
Eficacia de los actos administrativos (arts. 38 a 40)
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1). Son inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en la Ley (art. 38). La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 39.3). El art. 40 exige que el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notifique a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
Práctica de la notificación y publicación (arts. 41 a 46)
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41). Cuando no sea obligatorio, la notificación podrá practicarse en papel si el interesado lo ha elegido o si la Administración lo considera necesario por las circunstancias del caso. En las notificaciones en papel (art. 42), si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó, y se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En las notificaciones por medios electrónicos (art. 43), se entenderá cumplida la obligación de notificar desde el momento en que se produzca el acceso a su contenido; cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio, o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (art. 44). La publicación de los actos sustituye a la notificación en los casos previstos por la ley, entre otros, cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, en cuyo caso la convocatoria deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones (art. 45).
Nulidad y anulabilidad (arts. 47 a 52)
Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que: a) lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) tengan un contenido imposible; d) sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; e) se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley (art. 47.1). También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2). Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (art. 48.1); el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (art. 48.2); la actuación administrativa fuera del tiempo establecido solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 48.3). La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan (art. 52); la convalidación no es posible respecto de los actos nulos de pleno derecho.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LPAC se aplica a todo el sector público: AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional.
Art. 3: tienen capacidad de obrar las personas físicas y jurídicas con capacidad civil, los menores en los supuestos que el ordenamiento permita y ciertos grupos sin personalidad jurídica cuando la ley lo declare.
Art. 4: son interesados quienes promueven el procedimiento, quienes tienen derechos afectados sin haberlo iniciado, y quienes tienen intereses legítimos y se personan antes de la resolución definitiva.
Art. 5: se puede actuar mediante representante; la representación debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias; subsanación en 10 días.
Art. 6: registro electrónico general de apoderamientos en cada Administración.
Art. 13: derecho a comunicarse por el Punto de Acceso General electrónico, a ser asistido en medios electrónicos, a usar las lenguas oficiales, a acceso a la información pública, a la protección de datos.
Art. 14.1: las personas físicas eligen libremente si se relacionan electrónicamente, salvo obligación legal.
Art. 14.2: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados obligatorios (en su actividad profesional), representantes de obligados y empleados públicos (en sus trámites como tales) deben relacionarse electrónicamente.
Art. 15: uso de las lenguas oficiales en el procedimiento administrativo.
Art. 16: formas de presentación de documentos: registro electrónico, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas, oficinas de asistencia en materia de registros y otros previstos.
Art. 17: el archivo electrónico único de documentos de procedimientos finalizados es responsabilidad de cada Administración.
Art. 18: obligación de colaboración de las personas con las Administraciones.
Art. 21: la Administración está obligada a resolver; plazo máximo fijado por la norma (no más de 6 meses salvo ley o Derecho UE); si la norma no lo fija, 3 meses.
Art. 24: el silencio es, en general, estimatorio en procedimientos a solicitud; desestimatorio en petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, impugnación de actos y disposiciones y responsabilidad patrimonial.
Art. 25: en los procedimientos de oficio, silencio desestimatorio si reconocen derechos; caducidad si pueden producir efectos desfavorables o de gravamen.
Art. 30: los plazos por días son hábiles (se excluyen sábados, domingos y festivos); los plazos se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación.
Art. 31.2: el registro electrónico permite presentar documentos todos los días del año durante las 24 horas.
Art. 32: la ampliación de plazos no puede exceder de la mitad del plazo; art. 33: la tramitación de urgencia reduce los plazos a la mitad (salvo solicitudes y recursos).
Art. 34: los actos se dictan por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos.
Art. 35: los actos deben motivarse en los supuestos que fija la ley (limitación de derechos, revisión de oficio, recursos, separación de precedentes, potestades discrecionales, entre otros).
Art. 36: los actos se dictan por escrito a través de medios electrónicos salvo que su naturaleza exija otra forma.
Art. 37: inderogabilidad singular de los reglamentos.
Art. 38: los actos son inmediatamente ejecutivos salvo lo previsto en la Ley.
Art. 39: los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo disposición distinta; su eficacia puede quedar demorada.
Art. 40: la notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde que el acto se dicta.
La notificación debe incluir el texto íntegro, si el acto pone o no fin a la vía administrativa, y los recursos procedentes (órgano y plazo).
Art. 42: en notificaciones en papel, segundo intento por una sola vez, en hora distinta, dentro de los 3 días siguientes.
Art. 43: la notificación electrónica obligatoria se entiende rechazada transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceso.
Art. 44: notificación infructuosa o interesados desconocidos: anuncio en el BOE.
Art. 45: la publicación sustituye a la notificación en procesos selectivos o de concurrencia competitiva y cuando hay pluralidad indeterminada de destinatarios.
Art. 47: causas de nulidad de pleno derecho (lesión de derechos susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, etc.).
Art. 48: anulabilidad por infracción del ordenamiento incluida la desviación de poder; el vicio de forma solo anula si falta un requisito indispensable o causa indefensión.
Art. 52: los actos anulables pueden convalidarse; los nulos de pleno derecho no.
