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Tema 5. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre) · Índice oficial del BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real..

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (Grupo C, Subgrupo C1), turno de acceso libre. NO debe confundirse con el temario ya existente en este catálogo bajo el id 'informatica' (Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información / Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática, grados A1/A2): son tres cuerpos TIC distintos de la AGE regulados en la misma Resolución de 9 de julio de 2024 (Anexos separados), con temarios propios y no intercambiables — este fichero cubre exclusivamente el cuerpo AUXILIAR (C1). No cubre el turno de promoción interna (temario distinto y más corto, Anexo separado del mismo Cuerpo). La Oferta de Empleo Público 2025 (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2025) aprobó 900 plazas adicionales de ingreso libre para este mismo Cuerpo pendientes de una nueva convocatoria a fecha de redacción de este fichero; previsiblemente reutilizará el mismo programa de 34 temas, pero eso debe confirmarse cuando esa convocatoria se publique.

Este tema reúne el bloque normativo español dedicado a la igualdad y a la protección de colectivos especialmente vulnerables: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007) y la lucha contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2023, complementada por la Ley 15/2022 de igualdad de trato) y el régimen jurídico de la discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) y de la dependencia (Ley 39/2006). Se trata de políticas transversales que todo empleado público de la Administración General del Estado debe conocer, tanto por su proyección en la organización y el funcionamiento interno de la Administración como por su incidencia directa en la prestación de servicios a la ciudadanía, incluida la accesibilidad de los servicios y sitios web públicos.

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Marco constitucional e internacional de la igualdad

La igualdad se fundamenta en la Constitución: el artículo 1.1 proclama la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico; el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; el artículo 14 reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y el artículo 49, reformado en febrero de 2024, garantiza los derechos de las personas con discapacidad sustituyendo la antigua referencia a los 'disminuidos'. En el plano internacional destacan la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011), ratificado por España en 2014, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva York, 2006), que forma parte del ordenamiento español desde 2008.

La Ley Orgánica 1/2004: objeto y naturaleza integral

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1.1). La violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad (art. 1.3). Se estructura en un título preliminar, cinco títulos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Su carácter es integral: abarca la prevención, la asistencia a las víctimas, la tutela institucional y las respuestas penal y judicial. Debe distinguirse de la violencia doméstica y de la violencia sexual, que se rigen por otras normas aunque en parte confluyen con la tutela especializada de los juzgados de violencia sobre la mujer.

Título I: sensibilización, prevención y detección

El Título I de la Ley Orgánica 1/2004 establece medidas de sensibilización, prevención y detección en distintos ámbitos, entre ellos el educativo (transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres desde las etapas iniciales), el publicitario (consideración como ilícita de la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio) y el sanitario (detección precoz e impulso de protocolos de actuación en los centros sanitarios, con la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud). También prevé la sensibilización en los medios de comunicación, con respeto a la dignidad de las mujeres.

Título II: derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

El Título II reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género un catálogo de derechos con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social: el derecho a la información (art. 18) sobre las medidas de protección y asistencia disponibles; el derecho a la asistencia social integral (art. 19), prestada a través de servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral; el derecho a la asistencia jurídica gratuita e inmediata (art. 20) en todos los procesos y procedimientos que tengan causa directa o indirecta en la violencia sufrida, con defensa y representación gratuitas por abogado y procurador; los derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21), entre ellos la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto y la extinción del contrato; y el derecho a ayudas sociales cuando carezcan de rentas y tengan especiales dificultades para obtener un empleo (art. 27). La situación de violencia que da acceso a estos derechos se acredita mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios, o los títulos habilitantes que establezca la normativa (art. 23, ampliado por el Real Decreto-ley 9/2018).

Título III: tutela institucional

El Título III crea los principales órganos institucionales de coordinación de la lucha contra la violencia de género: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (inicialmente denominada Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer), encargada de formular las políticas públicas en la materia y coordinar e impulsar las actuaciones que se desarrollen, en el seno del Ministerio de Igualdad; el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, órgano colegiado adscrito al ministerio competente que asesora, evalúa, colabora institucionalmente, elabora informes y propone actuaciones en materia de violencia de género; y las unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El teléfono 016 es el servicio de información y asesoramiento gratuito, confidencial y accesible, que no deja rastro en la factura.

