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Tema 14. Normativa vigente sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (II): Derechos del interesado en el procedimiento. Tramitación ordinaria del procedimiento: iniciación; ordenación; instrucción y finalización. Tramitación simplificada del procedimiento. Los recursos administrativos.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a).

Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.

Esta segunda parte del tema dedicado a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), se centra en el desarrollo del procedimiento propiamente dicho: los derechos que asisten al interesado mientras dura la tramitación (art. 53, además de los del art. 13), las fases de la tramitación ordinaria (iniciación, ordenación, instrucción y finalización), la alternativa más ágil que supone la tramitación simplificada (art. 96) y el sistema de recursos administrativos (alzada, reposición y extraordinario de revisión), con el que el ciudadano puede reaccionar frente a los actos que le resulten desfavorables. Se incluyen también la revisión de oficio y la declaración de lesividad por su relación directa con los recursos, y los plazos de acceso a la vía contencioso-administrativa. Para el personal auxiliar sanitario es el marco habitual de las solicitudes de personal estatutario, las reclamaciones de usuarios y los recursos frente a listas, baremos y resoluciones de procesos selectivos.

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Derechos del interesado en el procedimiento (arts. 13 y 53)

El artículo 13 reconoce a quienes se relacionan con las Administraciones Públicas, entre otros, el derecho a comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico, a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, a utilizar las lenguas oficiales en su territorio, al acceso a la información pública, archivos y registros, a ser tratados con respeto y deferencia, a exigir las responsabilidades de las Administraciones y a la protección de datos de carácter personal. El artículo 53.1 añade, para quienes tienen la condición de interesados en un procedimiento: a) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan esa condición y obtener copias de los documentos contenidos en ellos; b) identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; c) no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, ni datos o documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas; d) formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deben ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; e) obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; f) actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses; g) cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos; h) los demás que reconozcan la Constitución y las leyes. El artículo 53.2 reconoce además, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, el derecho a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones que puedan constituir y de las sanciones que pudieran imponerse, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para sancionar y de la norma que atribuye la competencia, y el derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Iniciación del procedimiento: clases y solicitud (arts. 54 a 69)

Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado (art. 54). Antes de la iniciación, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (art. 55). Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer; en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, pueden adoptarse incluso antes de la iniciación, debiendo ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que debe efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción (art. 56). Acumulación (art. 57): el órgano que inicie o tramite un procedimiento puede disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver; contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso. Iniciación de oficio (arts. 58 a 62): puede producirse por propia iniciativa del órgano, como consecuencia de orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia; la denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, no puede imponerse sanción sin procedimiento y se separan las fases instructora y sancionadora, encomendándolas a órganos distintos (arts. 63 y 64). Iniciación a solicitud (arts. 66 a 69): la solicitud contendrá nombre y apellidos del interesado y, en su caso, del representante, identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico para notificaciones, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. Presentación (art. 16.4): en el registro electrónico de la Administración destinataria o de cualquiera de las Administraciones del art. 2.1, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes. Subsanación y mejora (art. 68): si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del artículo 21; salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo puede ampliarse prudencialmente hasta cinco días cuando la aportación de documentos presente dificultades especiales. Declaración responsable y comunicación (art. 69): la declaración responsable es el documento por el que el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos para el reconocimiento o ejercicio de un derecho o facultad, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento; la comunicación pone en conocimiento de la Administración datos identificativos u otros relevantes para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Ambas permiten el reconocimiento o ejercicio del derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección; la inexactitud, falsedad u omisión esencial de datos determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho afectado.

Ordenación del procedimiento (arts. 70 a 74)

El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (art. 70). Los expedientes tienen formato electrónico y se forman mediante la agregación ordenada de los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, con un índice electrónico firmado que garantiza su integridad. No forma parte del expediente la información de carácter auxiliar o de apoyo (borradores, notas, resúmenes, comunicaciones internas, juicios de valor), salvo los informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución final. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsa de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad; en el despacho de los expedientes se guarda el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario del titular de la unidad administrativa (art. 71). Concentración de trámites (art. 72): se acuerdan en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Cumplimiento de trámites (art. 73): los trámites a cargo de los interesados deben realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que la norma fije un plazo distinto; si el interesado no cumple, se le declara decaído en su derecho al trámite, aunque se admitirá su actuación y surtirá efectos si se produce antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tenga por transcurrido el plazo. Las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación (art. 74).

