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Tema 26. La Administración electrónica y sus utilidades. Soportes de la Administración electrónica: La firma electrónica. El certificado electrónico. Prestadores de servicios de certificación. Puntos de acceso electrónico en Andalucía (Servicios, trámites y contenidos): Plataformas para la Administración electrónica, portales y sedes electrónicas. Carpeta ciudadana. Registros electrónicos y comunicaciones interiores. Notificaciones electrónicas. Normativa vigente en administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. Atención e información al ciudadano y tramitación de procedimientos administrativos a través de internet. Ventanilla electrónica. Accesos y contenidos de atención al profesional a través de web para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a).

Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.

La Administración electrónica supone la sustitución progresiva del papel por medios digitales en la relación entre la ciudadanía, las empresas y las Administraciones Públicas, así como en la propia gestión interna de estas. Su marco jurídico general lo constituyen la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), desarrolladas por el Real Decreto 203/2021 y completadas por la normativa europea y estatal sobre identificación electrónica y servicios de confianza (Reglamento eIDAS y Ley 6/2020). La Junta de Andalucía, y dentro de ella el Servicio Andaluz de Salud, despliega este marco a través de su normativa propia de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa (Decreto 622/2019), de su sede electrónica, de la Carpeta Ciudadana y de portales específicos de atención al ciudadano y al profesional sanitario, en los que el Auxiliar Administrativo/a desempeña un papel de apoyo directo.

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Concepto y utilidades de la Administración electrónica

Se entiende por Administración electrónica el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes del personal, para mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos. Entre sus utilidades destacan: reducir plazos y desplazamientos, permitir la tramitación en cualquier momento (24 horas, todos los días del año) y desde cualquier lugar, aumentar la transparencia y la trazabilidad de los expedientes, ahorrar costes y papel, facilitar la interoperabilidad entre Administraciones (el interesado no tiene que aportar documentos que ya obran en poder de la Administración) y mejorar la seguridad de la información. Sus principios rectores incluyen la neutralidad tecnológica, la accesibilidad, la seguridad, la interoperabilidad y la proporcionalidad. La Ley 39/2015 apostó por una Administración sin papel: el expediente es electrónico y los documentos se tramitan y archivan en formato electrónico. Las previsiones electrónicas de la LPAC (registro electrónico, archivo electrónico único, punto de acceso general, registro de apoderamientos) tuvieron plena aplicación a partir del 2 de octubre de 2020 tras la prórroga aprobada por el Real Decreto-ley 11/2018.

Marco normativo de la Administración electrónica

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), configuran conjuntamente el marco básico: la primera regula la relación externa entre la ciudadanía y la Administración (derecho y, para determinados sujetos, obligación de relacionarse electrónicamente según su artículo 14, registro electrónico, notificaciones, expediente electrónico), y la segunda ordena el funcionamiento electrónico del sector público (sede electrónica y portal de internet, arts. 38 y 39; sistemas de identificación y de firma de las propias Administraciones, arts. 40 a 43; Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad, art. 156). Ambas leyes derogaron la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Su desarrollo reglamentario se contiene en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que sustituyó al Real Decreto 1671/2009. Completan el marco el Real Decreto 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad), el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (Esquema Nacional de Seguridad), el Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, y la normativa de protección de datos (RGPD y Ley Orgánica 3/2018). En el ámbito andaluz, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, es la norma de referencia que traslada estos principios a la organización de las consejerías y de los organismos que de ellas dependen, como el SAS.

Derechos y obligaciones de relación electrónica (arts. 12 a 14 LPAC)

Las personas interesadas tienen derecho a comunicarse con las Administraciones a través de un punto de acceso general electrónico, a ser asistidas en el uso de medios electrónicos (art. 12) y a los demás derechos del artículo 13, entre ellos a no aportar documentos que ya estén en poder de las Administraciones y a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica. El artículo 14 distingue dos situaciones. Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas; el medio elegido puede modificarse en cualquier momento. Están obligadas a relacionarse por medios electrónicos, para los trámites de un procedimiento administrativo (art. 14.2): las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones en ejercicio de dicha actividad; quienes representen a un interesado obligado; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente, las Administraciones pueden extender la obligación a determinados colectivos de personas físicas que, por su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, tengan acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art. 14.3). Cuando la persona no obligada no disponga de medios, puede acudir a las oficinas de asistencia en materia de registros, que podrán digitalizar sus documentos y actuar, si cuentan con su identificación, como funcionarios habilitados.