Títulos IV y V: tutela penal y tutela judicial

El Título IV de la Ley Orgánica 1/2004 introduce reformas en el Código Penal para reforzar la protección penal de las víctimas de violencia de género (agravación de determinados tipos penales, como las lesiones, las amenazas o las coacciones, cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor). El Título V regula la tutela judicial, con la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, órganos jurisdiccionales especializados que conocen de la instrucción de los procesos penales por los delitos tipificados y de determinadas cuestiones civiles conexas (por ejemplo, filiación, guarda y custodia o medidas cautelares), con el fin de dar una respuesta judicial coordinada e integral, y de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer. Con la reforma procesal operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que implanta de forma escalonada los Tribunales de Instancia, estos juzgados se integran como Secciones de Violencia sobre la Mujer (cuestión cuyo calendario de implantación conviene contrastar).

Desarrollo posterior: Pacto de Estado y normas conexas

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017, dio lugar a medidas normativas como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, que amplió los medios de acreditación de la situación de violencia y reforzó el papel de las entidades locales. Otras normas que conviene conocer son la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como 'solo sí es sí'), que aborda la violencia sexual y crea los centros de crisis, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Las víctimas de violencia de género que son empleadas públicas disponen además de derechos específicos: reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, excedencia sin requisito de servicios previos y justificación de ausencias (arts. 82 y 89 TREBEP, y art. 24 de la LO 1/2004).

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida. Consagra el principio de transversalidad de género (art. 15), conforme al cual la igualdad de trato y de oportunidades informa, con carácter general, la actuación de todos los poderes públicos, e incorpora el principio de presencia o composición equilibrada. Define la discriminación directa e indirecta (art. 6), el acoso sexual y el acoso por razón de sexo (art. 7), la discriminación por embarazo o maternidad (art. 8) y la indemnidad frente a represalias (art. 9), y legitima las acciones positivas (art. 11). La composición equilibrada se define en su disposición adicional primera: las personas de cada sexo no pueden superar el 60 por ciento ni ser menos del 40 por ciento. Su estructura es un título preliminar y ocho títulos.

La igualdad en el empleo y en el empleo público (LO 3/2007)

El Título IV de la Ley Orgánica 3/2007 regula el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades: igualdad en el acceso, en la promoción y en la formación, igualdad retributiva y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los planes de igualdad (art. 45) son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas tras un diagnóstico de situación, para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades; son obligatorios para las empresas de 50 o más personas trabajadoras desde la reforma del Real Decreto-ley 6/2019, y se desarrollan reglamentariamente en los Reales Decretos 901/2020 (planes de igualdad y su registro) y 902/2020 (igualdad retributiva entre mujeres y hombres). Las medidas de la Directiva (UE) 2023/970, de transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición vence el 7 de junio de 2026, refuerzan esta línea (conviene verificar su estado de transposición). Para el empleo público, el Título V establece criterios de actuación de las Administraciones (art. 51), la presencia equilibrada en los órganos de selección y en las comisiones de valoración, el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la AGE (art. 62), y las medidas de conciliación. Los órganos de impulso en la AGE son la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres (art. 76), las Unidades de Igualdad en cada ministerio (art. 77) y el Consejo de Participación de la Mujer (art. 78), además del Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad. La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, ha reforzado la paridad en el Gobierno, en las candidaturas y en los órganos de decisión.

La Ley 15/2022: igualdad de trato y no discriminación

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, es la norma general que protege frente a toda discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Define las formas de discriminación (directa, indirecta, por asociación, acoso, represalias), establece la inversión de la carga de la prueba en los procesos y prevé la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Su ámbito es transversal y completa las normas sectoriales de género, LGTBI y discapacidad.

La Ley 4/2023: objeto y ámbito de aplicación

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, así como de sus familias, en particular mediante la prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, en los ámbitos público y privado. Complementa a la Ley 15/2022 y desarrolla el mandato de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución. Establece, además, medidas de protección en el ámbito de las familias y de la filiación, y un régimen de infracciones y sanciones graduado en leves, graves y muy graves.

