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Tema 8. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabilidad.

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre) · Índice oficial del BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real..

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (Grupo C, Subgrupo C1), turno de acceso libre. NO debe confundirse con el temario ya existente en este catálogo bajo el id 'informatica' (Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información / Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática, grados A1/A2): son tres cuerpos TIC distintos de la AGE regulados en la misma Resolución de 9 de julio de 2024 (Anexos separados), con temarios propios y no intercambiables — este fichero cubre exclusivamente el cuerpo AUXILIAR (C1). No cubre el turno de promoción interna (temario distinto y más corto, Anexo separado del mismo Cuerpo). La Oferta de Empleo Público 2025 (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2025) aprobó 900 plazas adicionales de ingreso libre para este mismo Cuerpo pendientes de una nueva convocatoria a fecha de redacción de este fichero; previsiblemente reutilizará el mismo programa de 34 temas, pero eso debe confirmarse cuando esa convocatoria se publique.

Este tema desarrolla el núcleo jurídico-técnico de la administración electrónica: las dos leyes de 2015 que reformaron el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público consagrando el medio electrónico como cauce ordinario de relación entre ciudadanía y Administración, el reglamento de desarrollo de 2021 sobre actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, y los dos reales decretos que fijan los estándares técnicos comunes de seguridad e interoperabilidad que deben cumplir los sistemas de información de todas las Administraciones Públicas. Es, por su contenido técnico y su conexión directa con el puesto de trabajo, uno de los temas de mayor peso práctico para el personal técnico de informática.

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La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), junto con la Ley 40/2015, sustituyó a la anterior Ley 30/1992 y a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, integrando en una única norma la regulación del procedimiento administrativo y la de su tramitación por medios electrónicos, que deja de concebirse como un régimen especial para convertirse en la forma ordinaria de relación entre las Administraciones Públicas y quienes se relacionan con ellas. La ley entró en vigor el 2 de octubre de 2016, si bien la entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico y archivo único electrónico se aplazó hasta el 2 de octubre de 2020. Sus preceptos clave en esta materia son: derechos de las personas (art. 13), obligación de relacionarse electrónicamente (art. 14), identificación y firma (arts. 9 a 11), asistencia en el uso de medios electrónicos (art. 12), registros (art. 16), archivo electrónico (art. 17), documentos y copias (arts. 26 a 28) y notificaciones (arts. 40 a 46).

La obligación de relacionarse electrónicamente (art. 14 LPAC)

El artículo 14 de la Ley 39/2015 distingue entre las personas físicas, que en general tienen derecho, pero no obligación, a elegir en todo momento el medio (electrónico o presencial) de relación con la Administración, y determinados sujetos que están obligados a relacionarse exclusivamente por medios electrónicos: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones en ejercicio de dicha actividad), quienes representen a un interesado obligado, y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse por medios electrónicos para determinados colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

El registro electrónico y la sede electrónica

La LPAC (art. 16) exige que cada Administración disponga de un registro electrónico general, o de registros electrónicos particulares de cada organismo suficientemente interconectados, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba, así como la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Los documentos presentados de manera presencial deben ser digitalizados en las oficinas de asistencia en materia de registros para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. El registro electrónico permite la presentación de documentos las 24 horas del día, todos los días del año, y se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica (art. 31 LPAC); la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Este registro se articula a través de la sede electrónica, dirección electrónica cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, que conlleva la responsabilidad de su titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios accesibles a través de ella (art. 38 LRJSP). En la AGE, la interconexión de registros se apoya en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR).

Las notificaciones electrónicas (arts. 40 a 46 LPAC)

La LPAC establece que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado esté obligado a recibirlas por esta vía (art. 41). Las notificaciones por medios electrónicos se practican mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o de ambos sistemas, según disponga cada Administración (art. 43). Se entienden practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, y se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se entiende producido con los efectos de la notificación practicada, y el procedimiento continúa. El sistema debe acreditar las fechas y horas en que se produzca la puesta a disposición y el acceso. Los interesados no obligados pueden decidir y comunicar en cualquier momento que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. La notificación infructuosa se sustituye por su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 44) y la publicación como medio de notificación se regula en el art. 45.

