Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Estudio particular de los derechos y deberes fundamentales, y de la regulación constitucional de la Jefatura del Estado y de los Poderes Públicos. Estudio particular del derecho a la protección de la salud.
Este temario corresponde a la categoría de Celador/a del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía — se ha priorizado el SAS por coherencia con el resto de temarios sanitarios ya publicados en este catálogo (p. ej. Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería), también del SAS. Es el Anexo XVII de la Resolución de 30 de julio de 2024, que aprobó nuevos programas de materias para varias categorías del SAS; este mismo programa rige el proceso selectivo de acceso libre y promoción interna convocado por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025). Es distinto del temario de la categoría de Celador/a-Conductor/a (Anexo IX de la misma resolución), que incluye además materias de conducción y mecánica de vehículos y tiene su propio proceso selectivo; ese temario no está cubierto aquí. Otros servicios de salud autonómicos (SERMAS de Madrid, SERGAS de Galicia, etc.) convocan la categoría de Celador con temarios similares mas no idénticos, que tampoco están cubiertos por este fichero.
La Constitución Española de 1978 (CE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Fija los valores superiores que inspiran todo el sistema, reconoce los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, organiza la Jefatura del Estado y los Poderes Públicos (Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional como intérprete supremo) y reconoce el derecho a la protección de la salud (art. 43), fundamento último de la organización sanitaria pública en la que se integra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, dentro de él, la categoría de Celador/a.
La Constitución consta de un Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. El art. 1.1 define España como "un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". El art. 1.2 atribuye la soberanía nacional al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el art. 1.3 establece la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Es habitual en examen confundir estos cuatro valores superiores con los seis principios del art. 9.3 CE (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos).
Derechos y deberes fundamentales (Título I, arts. 10 a 55)
El Título I, "De los derechos y deberes fundamentales" (arts. 10 a 55), es el bloque más extenso y más preguntado de la Constitución. El art. 10.1 sitúa la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social; el art. 10.2 manda interpretar las normas sobre derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Su estructura es: Capítulo I, "De los españoles y los extranjeros" (arts. 11-13: nacionalidad, mayoría de edad a los 18 años y derechos de los extranjeros); Capítulo II, "Derechos y libertades" (arts. 14-38); Capítulo III, "De los principios rectores de la política social y económica" (arts. 39-52); Capítulo IV, "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales" (arts. 53-54); y Capítulo V, "De la suspensión de los derechos y libertades" (art. 55). El art. 14 proclama la igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. El Capítulo II se divide en la Sección 1ª ("De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", arts. 15-29: vida e integridad, libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad, honor e intimidad, libertad de expresión, reunión, asociación, participación política, tutela judicial efectiva, educación, sindicación y huelga, petición) y la Sección 2ª ("De los derechos y deberes de los ciudadanos", arts. 30-38: defensa de España, tributación, matrimonio, propiedad privada, trabajo, negociación colectiva, libertad de empresa). Saber en qué sección se ubica cada derecho condiciona su nivel de protección.
Garantías de los derechos y libertades (art. 53 CE)
El art. 53 gradúa la protección según la ubicación del derecho. Los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley, que debe respetar en todo caso su contenido esencial; su tutela corresponde a los tribunales ordinarios (art. 53.1). El art. 14, los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y la objeción de conciencia reconocida en el art. 30 gozan además de un procedimiento judicial basado en los principios de preferencia y sumariedad y del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). Los principios rectores del Capítulo III —entre ellos el derecho a la protección de la salud del art. 43— solo informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y únicamente pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3): no son, por tanto, directamente exigibles por sí solos. Conviene retener también la reserva de ley orgánica: el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª exige ley orgánica, aprobada por mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81).
