Ver esquema

Tema 9. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: principios generales; el derecho de información sanitaria; derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente y el consentimiento informado; la historia clínica; el informe de alta y otra documentación clínica. La tarjeta Sanitaria de Andalucía.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025) · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994).

Este temario corresponde a la categoría de Celador/a del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía — se ha priorizado el SAS por coherencia con el resto de temarios sanitarios ya publicados en este catálogo (p. ej. Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería), también del SAS. Es el Anexo XVII de la Resolución de 30 de julio de 2024, que aprobó nuevos programas de materias para varias categorías del SAS; este mismo programa rige el proceso selectivo de acceso libre y promoción interna convocado por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025). Es distinto del temario de la categoría de Celador/a-Conductor/a (Anexo IX de la misma resolución), que incluye además materias de conducción y mecánica de vehículos y tiene su propio proceso selectivo; ese temario no está cubierto aquí. Otros servicios de salud autonómicos (SERMAS de Madrid, SERGAS de Galicia, etc.) convocan la categoría de Celador con temarios similares mas no idénticos, que tampoco están cubiertos por este fichero.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es la norma estatal que desarrolla en el ámbito clínico el derecho a la protección de la salud y sitúa al paciente, y no solo al profesional, en el centro de la toma de decisiones. Ha sido modificada, entre otras, por la Ley 26/2015 (protección a la infancia y la adolescencia) y por la Ley 8/2021, de 2 de junio (apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica), que afectó al consentimiento por representación. Aunque el Celador/a no participa directamente en el proceso clínico, su trato diario con el paciente —en el traslado, en el acompañamiento, en la información básica sobre el centro— debe respetar en todo momento estos principios, en especial la dignidad, la intimidad y la confidencialidad. Se completa con la Tarjeta Sanitaria de Andalucía, apoyada en la Base de Datos de Usuarios, como documento acreditativo del derecho a la asistencia dentro del SSPA.

← Ver el índice completo del temario

Principios básicos (art. 2)

El art. 2 fija los principios que orientan toda la ley: la dignidad de la persona, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir información y documentación clínica. Toda actuación en el ámbito sanitario requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada y se hará por escrito en los supuestos previstos por la ley. El paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento, salvo en los casos determinados por la ley, debiendo constar su negativa por escrito. Todo paciente o usuario tiene el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera. Y, de especial importancia para el Celador/a, el art. 2.7 establece que la persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida.

Definiciones básicas (art. 3)

El art. 3 define los conceptos clave. Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial. Informe de alta: el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de este, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente. Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria.

El derecho de información asistencial y el derecho a la intimidad (arts. 4 y 7)

El art. 4 reconoce el derecho de los pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la ley; además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporciona verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias, debe ser verdadera, y se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades, para ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. El médico responsable del paciente garantiza el cumplimiento de su derecho a la información, y los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también son responsables de informarle. El art. 7 reconoce el derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a la salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley; los centros deben adoptar las medidas oportunas y elaborar normas y procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. Para el Celador/a, esto es especialmente relevante en el traslado de pacientes por zonas comunes o en el control de accesos, donde debe evitarse cualquier divulgación innecesaria de datos sobre el estado del paciente.

El titular del derecho a la información y el estado de necesidad terapéutica (art. 5)

El art. 5 establece que el titular del derecho a la información es el paciente; también serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida en que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Si el paciente tiene una discapacidad, la información debe ofrecerse en formatos adecuados y accesibles que permitan su comprensión. Cuando el paciente, a criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, se informará también a las personas vinculadas a él o a su representante. El art. 5.4 recoge una figura muy preguntada, el estado de necesidad terapéutica: excepcionalmente, el facultativo puede actuar profesionalmente sin informar antes al paciente cuando, por razones objetivas, el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave; en tal caso, el médico debe dejar constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicar su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho. El art. 6 completa el cuadro con el derecho a la información epidemiológica: los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual.

El consentimiento informado (arts. 8 y 10)

El art. 8 establece que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información, haya valorado las opciones propias del caso. Como regla general el consentimiento se prestará verbalmente, pero deberá recogerse por escrito en los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, en la aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. El consentimiento puede ser revocado libremente por escrito en cualquier momento. El art. 10 detalla el contenido de la información básica que debe facilitarse antes de recabar el consentimiento escrito: las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención, y las contraindicaciones. Además, el art. 9.1 reconoce la renuncia del paciente a recibir información, que deberá constar documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención.

