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Tema 7. La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos y obligaciones. Derechos digitales.

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre) · Índice oficial del BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real..

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (Grupo C, Subgrupo C1), turno de acceso libre. NO debe confundirse con el temario ya existente en este catálogo bajo el id 'informatica' (Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información / Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática, grados A1/A2): son tres cuerpos TIC distintos de la AGE regulados en la misma Resolución de 9 de julio de 2024 (Anexos separados), con temarios propios y no intercambiables — este fichero cubre exclusivamente el cuerpo AUXILIAR (C1). No cubre el turno de promoción interna (temario distinto y más corto, Anexo separado del mismo Cuerpo). La Oferta de Empleo Público 2025 (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2025) aprobó 900 plazas adicionales de ingreso libre para este mismo Cuerpo pendientes de una nueva convocatoria a fecha de redacción de este fichero; previsiblemente reutilizará el mismo programa de 34 temas, pero eso debe confirmarse cuando esa convocatoria se publique.

La protección de datos personales es una materia de importancia creciente para cualquier empleado público que gestione información de la ciudadanía, y de manera especial para el personal técnico de informática, responsable en buena medida de que los sistemas de información de la Administración incorporen las garantías exigidas por la normativa. El régimen jurídico vigente combina el Reglamento europeo de protección de datos, de aplicación directa en toda la Unión, con la ley orgánica española que lo desarrolla y que, además, reconoce un catálogo de derechos digitales de nuevo cuño. El tema se completa con el régimen de obligaciones del responsable y del encargado (seguridad, registro de actividades, evaluaciones de impacto, notificación de brechas), con el régimen sancionador, con la especialidad aplicable a las Administraciones Públicas y con el papel de la Agencia Española de Protección de Datos.

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El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD), entró en vigor en mayo de 2016 y es de aplicación directa en todos los Estados miembros desde el 25 de mayo de 2018. Deroga la anterior Directiva 95/46/CE. Constituye la norma de referencia en materia de protección de datos personales en toda la Unión Europea, reforzando los derechos de los ciudadanos y unificando su régimen jurídico. Su ámbito material es el tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como el tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero; queda excluido, entre otros, el tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Su ámbito territorial alcanza a los responsables y encargados establecidos en la Unión y, en determinados supuestos, a los no establecidos que ofrezcan bienes o servicios a personas en la Unión o controlen su comportamiento (art. 3).

Conceptos básicos (art. 4 RGPD)

Dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales (recogida, registro, organización, conservación, consulta, comunicación, supresión, etc.). Responsable del tratamiento es quien determina los fines y medios del tratamiento; encargado del tratamiento es quien lo realiza por cuenta del responsable. Interesado es la persona física titular de los datos. La seudonimización es el tratamiento de datos de modo que ya no puedan atribuirse a un interesado sin información adicional que se mantenga por separado: el dato seudonimizado sigue siendo dato personal, mientras que el dato anonimizado de forma irreversible queda fuera del RGPD. El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco, manifestado mediante una declaración o una clara acción afirmativa; no valen el silencio ni las casillas premarcadas.

Los principios del tratamiento (art. 5 RGPD)

El artículo 5.1 del RGPD enumera los principios que deben regir todo tratamiento de datos personales: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad (los datos se recogerán con fines determinados, explícitos y legítimos); minimización de datos (adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario); exactitud; limitación del plazo de conservación; e integridad y confidencialidad. A estos principios sustantivos se añade, en el apartado segundo del mismo artículo, el principio de responsabilidad proactiva (accountability), que obliga al responsable del tratamiento a poder demostrar el cumplimiento de todos los anteriores. Son manifestaciones de este último principio la protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25), el registro de actividades de tratamiento (art. 30), las medidas de seguridad (art. 32) y las evaluaciones de impacto (art. 35).

Las bases de licitud del tratamiento (art. 6 RGPD)

El artículo 6 del RGPD exige que todo tratamiento de datos personales se ampare en, al menos, una de las siguientes seis bases jurídicas: el consentimiento del interesado; la necesidad para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte; el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable; la protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física; el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable (base especialmente relevante para las Administraciones Públicas); o la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un tercero, siempre que no prevalezcan los derechos del interesado. Esta última base no puede ser invocada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Las categorías especiales de datos (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca, datos de salud, vida u orientación sexual) están en principio prohibidas y solo pueden tratarse si concurre alguna de las excepciones del artículo 9.

