Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).
La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y el tema con el que arranca prácticamente cualquier temario de acceso a la función pública, incluido el de Auxiliar Administrativo (C2) de la Comunidad de Madrid. El epígrafe oficial abarca cuatro bloques: las características generales de la norma, los principios constitucionales y los valores superiores, el catálogo de derechos y deberes fundamentales, y el sistema de garantías y de suspensión de esos derechos. Es un tema denso en matices de numeración de artículos, terreno favorito de las preguntas tipo test que juegan con la diferencia entre un título y otro, entre un capítulo y el siguiente o entre una sección y otra del Capítulo II del Título I.
La CE fue aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso y el Senado el 31 de octubre de 1978, sometida a referéndum de ratificación el 6 de diciembre de 1978 (con un «sí» superior al 87 % de los votos válidos), sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró en vigor. Es un matiz que el examen repite con frecuencia: el referéndum no es la fecha de entrada en vigor, lo es la publicación en el BOE. El 6 de diciembre es el Día de la Constitución.
Características generales de la norma
La CE es una norma jurídica suprema (todas las demás normas del ordenamiento deben ser conformes a ella, so pena de inconstitucionalidad), escrita, extensa (169 artículos más disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final), rígida (su reforma exige procedimientos agravados respecto de una ley ordinaria) y fruto del consenso entre las principales fuerzas políticas de la Transición, lo que explica su carácter frecuentemente abierto o de «normas de compromiso» en materias sensibles (modelo territorial, relaciones Iglesia-Estado, modelo económico). Además es una norma directamente aplicable y vinculante para ciudadanos y poderes públicos (art. 9.1), y no un mero programa político.
Estructura del texto constitucional
Consta de un Preámbulo (sin valor normativo directo, pero orientador de la interpretación), un Título Preliminar (arts. 1 a 9), diez Títulos numerados del I al X (I: De los derechos y deberes fundamentales; II: De la Corona; III: De las Cortes Generales; IV: Del Gobierno y de la Administración; V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales; VI: Del Poder Judicial; VII: Economía y Hacienda; VIII: De la Organización Territorial del Estado; IX: Del Tribunal Constitucional; X: De la reforma constitucional) y cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. El Título I es el más extenso en cuanto a contenido de derechos, pero el Título III (Cortes Generales) y el VIII (organización territorial) son también muy amplios.
El Título Preliminar: España como Estado social y democrático de Derecho
El art. 1.1 define España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El art. 1.2 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el art. 1.3 que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Los tres adjetivos del art. 1.1 se suelen estudiar por separado: Estado de Derecho (sometimiento de todos al imperio de la ley), social (obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos a la igualdad real, art. 9.2) y democrático (soberanía popular y participación).
Unidad, autonomía y organización territorial en el Título Preliminar
El art. 2 se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El art. 3 declara el castellano lengua española oficial del Estado, con el deber de todos los españoles de conocerla y el derecho a usarla, mientras que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, lo que genera un derecho de uso pero no un deber de conocimiento equivalente al del castellano: es una asimetría que suele preguntarse. El art. 3.3 declara que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Otros elementos simbólicos e institucionales del Título Preliminar
El art. 4 regula la bandera de España (roja, gualda, roja, esta última de doble anchura que cada una de las franjas rojas) y permite que los Estatutos reconozcan banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, que se utilizarán junto a la de España en sus edificios públicos y actos oficiales; el art. 5 fija Madrid como capital del Estado; el art. 6 atribuye a los partidos políticos la función de expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política, con una creación y actividad libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley y una estructura interna y funcionamiento democráticos; el art. 7 reconoce el papel de sindicatos y asociaciones empresariales en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios; el art. 8 define la misión de las Fuerzas Armadas (garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional); y el art. 9 cierra el Título con el principio de sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico de ciudadanos y poderes públicos.
El artículo 9: sujeción, igualdad real y principios del apartado 3
El art. 9 se compone de tres apartados. El 9.1 declara que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El 9.2 impone a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social: es la base de la igualdad material y del carácter «social» del Estado. El 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es una enumeración muy citada en preguntas de tipo «¿cuál de los siguientes NO es un principio del art. 9.3?».