El expediente, el documento y la copia electrónicos

El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa; el expediente electrónico se formará mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlo, y se foliará mediante un índice electrónico firmado por la Administración, que garantiza su integridad (art. 70 LPAC). Se entiende por documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Las copias auténticas (arts. 27 y 28 LPAC) tienen la misma validez y eficacia que el original; las copias en soporte electrónico de documentos en soporte papel requieren la digitalización conforme a las normas técnicas de interoperabilidad, que garantizan la fidelidad e integridad de la imagen. Los documentos que los interesados ya hayan aportado a cualquier Administración o que hayan sido elaborados por ella no deben volver a aportarse (art. 28.2).

La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), complementa a la LPAC regulando las relaciones ad intra de las Administraciones Públicas: su organización y funcionamiento, incluidas las relaciones interadministrativas y el funcionamiento electrónico del sector público, mientras que la LPAC se centra en las relaciones ad extra, esto es, el procedimiento a través del cual se relacionan con la ciudadanía. La LRJSP recoge además el principio de relaciones electrónicas entre Administraciones (art. 3.2) y, en su Título IV, las relaciones interadministrativas, con previsiones sobre transmisiones de datos (art. 155), el ENI y el ENS (art. 156) y la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración (art. 157).

El funcionamiento electrónico del sector público (Capítulo V LRJSP)

El Capítulo V del Título Preliminar de la LRJSP, artículos 38 a 46, regula el funcionamiento electrónico del sector público, estableciendo, entre otros elementos, la sede electrónica (art. 38), el portal de internet (art. 39), los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas para actuar electrónicamente (art. 40), y la actuación administrativa automatizada (art. 41), definida como cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Para esta actuación automatizada, el artículo 42 prevé sistemas de firma como el sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, o el código seguro de verificación vinculado a la Administración. El artículo 43 regula la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones, el 44 el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, el 45 el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica y el 46 el archivo electrónico de documentos. El artículo 46 bis, introducido en 2019, regula la ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos, de modo que los datos se alojen preferentemente en el territorio de la Unión Europea.

El Real Decreto 203/2021: reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Desarrolla las previsiones de las Leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de sedes y registros electrónicos, identificación y firma, notificaciones, documento y expediente electrónicos, copias, archivo y asistencia en el uso de medios electrónicos, y sustituye en lo esencial al anterior Real Decreto 1671/2009 de desarrollo parcial de la Ley 11/2007. Es la norma reglamentaria básica de la administración electrónica del sector público estatal (con aplicación a las Administraciones autonómicas y locales en los aspectos básicos) y entró en vigor el 2 de abril de 2021.

El Esquema Nacional de Seguridad: objeto y categorías

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado actualmente por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que sustituye al anterior Real Decreto 3/2010, establece la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos por parte del sector público, integrada por los principios básicos y los requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. Tiene su fundamento en el artículo 156.2 de la LRJSP. El ENS categoriza los sistemas de información en tres niveles (básica, media y alta) en función del impacto que un incidente de seguridad tendría sobre las cinco dimensiones de la seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad; cada dimensión se valora en bajo, medio o alto, y la categoría del sistema viene determinada por el nivel máximo alcanzado en alguna de ellas. Las medidas de seguridad del anexo II se agrupan en tres marcos: organizativo, operacional y de protección. La conformidad con el ENS se acredita mediante la declaración de conformidad (categoría básica) o la certificación (categorías media y alta), y los sistemas de categoría media y alta deben someterse a una auditoría al menos cada dos años. El Centro Criptológico Nacional (CCN) elabora las guías CCN-STIC que desarrollan el ENS (serie 800) y gestiona el CCN-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes.

