Tema 14. Información administrativa y atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid en los canales presencial, electrónico y telefónico. La Administración electrónica. La identificación y autenticación de las personas físicas y jurídicas para las diferentes actuaciones en la gestión electrónica. Especial referencia a la Administración electrónica en la Comunidad de Madrid.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).
La atención al ciudadano y la Administración electrónica forman, en la práctica diaria de un Auxiliar Administrativo, uno de los bloques con mayor aplicación directa: es el conjunto de reglas y herramientas con las que se resuelven consultas, se registran solicitudes y se identifica a quien se relaciona con la Comunidad de Madrid, ya sea en una oficina, por teléfono o a través de internet. Las normas básicas son la Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común) y la Ley 40/2015 (régimen jurídico del sector público), desarrolladas por el Real Decreto 203/2021 (Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos); en la Comunidad de Madrid destaca el Decreto 188/2021, que establece la obligación de relacionarse electrónicamente para el personal y los participantes en procesos selectivos.
La información administrativa es la actividad por la cual la Administración pone a disposición del ciudadano los datos y orientaciones necesarios para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Se distingue la información general (relativa a la organización, competencias, procedimientos y requisitos aplicables con carácter genérico) de la información particular (concerniente al estado o contenido de un procedimiento en trámite en el que el interesado tiene, además, la condición de parte).
Información general e información particular al ciudadano
La información general debe ser clara, comprensible y accesible para todos los ciudadanos, con independencia de por qué canal se solicite; la información particular exige acreditar la condición de interesado en el procedimiento concreto, dado que puede afectar a datos personales protegidos o a información reservada frente a terceros que no ostenten dicha condición.
Las oficinas de atención al ciudadano y el sistema 012
La Comunidad de Madrid dispone de una red de oficinas de atención al ciudadano distribuidas por el territorio, que prestan información general y particular, registro de documentos y otros servicios presenciales. El teléfono 012 (Sistema de Información y Atención al Ciudadano) constituye el canal telefónico centralizado para resolver dudas, orientar sobre trámites y, en determinados procedimientos, realizar gestiones directamente.
La Administración electrónica: concepto y principios
La Administración electrónica es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos, y reforzar el apoyo a las políticas públicas. La Ley 11/2007, que la regulaba de forma específica, fue derogada: hoy sus reglas están integradas en la Ley 39/2015, en la Ley 40/2015 y en el Real Decreto 203/2021. Entre sus principios destacan la neutralidad tecnológica y la adaptabilidad al progreso de las tecnologías, la simplificación administrativa, la accesibilidad, la facilidad de uso, la interoperabilidad, la proporcionalidad, la personalización y la proactividad en la prestación de servicios.
El derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración
Las personas físicas tienen derecho, pero no obligación con carácter general, a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (art. 14.1 Ley 39/2015), y pueden elegir en cualquier momento el medio, que puede modificarse. Están obligados a relacionarse exclusivamente por medios electrónicos (art. 14.2): las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad; quienes representen a un interesado que esté obligado; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público. Además, reglamentariamente las Administraciones pueden establecer la obligación de relacionarse por medios electrónicos para determinados colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art. 14.3): ese es el fundamento del Decreto 188/2021.
El Real Decreto 203/2021: objeto del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
Desarrolla, con carácter básico, las previsiones de las Leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de actuación y funcionamiento electrónico del sector público, regulando aspectos como la sede electrónica, el registro electrónico, la identificación y firma electrónica, la actuación administrativa automatizada, el archivo electrónico único y la interoperabilidad entre Administraciones.
La sede electrónica, el registro electrónico y el punto de acceso general
La sede electrónica es la dirección electrónica, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuyo establecimiento conlleva la responsabilidad de la Administración respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios ofrecidos. El registro electrónico general permite la presentación de documentos todos los días del año, durante las 24 horas. El punto de acceso general electrónico de la Administración actúa como portal de entrada, facilitando el acceso a la sede electrónica, a la sede asociada y a la información sobre los servicios disponibles.
