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Tema 6. Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025) · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994).

Este temario corresponde a la categoría de Celador/a del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía — se ha priorizado el SAS por coherencia con el resto de temarios sanitarios ya publicados en este catálogo (p. ej. Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería), también del SAS. Es el Anexo XVII de la Resolución de 30 de julio de 2024, que aprobó nuevos programas de materias para varias categorías del SAS; este mismo programa rige el proceso selectivo de acceso libre y promoción interna convocado por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025). Es distinto del temario de la categoría de Celador/a-Conductor/a (Anexo IX de la misma resolución), que incluye además materias de conducción y mecánica de vehículos y tiene su propio proceso selectivo; ese temario no está cubierto aquí. Otros servicios de salud autonómicos (SERMAS de Madrid, SERGAS de Galicia, etc.) convocan la categoría de Celador con temarios similares mas no idénticos, que tampoco están cubiertos por este fichero.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) desarrolla el mandato del art. 40.2 CE de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Se aplica también al personal estatutario de las Administraciones sanitarias, por lo que es una de las normas con más presencia en el temario común de cualquier categoría del SAS, incluida la de Celador/a, cuyo puesto conlleva riesgos propios de movilización de cargas, posturales y biológicos. En el Servicio Andaluz de Salud, la prevención se organiza a través de las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales, dentro de un modelo de servicio de prevención propio que integra la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y la vigilancia de la salud de toda la plantilla.

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Derecho a la protección eficaz (art. 14 LPRL)

El art. 14.1 LPRL reconoce a los trabajadores el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, correlativo a un deber del empresario —o, en el caso de las Administraciones públicas, de la propia Administración respecto de su personal— de protegerlos frente a los riesgos laborales. Forman parte de ese derecho la información, consulta y participación, la formación preventiva, la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y la vigilancia del estado de salud. El apdo. 5 es tajante: "El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores", sin excepciones posibles.

Principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL)

El art. 15.1 LPRL fija nueve principios generales, en un orden lógico que se pregunta con frecuencia: a) evitar los riesgos; b) evaluar los que no se puedan evitar; c) combatirlos en su origen; d) adaptar el trabajo a la persona; e) tener en cuenta la evolución de la técnica; f) sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; g) planificar la prevención; h) adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; i) dar las debidas instrucciones a los trabajadores. La letra h) es una trampa clásica de examen: la protección colectiva SIEMPRE se antepone a la individual, coherente con el art. 17.2, que reserva los equipos de protección individual (EPI) para cuando el riesgo no pueda evitarse ni limitarse por medios colectivos u organizativos.

Definiciones básicas de la LPRL (art. 4)

El art. 4 LPRL fija el vocabulario técnico que articula toda la ley y que es fuente frecuente de preguntas de definición. "Prevención" es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. "Riesgo laboral" es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, valorándose su gravedad en función de la probabilidad de que se produzca el daño y de su severidad. "Daños derivados del trabajo" son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. "Riesgo laboral grave e inminente" es aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. "Condición de trabajo" es cualquier característica del trabajo que pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos: características de locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes, los procedimientos de utilización de esos agentes, y todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su organización, que influyan en la magnitud de los riesgos. "Equipo de protección individual" (EPI) es cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. La definición de "equipo de trabajo" (máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo) no figura en el art. 4 LPRL, sino en el Real Decreto 1215/1997.

El Plan de Prevención y la evaluación de riesgos (art. 16 LPRL)

El art. 16 LPRL obliga a integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa (o de la Administración), tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos, a través del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios. A partir de ese Plan, los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación son la evaluación de riesgos laborales (identificar y valorar los riesgos que no hayan podido evitarse) y la planificación de la actividad preventiva (conjunto de medidas necesarias para eliminar o controlar y reducir dichos riesgos). En un centro del SAS, esta evaluación identifica de forma específica los riesgos ergonómicos y biológicos propios del puesto de Celador/a en cada unidad concreta.