Los principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad

El Real Decreto 311/2022 articula el ENS en torno a una serie de principios básicos, entre ellos la seguridad como un proceso integral que involucra a todos los elementos humanos, técnicos, materiales y organizativos; la gestión de la seguridad basada en los riesgos; la prevención, detección, respuesta y conservación; la existencia de líneas de defensa que permitan reducir la probabilidad de un ataque; la vigilancia continua y la reevaluación periódica del sistema; y la diferenciación de responsabilidades entre la responsabilidad sobre la información, sobre el servicio y la responsabilidad de la seguridad de los sistemas. En la organización, las figuras clave son el responsable de la información, el responsable del servicio, el responsable de la seguridad y el responsable del sistema, apoyados por el comité de seguridad de la información. Cada organismo debe aprobar una política de seguridad y una declaración de aplicabilidad de las medidas.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, tiene por objeto crear las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas, de forma que se posibilite el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia administrativa. Tiene su fundamento en el artículo 156.1 de la LRJSP (antes, art. 42 de la Ley 11/2007). Regula la interoperabilidad como cualidad integral, el carácter multidimensional y el enfoque de soluciones multilaterales, así como las infraestructuras y servicios comunes, la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas (Red SARA), la reutilización, la firma electrónica y los certificados, y la recuperación y conservación del documento electrónico.

Las Normas Técnicas de Interoperabilidad

La disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010 prevé el desarrollo de un conjunto de Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI), de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas, que concretan aspectos específicos del ENI necesarios para asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la interoperabilidad entre Administraciones y con la ciudadanía. Se aprueban mediante resolución de la Secretaría de Estado competente y se publican en el BOE. Entre ellas figuran las de catálogo de estándares; documento electrónico; digitalización de documentos; expediente electrónico; procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos; política de firma electrónica y de certificados de la Administración; protocolos de intermediación de datos; relación de modelos de datos; política de gestión de documentos electrónicos; requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas; modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales; y reutilización de recursos de la información.

ENS y ENI: relación y diferencias

Son dos esquemas complementarios con idéntico fundamento legal en el artículo 156 de la LRJSP: el ENS persigue la seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad) y el ENI la capacidad de intercambiar información entre sistemas (técnica, semántica y organizativa). Ambos son de aplicación obligatoria al sector público; el ENS se extiende además a los sistemas del sector privado que presten servicios o provean soluciones a las entidades públicas. Los dos se desarrollan mediante instrumentos de menor rango: instrucciones técnicas de seguridad y guías CCN-STIC para el ENS, y normas técnicas de interoperabilidad y guías de aplicación para el ENI.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 39/2015 (LPAC) regula las relaciones ad EXTRA (procedimiento con la ciudadanía); Ley 40/2015 (LRJSP) regula la organización interna y las relaciones ad INTRA de las Administraciones — ambas de 1 de octubre de 2015.
  • La LPAC derogó la Ley 30/1992 y la Ley 11/2007 (acceso electrónico). Entró en vigor el 2-oct-2016; las previsiones electrónicas (registro, PAGe, archivo) se aplazaron hasta el 2-oct-2020.
  • Art. 14 LPAC: obligados a relacionarse electrónicamente — personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesiones colegiadas (colegiación obligatoria), representantes de obligados, y empleados públicos por razón de su condición. Las personas físicas pueden elegir.
  • Registro electrónico general (o particulares interconectados): asiento de entrada y salida de todo documento (art. 16 LPAC); abierto 24 h todos los días del año (art. 31).
  • Notificación electrónica: se entiende practicada al acceder al contenido; se entiende RECHAZADA a los 10 días NATURALES sin acceso, salvo imposibilidad técnica acreditada (art. 43 LPAC).
  • Capítulo V LRJSP (arts. 38-46): funcionamiento electrónico — sede (38), portal (39), identificación de AAPP (40), actuación automatizada (41), firma en la actuación automatizada (42), firma del personal (43), archivo electrónico (46).
  • Actuación administrativa automatizada: sin intervención directa de un empleado público en cada caso singular; se firma con sello electrónico o código seguro de verificación.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo: reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (sustituye al RD 1671/2009).
  • ENS vigente: Real Decreto 311/2022 (3-may-2022), sustituye al RD 3/2010. Base legal: art. 156.2 LRJSP.
  • Categorías ENS (del sistema): básica, media, alta. Niveles de cada dimensión: bajo, medio, alto. Dimensiones: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad.
  • Medidas ENS: marco organizativo, marco operacional, medidas de protección. Auditoría ordinaria al menos cada 2 años para categorías media y alta.
  • Principios básicos del ENS: seguridad integral, gestión basada en riesgos, prevención-detección-respuesta-conservación, líneas de defensa, vigilancia continua y reevaluación periódica, diferenciación de responsabilidades.
  • ENI vigente: Real Decreto 4/2010 (8-ene-2010) — interoperabilidad técnica, semántica y organizativa. Base legal: art. 156.1 LRJSP.
  • Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI): desarrollan el ENI, de obligado cumplimiento; cubren documento/expediente electrónico, digitalización, copiado auténtico, política de firma, catálogo de estándares, entre otras.
  • No confundir ENS (seguridad de la información) con ENI (interoperabilidad entre sistemas) — son dos esquemas distintos y complementarios, cada uno con su propio real decreto.
  • Los documentos ya aportados a cualquier Administración no deben volver a aportarse (art. 28 LPAC).
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En la LRJSP, el funcionamiento electrónico del sector público se regula en los artículos:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 8 de Técnico Auxiliar de Informática?