Instrucción del procedimiento (arts. 75 a 83)

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución se realizan de oficio y a través de medios electrónicos, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer las actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos (art. 75). Alegaciones (art. 76): los interesados pueden, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta al redactar la propuesta de resolución. Prueba (art. 77): los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, valorado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil; cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acuerda la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez; el instructor solo puede rechazar las pruebas propuestas cuando sean improcedentes, mediante resolución motivada. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados. Informes: salvo disposición expresa en contrario, son facultativos y no vinculantes, se emiten por medios electrónicos y en el plazo de diez días salvo que una disposición permita o exija otro; si no se emite en plazo el informe facultativo, se proseguirán las actuaciones, y si es preceptivo la falta de emisión puede suspender el plazo máximo para resolver en los términos del art. 22. Trámite de audiencia (art. 82): instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pone de manifiesto el expediente a los interesados (o a sus representantes) para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se puede prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado; si los interesados manifiestan expresamente su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos, el trámite se tiene por realizado. Información pública (art. 83): el órgano puede acordar un período de información pública, anunciado en el diario oficial correspondiente, por plazo no inferior a veinte días; la comparecencia en este trámite no otorga, por sí misma, la condición de interesado.

Finalización del procedimiento: resolución y otras formas de terminación (arts. 84 a 95)

El artículo 84 enumera las formas de terminación del procedimiento: la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando no esté prohibida por el ordenamiento), la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. También puede terminar por acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de derecho público o privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción (terminación convencional, art. 86). En los procedimientos sancionadores (art. 85), el reconocimiento de responsabilidad por el presunto infractor permite resolver con la sanción que proceda; si la sanción tiene solo carácter pecuniario (o cabe imponer una pecuniaria y otra no pecuniaria cuya improcedencia se justifique), el pago voluntario anterior a la resolución implica la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la indemnización de daños y perjuicios; en ambos casos se aplican reducciones de al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, que deben constar en la notificación de iniciación y cuya efectividad está condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Antes de dictar resolución, el órgano competente puede acordar actuaciones complementarias indispensables para resolver, por plazo no superior a quince días, que suspenden el plazo para resolver (art. 87). Contenido de la resolución (art. 88): decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento; si hay cuestiones conexas no planteadas, el órgano puede pronunciarse sobre ellas oyendo antes a los interesados por un plazo no superior a quince días; contiene la decisión, motivada en los casos del art. 35, y expresa los recursos procedentes, órgano ante el que presentarlos y plazo; en ningún caso puede la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales, aunque puede acordar la inadmisión de solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición. Desistimiento y renuncia por los interesados (art. 94): todo interesado puede desistir de su solicitud o, cuando no esté prohibido, renunciar a sus derechos; si el escrito de iniciación se formuló por varios, solo afecta a quienes lo formularon; la Administración lo acepta de plano y declara concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado terceros interesados, éstos insten su continuación en el plazo de diez días; si la cuestión entraña interés general, la Administración puede limitar los efectos al interesado y seguir el procedimiento. La Administración puede desistir motivadamente en procedimientos iniciados de oficio en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes (art. 93). Caducidad (art. 95): en los procedimientos iniciados a solicitud, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advierte de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad; consumido el plazo sin que realice las actividades necesarias, acuerda el archivo notificándoselo, y contra esa resolución proceden los recursos pertinentes. No puede acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en trámites no indispensables para resolver (su único efecto es la pérdida del derecho al trámite). La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción; en los procedimientos que pueden iniciarse de oficio puede iniciarse uno nuevo, incorporando los actos y trámites que se hubieran mantenido iguales, y debiendo cumplimentarse en el nuevo procedimiento los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia. Distinta es la caducidad por vencimiento del plazo máximo en procedimientos iniciados de oficio con efectos desfavorables o de gravamen (art. 25.1.b), que determina el archivo de las actuaciones. Cuando el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar.

Tramitación simplificada del procedimiento (art. 96)

Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones pueden acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada. El acuerdo se notifica a los interesados; si alguno manifiesta su oposición expresa, debe seguirse la tramitación ordinaria. En cualquier momento anterior a la resolución, el órgano competente puede acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos en que se acuerde la tramitación simplificada deben resolverse en treinta días, a contar desde el día siguiente al de la notificación al interesado del acuerdo. Los únicos trámites que pueden incluirse son: el inicio del procedimiento de oficio o a solicitud; la subsanación de la solicitud, en su caso; las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento (durante el plazo de cinco días); el trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado; el informe del servicio jurídico, cuando sea preceptivo; el informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando sea preceptivo; y el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, cuando sea preceptivo. Conviene distinguir la tramitación simplificada (plazo de 30 días y trámites esenciales) de la tramitación de urgencia (reducción a la mitad de los plazos del art. 33) y del procedimiento abreviado propio de normas sectoriales.