Información, formación, consulta y participación (arts. 18-19 LPRL)

La Administración debe informar a los trabajadores de los riesgos de su puesto y de las medidas de protección aplicables, e informarles directamente de los riesgos específicos de su propio puesto aunque existan representantes de los trabajadores (art. 18.1). Debe además consultarles y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud (art. 18.2). La formación (art. 19) debe ser teórica y práctica, suficiente y adecuada, centrada en el puesto concreto —para el Celador/a, especialmente en técnicas de movilización de pacientes y manipulación de cargas—, impartida en la medida de lo posible dentro de la jornada laboral y sin coste alguno para el trabajador.

Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención (art. 29 LPRL)

La LPRL no impone deberes solo a la Administración: el art. 29 obliga también a cada trabajador a velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas, por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. En concreto, deben usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y equipos de transporte; utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados; no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; informar de inmediato a su superior jerárquico y a los trabajadores designados para actividades de protección de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud; y cooperar con la Administración para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. El incumplimiento de estas obligaciones puede tener la consideración de incumplimiento laboral a efectos disciplinarios (art. 29.3), conectando esta ley con el régimen disciplinario del Estatuto Marco estudiado en el Tema 8.

Protección de trabajadores especialmente sensibles y maternidad (arts. 25-26 LPRL)

El art. 25 obliga a garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, adaptando el puesto o, si no es posible, cambiándolos a otro compatible con su estado. El art. 26 extiende esta lógica a la evaluación de riesgos durante el embarazo y la lactancia natural: si los resultados de la evaluación revelan un riesgo para la seguridad y la salud de la trabajadora o una posible repercusión sobre el embarazo, deben adoptarse las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, mediante una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo; si esa adaptación no resultara posible o, pese a ella, las condiciones del puesto pudieran influir negativamente, la trabajadora debe pasar a desempeñar un puesto o función diferente y compatible con su estado. Este mecanismo es especialmente relevante para el Celador/a por la carga física y postural de la movilización de pacientes.

Coordinación de actividades empresariales (art. 24 LPRL)

El art. 24 LPRL regula la coordinación de actividades empresariales: cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deben cooperar en la aplicación de la normativa de prevención, informarse recíprocamente de los riesgos específicos de sus actividades que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes, y establecer los medios de coordinación que sean necesarios. Es un supuesto habitual en los hospitales del SAS, donde conviven en las mismas instalaciones el personal propio del centro (entre ellos el Celador/a) con personal de empresas subcontratadas de limpieza, lavandería, seguridad privada, mantenimiento de instalaciones o restauración; esta coordinación busca evitar que la concurrencia de distintas actividades genere riesgos añadidos que ninguna de las empresas hubiera previsto por separado.

Medidas de emergencia y riesgo grave e inminente (arts. 20-21 LPRL)

El art. 20 obliga a analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas en tres bloques: primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando personal con la formación, el número y el material adecuados. El art. 21 regula el riesgo grave e inminente con un encadenamiento de decisiones muy preguntado: primero, el propio trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si considera que existe un riesgo grave e inminente para su vida o salud (apdo. 2); si el empresario no adopta las medidas necesarias, los representantes legales de los trabajadores pueden acordar por mayoría la paralización de la actividad, comunicándolo de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, que en 24 horas anulará o ratificará la paralización (apdo. 3). Los Delegados de Prevención pueden acordarla, por mayoría, cuando no sea posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación. Los trabajadores no pueden sufrir perjuicio alguno por interrumpir su actividad o adoptar las medidas necesarias, salvo mala fe o negligencia grave (apdo. 4).

Vigilancia de la salud (art. 22 LPRL)

La regla general es la voluntariedad: la vigilancia periódica del estado de salud solo puede llevarse a cabo con el consentimiento del trabajador (art. 22.1). Solo se exceptúa este carácter voluntario, previo informe de los representantes de los trabajadores, cuando los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud, para verificar si el estado de salud del trabajador puede suponer un peligro para él mismo, para otros trabajadores o para terceros, o cuando así lo establezca una disposición legal en relación con riesgos específicos. Las medidas deben respetar siempre el derecho a la intimidad y la confidencialidad (art. 22.2); al empresario solo se le comunican las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el puesto, nunca los datos clínicos (art. 22.4).