Trampa típica: la regla de días hábiles no incluye sábados; los plazos por meses se cuentan de fecha a fecha.
La motivación de los actos administrativos (art. 35) es obligatoria en los supuestos que la propia ley enumera, no en todo acto.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Los actos administrativos anulables, según el art. 52 LPAC:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Auxiliar Ayuntamiento?
La Ley 39/2015 (LPAC) regula las relaciones externas de las Administraciones con los ciudadanos: cómo se tramita cualquier procedimiento administrativo. Es la ley de referencia de todo el bloque de procedimiento administrativo y una de las más preguntadas en cualquier oposición de auxiliar/administrativo. Esta primera parte abarca sus disposiciones generales (Título Preliminar), los interesados (Título I), la actividad de las Administraciones (Título II: normas generales de actuación, términos y plazos) y los actos administrativos (Título III: requisitos, eficacia, notificación, publicación, nulidad y anulabilidad).
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
La LPAC se aplica a todo el sector público: AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional. Art. 3: tienen capacidad de obrar las personas físicas y jurídicas con capacidad civil, los menores en los supuestos que el ordenamiento permita y ciertos grupos sin personalidad jurídica cuando la ley lo declare. Art. 4: son interesados quienes promueven el procedimiento, quienes tienen derechos afectados sin haberlo iniciado, y quienes tienen intereses legítimos y se personan antes de la resolución definitiva. Art. 5: se puede actuar mediante representante; la representación debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias; subsanación en 10 días. Art. 6: registro electrónico general de apoderamientos en cada Administración. Art. 13: derecho a comunicarse por el Punto de Acceso General electrónico, a ser asistido en medios electrónicos, a usar las lenguas oficiales, a acceso a la información pública, a la protección de datos. Art. 14.1: las personas físicas eligen libremente si se relacionan electrónicamente, salvo obligación legal. Art. 14.2: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados obligatorios (en su actividad profesional), representantes de obligados y empleados públicos (en sus trámites como tales) deben relacionarse electrónicamente. Art. 15: uso de las lenguas oficiales en el procedimiento administrativo. Art. 16: formas de presentación de documentos: registro electrónico, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas, oficinas de asistencia en materia de registros y otros previstos. Art. 17: el archivo electrónico único de documentos de procedimientos finalizados es responsabilidad de cada Administración. Art. 18: obligación de colaboración de las personas con las Administraciones. Art. 21: la Administración está obligada a resolver; plazo máximo fijado por la norma (no más de 6 meses salvo ley o Derecho UE); si la norma no lo fija, 3 meses. Art. 24: el silencio es, en general, estimatorio en procedimientos a solicitud; desestimatorio en petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, impugnación de actos y disposiciones y responsabilidad patrimonial. Art. 25: en los procedimientos de oficio, silencio desestimatorio si reconocen derechos; caducidad si pueden producir efectos desfavorables o de gravamen. Art. 30: los plazos por días son hábiles (se excluyen sábados, domingos y festivos); los plazos se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación. Art. 31.2: el registro electrónico permite presentar documentos todos los días del año durante las 24 horas. Art. 32: la ampliación de plazos no puede exceder de la mitad del plazo; art. 33: la tramitación de urgencia reduce los plazos a la mitad (salvo solicitudes y recursos). Art. 34: los actos se dictan por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos. Art. 35: los actos deben motivarse en los supuestos que fija la ley (limitación de derechos, revisión de oficio, recursos, separación de precedentes, potestades discrecionales, entre otros). Art. 36: los actos se dictan por escrito a través de medios electrónicos salvo que su naturaleza exija otra forma. Art. 37: inderogabilidad singular de los reglamentos. Art. 38: los actos son inmediatamente ejecutivos salvo lo previsto en la Ley. Art. 39: los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo disposición distinta; su eficacia puede quedar demorada. Art. 40: la notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde que el acto se dicta. La notificación debe incluir el texto íntegro, si el acto pone o no fin a la vía administrativa, y los recursos procedentes (órgano y plazo). Art. 42: en notificaciones en papel, segundo intento por una sola vez, en hora distinta, dentro de los 3 días siguientes. Art. 43: la notificación electrónica obligatoria se entiende rechazada transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceso. Art. 44: notificación infructuosa o interesados desconocidos: anuncio en el BOE. Art. 45: la publicación sustituye a la notificación en procesos selectivos o de concurrencia competitiva y cuando hay pluralidad indeterminada de destinatarios. Art. 47: causas de nulidad de pleno derecho (lesión de derechos susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, etc.). Art. 48: anulabilidad por infracción del ordenamiento incluida la desviación de poder; el vicio de forma solo anula si falta un requisito indispensable o causa indefensión. Art. 52: los actos anulables pueden convalidarse; los nulos de pleno derecho no. Trampa típica: la regla de días hábiles no incluye sábados; los plazos por meses se cuentan de fecha a fecha. La motivación de los actos administrativos (art. 35) es obligatoria en los supuestos que la propia ley enumera, no en todo acto.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024). (Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566)
Constitución Española de 1978, art. 29 (derecho de petición)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxiliar Ayuntamiento.