La Jefatura del Estado: la Corona (Título II, arts. 56 a 65)
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3). La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica, con el orden de sucesión del art. 57.1 (línea, grado más próximo, varón sobre mujer en el mismo grado y mayor sobre menor). Don Juan Carlos I abdicó mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, y Felipe VI fue proclamado Rey ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014 (art. 61). Si el Rey es menor de edad o está inhabilitado, se prevé la tutela y la regencia (arts. 59-60). Entre las funciones del Rey (art. 62) figuran sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, convocar referéndum en los casos previstos, proponer y nombrar al candidato a Presidente del Gobierno y poner fin a sus funciones, nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Corresponde también al Rey acreditar a los embajadores y declarar la guerra y hacer la paz previa autorización de las Cortes (art. 63). Los actos del Rey están sujetos a refrendo (art. 64): sin él carecen de validez, y de esos actos responde quien los refrenda, nunca el propio Rey; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 los refrenda el Presidente del Congreso. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, que distribuye libremente (art. 65).
Los Poderes Públicos: Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial
Las Cortes Generales (Título III) representan al pueblo español, están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno (art. 66). El Gobierno (Título IV) dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria; lo forman el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98). El Poder Judicial (Título VI) emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; el Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno (arts. 117 y 122).
El derecho a la protección de la salud (art. 43 CE)
El art. 43, dentro del Capítulo III ("De los principios rectores de la política social y económica"), reconoce el derecho a la protección de la salud (43.1); encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, remitiendo a la ley el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (43.2); y obliga a fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y a facilitar la adecuada utilización del ocio (43.3). Es el fundamento constitucional último del Sistema Nacional de Salud y, dentro de él, del Sistema Sanitario Público de Andalucía, aunque, como principio rector del Capítulo III, no sea directamente exigible ante los tribunales sin la ley que lo desarrolle (art. 53.3), que son principalmente la Ley 14/1986, General de Sanidad, la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley 33/2011, General de Salud Pública, además de la normativa autonómica (Ley 2/1998, de Salud de Andalucía). El derecho a la salud se relaciona con otros preceptos: el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral (art. 15, Sección 1ª, protegido por amparo), el régimen público de Seguridad Social con prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41), la protección de los consumidores y usuarios, que incluye la salud (art. 51.1), la atención a las personas con discapacidad (art. 49) y a las personas mayores (art. 50), y el mandato de velar por la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2).
El Preámbulo y los fines proclamados por la Nación española
Aunque el Preámbulo de la Constitución carece de valor normativo directo (no crea derechos ni obligaciones exigibles por sí mismo), sirve como criterio de interpretación de todo el texto constitucional. En él, la Nación española proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar una digna calidad de vida, y colaborar en el fortalecimiento de relaciones pacíficas entre todos los pueblos de la Tierra. Estas ideas anticipan el espíritu de los principios rectores del Capítulo III, entre ellos el derecho a la protección de la salud.
El Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165 CE)
El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado (ambos por mayoría de tres quintos de sus miembros), dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159). Los magistrados se designan por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres. Es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica (LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional). Su competencia (art. 161) comprende el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 (art. 14, Sección 1ª del Capítulo II y objeción de conciencia del art. 30); y los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí. La cuestión de inconstitucionalidad, que plantea un juez o tribunal ordinario cuando duda de la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, se regula en el art. 163. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos ejecutivos y las asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 162.1.a). No debe confundirse con el Tribunal Supremo, que es el órgano superior del Poder Judicial ordinario.
El Defensor del Pueblo (art. 54 CE)
El art. 54 CE crea al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Se regula en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril; es elegido por las Cortes (mayoría de tres quintos de cada Cámara) para un mandato de cinco años y actúa con independencia y sin sujeción a mandato imperativo. Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo (art. 162.1). Sus resoluciones no tienen carácter ejecutivo ni sancionador (no puede anular actos administrativos), pero su labor de supervisión y la emisión de recomendaciones lo convierten en una garantía adicional de los derechos de los ciudadanos frente a las Administraciones públicas, incluido el Servicio Andaluz de Salud.