El accidente de trabajo: concepto y deber de notificación

A efectos de Seguridad Social, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) considera accidente de trabajo (art. 156) toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, incluyendo el accidente sufrido al ir o volver del lugar de trabajo (accidente in itinere). Se distingue de la enfermedad profesional (art. 157), que es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006) y provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen, y que se produce por la exposición continuada a un riesgo a lo largo del tiempo, no por un episodio único. Ante cualquier accidente, el trabajador debe comunicarlo de inmediato a su superior jerárquico y al servicio de prevención del centro. El empresario debe notificar los accidentes con baja mediante el parte oficial (sistema Delt@, Orden TAS/2926/2002), en cinco días hábiles, y comunicar los accidentes graves, muy graves o mortales en un plazo de 24 horas. El art. 16.3 LPRL obliga a investigar los daños para la salud de los trabajadores a fin de detectar sus causas, con el objetivo de evitar su repetición y no de buscar responsabilidades individuales. El art. 23 LPRL obliga a conservar la documentación preventiva, incluida la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

Responsabilidades por incumplimiento de la normativa de prevención

El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales puede dar lugar a responsabilidades de distinta naturaleza (art. 42.1 LPRL): administrativas, a través del régimen de infracciones y sanciones del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS, Real Decreto Legislativo 5/2000); civiles, por los daños y perjuicios causados; penales, en los casos más graves de puesta en peligro de la vida o la salud de los trabajadores; y, en el caso del personal estatutario, disciplinarias conforme al régimen del Estatuto Marco (Tema 8), por ejemplo cuando la falta consiste en la negativa reiterada a utilizar los medios de protección facilitados (art. 29.3 LPRL). Las responsabilidades administrativas son compatibles con la indemnización de daños y perjuicios y con el recargo de prestaciones de Seguridad Social (art. 42.3), pero rige el principio non bis in idem: no pueden sancionarse penal y administrativamente los mismos hechos con identidad de sujeto, hecho y fundamento. En las Administraciones públicas no se imponen multas al personal civil a su servicio: las infracciones se corrigen mediante la imposición, por la autoridad competente, de las medidas correctoras oportunas (art. 45 LPRL).

Órganos de representación y las Unidades de Prevención del SAS

La LPRL crea dos órganos de representación especializada. Los Delegados de Prevención (art. 35) son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención, designados por y entre los representantes del personal, con una escala numérica según el número de trabajadores (uno hasta 49, dos de 50 a 100, tres de 101 a 500, cuatro de 501 a 1.000, y así sucesivamente). El Comité de Seguridad y Salud (art. 38) es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención; se constituye obligatoriamente en todos los centros de trabajo con 50 o más trabajadores, está formado por igual número de Delegados de Prevención y de representantes de la Administración o empresa, y se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la organización de la prevención se articula a través de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros Asistenciales, que asumen las funciones de evaluación de riesgos, planificación preventiva, formación e información específicas de cada centro sanitario, con especial atención a los riesgos propios del puesto de Celador/a: manipulación manual de cargas, posturas forzadas, riesgo biológico y, en determinadas unidades, agresiones.

Ámbito de aplicación y objeto de la LPRL (arts. 1 a 5)

La LPRL transpone la Directiva marco 89/391/CEE y se desarrolla mediante reglamentos específicos. Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo (art. 2). Es de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores como en el del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas (art. 3.1), con las particularidades que se prevean para actividades como las de policía, seguridad, resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública (art. 3.2), así como para los servicios sanitarios en aspectos concretos. El art. 5 establece la política en materia de prevención y la coordinación entre las Administraciones públicas competentes. La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reformó el marco normativo para reforzar la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa y la vigilancia del cumplimiento.

Los servicios de prevención (arts. 30 a 32 bis LPRL y RD 39/1997)

El empresario debe designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva, constituir un servicio de prevención propio, o concertarlo con una entidad especializada ajena (art. 30). El servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados (art. 31). El Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) regula las modalidades de organización: asunción por el empresario, designación de trabajadores, servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno y servicio de prevención mancomunado. El servicio de prevención propio es obligatorio, entre otros supuestos, en las empresas de más de 500 trabajadores. Las especialidades preventivas son la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y psicosociología aplicada y la medicina del trabajo.

