Tema 23. La contratación Administrativa en el Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales. Delegación de competencias en el Servicio Andaluz de Salud.
Este temario corresponde a la categoría de Auxiliar Administrativo/a (Grupo/Subgrupo C2, personal de Gestión y Servicios) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Comunidad Autónoma de Andalucía — el mismo organismo cuyo temario de TCAE y Celador ya tenemos construido, por consistencia de fuente (ver src/data/temarios/tcae.json y celador.json). Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 30 de julio de 2024). Consta de 29 temas: 10 de Temario Común (compartido con otras categorías administrativas y sanitarias del SAS) y 19 de Temario Específico. IMPORTANTE — alcance territorial: el Auxiliar Administrativo de instituciones sanitarias es un cuerpo fragmentado por Comunidad Autónoma (cada Servicio de Salud autonómico —SAS, SERMAS, SACYL, etc.— tiene su propio temario). Este fichero cubre ÚNICAMENTE la convocatoria andaluza (SAS); no cubre el resto de comunidades autónomas, que tienen su propio programa de materias y su propia normativa. Pendiente de trabajo futuro: ampliar con el temario de otras comunidades autónomas cuando se decida priorizarlo.
La contratación administrativa del sector público se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), norma básica que regula la preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos que celebran las Administraciones Públicas, incluido el Servicio Andaluz de Salud. Dentro de ese marco general, este tema se centra en la delimitación de los distintos tipos contractuales, en una visión de conjunto de los procedimientos de adjudicación y en el régimen de delegación de competencias (Ley 40/2015) que permite distribuir el ejercicio de la función de contratación dentro de la propia organización del SAS.
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: objeto y ámbito subjetivo
La LCSP, que transpone al ordenamiento español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, regula la contratación del sector público con el objetivo de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia del procedimiento, la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y una eficiente utilización de los fondos públicos, incorporando de forma transversal criterios sociales y medioambientales. Distingue, dentro de su ámbito subjetivo, tres círculos de entidades: las Administraciones Públicas en sentido estricto (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, organismos autónomos y entidades análogas, entre las que se encuentra el Servicio Andaluz de Salud como agencia administrativa), sujetas al régimen más completo de la Ley; los poderes adjudicadores que no tienen la condición de Administración Pública; y el resto de entidades del sector público, con un régimen más flexible. Quedan fuera de la Ley los negocios y relaciones excluidos (por ejemplo, convenios entre Administraciones, relaciones estatutarias de personal o contratos de trabajo). La LCSP establece también la existencia de contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), que por su cuantía y objeto se rigen por las normas de la Unión Europea sobre publicidad y plazos.
Delimitación de los tipos contractuales típicos
La LCSP delimita, en función de su objeto, los contratos típicos: el contrato de obras (ejecución de una obra o realización de alguno de los trabajos enumerados en su anexo, o de un resultado de obra por cualquier medio), el contrato de concesión de obras (además de la ejecución de la obra, atribuye al concesionario su explotación, con transferencia del riesgo operacional), el contrato de concesión de servicios (gestión de un servicio cuya prestación sea de la titularidad de la Administración, con transferencia del riesgo operacional al concesionario), el contrato de suministro (adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles) y el contrato de servicios (prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro). Son contratos mixtos aquellos cuyo objeto comprende prestaciones propias de varios tipos, que se rigen por las normas de la prestación principal. En el SAS son especialmente frecuentes los contratos de suministro (medicamentos, productos sanitarios, material fungible, equipos) y de servicios (limpieza, mantenimiento, alimentación, transporte sanitario). Deben diferenciarse los contratos de servicios de la concesión de servicios por la transferencia del riesgo operacional: si el empresario asume ese riesgo se trata de una concesión; si la Administración conserva el riesgo, de un contrato de servicios.
El contrato administrativo especial y los contratos privados
Junto a los contratos administrativos típicos, la LCSP admite el contrato administrativo especial, aquel cuyo objeto es distinto al de los tipos anteriores pero que tiene naturaleza administrativa especial por estar vinculado al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de esta. Frente a ambas categorías, los contratos privados del sector público (por ejemplo, los celebrados por una entidad que no tiene la condición de Administración Pública, o los contratos de la Administración que tengan por objeto servicios financieros o de creación e interpretación artística) se rigen, en cuanto a sus efectos y extinción, por el Derecho privado, si bien su preparación y adjudicación quedan sujetas, en todo caso, a las normas de la Ley (y, en el caso de la Administración, también para los efectos las normas que la Ley señala). El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conoce de las cuestiones sobre preparación y adjudicación de todos los contratos del sector público y, además, de los efectos y extinción de los contratos administrativos; el civil, de los efectos y extinción de los privados.