Los sistemas de identificación de los interesados
Los interesados pueden identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas (art. 9 Ley 39/2015) a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza, certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, siempre que quede acreditada la identidad del interesado. La Administración debe aceptar, como mínimo, los sistemas de identificación admitidos en el ámbito de la Administración General del Estado.
Los sistemas de firma electrónica admitidos y el certificado electrónico
Se admiten sistemas de firma electrónica cualificada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, sistemas de sello electrónico cualificado (para actuaciones automatizadas de la propia Administración) y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido. El DNI electrónico es el certificado electrónico de referencia expedido por el Ministerio del Interior, que combina la función identificativa tradicional del documento con capacidad de firma electrónica cualificada.
Cl@ve como sistema de identificación
Cl@ve es la plataforma común del sector público para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante claves concertadas, que permite a los ciudadanos relacionarse electrónicamente con la Administración sin necesidad de disponer de un certificado electrónico propiamente dicho, a través de un sistema de usuario y contraseña reforzado con claves de un solo uso.
El sello electrónico de órgano y la actuación administrativa automatizada
El sello electrónico de órgano permite identificar a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, especialmente en la actuación administrativa automatizada, en la que un órgano administrativo produce actos o resoluciones sin intervención directa de una persona física en cada caso individual, dentro de los supuestos y con las garantías previstas en la normativa aplicable.
El archivo electrónico único
Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable, garantizando la conservación, autenticidad, integridad, disponibilidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados en soporte electrónico.
El Decreto 188/2021, obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Comunidad de Madrid
Regula la obligación de relacionarse exclusivamente por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid para el personal a su servicio y para los participantes en procesos selectivos convocados por ella, siguiendo la habilitación que las leyes básicas estatales otorgan a las Administraciones Públicas para ampliar los colectivos obligados por razón de su capacidad técnica, económica y de acceso a medios electrónicos.
El ámbito subjetivo del Decreto 188/2021 y sus efectos en los procesos selectivos
Quedan obligados el personal funcionario y laboral al servicio de la Comunidad de Madrid, y también quienes participen en procesos selectivos para el acceso al empleo público de la Comunidad de Madrid, con independencia de que en el momento de participar no tengan aún la condición de empleados públicos. En la práctica, esto implica que solicitudes, comunicaciones y notificaciones de un proceso selectivo (como el de acceso al Cuerpo de Auxiliares) deben tramitarse a través de los canales electrónicos habilitados por la Comunidad, sin que quepa alegar la falta de medios propios para justificar el incumplimiento.
El derecho de los ciudadanos a no aportar documentos ya en poder de la Administración
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que el interesado se oponga expresamente a su consulta; en tal caso, la Administración puede recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos, salvo que exista alguna limitación legal que lo impida, sin necesidad de que el interesado los presente físicamente cada vez que inicia un procedimiento nuevo.
Las plataformas de intermediación de datos
Son sistemas de interoperabilidad que permiten a las Administraciones consultar y verificar datos que obran en poder de otras Administraciones (por ejemplo, comprobar la identidad, la residencia, el nivel de renta o la situación de estar al corriente de obligaciones tributarias) sin necesidad de que el ciudadano aporte el certificado en papel correspondiente, siempre que el interesado no se haya opuesto a esa consulta y la finalidad de la comprobación esté justificada dentro del procedimiento concreto.
El asistente virtual y los canales digitales de atención
Junto a los canales clásicos (presencial, telefónico, sede electrónica), la Comunidad de Madrid ha incorporado progresivamente canales de atención digital adicionales, como asistentes virtuales o chatbots, aplicaciones móviles y redes sociales institucionales, orientados a resolver consultas frecuentes y a orientar al ciudadano hacia el trámite correspondiente, sin sustituir a los canales oficiales de presentación de solicitudes cuando estas requieren identificación fehaciente.
La cita previa en la atención presencial
La Comunidad de Madrid ha generalizado el sistema de cita previa para la atención presencial en sus oficinas de registro y atención al ciudadano, solicitable a través de la sede electrónica o del teléfono 012, con el objetivo de reducir tiempos de espera y organizar mejor la afluencia de público, sin que ello suponga, salvo excepción expresa, la exclusión de la atención sin cita para gestiones que no la requieran.