Los derechos de las personas interesadas (arts. 15 a 22 RGPD)

El RGPD reconoce a las personas interesadas un catálogo de derechos: acceso (art. 15), rectificación (art. 16), supresión o «derecho al olvido» (art. 17), limitación del tratamiento (art. 18), portabilidad de los datos (art. 20), oposición (art. 21) y el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente (art. 22). El artículo 19 impone al responsable la obligación de notificar a los destinatarios las rectificaciones, supresiones o limitaciones. El responsable debe facilitar el ejercicio de estos derechos, por regla general de forma gratuita y sin dilación indebida; debe responder en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable otros dos meses cuando sea necesario teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes (art. 12.3). La portabilidad solo procede cuando el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato y se efectúa por medios automatizados; no se aplica a los tratamientos basados en una misión de interés público. En la LOPDGDD, los artículos 12 a 18 regulan las disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos y los de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, y los artículos 11 y siguientes concretan la transparencia e información al afectado, que puede facilitarse «por capas» (información básica y remisión a información adicional).

Obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento

El responsable debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al RGPD (art. 24), diseñando los tratamientos con protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25). Cuando intervenga un encargado, la relación se rige por un contrato u otro acto jurídico vinculante (art. 28). El registro de actividades de tratamiento (art. 30) sustituye a la antigua inscripción de ficheros en la AEPD; las Administraciones Públicas deben además hacer público un inventario de sus actividades de tratamiento (art. 31 LOPDGDD). La seguridad del tratamiento (art. 32) exige medidas adecuadas al riesgo, como la seudonimización y el cifrado, la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia, y la capacidad de restaurar el acceso a los datos; en el sector público, las medidas de seguridad se corresponden con las del Esquema Nacional de Seguridad (disposición adicional primera de la LOPDGDD). Las violaciones de seguridad de los datos deben notificarse a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, en un máximo de 72 horas desde que se tenga constancia (art. 33), y comunicarse a los interesados cuando entrañen un alto riesgo para sus derechos y libertades (art. 34). La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD, art. 35) es obligatoria cuando el tratamiento entrañe probablemente un alto riesgo, por ejemplo en la evaluación sistemática de aspectos personales basada en tratamiento automatizado, el tratamiento a gran escala de categorías especiales o la observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público. Las transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales se regulan en el Capítulo V (arts. 44 a 50): requieren decisión de adecuación de la Comisión, garantías adecuadas o alguna de las excepciones previstas.

El delegado de protección de datos (arts. 37 a 39 RGPD)

El RGPD introduce la figura del delegado de protección de datos (DPD), cuya designación es obligatoria, entre otros supuestos, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, con la excepción de los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial (art. 37), y cuando las actividades principales consistan en tratamientos que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala o en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos. El delegado debe ser designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados en Derecho y práctica de la protección de datos, y ejerce funciones de información, asesoramiento y supervisión del cumplimiento normativo dentro de la organización, así como de cooperación con la autoridad de control (arts. 38 y 39). Debe actuar con independencia, no recibir instrucciones sobre el desempeño de sus funciones y rendir cuentas directamente al más alto nivel jerárquico. Los datos de contacto del DPD deben publicarse y comunicarse a la autoridad de control. La LOPDGDD (arts. 34 a 37) desarrolla su régimen en España, incluida la garantía de que no pueda ser destituido ni sancionado por desempeñar sus funciones salvo dolo o negligencia grave.

La Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), adapta el ordenamiento español al RGPD, completando sus previsiones en los aspectos que el propio Reglamento remite a los Estados miembros, y deroga la anterior Ley Orgánica 15/1999. Además de desarrollar los principios, derechos y obligaciones en materia de protección de datos, incorpora un título específico dedicado al reconocimiento de un catálogo de derechos digitales, novedad singular del ordenamiento español dentro del entorno europeo. Entre sus previsiones destacan: la fijación en 14 años de la edad a partir de la cual el menor puede prestar consentimiento válido para el tratamiento de sus datos (art. 7); la regulación de los tratamientos basados en una obligación legal o en una misión de interés público (art. 8); el deber de confidencialidad (art. 5); y las especialidades de determinados tratamientos (sistemas de información crediticia, videovigilancia, sistemas de exclusión publicitaria, denuncias internas, etc., en el Título IV). El tratamiento de datos de las autoridades en materia penal queda fuera del RGPD y se rige por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, que transpone la Directiva (UE) 2016/680.