El expediente de contratación en el SAS
Como el resto de Administraciones Públicas, el Servicio Andaluz de Salud debe tramitar, con carácter previo a cualquier licitación, el correspondiente expediente de contratación, que justifica la necesidad e idoneidad del contrato, determina su objeto y presupuesto base de licitación, e incorpora los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación, así como la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente (fase A del Tema 22). El órgano de contratación aprueba el expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación; la mesa de contratación asiste al órgano de contratación en la valoración de las ofertas, que se adjudican atendiendo a la mejor relación calidad-precio. Los licitadores presentan sus ofertas por medios electrónicos a través de la plataforma de contratación, y la información de cada licitación se publica en el perfil de contratante. La adjudicación se notifica y se publica, y el contrato se formaliza por escrito: en los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, no puede formalizarse antes de que transcurran quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación. El contratista debe constituir, con carácter general, la garantía definitiva, equivalente al 5 por ciento del precio final ofertado (excluido el IVA).
Procedimientos de adjudicación: visión general
Los procedimientos de adjudicación previstos en la LCSP son el abierto (cualquier empresario interesado puede presentar proposición, sin negociación posible), el restringido (solo pueden presentar proposiciones los empresarios previamente seleccionados por el órgano de contratación, tras solicitud de participación), el de licitación con negociación (aplicable en los supuestos tasados que fija la Ley), el diálogo competitivo (para contratos particularmente complejos), la asociación para la innovación y el procedimiento negociado sin publicidad, que solo procede en casos excepcionales y tasados. Se añaden el procedimiento abierto simplificado, de tramitación abreviada (en general, para obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 euros y para suministros y servicios de valor estimado igual o inferior a 100.000 euros, siempre que los criterios evaluables mediante juicio de valor no superen el porcentaje legal) y el simplificado sumario, para obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y suministros y servicios inferiores a 35.000 euros. Los contratos menores son los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros y servicios (IVA excluido), cuya duración no puede exceder de un año ni ser objeto de prórroga; en ellos se exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, y se prohíbe fraccionar el objeto del contrato para eludir los umbrales. En todos los procedimientos rigen los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. Contra los actos de trámite cualificados y la adjudicación de los contratos de mayor cuantía procede el recurso especial en materia de contratación, que en Andalucía resuelve el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
La delegación de competencias en las Administraciones Públicas
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), regula con carácter básico la delegación de competencias: la técnica organizativa por la que un órgano administrativo transfiere a otro, aunque no dependa jerárquicamente de él, el ejercicio de competencias que tiene legalmente atribuidas, sin perder su titularidad. Su artículo 9 exige que las delegaciones y su revocación se publiquen en el diario oficial correspondiente para su eficacia, establece que las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se consideran, a todos los efectos, dictadas por el órgano delegante, y fija límites a la delegación: no pueden delegarse los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Cortes Generales o asambleas legislativas autonómicas, las competencias exclusivas del órgano, la adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en los casos en que el órgano haya resuelto la propuesta, y las materias en las que así se determine por norma con rango de ley. La delegación es revocable en cualquier momento por el órgano que la confirió. Las competencias que se ejercen por delegación no pueden delegarse de nuevo, salvo autorización expresa del órgano delegante. Debe distinguirse de la avocación (art. 10: el órgano superior reclama para sí un asunto de un inferior), de la encomienda de gestión (art. 11), de la delegación de firma (art. 12: no altera la competencia y no requiere publicación) y de la suplencia (art. 13).
La delegación de competencias en materia de contratación dentro del SAS
Dentro de la estructura organizativa del Servicio Andaluz de Salud, la condición de órgano de contratación corresponde, con carácter ordinario, a sus órganos directivos superiores (en particular, a la persona titular de la Dirección Gerencia del organismo), que pueden delegar el ejercicio de determinadas competencias de contratación en otros órganos del propio organismo (como las Direcciones Gerencia de los distintos centros hospitalarios, distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitaria), con el fin de agilizar la gestión de los expedientes de menor complejidad o cuantía sin necesidad de tramitarlos de forma centralizada. Esta delegación, como cualquier otra dentro de la Administración de la Junta de Andalucía, debe adoptarse mediante el correspondiente acto de delegación, publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su eficacia, indicar expresamente la delegación en los actos que se dicten y respetar los límites y garantías generales de la LRJSP, así como los de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía. La contratación centralizada de bienes y servicios de uso común (por ejemplo, determinados suministros sanitarios) puede corresponder a los servicios centrales del SAS, que adjudican acuerdos marco de los que se sirven los centros.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) regula la contratación del sector público garantizando publicidad, transparencia, igualdad y eficiente utilización de fondos públicos; transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.
El SAS, como agencia administrativa de la Junta de Andalucía, es Administración Pública a efectos de la LCSP y celebra contratos administrativos.
Contratos típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios; contratos mixtos se rigen por la prestación principal.
La concesión de obras y la concesión de servicios se caracterizan por la transferencia del riesgo operacional al concesionario.