Principales medidas de la Ley 4/2023

Entre las medidas más relevantes de la Ley 4/2023 se encuentran el reconocimiento del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas mediante un procedimiento administrativo despatologizado ante el Registro Civil (sin necesidad de acreditar tratamiento médico u hormonal ni informe médico o psicológico), con reglas por edades: las personas mayores de 16 años pueden solicitarla por sí mismas, las de 14 a 16 años con la asistencia de sus representantes legales y las de 12 a 14 años con autorización judicial. Se prohíben las mal llamadas terapias de conversión dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género, y se incorporan medidas específicas de protección frente a la discriminación de las personas LGTBI en los ámbitos laboral (con medidas planificadas en las empresas de cierta dimensión, incluido un protocolo frente al acoso), educativo, sanitario, cultural, deportivo y de los medios de comunicación. También se refuerza la protección de los menores y de las familias LGTBI y se adoptan medidas contra la discriminación en el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida.

El régimen jurídico de la discapacidad: el Real Decreto Legislativo 1/2013

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (TRLGDPD). Refunde la Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003 (LIONDAU) y la Ley 49/2007 (infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal). Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (art. 4). Tendrán la consideración de personas con discapacidad, a todos los efectos, aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; se considera que presentan este grado los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas con pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. El procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado se regula en el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.

Principios, accesibilidad y capacidad jurídica

El TRLGDPD se inspira en los principios de respeto de la dignidad inherente, autonomía individual, vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, diseño universal o diseño para todas las personas, normalización, diálogo civil y transversalidad de las políticas. La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad. En el ámbito de las tecnologías de la información, el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, regula la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, con requisitos basados en la norma europea EN 301 549 (que incorpora las pautas WCAG 2.1 de nivel AA), y la Ley 6/2022, de 31 de marzo, incorpora la accesibilidad cognitiva. El Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. En materia civil, la Ley 8/2021, de 2 de junio, reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: suprime la incapacitación y la tutela de adultos, y establece un sistema de apoyos (medidas voluntarias, guardador de hecho, curatela y defensor judicial). La Ley Orgánica 2/2018 reconoció el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Medidas de inclusión laboral de las personas con discapacidad

El Texto Refundido de 2013 establece la obligación de que las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más personas trabajadoras cuenten con, al menos, un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad (cuota de reserva, art. 42), pudiendo sustituirse esta obligación, con carácter excepcional, por medidas alternativas cuando concurran las circunstancias previstas reglamentariamente (Real Decreto 364/2005, de 8 de abril): contratos mercantiles con centros especiales de empleo, donaciones y acciones de patrocinio. Los centros especiales de empleo y el empleo con apoyo son otras modalidades de empleo. En el empleo público, el TREBEP reserva un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes de la oferta de empleo público para su cobertura por personas con discapacidad (art. 59), con adaptaciones de tiempos y medios en las pruebas selectivas, dentro del cual se prevé una reserva específica para la discapacidad intelectual; el Real Decreto 2271/2004 regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. El incumplimiento de la normativa es objeto de un régimen de infracciones y sanciones propio (Ley 49/2007, hoy integrada en el TRLGDPD).

La Ley 39/2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), configurado como una nueva modalidad de protección social, el llamado cuarto pilar del Estado del bienestar, basada en la cooperación y participación de todas las Administraciones Públicas. La ley reconoce un derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y a la atención a las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio del Estado. Se define la dependencia (art. 2) como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Son titulares del derecho los españoles en situación de dependencia en alguno de los grados que residan en territorio español y hayan residido durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud. El SAAD se organiza en tres niveles de protección: un nivel mínimo garantizado por la AGE, un nivel acordado entre la AGE y las Comunidades Autónomas mediante convenios, y un nivel adicional que las Comunidades pueden establecer; el Consejo Territorial del SAAD es el órgano de cooperación entre la AGE, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