La firma electrónica y el certificado electrónico

Conforme al Reglamento (UE) n.º 910/2014 (eIDAS), la firma electrónica son los datos en formato electrónico anexos a otros datos electrónicos, o asociados de manera lógica con ellos, que utiliza el firmante para firmar. El Reglamento distingue tres niveles. La firma electrónica simple. La firma electrónica avanzada, que debe estar vinculada al firmante de manera única, permitir su identificación, haberse creado con datos de creación de firma que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza bajo su control exclusivo y estar vinculada a los datos firmados de modo que cualquier modificación ulterior sea detectable. La firma electrónica cualificada, que es una firma avanzada creada mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas y basada en un certificado cualificado, y que tiene un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita. Junto a ella existe el sello electrónico, que es el equivalente para personas jurídicas y garantiza el origen y la integridad de los datos. El Reglamento eIDAS fue modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183, que introduce el marco europeo de identidad digital y las carteras de identidad digital. En España se completa con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que derogó la anterior Ley 59/2003 de firma electrónica. El certificado electrónico es la declaración, expedida por un prestador de servicios de confianza, que vincula unos datos de verificación de firma a una persona y confirma su identidad. Los certificados cualificados de firma electrónica no pueden tener un período de vigencia superior a cinco años (Ley 6/2020) y pueden ser objeto de suspensión o revocación en los casos previstos, por ejemplo por solicitud del titular, pérdida o sustracción de los datos de creación de firma, fallecimiento o incapacidad. El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) incorpora certificados que permiten la identificación y la firma.

Identificación y firma ante las Administraciones (arts. 9 a 11 LPAC)

Los interesados pueden identificarse electrónicamente ante las Administraciones mediante los sistemas del artículo 9: certificados electrónicos cualificados de firma electrónica y de sello electrónico, y sistemas de clave concertada (Cl@ve) u otros que las Administraciones consideren válidos. En cuanto a la firma, el artículo 10 admite los certificados cualificados de firma y de sello y cualquier otro sistema que la Administración considere válido. Conforme al artículo 11, con carácter general basta la identificación para realizar cualquier actuación; la firma solo es obligatoria para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Por su parte, las propias Administraciones se identifican mediante sede electrónica y sello electrónico, y pueden actuar de manera automatizada utilizando, además del sello, el código seguro de verificación (CSV) vinculado a la Administración, que permite contrastar la autenticidad del documento mediante acceso a la sede (arts. 38 a 43 LRJSP). El personal al servicio de las Administraciones firma con los sistemas que establezca cada Administración, que pueden ser certificados electrónicos del empleado público.

Prestadores de servicios de certificación

Los prestadores de servicios electrónicos de confianza son las personas físicas o jurídicas que prestan uno o más servicios de confianza (creación de firmas, sellos, sellos de tiempo, validación, conservación, entrega electrónica certificada, certificados de autenticación de sitios web), sometidas a obligaciones de seguridad, de información a las personas usuarias y de supervisión por parte del organismo competente. Se distinguen los prestadores cualificados, que cumplen los requisitos del Reglamento eIDAS y figuran en la lista de confianza, de los no cualificados. La supervisión corresponde al ministerio competente en materia de transformación digital, que publica y mantiene la lista de prestadores cualificados. En el ámbito de las Administraciones Públicas españolas destaca la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), que expide el certificado electrónico de persona física de uso más extendido, junto con otros prestadores cualificados reconocidos y con la Dirección General de la Policía, que expide el DNI electrónico. Cl@ve es el sistema común de identificación electrónica de la Administración General del Estado, que permite a la ciudadanía relacionarse electrónicamente con las Administraciones sin necesidad de disponer de un certificado propio en cada trámite, mediante claves de acceso de distinto nivel de seguridad. Las Administraciones deben admitir los certificados cualificados emitidos por cualquier prestador cualificado.

Sede electrónica, portal de internet y puntos de acceso electrónico

La sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública o a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias (art. 38.1 LRJSP). El establecimiento de una sede conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios a los que pueda accederse (art. 38.2). Cada Administración determina las condiciones de creación de sus sedes con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad, y debe garantizar la identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas (art. 38.3). El portal de internet es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración u organismo, que permite el acceso a la información publicada y, en su caso, a la sede correspondiente (art. 39). Las notificaciones y los registros se realizan en la sede, mientras que el portal sirve para informar. Además existe un punto de acceso general electrónico de la Administración General del Estado, que funciona como portal de acceso a los servicios de las distintas Administraciones. La Junta de Andalucía cuenta con su sede electrónica y con portales propios, entre ellos los del SAS, a través de los cuales se ofrecen servicios, trámites y contenidos a la ciudadanía. La Junta dispone también de plataformas corporativas para la tramitación electrónica (como la plataforma de firma y validación @firma, el portafirmas Port@firmas, la plataforma de tramitación Trew@ o el sistema de registro @ries) que dan soporte común a las consejerías y organismos.