Los recursos administrativos: principios generales (arts. 112 a 119)

Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los interesados pueden interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabe fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los arts. 47 y 48. La oposición a los restantes actos de trámite puede alegarse para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa; los recursos contra un acto que se funden en la nulidad de una disposición general pueden interponerse directamente ante el órgano que la dictó. Las leyes pueden sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas. Fin de la vía administrativa (art. 114): ponen fin a la vía administrativa, entre otras, las resoluciones de los recursos de alzada, las de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico (salvo que una ley establezca lo contrario), los acuerdos, pactos, convenios o contratos con consideración de finalizadores del procedimiento y las demás resoluciones cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Interposición (art. 115): el escrito expresa nombre y apellidos del recurrente y de la persona que lo representa, acto que se recurre y razón de su impugnación, lugar, fecha y firma, órgano al que se dirige y pretensión; el error en la calificación del recurso no es obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter; los vicios que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieran causado. Inadmisión (art. 116): por incompetencia del órgano, falta de legitimación del recurrente, acto no susceptible de recurso, haber transcurrido el plazo para interponerlo o carecer manifiestamente de fundamento. Suspensión de la ejecución (art. 117): la interposición de cualquier recurso no suspende, como regla general, la ejecución del acto impugnado; no obstante, el órgano que deba resolver, previa ponderación razonada entre el perjuicio al interés público o a terceros y el ocasionado al recurrente, puede suspenderla de oficio o a solicitud cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se funde en una causa de nulidad de pleno derecho del art. 47.1; la suspensión se entiende producida si transcurre un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente sin resolución expresa. Audiencia (art. 118): cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se ponen de manifiesto a los interesados por plazo no inferior a diez días ni superior a quince. Resolución (art. 119): estima en todo o en parte, desestima o declara la inadmisión; si existe vicio de forma y no se estima procedente resolver sobre el fondo, ordena la retroacción del procedimiento; decide cuantas cuestiones plantee el procedimiento, oyendo previamente a los interesados si no fueron alegadas, sin que pueda agravarse la situación inicial del recurrente (prohibición de reformatio in peius).

Recurso de alzada (arts. 121 y 122)

Las resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa pueden recurrirse en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Puede interponerse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo; si se presenta ante el primero, éste debe remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente. Plazo: un mes si el acto es expreso; transcurrido sin interponerlo, la resolución es firme a todos los efectos. Si el acto no es expreso (silencio), el solicitante y otros posibles interesados pueden interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses; transcurrido sin que recaiga resolución, puede entenderse desestimado, salvo el supuesto de derecho de petición en que el silencio es estimatorio. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo ordinario, salvo el extraordinario de revisión en los casos establecidos. Ejemplo habitual: los actos de un tribunal calificador que no ponen fin a la vía administrativa se recurren en alzada ante la autoridad que designe la convocatoria o la que nombró a su presidente.

Recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124)

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa pueden recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Plazo de interposición: un mes si el acto es expreso; transcurrido, solo cabe el contencioso-administrativo (sin perjuicio del extraordinario de revisión). Si el acto no es expreso, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de un mes. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso.

Recurso extraordinario de revisión (arts. 125 y 126)

Contra los actos firmes en vía administrativa solo procede el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de estas circunstancias: a) que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Se interpone ante el órgano que dictó el acto, que también es el competente para resolverlo. Plazos: cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada si el motivo es el error de hecho (a); tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme en los demás casos. El órgano debe pronunciarse sobre la procedencia del recurso y, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta; puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de dictamen del órgano consultivo, cuando no se funde en las causas del art. 125.1 o se hubieran desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. Transcurridos tres meses desde su interposición sin resolución, se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. Error típico: confundir sus motivos tasados con los de nulidad o anulabilidad; el recurso extraordinario no es una tercera instancia.