El Poder Judicial: unidad jurisdiccional, Tribunal Supremo y Ministerio Fiscal
El principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, con la única excepción de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. Los Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1); la potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3). El Consejo General del Poder Judicial (art. 122) es el órgano de gobierno del Poder Judicial: lo integran el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años (doce entre Jueces y Magistrados y ocho, a propuesta del Congreso y del Senado, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia). El Tribunal Supremo (art. 123 CE) es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional. El Ministerio Fiscal (art. 124 CE) tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y velar por la independencia de los Tribunales; actúa con arreglo a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y sujeto a los de legalidad e imparcialidad. Su Estatuto Orgánico lo define como órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial; el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
El Gobierno: investidura, moción de censura y cuestión de confianza
El Presidente del Gobierno es propuesto por el Rey y elegido por el Congreso de los Diputados en sesión de investidura, tras obtener la mayoría absoluta en primera votación o la mayoría simple en segunda votación (art. 99 CE). El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la moción de censura, que en España es "constructiva": debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia y ser aprobada por mayoría absoluta (art. 113 CE), de forma que censura y elección de nuevo Presidente se producen en un solo acto. El propio Presidente puede, por el contrario, plantear ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general (art. 112 CE), que se entiende otorgada por mayoría simple.
La organización territorial del Estado (Título VIII, art. 137 CE)
El art. 137 CE organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan; todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 2 CE, en el Título Preliminar, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, siempre dentro de la indisoluble unidad de esta. Sobre esta base constitucional se asienta el Estatuto de Autonomía para Andalucía (estudiado en el Tema 2), que es precisamente la norma institucional básica mediante la que Andalucía ejerce ese derecho de autogobierno.
La reforma constitucional (Título X, arts. 166 a 169 CE)
La Constitución prevé dos procedimientos de reforma. El procedimiento ordinario (art. 167) exige la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, se intenta con una Comisión paritaria de diputados y senadores y, en su defecto, basta la mayoría absoluta del Senado seguida de dos tercios del Congreso. La reforma aprobada se someterá a referéndum cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento agravado (art. 168) se exige cuando se propone una revisión total de la Constitución, o una revisión parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas) o al Título II (la Corona): requiere aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras, nueva aprobación del texto por dos tercios de ambas y sometimiento obligatorio a referéndum. Hasta ahora la Constitución se ha reformado tres veces por el procedimiento ordinario: en 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea en elecciones municipales), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en 2024 (art. 49, sobre las personas con discapacidad, publicada en el BOE el 17 de febrero de 2024).
Deberes constitucionales del Título I
Junto a los derechos, la Constitución impone deberes a los ciudadanos: el art. 30 establece el derecho y el deber de defender a España, y prevé por ley la objeción de conciencia y otras causas de exención del servicio militar obligatorio (hoy sin vigencia práctica al no existir el servicio militar, pero el precepto sigue vigente); el art. 31 impone el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad; y el art. 35 reconoce el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a una remuneración suficiente. Estos deberes se estudian con frecuencia en paralelo a los derechos con los que se relacionan.
Otros principios rectores del Capítulo III relacionados con la salud
El derecho a la protección de la salud (art. 43) no está aislado dentro del Capítulo III: convive con otros principios rectores que también inciden en la política sanitaria. El art. 45 reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, con el correlativo deber de conservarlo, vinculado a la salud pública y a la Política Ambiental estudiada en el Tema 19. El art. 50 obliga a los poderes públicos a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, y a promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Igualdad formal (art. 14) e igualdad material (art. 9.2 CE)
Es habitual confundir en examen el art. 14 CE con el art. 9.2 CE, que regulan dos dimensiones distintas de la igualdad. El art. 14 proclama la igualdad formal: la ley debe tratar a todos los ciudadanos por igual, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal o social. El art. 9.2, en cambio, impone a los poderes públicos un mandato de igualdad material o real: promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Las políticas de igualdad de género andaluzas estudiadas en el Tema 7 son una aplicación directa de este mandato del art. 9.2 CE.