Riesgos específicos del Celador/a y normativa de aplicación

Los riesgos más característicos del puesto de Celador/a y la norma que los regula son los siguientes. La manipulación manual de cargas (movilización y traslado de pacientes, mobiliario y material) se regula en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, que impone al empresario adoptar medidas técnicas u organizativas para evitar la manipulación manual cuando entrañe riesgos dorsolumbares, y proporcionar formación y vigilancia de la salud. El riesgo biológico (contacto con sangre, fluidos y agentes infecciosos) se regula en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, que clasifica los agentes biológicos en cuatro grupos según su riesgo de infección (del 1, poco probable que cause enfermedad, al 4, que causa enfermedad grave con elevado riesgo de propagación sin profilaxis eficaz). La prevención de lesiones por cortes y pinchazos en el sector sanitario se regula en la Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio. Los equipos de protección individual (guantes, mascarillas, calzado de seguridad) se rigen por el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, que exige que sean adecuados, se utilicen correctamente y se mantengan en buen estado. Otros riesgos son las posturas forzadas, los riesgos derivados de la agresión de pacientes o acompañantes, la exposición a radiaciones ionizantes en traslados a servicios de radiología (Real Decreto 1029/2022) y los riesgos psicosociales, para cuya prevención el SAS dispone de protocolos específicos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El coste de las medidas de prevención nunca puede recaer sobre el trabajador (art. 14.5 LPRL), sin excepciones.
  • Orden de los principios de la acción preventiva (art. 15.1): primero evitar, luego evaluar lo inevitable, después combatir en el origen — y la protección colectiva siempre se antepone a la individual (letra h).
  • La vigilancia de la salud es voluntaria por regla general (art. 22.1); solo hay excepciones tasadas, y siempre previo informe de los representantes de los trabajadores.
  • Riesgo grave e inminente (art. 21): primero decide el trabajador individualmente, después los representantes legales por mayoría (24 h de la autoridad laboral para ratificar).
  • El art. 4 LPRL define riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, valorándose por probabilidad y severidad.
  • El trabajador también tiene obligaciones en prevención (art. 29): usar correctamente los medios de protección y no poner en riesgo su seguridad ni la de terceros; su incumplimiento puede ser falta disciplinaria.
  • Los trabajadores especialmente sensibles y la trabajadora embarazada o en lactancia tienen derecho a la adaptación del puesto o, si no es posible, al cambio a otro puesto compatible (arts. 25-26 LPRL).
  • La coordinación de actividades empresariales (art. 24 LPRL) obliga a cooperar e informarse mutuamente de riesgos cuando coinciden en un centro trabajadores de varias empresas (p. ej., personal propio y subcontratas de limpieza o seguridad).
  • El accidente in itinere (al ir o volver del trabajo) tiene la consideración de accidente de trabajo a efectos de Seguridad Social.
  • La infracción de la normativa de PRL puede dar lugar a responsabilidad administrativa, civil, penal y disciplinaria (art. 42 LPRL), sin que puedan sancionarse dos veces los mismos hechos por la vía penal y la administrativa (non bis in idem); en las Administraciones públicas se imponen medidas correctoras, no multas (art. 45).
  • El concepto de equipo de trabajo no figura en el art. 4 LPRL sino en el RD 1215/1997; el art. 4 define prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo, riesgo grave e inminente, procesos peligrosos, condición de trabajo y EPI.
  • El Comité de Seguridad y Salud se constituye en centros con 50 o más trabajadores, es paritario y se reúne trimestralmente (art. 38 LPRL); los Delegados de Prevención se eligen por y entre los representantes del personal (art. 35).
  • Riesgo grave e inminente (art. 21): ningún trabajador puede sufrir perjuicio por interrumpir su actividad, salvo mala fe o negligencia grave.
  • El accidente con baja se notifica en cinco días hábiles (parte oficial) y los accidentes graves, muy graves o mortales en 24 horas (Orden TAS/2926/2002).
  • Normativa clave del Celador: manipulación manual de cargas RD 487/1997, agentes biológicos RD 664/1997, EPI RD 773/1997, prevención de pinchazos en el sector sanitario Orden ESS/1451/2013.
  • En las Administraciones públicas las infracciones de prevención se corrigen mediante medidas correctoras ordenadas por la autoridad competente, no mediante multas (art. 45 LPRL).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el art. 22.1 LPRL, la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Celador?