El Título X de la LOPDGDD: garantía de los derechos digitales

El Título X de la Ley Orgánica 3/2018, «Garantía de los derechos digitales» (arts. 79 a 97), parte del reconocimiento de que los derechos y libertades de la Constitución y de los tratados internacionales son plenamente aplicables en internet (art. 79), y reconoce, entre otros, el derecho a la neutralidad de internet (art. 80), el derecho de acceso universal a internet (art. 81), el derecho a la seguridad digital (art. 82), el derecho a la educación digital (art. 83), la protección de los menores en internet (art. 84), el derecho de rectificación en internet (art. 85) y el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (art. 86). En el ámbito laboral reconoce el derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales puestos a disposición de los empleados (art. 87), el derecho a la desconexión digital fuera del tiempo de trabajo (art. 88), el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89) y frente al uso de sistemas de geolocalización (art. 90), y remite a la negociación colectiva el establecimiento de garantías adicionales (art. 91). Completan el título la protección de datos de los menores en internet (art. 92), el derecho al olvido en búsquedas de internet (art. 93) y en servicios de redes sociales (art. 94), la portabilidad en servicios de redes sociales (art. 95), el derecho al testamento digital (art. 96) y las políticas de impulso de los derechos digitales (art. 97). La Carta de Derechos Digitales (2021) es un documento de referencia sin carácter normativo.

El régimen sancionador y la Agencia Española de Protección de Datos

El RGPD (arts. 83 y 84) y la LOPDGDD (Título IX, «Régimen sancionador», arts. 70 a 78) establecen un régimen sancionador que clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves. El RGPD prevé dos escalones de multa administrativa: hasta 10 millones de euros o el 2 por ciento del volumen de negocio anual global (art. 83.4, por ejemplo infracciones de las obligaciones del responsable y del encargado) y hasta 20 millones de euros o el 4 por ciento (art. 83.5, por ejemplo infracción de los principios básicos, de las condiciones del consentimiento o de los derechos de los interesados), optándose en ambos casos por la cuantía mayor en el caso de empresas. A efectos de prescripción, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Especialidad esencial: cuando los responsables o encargados sean Administraciones Públicas y otras entidades del sector público (art. 77 LOPDGDD), la autoridad dicta resolución sancionando con apercibimiento, sin multa económica, y puede proponer medidas correctoras y actuaciones disciplinarias. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y plena independencia, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en España y de ejercer la potestad sancionadora; coexisten autoridades autonómicas (Cataluña, País Vasco) con competencias sobre el sector público de su ámbito. La AEPD representa a España en el Comité Europeo de Protección de Datos.

Marco europeo complementario

El marco digital europeo se completa con otras normas que el personal técnico debe conocer a nivel general: el Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial, que establece un régimen por niveles de riesgo y se aplica de forma escalonada, y los reglamentos de servicios digitales y de mercados digitales. Para los exámenes, lo esencial sigue siendo el binomio RGPD-LOPDGDD.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • RGPD = Reglamento (UE) 2016/679, aplicable desde el 25-mayo-2018; deroga la Directiva 95/46/CE; aplicación DIRECTA en toda la UE.
  • Art. 5 RGPD: 6 principios en el apartado 1 (licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo, integridad/confidencialidad) + responsabilidad proactiva en el apartado 2.
  • Art. 6 RGPD: seis bases de licitud — consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, interés público/poderes públicos (clave para la Administración), interés legítimo (NO aplicable a autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones).
  • Consentimiento: libre, específico, informado e inequívoco; no vale el silencio ni la casilla premarcada. En España, el menor puede consentir desde los 14 años (art. 7 LOPDGDD).
  • Derechos del interesado (arts. 15-22 RGPD): acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad (art. 20), oposición, y no ser objeto de decisiones automatizadas (art. 22). El art. 19 es la obligación de notificar rectificaciones/supresiones a destinatarios, no un derecho.
  • Plazo de respuesta a los derechos: 1 mes, prorrogable 2 meses más (art. 12.3 RGPD).
  • Brecha de seguridad: notificación a la autoridad de control en 72 horas (art. 33); comunicación a los interesados si hay alto riesgo (art. 34).
  • EIPD (art. 35) obligatoria si el tratamiento entraña alto riesgo; registro de actividades (art. 30) sustituye a la inscripción de ficheros; privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25).
  • Delegado de protección de datos (DPD, art. 37): OBLIGATORIO cuando el tratamiento lo realiza una autoridad u organismo público (salvo tribunales en función judicial).
  • LO 3/2018 (5-dic-2018) = LOPDGDD: desarrolla el RGPD en España; deroga la LO 15/1999.
  • Título X LOPDGDD: catálogo de derechos digitales (arts. 79 a 97) — aportación propia del legislador español, sin equivalente directo en el RGPD.
  • Derechos digitales destacados: neutralidad de internet (80), acceso universal (81), seguridad digital (82), educación digital (83), rectificación en internet (85), testamento digital (96).
  • Derechos digitales en el ámbito laboral: intimidad frente a dispositivos digitales (87), desconexión digital (88), videovigilancia/grabación de sonidos (89), geolocalización (90), negociación colectiva (91).
  • Régimen sancionador RGPD: 10 M€/2% (art. 83.4) y 20 M€/4% (art. 83.5) de la facturación anual global, lo que resulte mayor. Prescripción LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2, leves 1.
  • Régimen sancionador en el título IX LOPDGDD (arts. 70-78), NO en el VIII (que regula los procedimientos). Art. 77: a las Administraciones Públicas se les impone apercibimiento, no multa.
  • AEPD (Agencia Española de Protección de Datos): autoridad de control independiente en España, con potestad sancionadora.
  • No confundir: el RGPD es un Reglamento europeo de aplicación directa; la LOPDGDD es una ley orgánica española que lo desarrolla y complementa. El dato seudonimizado sigue siendo dato personal; el anonimizado, no.
  • Los tratamientos penales y de seguridad pública se rigen por la LO 7/2021 (Directiva 2016/680), no por el RGPD.
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Los datos seudonimizados, a efectos del RGPD:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 7 de Técnico Auxiliar de Informática?