Carpeta Ciudadana

La Carpeta Ciudadana es el espacio personalizado, de acceso identificado, desde el que cada persona puede consultar su información particular en relación con la Administración: el estado y la información de sus expedientes y trámites, sus registros y notificaciones y los documentos que le conciernen, concentrando en un único punto el seguimiento de sus relaciones con la Administración autonómica. Responde al derecho de las personas interesadas a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan esa condición (art. 53.1.a LPAC). Existe también una carpeta de la Administración General del Estado con el mismo propósito. El acceso exige identificación electrónica (certificado, Cl@ve u otro sistema admitido).

Registros electrónicos y comunicaciones interiores

El artículo 16 de la Ley 39/2015 regula los registros. Cada Administración dispone de un registro electrónico general, en el que se hace el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, y pueden existir registros auxiliares. También se anotarán la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. El asiento debe contener un número, un epígrafe expresivo de su naturaleza, la fecha y hora de presentación, la identificación del interesado, el órgano remitente, si procede, y el destinatario, y una referencia al contenido del documento. Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser plenamente interoperables, garantizando su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos. Los documentos dirigidos a las Administraciones pueden presentarse (art. 16.4): en el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan y en los restantes registros electrónicos de las Administraciones; en las oficinas de Correos, en la forma reglamentariamente establecida; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia de registros; y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los documentos presentados de manera presencial se digitalizan en la oficina de asistencia en materia de registros, devolviéndose el original al interesado salvo que la norma exija su custodia. En cuanto a los plazos (art. 31), el registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas, rige la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso y, si la presentación se hace en un día inhábil, se entiende realizada en el primer día hábil siguiente. Junto al registro externo, existen sistemas de comunicaciones interiores que permiten el intercambio electrónico de documentos y expedientes entre unidades y órganos de la propia Administración, sustituyendo el traslado en papel. El expediente administrativo electrónico está formado por documentos electrónicos foliados mediante un índice electrónico firmado (art. 70 LPAC), y cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos de los procedimientos finalizados (art. 17).

Notificaciones electrónicas

El artículo 41.1 de la Ley 39/2015 establece que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las personas físicas no obligadas pueden decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración que las notificaciones se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. El artículo 43.1 concreta que las notificaciones por medios electrónicos se practican mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única (DEHú), o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración. Se entiende cumplida la obligación de notificar con la puesta a disposición de la notificación en la sede o en la dirección habilitada, y se entiende rechazada cuando transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (art. 43.2), con los efectos de haberse practicado el trámite, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Con independencia del medio, las notificaciones son válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y del destinatario. El artículo 41.6 obliga a las Administraciones a enviar un aviso al dispositivo electrónico o a la dirección de correo que el interesado haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de la notificación; la falta de práctica de este aviso no impide que la notificación sea considerada plenamente válida. El plazo general para cursar la notificación es de diez días desde que se dicta el acto (art. 40.2). Es el cauce obligatorio para los sujetos enumerados en el artículo 14.2 y voluntario para las demás personas físicas.

Simplificación de procedimientos y racionalización organizativa en la Junta de Andalucía

La normativa andaluza (Decreto 622/2019, de 27 de diciembre) regula la administración electrónica, la simplificación de procedimientos y la racionalización organizativa de la Administración de la Junta de Andalucía, con la finalidad de reducir cargas administrativas a la ciudadanía, eliminar trámites innecesarios, impulsar la tramitación electrónica y mejorar la organización interna. Sus ejes son: el impulso del uso de medios electrónicos en el funcionamiento interno y en las relaciones con la ciudadanía, la simplificación de los procedimientos (análisis de cargas, reducción de plazos y de documentación exigida) y la racionalización de la organización (reordenación de unidades y procesos). Sustituyó a la regulación anterior en esta materia, entre ella la relativa a la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos por medios electrónicos (internet) prevista en el Decreto 183/2003, que es la norma que da nombre a este epígrafe del programa oficial. Se recomienda al opositor contrastar la vigencia exacta de cada disposición en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes del examen.