Las Cortes Generales y el procedimiento legislativo (arts. 66 a 91 CE)
Las Cortes Generales representan al pueblo español y son inviolables (arts. 66 y 66.3). El Congreso de los Diputados se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por cuatro años (art. 68). El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1): cuatro senadores por provincia, con reglas específicas para islas, Ceuta y Melilla, y senadores designados por las Comunidades Autónomas; su mandato es de cuatro años. Los diputados y senadores no están ligados por mandato imperativo y gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad (arts. 67 y 71). Las leyes orgánicas (art. 81) regulan, entre otras materias, el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas; la iniciativa popular exige al menos 500.000 firmas acreditadas (art. 87). Aprobado un proyecto por el Congreso, el Senado dispone de dos meses para vetarlo o enmendarlo (veinte días en caso de urgencia declarada por el Gobierno o el Congreso), y el Congreso puede levantar el veto o aceptar las enmiendas (art. 90). El Rey sanciona la ley en quince días y ordena su inmediata publicación (art. 91). En supuestos de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar decretos-leyes, que no pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general, y que deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de treinta días (art. 86). Los decretos legislativos exigen delegación de las Cortes (arts. 82-85).
El Gobierno: composición, responsabilidad y Administración (arts. 97 a 107 CE)
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97). Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98); sus miembros no pueden ejercer otras funciones representativas ni profesionales ni mercantiles (art. 98.3). El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria y por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101). La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102). El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108). La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1); la ley regula el estatuto de los funcionarios públicos y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad (art. 103.3), principios que rigen el acceso a la categoría de Celador/a. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107).
Estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE) y suspensión de derechos (art. 55)
El art. 116 remite a una ley orgánica (LO 4/1981, de 1 de junio) la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio. El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse. El estado de excepción exige autorización previa del Congreso, tiene una duración máxima de treinta días prorrogable por otros treinta y lo declara el Gobierno. El estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso no puede ser disuelto mientras estén declarados estos estados. Los derechos que pueden suspenderse en los estados de excepción y de sitio (art. 55.1) son, entre otros, los de libertad y seguridad (art. 17), inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (art. 18.2 y 18.3), residencia y circulación (art. 19) y reunión y manifestación (art. 21). El estado de alarma, por sí solo, no permite suspender derechos fundamentales, solo limitarlos, según la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la declaración del estado de alarma de 2020 (SSTC 148/2021 y 183/2021).
Derechos fundamentales de especial relevancia en el ámbito sanitario
Algunos derechos de la Sección 1ª tienen una incidencia directa en la actividad diaria de un centro sanitario. El art. 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral y prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. El art. 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto y establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. El art. 17 protege la libertad y la seguridad personales: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, setenta y dos horas, tras las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial; el procedimiento de habeas corpus permite que sea puesta de inmediato a disposición judicial toda persona detenida ilegalmente. El art. 18 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio (solo con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito), el secreto de las comunicaciones y la limitación del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad (art. 18.4), base constitucional de la protección de datos estudiada en el Tema 5. El art. 24 reconoce la tutela judicial efectiva sin indefensión y la presunción de inocencia. El art. 28.2 reconoce el derecho de huelga y exige que la ley que lo regule establezca las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, entre los que se incluyen los servicios sanitarios. El art. 20 recoge las libertades de expresión e información veraz y fija como límite el respeto a los demás derechos, en especial el honor, la intimidad y la propia imagen.
Distribución de competencias en materia de sanidad (arts. 148 y 149 CE)
El Estado tiene competencia exclusiva sobre sanidad exterior y sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos (art. 149.1.16ª), así como sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas (art. 149.1.17ª). Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en sanidad e higiene (art. 148.1.21ª), lo que Andalucía ha hecho en su Estatuto de Autonomía (art. 55 EAA, Tema 2). El resultado es un modelo de competencias compartidas: el Estado fija las bases comunes que garantizan la igualdad básica en el Sistema Nacional de Salud y las Comunidades Autónomas desarrollan esas bases y gestionan sus servicios de salud. Esta distribución explica la existencia de la Ley General de Sanidad como norma básica estatal y de las leyes autonómicas de salud que la desarrollan (Tema 3).