La protección de datos personales es una materia de importancia creciente para cualquier empleado público que gestione información de la ciudadanía, y de manera especial para el personal técnico de informática, responsable en buena medida de que los sistemas de información de la Administración incorporen las garantías exigidas por la normativa. El régimen jurídico vigente combina el Reglamento europeo de protección de datos, de aplicación directa en toda la Unión, con la ley orgánica española que lo desarrolla y que, además, reconoce un catálogo de derechos digitales de nuevo cuño. El tema se completa con el régimen de obligaciones del responsable y del encargado (seguridad, registro de actividades, evaluaciones de impacto, notificación de brechas), con el régimen sancionador, con la especialidad aplicable a las Administraciones Públicas y con el papel de la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?

RGPD = Reglamento (UE) 2016/679, aplicable desde el 25-mayo-2018; deroga la Directiva 95/46/CE; aplicación DIRECTA en toda la UE. Art. 5 RGPD: 6 principios en el apartado 1 (licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo, integridad/confidencialidad) + responsabilidad proactiva en el apartado 2. Art. 6 RGPD: seis bases de licitud — consentimiento, contrato, obligación legal, intereses vitales, interés público/poderes públicos (clave para la Administración), interés legítimo (NO aplicable a autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones). Consentimiento: libre, específico, informado e inequívoco; no vale el silencio ni la casilla premarcada. En España, el menor puede consentir desde los 14 años (art. 7 LOPDGDD). Derechos del interesado (arts. 15-22 RGPD): acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad (art. 20), oposición, y no ser objeto de decisiones automatizadas (art. 22). El art. 19 es la obligación de notificar rectificaciones/supresiones a destinatarios, no un derecho. Plazo de respuesta a los derechos: 1 mes, prorrogable 2 meses más (art. 12.3 RGPD). Brecha de seguridad: notificación a la autoridad de control en 72 horas (art. 33); comunicación a los interesados si hay alto riesgo (art. 34). EIPD (art. 35) obligatoria si el tratamiento entraña alto riesgo; registro de actividades (art. 30) sustituye a la inscripción de ficheros; privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25). Delegado de protección de datos (DPD, art. 37): OBLIGATORIO cuando el tratamiento lo realiza una autoridad u organismo público (salvo tribunales en función judicial). LO 3/2018 (5-dic-2018) = LOPDGDD: desarrolla el RGPD en España; deroga la LO 15/1999. Título X LOPDGDD: catálogo de derechos digitales (arts. 79 a 97) — aportación propia del legislador español, sin equivalente directo en el RGPD. Derechos digitales destacados: neutralidad de internet (80), acceso universal (81), seguridad digital (82), educación digital (83), rectificación en internet (85), testamento digital (96). Derechos digitales en el ámbito laboral: intimidad frente a dispositivos digitales (87), desconexión digital (88), videovigilancia/grabación de sonidos (89), geolocalización (90), negociación colectiva (91). Régimen sancionador RGPD: 10 M€/2% (art. 83.4) y 20 M€/4% (art. 83.5) de la facturación anual global, lo que resulte mayor. Prescripción LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2, leves 1. Régimen sancionador en el título IX LOPDGDD (arts. 70-78), NO en el VIII (que regula los procedimientos). Art. 77: a las Administraciones Públicas se les impone apercibimiento, no multa. AEPD (Agencia Española de Protección de Datos): autoridad de control independiente en España, con potestad sancionadora. No confundir: el RGPD es un Reglamento europeo de aplicación directa; la LOPDGDD es una ley orgánica española que lo desarrolla y complementa. El dato seudonimizado sigue siendo dato personal; el anonimizado, no. Los tratamientos penales y de seguridad pública se rigen por la LO 7/2021 (Directiva 2016/680), no por el RGPD.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real. (Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
  • Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial

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