Revisión de oficio, lesividad y rectificación (arts. 106 a 111) y vía judicial posterior

Revisión de oficio de actos nulos (art. 106): las Administraciones, de oficio o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (si ha habido oposición), pueden declarar en cualquier momento la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1; si el procedimiento se inició de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce su caducidad; si se inició a solicitud, el interesado puede entenderla desestimada por silencio. Declaración de lesividad (art. 107): los actos favorables anulables (art. 48) pueden declararse lesivos para el interés público en el plazo de cuatro años desde que se dictaron, previa audiencia de los interesados; transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declararse, se produce la caducidad; tras la declaración, la Administración impugna el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Revocación y rectificación (art. 109): las Administraciones pueden revocar sus actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por ley ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento; y pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Límites (art. 110): las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Vía judicial (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa): agotada la vía administrativa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto expreso, y de seis meses si el acto es presunto, contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto; si se interpuso reposición, el plazo es de dos meses desde la notificación de su resolución expresa, o de seis meses desde la desestimación presunta.

Esquema comparativo de los recursos administrativos

Alzada: contra actos que no ponen fin a la vía administrativa; ante el superior jerárquico (se presenta ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolver); plazo de un mes (acto expreso) o en cualquier momento (acto presunto); plazo de resolución, tres meses; silencio desestimatorio (salvo derecho de petición); la resolución pone fin a la vía administrativa. Reposición: contra actos que ponen fin a la vía administrativa; potestativo (se puede acudir directamente al contencioso); ante el mismo órgano que dictó el acto; plazo de un mes (acto expreso) o en cualquier momento (acto presunto); plazo de resolución, un mes. Extraordinario de revisión: contra actos firmes en vía administrativa; solo por los cuatro motivos tasados del art. 125.1; ante el órgano que dictó el acto; plazo de cuatro años (error de hecho) o tres meses (resto de motivos). Regla de memoria: alzada y reposición se resuelven en 3 y 1 meses respectivamente; ambos se interponen en 1 mes; el contencioso se interpone en 2 meses (acto expreso) o 6 meses (acto presunto).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 53: derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento y a obtener copias de los documentos.
  • Derecho a no presentar documentos originales ni datos que ya obren en poder de cualquier Administración.
  • Derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia y a actuar asistido de asesor.
  • En los procedimientos sancionadores: presunción de no existencia de responsabilidad y derecho a ser notificado de los hechos, infracciones y sanciones.
  • El procedimiento puede iniciarse de oficio (iniciativa propia, orden superior, petición razonada, denuncia) o a solicitud de persona interesada.
  • Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio y se separan las fases instructora y sancionadora.
  • Medidas provisionales previas a la iniciación: deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los 15 días siguientes.
  • El plazo de subsanación de una solicitud defectuosa es de diez días, con apercibimiento de desistimiento, ampliable hasta cinco días más (salvo procedimientos selectivos).
  • Declaración responsable y comunicación: producen efectos desde su presentación, sin perjuicio de la comprobación posterior.
  • El procedimiento se impulsa de oficio y por medios electrónicos; los expedientes son electrónicos.
  • Los trámites a cargo de los interesados deben cumplimentarse en diez días salvo plazo distinto; si no, decaen en su derecho al trámite.
  • Las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, salvo la recusación.
  • Los informes son facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa; plazo general de emisión de diez días.
  • El período de prueba, cuando se abre, dura entre diez y treinta días.
  • El trámite de audiencia se concede por un plazo de entre diez y quince días.
  • Se puede prescindir del trámite de audiencia si no se tienen en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos por el interesado.
  • Información pública: plazo no inferior a veinte días; comparecer no da por sí la condición de interesado.
  • Formas de terminación del procedimiento: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad e imposibilidad material (más la terminación convencional).
  • Sancionadores: reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario permiten reducciones de al menos el 20 % de la sanción propuesta.
  • Caducidad por paralización imputable al interesado en procedimientos a solicitud: aviso y tres meses; no interrumpe la prescripción.
  • Caducidad por vencimiento del plazo en procedimientos de oficio desfavorables: archivo de actuaciones (art. 25).
  • La Administración no puede abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales.
  • Tramitación simplificada: de oficio o a solicitud; resolución en treinta días; oposición expresa de un interesado obliga a la ordinaria.
  • En la tramitación simplificada solo se practican los trámites esenciales previstos por la Ley y la audiencia solo si la resolución es desfavorable.
  • Los tres recursos administrativos son: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.
  • Contra disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa.
  • Regla general: la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto; la suspensión puede acordarse con ponderación o por silencio positivo al mes.
  • El recurso de alzada se interpone en un mes ante el órgano que dictó el acto o su superior; se resuelve en tres meses.
  • El recurso potestativo de reposición se interpone en un mes ante el mismo órgano y se resuelve en un mes.
  • El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra actos firmes y por motivos tasados: cuatro años (error de hecho) o tres meses (resto).
  • No cabe recurso contencioso-administrativo mientras esté pendiente de resolver un recurso de reposición interpuesto.
  • Recurso contencioso-administrativo: dos meses (acto expreso) o seis meses (acto presunto).
  • La resolución de un recurso no puede agravar la situación inicial del recurrente (reformatio in peius).
  • Revisión de oficio de actos nulos: en cualquier momento y con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente; lesividad de actos anulables: cuatro años.
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El recurso extraordinario de revisión por error de hecho se interpone en el plazo de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 14 de Auxiliar Administrativo Sanidad?