Principios del art. 9.3 CE y fuentes del Derecho
El art. 9.1 CE establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El art. 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En la jerarquía normativa, la Constitución ocupa el vértice, seguida de los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente, que forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1), de las leyes (orgánicas y ordinarias, con la misma jerarquía pero distinto ámbito de materias) y normas con fuerza de ley, y de los reglamentos, que no pueden vulnerar las leyes. La ley orgánica no es jerárquicamente superior a la ley ordinaria: se diferencia por las materias reservadas y por la mayoría exigida para su aprobación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los cuatro valores superiores del art. 1.1 CE: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político — no confundirlos con los seis principios del art. 9.3.
El art. 43 CE (derecho a la protección de la salud) está en el Capítulo III del Título I: es un principio rector, no un derecho fundamental del Capítulo II, y por el art. 53.3 no es directamente exigible ante los tribunales sin ley de desarrollo.
Solo los derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2).
Los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo correspondiente (art. 64); de ellos responde quien refrenda, no el Rey.
El Tribunal Constitucional (12 miembros, art. 159) resuelve recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, conflictos de competencia y cuestiones de inconstitucionalidad (art. 161); no debe confundirse con el Tribunal Supremo, cúspide de la jurisdicción ordinaria (art. 123).
El Defensor del Pueblo (art. 54) supervisa la actividad de la Administración en defensa de los derechos del Título I, pero sus resoluciones no son ejecutivas ni sancionadoras.
La moción de censura española es constructiva (art. 113): exige candidato alternativo y mayoría absoluta; la cuestión de confianza (art. 112) la plantea el propio Presidente y se aprueba por mayoría simple.
El procedimiento agravado de reforma constitucional (art. 168) exige disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio; se reserva al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I y al Título II (la Corona).
No confundir la igualdad formal del art. 14 CE (no discriminación ante la ley) con la igualdad material o real del art. 9.2 CE (mandato a los poderes públicos de promover condiciones de igualdad efectiva).
El Ministerio Fiscal (art. 124 CE) no se integra en el Poder Judicial, aunque actúa ante los Tribunales; su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público.
El Preámbulo de la Constitución no tiene valor normativo directo, pero sirve como criterio interpretativo de todo el texto constitucional.
El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, base territorial sobre la que se asienta el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El art. 43 CE se ubica en el Capítulo III (principios rectores); los derechos del Capítulo III no tienen amparo constitucional y solo son alegables ante los tribunales conforme a las leyes que los desarrollen (art. 53.3).
El recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b) protege el art. 14, los arts. 15-29 (Sección 1ª) y la objeción de conciencia del art. 30; no protege los derechos de la Sección 2ª (arts. 31-38) ni los principios rectores.
La cuestión de inconstitucionalidad se regula en el art. 163 CE (no en el 161) y la plantea un juez o tribunal ordinario; el recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos de las Comunidades Autónomas (art. 162).
Composición del Tribunal Constitucional (art. 159): 12 miembros, cuatro del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del CGPJ; mandato de nueve años con renovación por terceras partes cada tres.
La Corona es hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón (art. 57.1); Felipe VI reina desde el 19 de junio de 2014 tras la abdicación (LO 3/2014). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3).
Estados excepcionales: alarma (Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso), excepción (autorización previa del Congreso, 30 días prorrogables otros 30) y sitio (Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno); art. 116 CE y LO 4/1981.
El Ministerio Fiscal está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial según su Estatuto Orgánico; actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad (art. 124 CE).
Competencias sanitarias: el Estado tiene las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos (art. 149.1.16ª); las Comunidades Autónomas pueden asumir sanidad e higiene (art. 148.1.21ª).
Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad); las tres por el procedimiento ordinario del art. 167.