Este tema desarrolla el núcleo jurídico-técnico de la administración electrónica: las dos leyes de 2015 que reformaron el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público consagrando el medio electrónico como cauce ordinario de relación entre ciudadanía y Administración, el reglamento de desarrollo de 2021 sobre actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, y los dos reales decretos que fijan los estándares técnicos comunes de seguridad e interoperabilidad que deben cumplir los sistemas de información de todas las Administraciones Públicas. Es, por su contenido técnico y su conexión directa con el puesto de trabajo, uno de los temas de mayor peso práctico para el personal técnico de informática.

¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?

Ley 39/2015 (LPAC) regula las relaciones ad EXTRA (procedimiento con la ciudadanía); Ley 40/2015 (LRJSP) regula la organización interna y las relaciones ad INTRA de las Administraciones — ambas de 1 de octubre de 2015. La LPAC derogó la Ley 30/1992 y la Ley 11/2007 (acceso electrónico). Entró en vigor el 2-oct-2016; las previsiones electrónicas (registro, PAGe, archivo) se aplazaron hasta el 2-oct-2020. Art. 14 LPAC: obligados a relacionarse electrónicamente — personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesiones colegiadas (colegiación obligatoria), representantes de obligados, y empleados públicos por razón de su condición. Las personas físicas pueden elegir. Registro electrónico general (o particulares interconectados): asiento de entrada y salida de todo documento (art. 16 LPAC); abierto 24 h todos los días del año (art. 31). Notificación electrónica: se entiende practicada al acceder al contenido; se entiende RECHAZADA a los 10 días NATURALES sin acceso, salvo imposibilidad técnica acreditada (art. 43 LPAC). Capítulo V LRJSP (arts. 38-46): funcionamiento electrónico — sede (38), portal (39), identificación de AAPP (40), actuación automatizada (41), firma en la actuación automatizada (42), firma del personal (43), archivo electrónico (46). Actuación administrativa automatizada: sin intervención directa de un empleado público en cada caso singular; se firma con sello electrónico o código seguro de verificación. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo: reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (sustituye al RD 1671/2009). ENS vigente: Real Decreto 311/2022 (3-may-2022), sustituye al RD 3/2010. Base legal: art. 156.2 LRJSP. Categorías ENS (del sistema): básica, media, alta. Niveles de cada dimensión: bajo, medio, alto. Dimensiones: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Medidas ENS: marco organizativo, marco operacional, medidas de protección. Auditoría ordinaria al menos cada 2 años para categorías media y alta. Principios básicos del ENS: seguridad integral, gestión basada en riesgos, prevención-detección-respuesta-conservación, líneas de defensa, vigilancia continua y reevaluación periódica, diferenciación de responsabilidades. ENI vigente: Real Decreto 4/2010 (8-ene-2010) — interoperabilidad técnica, semántica y organizativa. Base legal: art. 156.1 LRJSP. Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI): desarrollan el ENI, de obligado cumplimiento; cubren documento/expediente electrónico, digitalización, copiado auténtico, política de firma, catálogo de estándares, entre otras. No confundir ENS (seguridad de la información) con ENI (interoperabilidad entre sistemas) — son dos esquemas distintos y complementarios, cada uno con su propio real decreto. Los documentos ya aportados a cualquier Administración no deben volver a aportarse (art. 28 LPAC).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real. (Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
  • Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
  • Resoluciones de la Secretaría de Estado por las que se aprueban las Normas Técnicas de Interoperabilidad

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