Los valores superiores del ordenamiento jurídico
El art. 1.1 recoge cuatro valores superiores (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) que se diferencian de los principios del art. 9.3 en que operan como fundamento axiológico de todo el ordenamiento (informan la interpretación de cualquier norma) y no como reglas técnicas de producción normativa. No debe confundirse esta lista con la del art. 10.1 (la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás), que son fundamento del orden político y de la paz social, no «valores superiores» en sentido técnico. La jurisprudencia constitucional ha subrayado que los valores superiores tienen eficacia interpretativa y que pueden servir de parámetro de constitucionalidad.
El Título I: estructura general
El Título I, «De los derechos y deberes fundamentales» (arts. 10 a 55), se divide en cinco capítulos: Capítulo I, de los españoles y los extranjeros (arts. 11 a 13); Capítulo II, derechos y libertades (arts. 14 a 38), con dos secciones; Capítulo III, de los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52); Capítulo IV, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54); y Capítulo V, de la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). El art. 10 abre el Título sin pertenecer a ningún capítulo. Atención al error frecuente: el art. 54 (Defensor del Pueblo) está en el Capítulo IV, no en el V, y el Capítulo V consta de un solo artículo.
Capítulo I: españoles y extranjeros (arts. 11 a 13)
El art. 11 remite la nacionalidad española a lo dispuesto por la ley (ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad). El art. 12 fija la mayoría de edad a los dieciocho años. El art. 13 reconoce a los extranjeros en España las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley; solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo lo que se disponga para el sufragio activo en elecciones municipales por tratado o ley atendiendo a criterios de reciprocidad (y, desde la reforma de 1992, también el sufragio pasivo, art. 13.2). El art. 13.3 se refiere a la extradición, que solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y excluye de la extradición los delitos políticos, sin que se consideren como tales los actos de terrorismo. El art. 13.4 se refiere al asilo.
El Capítulo II: dos secciones con distinto nivel de protección
El Capítulo II (arts. 14 a 38) comienza con el art. 14, que queda fuera de ambas secciones, y se divide en dos. La Sección 1ª (arts. 15 a 29), «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas», agrupa el núcleo duro: derecho a la vida y a la integridad física y moral, con abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra (art. 15), libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16), libertad y seguridad (art. 17), honor, intimidad personal y familiar, propia imagen, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (art. 18), libre circulación y residencia (art. 19), libertad de expresión e información y producción literaria, artística, científica y técnica (art. 20), reunión (art. 21), asociación (art. 22), participación política y acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos (art. 23), tutela judicial efectiva (art. 24), legalidad penal (art. 25), prohibición de los tribunales de honor (art. 26), educación (art. 27), sindicación y huelga (art. 28) y petición (art. 29). La Sección 2ª (arts. 30 a 38), «De los derechos y deberes de los ciudadanos», recoge el derecho y deber de defender a España y la objeción de conciencia (art. 30), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31), el matrimonio (art. 32), la propiedad privada y la herencia (art. 33), el derecho de fundación (art. 34), el derecho y deber al trabajo (art. 35), los colegios profesionales (art. 36), la negociación colectiva y las medidas de conflicto colectivo (art. 37) y la libertad de empresa (art. 38). El derecho de huelga es del art. 28.2 (Sección 1ª), no de la Sección 2ª.
El artículo 14 y el principio de igualdad
El art. 14 (los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social) está situado al inicio del Capítulo II, antes de las dos secciones. Aunque no pertenece formalmente a la Sección 1ª, la propia Constitución le da el mismo nivel de garantía reforzada: está expresamente incluido en el art. 53.2 (procedimiento preferente y sumario y recurso de amparo) y en la reserva de ley orgánica según la doctrina constitucional. El Tribunal Constitucional distingue entre la igualdad ante la ley (trato igual a situaciones iguales), la prohibición de discriminación por los motivos expresos y la igualdad en la aplicación de la ley. Las diferencias de trato son admisibles si responden a una justificación objetiva y razonable y son proporcionadas; no vulneran el art. 14 las medidas de acción positiva que amparan la igualdad real del art. 9.2.