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) desarrolla el mandato del art. 40.2 CE de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Se aplica también al personal estatutario de las Administraciones sanitarias, por lo que es una de las normas con más presencia en el temario común de cualquier categoría del SAS, incluida la de Celador/a, cuyo puesto conlleva riesgos propios de movilización de cargas, posturales y biológicos. En el Servicio Andaluz de Salud, la prevención se organiza a través de las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales, dentro de un modelo de servicio de prevención propio que integra la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y la vigilancia de la salud de toda la plantilla.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

El coste de las medidas de prevención nunca puede recaer sobre el trabajador (art. 14.5 LPRL), sin excepciones. Orden de los principios de la acción preventiva (art. 15.1): primero evitar, luego evaluar lo inevitable, después combatir en el origen — y la protección colectiva siempre se antepone a la individual (letra h). La vigilancia de la salud es voluntaria por regla general (art. 22.1); solo hay excepciones tasadas, y siempre previo informe de los representantes de los trabajadores. Riesgo grave e inminente (art. 21): primero decide el trabajador individualmente, después los representantes legales por mayoría (24 h de la autoridad laboral para ratificar). El art. 4 LPRL define riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, valorándose por probabilidad y severidad. El trabajador también tiene obligaciones en prevención (art. 29): usar correctamente los medios de protección y no poner en riesgo su seguridad ni la de terceros; su incumplimiento puede ser falta disciplinaria. Los trabajadores especialmente sensibles y la trabajadora embarazada o en lactancia tienen derecho a la adaptación del puesto o, si no es posible, al cambio a otro puesto compatible (arts. 25-26 LPRL). La coordinación de actividades empresariales (art. 24 LPRL) obliga a cooperar e informarse mutuamente de riesgos cuando coinciden en un centro trabajadores de varias empresas (p. ej., personal propio y subcontratas de limpieza o seguridad). El accidente in itinere (al ir o volver del trabajo) tiene la consideración de accidente de trabajo a efectos de Seguridad Social. La infracción de la normativa de PRL puede dar lugar a responsabilidad administrativa, civil, penal y disciplinaria (art. 42 LPRL), sin que puedan sancionarse dos veces los mismos hechos por la vía penal y la administrativa (non bis in idem); en las Administraciones públicas se imponen medidas correctoras, no multas (art. 45). El concepto de equipo de trabajo no figura en el art. 4 LPRL sino en el RD 1215/1997; el art. 4 define prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo, riesgo grave e inminente, procesos peligrosos, condición de trabajo y EPI. El Comité de Seguridad y Salud se constituye en centros con 50 o más trabajadores, es paritario y se reúne trimestralmente (art. 38 LPRL); los Delegados de Prevención se eligen por y entre los representantes del personal (art. 35). Riesgo grave e inminente (art. 21): ningún trabajador puede sufrir perjuicio por interrumpir su actividad, salvo mala fe o negligencia grave. El accidente con baja se notifica en cinco días hábiles (parte oficial) y los accidentes graves, muy graves o mortales en 24 horas (Orden TAS/2926/2002). Normativa clave del Celador: manipulación manual de cargas RD 487/1997, agentes biológicos RD 664/1997, EPI RD 773/1997, prevención de pinchazos en el sector sanitario Orden ESS/1451/2013. En las Administraciones públicas las infracciones de prevención se corrigen mediante medidas correctoras ordenadas por la autoridad competente, no mediante multas (art. 45 LPRL).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, texto consolidado (BOE-A-1995-24292).
  • Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
  • Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
  • Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales.
  • Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas; Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre agentes biológicos; Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección individual; Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre equipos de trabajo.
  • Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario.
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (arts. 156 y 157); Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LISOS); Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

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