El derecho de huelga (art. 28.2) debe conciliarse con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, categoría en la que se incluyen los servicios sanitarios.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿En qué artículo de la Constitución se regula la cuestión de inconstitucionalidad, que plantea un juez cuando duda de la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Celador?
La Constitución Española de 1978 (CE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Fija los valores superiores que inspiran todo el sistema, reconoce los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, organiza la Jefatura del Estado y los Poderes Públicos (Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional como intérprete supremo) y reconoce el derecho a la protección de la salud (art. 43), fundamento último de la organización sanitaria pública en la que se integra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, dentro de él, la categoría de Celador/a.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
Los cuatro valores superiores del art. 1.1 CE: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político — no confundirlos con los seis principios del art. 9.3. El art. 43 CE (derecho a la protección de la salud) está en el Capítulo III del Título I: es un principio rector, no un derecho fundamental del Capítulo II, y por el art. 53.3 no es directamente exigible ante los tribunales sin ley de desarrollo. Solo los derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). Los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo correspondiente (art. 64); de ellos responde quien refrenda, no el Rey. El Tribunal Constitucional (12 miembros, art. 159) resuelve recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, conflictos de competencia y cuestiones de inconstitucionalidad (art. 161); no debe confundirse con el Tribunal Supremo, cúspide de la jurisdicción ordinaria (art. 123). El Defensor del Pueblo (art. 54) supervisa la actividad de la Administración en defensa de los derechos del Título I, pero sus resoluciones no son ejecutivas ni sancionadoras. La moción de censura española es constructiva (art. 113): exige candidato alternativo y mayoría absoluta; la cuestión de confianza (art. 112) la plantea el propio Presidente y se aprueba por mayoría simple. El procedimiento agravado de reforma constitucional (art. 168) exige disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio; se reserva al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I y al Título II (la Corona). No confundir la igualdad formal del art. 14 CE (no discriminación ante la ley) con la igualdad material o real del art. 9.2 CE (mandato a los poderes públicos de promover condiciones de igualdad efectiva). El Ministerio Fiscal (art. 124 CE) no se integra en el Poder Judicial, aunque actúa ante los Tribunales; su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público. El Preámbulo de la Constitución no tiene valor normativo directo, pero sirve como criterio interpretativo de todo el texto constitucional. El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, base territorial sobre la que se asienta el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El art. 43 CE se ubica en el Capítulo III (principios rectores); los derechos del Capítulo III no tienen amparo constitucional y solo son alegables ante los tribunales conforme a las leyes que los desarrollen (art. 53.3). El recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b) protege el art. 14, los arts. 15-29 (Sección 1ª) y la objeción de conciencia del art. 30; no protege los derechos de la Sección 2ª (arts. 31-38) ni los principios rectores. La cuestión de inconstitucionalidad se regula en el art. 163 CE (no en el 161) y la plantea un juez o tribunal ordinario; el recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos de las Comunidades Autónomas (art. 162). Composición del Tribunal Constitucional (art. 159): 12 miembros, cuatro del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del CGPJ; mandato de nueve años con renovación por terceras partes cada tres. La Corona es hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón (art. 57.1); Felipe VI reina desde el 19 de junio de 2014 tras la abdicación (LO 3/2014). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3). Estados excepcionales: alarma (Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso), excepción (autorización previa del Congreso, 30 días prorrogables otros 30) y sitio (Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno); art. 116 CE y LO 4/1981. El Ministerio Fiscal está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial según su Estatuto Orgánico; actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad (art. 124 CE). Competencias sanitarias: el Estado tiene las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos (art. 149.1.16ª); las Comunidades Autónomas pueden asumir sanidad e higiene (art. 148.1.21ª). Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad); las tres por el procedimiento ordinario del art. 167. El derecho de huelga (art. 28.2) debe conciliarse con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, categoría en la que se incluyen los servicios sanitarios.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229).
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
Reforma del artículo 49 de la Constitución Española (BOE de 17 de febrero de 2024).
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