Esta segunda parte del tema dedicado a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), se centra en el desarrollo del procedimiento propiamente dicho: los derechos que asisten al interesado mientras dura la tramitación (art. 53, además de los del art. 13), las fases de la tramitación ordinaria (iniciación, ordenación, instrucción y finalización), la alternativa más ágil que supone la tramitación simplificada (art. 96) y el sistema de recursos administrativos (alzada, reposición y extraordinario de revisión), con el que el ciudadano puede reaccionar frente a los actos que le resulten desfavorables. Se incluyen también la revisión de oficio y la declaración de lesividad por su relación directa con los recursos, y los plazos de acceso a la vía contencioso-administrativa. Para el personal auxiliar sanitario es el marco habitual de las solicitudes de personal estatutario, las reclamaciones de usuarios y los recursos frente a listas, baremos y resoluciones de procesos selectivos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?

Art. 53: derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento y a obtener copias de los documentos. Derecho a no presentar documentos originales ni datos que ya obren en poder de cualquier Administración. Derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia y a actuar asistido de asesor. En los procedimientos sancionadores: presunción de no existencia de responsabilidad y derecho a ser notificado de los hechos, infracciones y sanciones. El procedimiento puede iniciarse de oficio (iniciativa propia, orden superior, petición razonada, denuncia) o a solicitud de persona interesada. Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio y se separan las fases instructora y sancionadora. Medidas provisionales previas a la iniciación: deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los 15 días siguientes. El plazo de subsanación de una solicitud defectuosa es de diez días, con apercibimiento de desistimiento, ampliable hasta cinco días más (salvo procedimientos selectivos). Declaración responsable y comunicación: producen efectos desde su presentación, sin perjuicio de la comprobación posterior. El procedimiento se impulsa de oficio y por medios electrónicos; los expedientes son electrónicos. Los trámites a cargo de los interesados deben cumplimentarse en diez días salvo plazo distinto; si no, decaen en su derecho al trámite. Las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, salvo la recusación. Los informes son facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa; plazo general de emisión de diez días. El período de prueba, cuando se abre, dura entre diez y treinta días. El trámite de audiencia se concede por un plazo de entre diez y quince días. Se puede prescindir del trámite de audiencia si no se tienen en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos por el interesado. Información pública: plazo no inferior a veinte días; comparecer no da por sí la condición de interesado. Formas de terminación del procedimiento: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad e imposibilidad material (más la terminación convencional). Sancionadores: reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario permiten reducciones de al menos el 20 % de la sanción propuesta. Caducidad por paralización imputable al interesado en procedimientos a solicitud: aviso y tres meses; no interrumpe la prescripción. Caducidad por vencimiento del plazo en procedimientos de oficio desfavorables: archivo de actuaciones (art. 25). La Administración no puede abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales. Tramitación simplificada: de oficio o a solicitud; resolución en treinta días; oposición expresa de un interesado obliga a la ordinaria. En la tramitación simplificada solo se practican los trámites esenciales previstos por la Ley y la audiencia solo si la resolución es desfavorable. Los tres recursos administrativos son: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. Contra disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa. Regla general: la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto; la suspensión puede acordarse con ponderación o por silencio positivo al mes. El recurso de alzada se interpone en un mes ante el órgano que dictó el acto o su superior; se resuelve en tres meses. El recurso potestativo de reposición se interpone en un mes ante el mismo órgano y se resuelve en un mes. El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra actos firmes y por motivos tasados: cuatro años (error de hecho) o tres meses (resto). No cabe recurso contencioso-administrativo mientras esté pendiente de resolver un recurso de reposición interpuesto. Recurso contencioso-administrativo: dos meses (acto expreso) o seis meses (acto presunto). La resolución de un recurso no puede agravar la situación inicial del recurrente (reformatio in peius). Revisión de oficio de actos nulos: en cualquier momento y con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente; lesividad de actos anulables: cuatro años.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 13, 16, 21 a 25, 53 a 96, 106 a 126; texto consolidado).
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (plazos de interposición, art. 46).

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