Grados de dependencia, valoración y catálogo de servicios y prestaciones

La Ley 39/2006 clasifica la situación de dependencia en tres grados: Grado I (dependencia moderada), cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal; Grado II (dependencia severa), cuando la necesita dos o tres veces al día pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador; y Grado III (gran dependencia), cuando por su pérdida total de autonomía necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona. La valoración se realiza mediante el baremo de valoración de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero). Las Comunidades Autónomas reconocen la situación de dependencia y elaboran el Programa Individual de Atención (PIA), que establece las modalidades de intervención más adecuadas. El catálogo de servicios incluye los de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial; y las prestaciones económicas son la vinculada al servicio, la de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y la de asistencia personal. Los beneficiarios participan en la financiación según su capacidad económica. Las personas beneficiarias con prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar pueden suscribir convenio especial con la Seguridad Social.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Constitución: art. 1.1 (igualdad, valor superior), art. 9.2 (igualdad real y efectiva), art. 14 (no discriminación), art. 49 (discapacidad, reformado en febrero de 2024).
  • LO 1/2004 (28-dic-2004): violencia de género = manifestación de discriminación y desigualdad de hombres sobre mujeres, en el marco de una relación de pareja o expareja, aun sin convivencia.
  • Estructura LO 1/2004: título preliminar + 5 títulos (I sensibilización/prevención/detección, II derechos de las víctimas, III tutela institucional, IV tutela penal, V tutela judicial).
  • Título II LO 1/2004: derechos a información (art. 18), asistencia social integral (art. 19), asistencia jurídica gratuita (art. 20), derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21), acreditación (art. 23) y ayudas (art. 27).
  • Título III LO 1/2004: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género + Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer + unidades especializadas en las FCSE. Teléfono 016.
  • Título V LO 1/2004: Juzgados de Violencia sobre la Mujer, competentes en lo penal y en determinadas materias civiles conexas; integrados como Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia (LO 1/2025).
  • Normas conexas: RDL 9/2018 (Pacto de Estado), LO 10/2022 (libertad sexual) y LO 8/2021 (LOPIVI).
  • LO 3/2007 (22-mar-2007): igualdad efectiva de mujeres y hombres; transversalidad de género; presencia equilibrada (ninguno de los sexos por encima del 60% ni por debajo del 40%).
  • LO 3/2007: planes de igualdad obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras (RDL 6/2019); desarrollo en RD 901/2020 y RD 902/2020. Protocolo contra el acoso en la AGE: art. 62.
  • LO 2/2024 (1-ago-2024): representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
  • Ley 15/2022 (12-jul-2022): norma general de igualdad de trato y no discriminación; inversión de la carga de la prueba; Autoridad Independiente prevista.
  • Ley 4/2023 (28-feb-2023): igualdad real de las personas trans + garantía de derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales).
  • Ley 4/2023: rectificación registral del sexo despatologizada (sin exigir tratamiento médico) con tramos de edad (16, 14 a 16 y 12 a 14 años) y prohibición de las terapias de conversión.
  • RDL 1/2013 (29-nov-2013): Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; refunde LISMI, LIONDAU y Ley 49/2007.
  • Grado de discapacidad igual o superior al 33% = umbral general para tener la consideración legal de persona con discapacidad; se presume en pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
  • Cuota de reserva empresarial: empresas de 50 o más personas trabajadoras, mínimo 2% de plantilla con discapacidad (con posibilidad excepcional de medidas alternativas, RD 364/2005).
  • Cupo de reserva en el empleo público para personas con discapacidad: no inferior al 7% de las vacantes de la oferta de empleo público (art. 59 TREBEP).
  • Accesibilidad digital del sector público: RD 1112/2018 (EN 301 549, WCAG 2.1 nivel AA). Accesibilidad cognitiva: Ley 6/2022.
  • Ley 8/2021: supresión de la incapacitación; sistema de apoyos (medidas voluntarias, guardador de hecho, curatela, defensor judicial).
  • Ley 39/2006 (14-dic-2006): crea el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), nueva modalidad de protección social (cuarto pilar), derecho subjetivo de ciudadanía, cooperación entre Administraciones.
  • SAAD: tres niveles de protección (mínimo AGE, acordado AGE-CCAA, adicional CCAA). Residencia: cinco años, dos inmediatamente anteriores a la solicitud.
  • Grados de dependencia: I (moderada), II (severa), III (gran dependencia). Baremo: RD 174/2011. El PIA lo elabora la Comunidad Autónoma.
  • Catálogo de servicios SAAD: prevención/promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día/noche, atención residencial, más prestaciones económicas (vinculada, cuidados en el entorno familiar, asistencia personal).
  • No confundir: LO 1/2004 protege frente a la violencia de género (ámbito de pareja); la Ley 4/2023 protege la identidad y orientación LGTBI; la Ley 15/2022 protege frente a la discriminación en general.
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La cuota de reserva empresarial a favor de trabajadores con discapacidad se aplica a las empresas públicas y privadas que empleen a:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Técnico Auxiliar de Informática?