El Capítulo III: principios rectores, no derechos subjetivos directamente exigibles
Los arts. 39 a 52 recogen mandatos dirigidos a los poderes públicos: protección social, económica y jurídica de la familia y de la infancia (art. 39), progreso social y económico y pleno empleo (art. 40), régimen público de Seguridad Social (art. 41), salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero (art. 42), protección de la salud (art. 43), acceso a la cultura (art. 44), medio ambiente (art. 45), patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46), derecho a una vivienda digna (art. 47), participación de la juventud (art. 48), atención a las personas con discapacidad (art. 49, redactado conforme a la reforma constitucional de febrero de 2024), suficiencia económica de la tercera edad (art. 50), defensa de consumidores y usuarios (art. 51) y organizaciones profesionales (art. 52). Su singularidad, regulada en el propio art. 53.3, es que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: no generan, por sí solos, un derecho subjetivo directamente exigible ante los tribunales, a diferencia de los derechos del Capítulo II. Sin embargo, el mismo art. 53.3 afirma que su reconocimiento, respeto y protección informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
El sistema de garantías del artículo 53
El art. 53.1 vincula a todos los poderes públicos a los derechos y libertades del Capítulo II y exige que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, pueda regularse su ejercicio, ley que podrá ser objeto del recurso de inconstitucionalidad conforme al art. 161.1.a. El art. 53.2 reserva un canal reforzado (procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los tribunales ordinarios y, en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional) a los derechos reconocidos en el art. 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15 a 29), y extiende el amparo a la objeción de conciencia del art. 30, único derecho de la Sección 2ª con acceso al amparo. El art. 53.3 regula, como se ha visto, los principios rectores del Capítulo III. Un resumen útil: art. 14 y Sección 1ª tienen todas las garantías (vinculación, reserva de ley y ley orgánica, contenido esencial, tutela preferente y sumaria, amparo); la Sección 2ª tiene reserva de ley ordinaria y contenido esencial, pero no amparo (salvo art. 30.2); el Capítulo III solo tiene la eficacia del art. 53.3.
La reserva de Ley Orgánica
El art. 81.1 CE dispone que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Según la interpretación consolidada del Tribunal Constitucional, los «derechos fundamentales y libertades públicas» son los del art. 14 (por conexión) y la Sección 1ª del Capítulo II, y la reserva se aplica a su desarrollo directo, no a cualquier regulación que los afecte tangencialmente. Esto añade una capa de protección: no basta una ley ordinaria, sino que se exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2).
La suspensión general de derechos: estados de excepción y de sitio
El art. 55.1 permite suspender, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos del art. 116 (nunca con el de alarma, que solo permite limitar), los derechos reconocidos en el art. 17 (libertad y seguridad), el art. 18, apartados 2 y 3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), el art. 19 (libre circulación y residencia), el art. 20, apartados 1.a) y 1.d) y 5 (expresión, información veraz y secuestro de publicaciones), el art. 21 (reunión), el art. 28.2 (huelga) y el art. 37.2 (medidas de conflicto colectivo). Se exceptúa de lo anterior el art. 17.3 (derechos del detenido: información, asistencia de abogado) para el supuesto de estado de excepción. El art. 116 CE remite a una Ley Orgánica (LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio) la regulación de los tres estados. El de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse; el de excepción, el Gobierno con autorización previa del Congreso, por un máximo de treinta días prorrogable por otros treinta; el de sitio, por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. No cabe disolver el Congreso mientras estén declarados, y las Cámaras quedan automáticamente convocadas; el funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado no puede interrumpirse (art. 116.5 y 116.6).
Jurisprudencia sobre el estado de alarma
El estado de alarma declarado por la pandemia de COVID-19 fue objeto de recursos de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, en la STC 148/2021, de 14 de julio, declaró inconstitucionales varias de las limitaciones del primer estado de alarma, en particular la restricción de la libre circulación de las personas, por considerar que equivalía a una suspensión del derecho del art. 19 que solo habría cabido bajo el estado de excepción. Esta doctrina refuerza la idea de que el estado de alarma permite limitar, pero no suspender, los derechos fundamentales. Posteriores pronunciamientos del Tribunal (como la STC 183/2021) se refirieron a la prórroga del estado de alarma y a las competencias del Congreso.