Atención al ciudadano y al profesional a través de internet: ventanilla electrónica y servicios del SAS

La ventanilla electrónica es el conjunto de servicios que permite a la ciudadanía realizar por internet, sin desplazamiento presencial, trámites como la presentación de solicitudes, la consulta del estado de un expediente, el pago de tasas o la obtención de certificados, constituyendo la traslación digital de la atención presencial en las oficinas de registro. En el ámbito del SAS, esta atención electrónica se despliega hacia la ciudadanía a través de portales y canales como ClicSalud+ (cita previa, consulta de datos de salud y trámites), la Carpeta Ciudadana y los servicios de Salud Responde, y hacia los propios profesionales mediante portales web corporativos de acceso restringido, accesibles con identificación personal (usuario y contraseña o certificado), que ofrecen contenidos y trámites específicos de su relación laboral y profesional con la organización: consulta de nómina y datos de personal, solicitud de permisos y licencias, bolsa de empleo, formación, acceso a guías y protocolos y a aplicaciones corporativas. El Auxiliar Administrativo/a colabora en el soporte administrativo de estos servicios, orienta a las personas usuarias y debe aplicar las medidas de seguridad en el uso de credenciales y equipos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LPAC (Ley 39/2015) regula la relación externa con la ciudadanía y el procedimiento; la LRJSP (Ley 40/2015) el funcionamiento electrónico del sector público. Desarrollo: Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
  • Art. 14 LPAC: obligados a relacionarse electrónicamente: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria (en su actividad), sus representantes y los empleados públicos (por razón de su condición). Las personas físicas eligen y pueden cambiar de medio.
  • Art. 14.3 LPAC: reglamentariamente se puede extender la obligación a colectivos de personas físicas con acceso y disponibilidad de medios electrónicos.
  • Art. 9 y 10 LPAC: sistemas de identificación y firma: certificados cualificados de firma y sello, sistemas de clave concertada (Cl@ve) y otros válidos. Art. 11: la firma solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias.
  • El Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) es el marco europeo de identificación electrónica y servicios de confianza, de aplicación directa; modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183.
  • Niveles de firma eIDAS: simple, avanzada y cualificada; la firma cualificada equivale a la firma manuscrita.
  • La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deroga la Ley 59/2003 de firma electrónica. Los certificados cualificados de firma no pueden tener una vigencia superior a cinco años.
  • El certificado electrónico vincula datos de verificación de firma a una persona; puede suspenderse o revocarse en los casos previstos.
  • Los prestadores de servicios de confianza (ej. FNMT-RCM) expiden certificados y están sujetos a supervisión; la Dirección General de la Policía expide el DNI electrónico. Cl@ve permite identificarse sin certificado propio.
  • Art. 38 LRJSP (Ley 40/2015), no de la LPAC: el establecimiento de la sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular sobre la integridad, veracidad y actualización de su contenido. Art. 39: portal de internet.
  • El CSV (código seguro de verificación) y el sello electrónico permiten la actuación administrativa automatizada y la comprobación de la autenticidad de los documentos.
  • Art. 16 LPAC: el registro electrónico general garantiza la interoperabilidad entre Administraciones; se puede presentar documentación también en oficinas de Correos y en oficinas de asistencia en materia de registros (no solo para determinados sujetos).
  • Art. 31 LPAC: el registro electrónico funciona 24 horas todos los días del año; un día inhábil se entiende presentado el primer día hábil siguiente.
  • Art. 41.1 LPAC: las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado; art. 43: mediante sede electrónica o dirección electrónica habilitada única (DEHú), o ambas.
  • Art. 43.2 LPAC: la notificación electrónica se entiende rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceder a ella (plazo en días naturales, no hábiles).
  • Art. 41.6 LPAC: aviso de notificación al dispositivo o correo del interesado; su falta no invalida la notificación.
  • Decreto 622/2019, de 27 de diciembre: administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
  • La Sede Electrónica de la Junta de Andalucía centraliza trámites de todas sus consejerías y organismos; la Carpeta Ciudadana permite consultar información y el estado de los trámites.
  • ClicSalud+ es el canal de atención electrónica del SAS orientado a la ciudadanía; el SAS dispone de portales web corporativos de acceso restringido para sus profesionales.
  • Esquemas nacionales: ENI (Real Decreto 4/2010) y ENS (Real Decreto 311/2022).
  • Trampa de examen: la ventanilla electrónica traslada al entorno digital la atención presencial; la sede electrónica es la dirección de titularidad administrativa que garantiza efectos jurídicos, mientras que el portal solo informa.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

El Reglamento (UE) n.º 910/2014 es conocido como:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 26 de Auxiliar Administrativo Sanidad?