Este tema reúne el bloque normativo español dedicado a la igualdad y a la protección de colectivos especialmente vulnerables: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007) y la lucha contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2023, complementada por la Ley 15/2022 de igualdad de trato) y el régimen jurídico de la discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) y de la dependencia (Ley 39/2006). Se trata de políticas transversales que todo empleado público de la Administración General del Estado debe conocer, tanto por su proyección en la organización y el funcionamiento interno de la Administración como por su incidencia directa en la prestación de servicios a la ciudadanía, incluida la accesibilidad de los servicios y sitios web públicos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Constitución: art. 1.1 (igualdad, valor superior), art. 9.2 (igualdad real y efectiva), art. 14 (no discriminación), art. 49 (discapacidad, reformado en febrero de 2024). LO 1/2004 (28-dic-2004): violencia de género = manifestación de discriminación y desigualdad de hombres sobre mujeres, en el marco de una relación de pareja o expareja, aun sin convivencia. Estructura LO 1/2004: título preliminar + 5 títulos (I sensibilización/prevención/detección, II derechos de las víctimas, III tutela institucional, IV tutela penal, V tutela judicial). Título II LO 1/2004: derechos a información (art. 18), asistencia social integral (art. 19), asistencia jurídica gratuita (art. 20), derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21), acreditación (art. 23) y ayudas (art. 27). Título III LO 1/2004: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género + Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer + unidades especializadas en las FCSE. Teléfono 016. Título V LO 1/2004: Juzgados de Violencia sobre la Mujer, competentes en lo penal y en determinadas materias civiles conexas; integrados como Secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia (LO 1/2025). Normas conexas: RDL 9/2018 (Pacto de Estado), LO 10/2022 (libertad sexual) y LO 8/2021 (LOPIVI). LO 3/2007 (22-mar-2007): igualdad efectiva de mujeres y hombres; transversalidad de género; presencia equilibrada (ninguno de los sexos por encima del 60% ni por debajo del 40%). LO 3/2007: planes de igualdad obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras (RDL 6/2019); desarrollo en RD 901/2020 y RD 902/2020. Protocolo contra el acoso en la AGE: art. 62. LO 2/2024 (1-ago-2024): representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Ley 15/2022 (12-jul-2022): norma general de igualdad de trato y no discriminación; inversión de la carga de la prueba; Autoridad Independiente prevista. Ley 4/2023 (28-feb-2023): igualdad real de las personas trans + garantía de derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales). Ley 4/2023: rectificación registral del sexo despatologizada (sin exigir tratamiento médico) con tramos de edad (16, 14 a 16 y 12 a 14 años) y prohibición de las terapias de conversión. RDL 1/2013 (29-nov-2013): Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; refunde LISMI, LIONDAU y Ley 49/2007. Grado de discapacidad igual o superior al 33% = umbral general para tener la consideración legal de persona con discapacidad; se presume en pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Cuota de reserva empresarial: empresas de 50 o más personas trabajadoras, mínimo 2% de plantilla con discapacidad (con posibilidad excepcional de medidas alternativas, RD 364/2005). Cupo de reserva en el empleo público para personas con discapacidad: no inferior al 7% de las vacantes de la oferta de empleo público (art. 59 TREBEP). Accesibilidad digital del sector público: RD 1112/2018 (EN 301 549, WCAG 2.1 nivel AA). Accesibilidad cognitiva: Ley 6/2022. Ley 8/2021: supresión de la incapacitación; sistema de apoyos (medidas voluntarias, guardador de hecho, curatela, defensor judicial). Ley 39/2006 (14-dic-2006): crea el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), nueva modalidad de protección social (cuarto pilar), derecho subjetivo de ciudadanía, cooperación entre Administraciones. SAAD: tres niveles de protección (mínimo AGE, acordado AGE-CCAA, adicional CCAA). Residencia: cinco años, dos inmediatamente anteriores a la solicitud. Grados de dependencia: I (moderada), II (severa), III (gran dependencia). Baremo: RD 174/2011. El PIA lo elabora la Comunidad Autónoma. Catálogo de servicios SAAD: prevención/promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día/noche, atención residencial, más prestaciones económicas (vinculada, cuidados en el entorno familiar, asistencia personal). No confundir: LO 1/2004 protege frente a la violencia de género (ámbito de pareja); la Ley 4/2023 protege la identidad y orientación LGTBI; la Ley 15/2022 protege frente a la discriminación en general.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real. (Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, artículos 1.1, 9.2, 14 y 49.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
  • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.
  • Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
  • Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
  • Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
  • Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia.

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