Límites del consentimiento informado (art. 9.2)

El art. 9.2 permite a los facultativos llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento en dos supuestos: cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley (en todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, se comunicará a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que se disponga el internamiento obligatorio de personas); y cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. La interrupción voluntaria del embarazo, los ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por sus disposiciones especiales.

El consentimiento por representación (art. 9.3 y 9.4)

El art. 9.3 regula los supuestos en los que el consentimiento se otorga por representación: cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación (si no tiene representante legal, consienten las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho); cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia, expresión introducida por la Ley 8/2021 en sustitución de la antigua referencia al paciente incapacitado legalmente; y cuando el paciente menor de edad no sea capaz, ni intelectual ni emocionalmente, de comprender el alcance de la intervención, en cuyo caso el consentimiento lo presta su representante legal después de haber escuchado su opinión, conforme a la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que considera en todo caso suficiente la madurez del menor con doce años cumplidos. Para los menores emancipados y los mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos anteriores, no cabe prestar el consentimiento por representación; sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo para la salud, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta. En todos los casos, la decisión debe adoptarse siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal, procurando que participe en la medida de lo posible en la toma de decisiones.

Instrucciones previas o voluntades anticipadas (art. 11)

El art. 11 regula el documento de instrucciones previas (también llamado de voluntades anticipadas), por el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos una vez llegado el fallecimiento, para que se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente. La persona otorgante puede además designar un representante para que actúe como interlocutor con el médico o el equipo sanitario. Cada servicio de salud regula el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas. No serán aplicadas las instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho previsto. Son revocables libremente en cualquier momento, dejando constancia por escrito. Existe un Registro Nacional de Instrucciones Previas, regulado por el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, y cada Comunidad Autónoma garantiza la constancia registral. En Andalucía la figura se denomina Declaración de Voluntad Vital Anticipada (Ley 5/2003, de 9 de octubre) y se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía; la Ley 2/2010, de 8 de abril, regula los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte.

La historia clínica: concepto, contenido y responsabilidad (arts. 14 y 15)

El art. 14 define la historia clínica como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial; cada centro debe archivar las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte (papel, audiovisual, informático u otro), y las Administraciones sanitarias han de establecer los mecanismos que garanticen su autenticidad y la posibilidad de su identificación y de los cambios operados. El art. 15 detalla el contenido mínimo de la historia clínica, que incluye, entre otros documentos, la hoja clínico-estadística, la autorización de ingreso, el informe de urgencia, la anamnesis y la exploración física, la evolución, las órdenes médicas, las hojas de interconsulta, los informes de exploraciones complementarias, el consentimiento informado, el informe de anestesia, el informe de quirófano o de registro del parto, el informe de anatomía patológica, la evolución y planificación de cuidados de enfermería, la aplicación terapéutica de enfermería, el gráfico de constantes y el informe clínico de alta. La cumplimentación de la historia clínica en los aspectos relacionados con la asistencia directa al paciente es responsabilidad de los profesionales que intervienen en ella. Esta relación permite distinguir la historia clínica, como conjunto documental completo, del informe de alta, que es solo uno de sus documentos y el que se entrega al paciente al finalizar el proceso.

Usos de la historia clínica y personal no sanitario (art. 16)

El art. 16 recuerda que la historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente, a la que tienen acceso los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento. El acceso con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia también está permitido, quedando sujeto en estos casos al deber de preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones, y el personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto. Este es el precepto más relevante para el Celador/a: aunque no es personal sanitario y su acceso a la historia debe ser excepcional (por ejemplo, el traslado material de documentación), queda obligado a la reserva sobre cuanto conozca.

Deber de conservación y acceso a la historia clínica (arts. 17 y 18)

El art. 17 impone a los centros sanitarios el deber de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. El art. 18 reconoce al paciente el derecho de acceso a la documentación de su historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella; los centros regulan el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. El derecho de acceso no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. Pueden acceder las personas debidamente acreditadas como representantes y, en el caso de pacientes fallecidos, las personas vinculadas a ellos por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente.