La Administración electrónica supone la sustitución progresiva del papel por medios digitales en la relación entre la ciudadanía, las empresas y las Administraciones Públicas, así como en la propia gestión interna de estas. Su marco jurídico general lo constituyen la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), desarrolladas por el Real Decreto 203/2021 y completadas por la normativa europea y estatal sobre identificación electrónica y servicios de confianza (Reglamento eIDAS y Ley 6/2020). La Junta de Andalucía, y dentro de ella el Servicio Andaluz de Salud, despliega este marco a través de su normativa propia de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa (Decreto 622/2019), de su sede electrónica, de la Carpeta Ciudadana y de portales específicos de atención al ciudadano y al profesional sanitario, en los que el Auxiliar Administrativo/a desempeña un papel de apoyo directo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?

La LPAC (Ley 39/2015) regula la relación externa con la ciudadanía y el procedimiento; la LRJSP (Ley 40/2015) el funcionamiento electrónico del sector público. Desarrollo: Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo. Art. 14 LPAC: obligados a relacionarse electrónicamente: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria (en su actividad), sus representantes y los empleados públicos (por razón de su condición). Las personas físicas eligen y pueden cambiar de medio. Art. 14.3 LPAC: reglamentariamente se puede extender la obligación a colectivos de personas físicas con acceso y disponibilidad de medios electrónicos. Art. 9 y 10 LPAC: sistemas de identificación y firma: certificados cualificados de firma y sello, sistemas de clave concertada (Cl@ve) y otros válidos. Art. 11: la firma solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias. El Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) es el marco europeo de identificación electrónica y servicios de confianza, de aplicación directa; modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183. Niveles de firma eIDAS: simple, avanzada y cualificada; la firma cualificada equivale a la firma manuscrita. La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deroga la Ley 59/2003 de firma electrónica. Los certificados cualificados de firma no pueden tener una vigencia superior a cinco años. El certificado electrónico vincula datos de verificación de firma a una persona; puede suspenderse o revocarse en los casos previstos. Los prestadores de servicios de confianza (ej. FNMT-RCM) expiden certificados y están sujetos a supervisión; la Dirección General de la Policía expide el DNI electrónico. Cl@ve permite identificarse sin certificado propio. Art. 38 LRJSP (Ley 40/2015), no de la LPAC: el establecimiento de la sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular sobre la integridad, veracidad y actualización de su contenido. Art. 39: portal de internet. El CSV (código seguro de verificación) y el sello electrónico permiten la actuación administrativa automatizada y la comprobación de la autenticidad de los documentos. Art. 16 LPAC: el registro electrónico general garantiza la interoperabilidad entre Administraciones; se puede presentar documentación también en oficinas de Correos y en oficinas de asistencia en materia de registros (no solo para determinados sujetos). Art. 31 LPAC: el registro electrónico funciona 24 horas todos los días del año; un día inhábil se entiende presentado el primer día hábil siguiente. Art. 41.1 LPAC: las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado; art. 43: mediante sede electrónica o dirección electrónica habilitada única (DEHú), o ambas. Art. 43.2 LPAC: la notificación electrónica se entiende rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceder a ella (plazo en días naturales, no hábiles). Art. 41.6 LPAC: aviso de notificación al dispositivo o correo del interesado; su falta no invalida la notificación. Decreto 622/2019, de 27 de diciembre: administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. La Sede Electrónica de la Junta de Andalucía centraliza trámites de todas sus consejerías y organismos; la Carpeta Ciudadana permite consultar información y el estado de los trámites. ClicSalud+ es el canal de atención electrónica del SAS orientado a la ciudadanía; el SAS dispone de portales web corporativos de acceso restringido para sus profesionales. Esquemas nacionales: ENI (Real Decreto 4/2010) y ENS (Real Decreto 311/2022). Trampa de examen: la ventanilla electrónica traslada al entorno digital la atención presencial; la sede electrónica es la dirección de titularidad administrativa que garantiza efectos jurídicos, mientras que el portal solo informa.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 9 a 14, 16, 17, 31, 40, 41, 43 y 70).
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 38 a 43 y 156).
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
  • Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183.
  • Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
  • Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (Esquema Nacional de Interoperabilidad) y Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (Esquema Nacional de Seguridad).
  • Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

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