La suspensión individual de derechos: investigaciones antiterroristas
El art. 55.2 prevé, fuera de los estados excepcionales, que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los arts. 17.2 (plazo máximo de detención preventiva) y 18.2 y 3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones) pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de esas facultades producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Contraste: en el art. 55.1 la suspensión es general y vinculada a un estado excepcional; en el 55.2 es individual, ligada a investigaciones concretas.
La reforma constitucional: procedimiento ordinario (art. 167)
Los proyectos de reforma constitucional que no afecten al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II (De la Corona) siguen el procedimiento del art. 167: deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante este procedimiento, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
La reforma constitucional agravada (art. 168)
Cuando se propone la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29) o al Título II (De la Corona), el procedimiento se agrava sustancialmente: exige aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes; las Cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que habrá de ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras; y, en todo caso, el texto aprobado se somete a referéndum para su ratificación, que aquí no es potestativo sino obligatorio. El procedimiento del art. 168 no se ha utilizado nunca. Las reformas efectuadas hasta ahora han seguido el art. 167: la de 1992 (art. 13.2, para permitir el sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales, a raíz del Tratado de Maastricht), la de 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y la de febrero de 2024 (art. 49, para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reforzar su protección).
El Defensor del Pueblo (art. 54 CE)
El art. 54 CE crea la figura del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Se rige por su Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. Es elegido por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos del Congreso y, posteriormente, del Senado, para un mandato de cinco años. Su intervención no sustituye ni condiciona el ejercicio de los recursos administrativos o judiciales que en cada caso procedan, siendo compatible con ellos, y no interrumpe los plazos para interponerlos. Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y de amparo. El Defensor del Pueblo ejerce también funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El recurso de amparo constitucional
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional protege frente a violaciones de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15 a 29), más la objeción de conciencia del art. 30.2, cuando esa violación provenga de disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Tiene carácter subsidiario: exige haber agotado antes la vía judicial ordinaria correspondiente. Los plazos fijados por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) son de tres meses cuando la violación procede de actos parlamentarios sin valor de ley, veinte días frente a actos del Gobierno o la Administración tras la resolución del recurso jurisdiccional previo (art. 43) y treinta días frente a resoluciones judiciales (art. 44). Tras la reforma de 2007 el recurrente debe justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Están legitimados la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad
El recurso de inconstitucionalidad es un control abstracto de constitucionalidad de leyes y normas con rango de ley, que solo pueden interponer los sujetos legitimados en el art. 162.1.a CE (el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y, cuando afecte a su ámbito de autonomía, los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas), en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma (que la LOTC amplía a nueve meses si se inicia una negociación en comisión bilateral). La cuestión de inconstitucionalidad, en cambio, la plantea de oficio un juez o tribunal ordinario cuando, al aplicar una ley al caso concreto que está resolviendo, alberga dudas fundadas sobre su constitucionalidad (art. 163 CE), sin plazo de interposición y como control concreto ligado a un litigio real; se plantea una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, y no suspende el proceso judicial sino que se suspende el dictado de la sentencia hasta resolver el Tribunal Constitucional.
El artículo 10.2 CE: interpretación de los derechos conforme a los tratados internacionales
El art. 10.2 CE establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se trata de un criterio interpretativo, no de una cláusula que otorgue a esos tratados rango superior a la propia Constitución. Complementariamente, el art. 96.1 CE dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
Los deberes constitucionales explícitos
Frente al catálogo, mucho más extenso, de derechos, la Constitución tipifica de forma expresa un número reducido de deberes: el derecho y deber de defender a España (art. 30.1), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio (art. 31.1), el derecho y deber de trabajar (art. 35.1) y el deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio (art. 39.3). Existen también deberes específicos como el de conservar el medio ambiente (art. 45.1) o el de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales (art. 118). El art. 30.2 admite la objeción de conciencia al servicio militar, y el art. 30.4 permite imponer deberes por ley en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
El contenido esencial de los derechos como límite al legislador
Cuando el art. 53.1 CE exige que la ley que regule el ejercicio de los derechos y libertades del Capítulo II respete «su contenido esencial», está fijando un límite material a la libertad de configuración del legislador: por muy legítima que sea la finalidad perseguida, ninguna ley de desarrollo puede vaciar de contenido el derecho hasta hacerlo irreconocible o impracticable. El Tribunal Constitucional aplica este estándar, junto con el juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), al enjuiciar las leyes que limitan derechos fundamentales. Además, ningún derecho fundamental es ilimitado: puede ser restringido para proteger otros derechos o bienes constitucionales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La CE se aprobó por las Cortes el 31-oct-1978, se ratificó en referéndum el 6-dic-1978, fue sancionada el 27-dic y entró en vigor el 29-dic-1978 (publicación en el BOE), no el día del referéndum.