El informe de alta y otra documentación clínica (arts. 19 a 23)

El art. 20 reconoce a todo paciente, familiar o persona vinculada a él el derecho a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta (art. 3 para su definición, art. 15 como parte del contenido mínimo de la historia). El art. 21 regula el alta del paciente: en caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se le propondrá la firma del alta voluntaria, y si no la firma, la dirección del centro, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas, salvo que existan razones clínico-asistenciales que lo impidan. El art. 22 regula los certificados médicos, que deben entregarse al paciente a petición suya, y el art. 23 impone a los profesionales sanitarios obligaciones de información técnica, estadística y administrativa. El Celador/a puede intervenir en el traslado material de esta documentación entre unidades, siempre con las garantías de custodia que exige la ley. Como contenido complementario, el Real Decreto 1093/2010 establece el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud.

Protección de datos y confidencialidad: marco complementario

Los datos de salud son una categoría especial de datos personales conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), cuyo tratamiento está sujeto a garantías reforzadas. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que derogó la anterior LO 15/1999, impone a quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento un deber de confidencialidad que subsiste aunque haya finalizado su relación con el responsable. La Ley 41/2002 es la norma especial para la información y documentación clínica y se aplica junto con las normas de protección de datos. La Ley 14/1986, General de Sanidad, recogió inicialmente los derechos de los pacientes en su art. 10, parcialmente derogado por la Ley 41/2002. Las brechas de seguridad que afecten a datos personales deben notificarse a la autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos) sin dilación indebida y, de ser posible, en 72 horas. Acceder a una historia clínica sin necesidad asistencial es una infracción grave de la confidencialidad, con posibles consecuencias disciplinarias y penales.

La Tarjeta Sanitaria de Andalucía y la Base de Datos de Usuarios (BDU)

La Tarjeta Sanitaria de Andalucía es el documento que acredita el derecho de los ciudadanos a la asistencia sanitaria pública en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y facilita su identificación como usuarios ante los centros y servicios del SAS. Se emite a partir de los datos registrados en la Base de Datos de Usuarios (BDU), registro corporativo que identifica a cada persona con derecho a asistencia y sirve de soporte para la asignación de médico o pediatra de referencia y de centro de salud correspondiente a su domicilio. Cada persona dispone de un identificador único dentro del sistema sanitario andaluz, el Número Único de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA), que vincula toda su información asistencial en la historia digital. La tarjeta permite además el acceso a las prestaciones sanitarias, la gestión de citas y otros trámites asociados a la condición de usuario del sistema; su versión digital, la tarjeta sanitaria virtual, puede consultarse a través de aplicaciones y sedes electrónicas del SAS. A nivel estatal, la tarjeta sanitaria individual se regula por el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, que busca garantizar la identificación homogénea de los usuarios en todo el Sistema Nacional de Salud.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Como regla general, el consentimiento se presta verbalmente; debe constar por escrito en intervención quirúrgica, procedimientos invasores y procedimientos con riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa (art. 8). El consentimiento es revocable libremente por escrito.
  • El deber de reserva sobre la información y documentación clínica alcanza a toda persona que la elabore o tenga acceso a ella (art. 2.7), aunque no sea personal sanitario; el art. 7 reconoce el derecho a la confidencialidad de los datos de salud.
  • El personal de administración y gestión solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones y queda sujeto al deber de secreto (art. 16).
  • El derecho de acceso a la historia clínica (art. 18) no ampara las anotaciones subjetivas de los profesionales ni puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceros a la confidencialidad.
  • Plazo mínimo de conservación de la documentación clínica: cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial (art. 17).
  • La Tarjeta Sanitaria de Andalucía acredita el derecho a la asistencia y se vincula a los datos de la Base de Datos de Usuarios (BDU).
  • El estado de necesidad terapéutica (art. 5.4) permite excepcionalmente no informar directamente al paciente cuando ello pueda perjudicar gravemente su salud, dejando constancia razonada en la historia clínica.
  • Límites del consentimiento (art. 9.2): riesgo para la salud pública y riesgo inmediato grave para la integridad del paciente sin posibilidad de obtener su autorización; si se dispone internamiento obligatorio, se comunica a la autoridad judicial en 24 horas.
  • El consentimiento por representación se presta cuando el paciente no es capaz de tomar decisiones, tiene la capacidad modificada judicialmente o es menor sin madurez suficiente, respetando siempre su participación; los menores emancipados y los mayores de 16 años no consienten por representación como regla general.
  • Las instrucciones previas (art. 11) las otorga una persona mayor de edad, capaz y libre; permiten anticipar la voluntad sobre cuidados y tratamientos y designar representante; son revocables. En Andalucía se llaman Declaración de Voluntad Vital Anticipada (Ley 5/2003).
  • La historia clínica tiene también fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación y de docencia, más allá de la asistencia directa (art. 16), preservando los datos de identificación del paciente.
  • El informe de alta es solo uno de los documentos que integran la historia clínica (art. 15): no debe confundirse el conjunto documental completo con este documento concreto.
  • Alta voluntaria y alta forzosa (art. 21): si el paciente no acepta el tratamiento, se le propone el alta voluntaria; si no la firma, la dirección puede disponer el alta forzosa.
  • Los datos de salud son datos de categoría especial (RGPD); la LOPDGDD (LO 3/2018) derogó la LO 15/1999 e impone un deber de confidencialidad a todos los intervinientes.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el art. 16 de la Ley 41/2002, el personal de administración y gestión de los centros sanitarios:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Celador?