El contrato administrativo especial se vincula al giro o tráfico específico de la Administración o satisface de forma directa una finalidad pública de su competencia.
Los contratos privados se rigen por el Derecho privado en cuanto a efectos y extinción, aunque su preparación y adjudicación siguen la LCSP.
Todo contrato exige un expediente que justifique necesidad, objeto, presupuesto base de licitación y crédito presupuestario.
Garantía definitiva: 5 por ciento del precio final ofertado (IVA excluido).
Formalización: no antes de 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación en contratos susceptibles de recurso especial.
Procedimientos: abierto, restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación, negociado sin publicidad (excepcional), abierto simplificado y simplificado sumario.
Contratos menores: valor estimado inferior a 40.000 euros (obras) o 15.000 euros (suministros y servicios); duración máxima un año, sin prórroga; prohibido fraccionar.
Procedimiento abierto simplificado: obras hasta 2.000.000 euros; suministros y servicios hasta 100.000 euros.
La delegación de competencias (art. 9 LRJSP) transfiere el ejercicio de una competencia sin transferir su titularidad.
La delegación y su revocación se publican en el diario oficial correspondiente para su eficacia.
Las resoluciones dictadas por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante.
No son delegables, entre otras, la adopción de disposiciones de carácter general y las competencias exclusivas del órgano.
La delegación es revocable en cualquier momento; lo ejercido por delegación no puede subdelegarse salvo autorización expresa.
Dentro del SAS, los órganos directivos superiores pueden delegar competencias de contratación en las Direcciones Gerencia de los centros sanitarios.
Toda delegación de competencias en el ámbito de la Junta de Andalucía debe publicarse en el BOJA.
No confundir delegación de competencias con avocación (art. 10), encomienda de gestión (art. 11), delegación de firma (art. 12) y suplencia (art. 13).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Cuál es la norma básica de contratación del sector público vigente?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 23 de Auxiliar Administrativo Sanidad?
La contratación administrativa del sector público se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), norma básica que regula la preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos que celebran las Administraciones Públicas, incluido el Servicio Andaluz de Salud. Dentro de ese marco general, este tema se centra en la delimitación de los distintos tipos contractuales, en una visión de conjunto de los procedimientos de adjudicación y en el régimen de delegación de competencias (Ley 40/2015) que permite distribuir el ejercicio de la función de contratación dentro de la propia organización del SAS.
¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?
La LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) regula la contratación del sector público garantizando publicidad, transparencia, igualdad y eficiente utilización de fondos públicos; transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. El SAS, como agencia administrativa de la Junta de Andalucía, es Administración Pública a efectos de la LCSP y celebra contratos administrativos. Contratos típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios; contratos mixtos se rigen por la prestación principal. La concesión de obras y la concesión de servicios se caracterizan por la transferencia del riesgo operacional al concesionario. El contrato administrativo especial se vincula al giro o tráfico específico de la Administración o satisface de forma directa una finalidad pública de su competencia. Los contratos privados se rigen por el Derecho privado en cuanto a efectos y extinción, aunque su preparación y adjudicación siguen la LCSP. Todo contrato exige un expediente que justifique necesidad, objeto, presupuesto base de licitación y crédito presupuestario. Garantía definitiva: 5 por ciento del precio final ofertado (IVA excluido). Formalización: no antes de 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación en contratos susceptibles de recurso especial. Procedimientos: abierto, restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación, negociado sin publicidad (excepcional), abierto simplificado y simplificado sumario. Contratos menores: valor estimado inferior a 40.000 euros (obras) o 15.000 euros (suministros y servicios); duración máxima un año, sin prórroga; prohibido fraccionar. Procedimiento abierto simplificado: obras hasta 2.000.000 euros; suministros y servicios hasta 100.000 euros. La delegación de competencias (art. 9 LRJSP) transfiere el ejercicio de una competencia sin transferir su titularidad. La delegación y su revocación se publican en el diario oficial correspondiente para su eficacia. Las resoluciones dictadas por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante. No son delegables, entre otras, la adopción de disposiciones de carácter general y las competencias exclusivas del órgano. La delegación es revocable en cualquier momento; lo ejercido por delegación no puede subdelegarse salvo autorización expresa. Dentro del SAS, los órganos directivos superiores pueden delegar competencias de contratación en las Direcciones Gerencia de los centros sanitarios. Toda delegación de competencias en el ámbito de la Junta de Andalucía debe publicarse en el BOJA. No confundir delegación de competencias con avocación (art. 10), encomienda de gestión (art. 11), delegación de firma (art. 12) y suplencia (art. 13).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024 (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud; Anexo VIII — Programa para la categoría de Auxiliar Administrativo/a) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, categoría Auxiliar Administrativo/a).
Fuentes de este desarrollo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 9 a 13).
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Salud.
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