Los valores superiores (art. 1.1: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) no son lo mismo que los principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad): unos son valores fundacionales, otros reglas técnicas.
El art. 10.1 (dignidad de la persona, derechos inviolables, libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley y a los derechos de los demás) es el fundamento del orden político y la paz social; no confundirlo con los valores superiores del art. 1.1.
Solo los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª (arts. 15-29) tienen recurso de amparo, procedimiento preferente y sumario y reserva de Ley Orgánica; la Sección 2ª (30-38) tiene protección ordinaria, salvo la objeción de conciencia (art. 30.2), única excepción con amparo.
El art. 14 está en el Capítulo II pero fuera de ambas secciones; aun así goza de las garantías de la Sección 1ª.
Estructura del Título I: Cap. I (11-13), Cap. II (14-38), Cap. III (39-52), Cap. IV (53-54), Cap. V (55). El art. 54 está en el Cap. IV; el Cap. V es solo el art. 55; no existe art. 55 bis.
El Capítulo III (principios rectores, arts. 39-52) NO genera derechos subjetivos directamente exigibles: solo son alegables según lo que digan las leyes de desarrollo (art. 53.3), aunque informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
El estado de alarma NUNCA suspende derechos, solo los limita; únicamente la excepción y el sitio permiten la suspensión general tasada del art. 55.1. Durante la excepción no se suspende el art. 17.3.
Alarma: Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso. Excepción: Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 días + 30. Sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.
La reforma ordinaria (art. 167) exige 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión paritaria y, en su defecto, mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso. Referéndum solo si lo pide una décima parte de los miembros de una Cámara en 15 días.
La reforma agravada (art. 168) exige 2/3 de cada Cámara, disolución de las Cortes, nueva aprobación por 2/3 y referéndum obligatorio. NUNCA se ha utilizado; las reformas de 1992, 2011 y 2024 fueron por el art. 167.
El deber de conocer el castellano (art. 3.1) no tiene equivalente respecto de las demás lenguas cooficiales, que solo generan un derecho de uso, nunca un deber de conocimiento.
El Defensor del Pueblo es comisionado de las CORTES GENERALES (no del Gobierno), regulado por la LO 3/1981; su actuación es compatible con los recursos administrativos y judiciales y no los sustituye.
El recurso de amparo es SUBSIDIARIO (exige agotar la vía judicial previa) y solo protege el art. 14, la Sección 1ª (15-29) y la objeción de conciencia (30.2), no todo el Título I.
Recurso de inconstitucionalidad: control ABSTRACTO, legitimados tasados, plazo de 3 meses. Cuestión de inconstitucionalidad: control CONCRETO, la plantea un juez en un litigio, sin plazo.
El art. 10.2 CE es un CRITERIO INTERPRETATIVO de los derechos fundamentales conforme a tratados internacionales, no una norma que dé a esos tratados rango superior a la Constitución.
Los deberes constitucionales expresos más citados son defensa (30.1), contribuir a gastos públicos (31.1), trabajo (35.1) y asistencia de los padres a los hijos (39.3).
El derecho de huelga es del art. 28.2 (Sección 1ª); la negociación colectiva y las medidas de conflicto colectivo son del art. 37 (Sección 2ª). No mezclarlos.