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es la norma estatal que desarrolla en el ámbito clínico el derecho a la protección de la salud y sitúa al paciente, y no solo al profesional, en el centro de la toma de decisiones. Ha sido modificada, entre otras, por la Ley 26/2015 (protección a la infancia y la adolescencia) y por la Ley 8/2021, de 2 de junio (apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica), que afectó al consentimiento por representación. Aunque el Celador/a no participa directamente en el proceso clínico, su trato diario con el paciente —en el traslado, en el acompañamiento, en la información básica sobre el centro— debe respetar en todo momento estos principios, en especial la dignidad, la intimidad y la confidencialidad. Se completa con la Tarjeta Sanitaria de Andalucía, apoyada en la Base de Datos de Usuarios, como documento acreditativo del derecho a la asistencia dentro del SSPA.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

Como regla general, el consentimiento se presta verbalmente; debe constar por escrito en intervención quirúrgica, procedimientos invasores y procedimientos con riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa (art. 8). El consentimiento es revocable libremente por escrito. El deber de reserva sobre la información y documentación clínica alcanza a toda persona que la elabore o tenga acceso a ella (art. 2.7), aunque no sea personal sanitario; el art. 7 reconoce el derecho a la confidencialidad de los datos de salud. El personal de administración y gestión solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones y queda sujeto al deber de secreto (art. 16). El derecho de acceso a la historia clínica (art. 18) no ampara las anotaciones subjetivas de los profesionales ni puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceros a la confidencialidad. Plazo mínimo de conservación de la documentación clínica: cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial (art. 17). La Tarjeta Sanitaria de Andalucía acredita el derecho a la asistencia y se vincula a los datos de la Base de Datos de Usuarios (BDU). El estado de necesidad terapéutica (art. 5.4) permite excepcionalmente no informar directamente al paciente cuando ello pueda perjudicar gravemente su salud, dejando constancia razonada en la historia clínica. Límites del consentimiento (art. 9.2): riesgo para la salud pública y riesgo inmediato grave para la integridad del paciente sin posibilidad de obtener su autorización; si se dispone internamiento obligatorio, se comunica a la autoridad judicial en 24 horas. El consentimiento por representación se presta cuando el paciente no es capaz de tomar decisiones, tiene la capacidad modificada judicialmente o es menor sin madurez suficiente, respetando siempre su participación; los menores emancipados y los mayores de 16 años no consienten por representación como regla general. Las instrucciones previas (art. 11) las otorga una persona mayor de edad, capaz y libre; permiten anticipar la voluntad sobre cuidados y tratamientos y designar representante; son revocables. En Andalucía se llaman Declaración de Voluntad Vital Anticipada (Ley 5/2003). La historia clínica tiene también fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación y de docencia, más allá de la asistencia directa (art. 16), preservando los datos de identificación del paciente. El informe de alta es solo uno de los documentos que integran la historia clínica (art. 15): no debe confundirse el conjunto documental completo con este documento concreto. Alta voluntaria y alta forzosa (art. 21): si el paciente no acepta el tratamiento, se le propone el alta voluntaria; si no la firma, la dirección puede disponer el alta forzosa. Los datos de salud son datos de categoría especial (RGPD); la LOPDGDD (LO 3/2018) derogó la LO 15/1999 e impone un deber de confidencialidad a todos los intervinientes.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, texto consolidado (BOE-A-2002-22188).
  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada (Andalucía).
  • Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte (Andalucía).
  • Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas.
  • Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.
  • Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Mientras tanto, practica con tests gratis de Celador.

Empieza gratis ahora