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Respecto a las reformas de la Constitución Española realizadas hasta la fecha, es cierto que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Auxiliar Admin. C. Madrid?
La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y el tema con el que arranca prácticamente cualquier temario de acceso a la función pública, incluido el de Auxiliar Administrativo (C2) de la Comunidad de Madrid. El epígrafe oficial abarca cuatro bloques: las características generales de la norma, los principios constitucionales y los valores superiores, el catálogo de derechos y deberes fundamentales, y el sistema de garantías y de suspensión de esos derechos. Es un tema denso en matices de numeración de artículos, terreno favorito de las preguntas tipo test que juegan con la diferencia entre un título y otro, entre un capítulo y el siguiente o entre una sección y otra del Capítulo II del Título I.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La CE se aprobó por las Cortes el 31-oct-1978, se ratificó en referéndum el 6-dic-1978, fue sancionada el 27-dic y entró en vigor el 29-dic-1978 (publicación en el BOE), no el día del referéndum. Los valores superiores (art. 1.1: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) no son lo mismo que los principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad): unos son valores fundacionales, otros reglas técnicas. El art. 10.1 (dignidad de la persona, derechos inviolables, libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley y a los derechos de los demás) es el fundamento del orden político y la paz social; no confundirlo con los valores superiores del art. 1.1. Solo los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª (arts. 15-29) tienen recurso de amparo, procedimiento preferente y sumario y reserva de Ley Orgánica; la Sección 2ª (30-38) tiene protección ordinaria, salvo la objeción de conciencia (art. 30.2), única excepción con amparo. El art. 14 está en el Capítulo II pero fuera de ambas secciones; aun así goza de las garantías de la Sección 1ª. Estructura del Título I: Cap. I (11-13), Cap. II (14-38), Cap. III (39-52), Cap. IV (53-54), Cap. V (55). El art. 54 está en el Cap. IV; el Cap. V es solo el art. 55; no existe art. 55 bis. El Capítulo III (principios rectores, arts. 39-52) NO genera derechos subjetivos directamente exigibles: solo son alegables según lo que digan las leyes de desarrollo (art. 53.3), aunque informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. El estado de alarma NUNCA suspende derechos, solo los limita; únicamente la excepción y el sitio permiten la suspensión general tasada del art. 55.1. Durante la excepción no se suspende el art. 17.3. Alarma: Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso. Excepción: Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 días + 30. Sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. La reforma ordinaria (art. 167) exige 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión paritaria y, en su defecto, mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso. Referéndum solo si lo pide una décima parte de los miembros de una Cámara en 15 días. La reforma agravada (art. 168) exige 2/3 de cada Cámara, disolución de las Cortes, nueva aprobación por 2/3 y referéndum obligatorio. NUNCA se ha utilizado; las reformas de 1992, 2011 y 2024 fueron por el art. 167. El deber de conocer el castellano (art. 3.1) no tiene equivalente respecto de las demás lenguas cooficiales, que solo generan un derecho de uso, nunca un deber de conocimiento. El Defensor del Pueblo es comisionado de las CORTES GENERALES (no del Gobierno), regulado por la LO 3/1981; su actuación es compatible con los recursos administrativos y judiciales y no los sustituye. El recurso de amparo es SUBSIDIARIO (exige agotar la vía judicial previa) y solo protege el art. 14, la Sección 1ª (15-29) y la objeción de conciencia (30.2), no todo el Título I. Recurso de inconstitucionalidad: control ABSTRACTO, legitimados tasados, plazo de 3 meses. Cuestión de inconstitucionalidad: control CONCRETO, la plantea un juez en un litigio, sin plazo. El art. 10.2 CE es un CRITERIO INTERPRETATIVO de los derechos fundamentales conforme a tratados internacionales, no una norma que dé a esos tratados rango superior a la Constitución. Los deberes constitucionales expresos más citados son defensa (30.1), contribuir a gastos públicos (31.1), trabajo (35.1) y asistencia de los padres a los hijos (39.3). El derecho de huelga es del art. 28.2 (Sección 1ª); la negociación colectiva y las medidas de conflicto colectivo son del art. 37 (Sección 2ª). No mezclarlos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978)
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de febrero de 2024
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