La accesibilidad de la sede electrónica
Las sedes electrónicas y los servicios electrónicos de las Administraciones Públicas deben cumplir los requisitos de accesibilidad exigidos por la normativa aplicable (Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público), garantizando que las personas con discapacidad o con limitaciones derivadas de la edad puedan acceder a la información y a los trámites en condiciones de igualdad, con una declaración de accesibilidad publicada y un mecanismo de comunicación para reportar incumplimientos.
El asistente en materia de registro
Las oficinas de asistencia en materia de registro no solo reciben y registran documentos: también prestan asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados que lo soliciten, especialmente respecto de la identificación electrónica, la presentación de solicitudes a través del registro electrónico y la obtención de copias auténticas, cumpliendo así una función de acompañamiento hacia la Administración electrónica para quienes no disponen de los medios o las habilidades digitales necesarias.
El derecho a la asistencia en el uso de medios electrónicos
Las Administraciones Públicas deben garantizar que los interesados puedan relacionarse con ellas a través de medios electrónicos, para lo que ponen a su disposición los canales de acceso necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen; a tal fin, las oficinas de asistencia en materia de registro deben facilitar el acceso de los interesados a la sede electrónica correspondiente cuando estos así lo soliciten, y, en particular, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, deben asistirles en la realización de trámites electrónicos.
La comparecencia electrónica
La comparecencia en la sede electrónica es el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de una actuación administrativa concreta. Cuando la notificación se practica por medios electrónicos, se entiende practicada en el momento en que se produce el acceso a su contenido, y se entiende rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido (art. 43 Ley 39/2015). El sistema deja constancia de la fecha y hora del acceso o del rechazo, momento a partir del cual se despliegan los efectos jurídicos de la notificación. Los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente reciben las notificaciones exclusivamente por esta vía (art. 41).
Atención al ciudadano: canales y principios de actuación
La atención al ciudadano se presta por tres grandes canales: presencial (oficinas de atención al ciudadano y de registro, con o sin cita previa), telefónico (012) y electrónico (sede electrónica, correo, aplicaciones y asistentes virtuales). Todos ellos deben respetar los principios de legalidad, eficacia, transparencia, accesibilidad, trato respetuoso, claridad en el lenguaje y protección de los datos personales. En los canales presencial y telefónico se espera del empleado público: saludo y presentación, escucha activa, lenguaje claro sin tecnicismos, respuesta precisa o, en su defecto, derivación al órgano competente, y despedida cortés. La información telefónica solo debe facilitar datos particulares de un procedimiento tras verificar la identidad y la condición de interesado de quien llama.
Derechos de los ciudadanos ante la Administración (arts. 13 y 53 de la Ley 39/2015)
Quienes se relacionan con las Administraciones tienen derecho, entre otros, a comunicarse con ellas a través de un punto de acceso general electrónico, a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, a utilizar las lenguas oficiales en su territorio, al acceso a la información pública, archivos y registros, a ser tratados con respeto y deferencia, a exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio, a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, y a no presentar documentos originales salvo los casos previstos. Los interesados en un procedimiento tienen además derecho a conocer en cualquier momento su estado de tramitación, a identificar a las autoridades y al personal que lo tramitan, y a formular alegaciones y aportar documentos.
Quejas, sugerencias y cartas de servicios
Las quejas y sugerencias son el mecanismo de participación de la ciudadanía para señalar deficiencias en el funcionamiento de los servicios o proponer mejoras; su presentación no tiene la consideración de recurso administrativo ni paraliza los plazos del procedimiento. Las cartas de servicios son documentos públicos mediante los cuales las Administraciones informan sobre los servicios que prestan, los compromisos de calidad que asumen y los derechos de los usuarios. La Comunidad de Madrid dispone de una regulación propia de la atención al ciudadano, de las cartas de servicios y del sistema de quejas y sugerencias, cuya concreción conviene consultar en la normativa autonómica vigente.
Identificación, autenticación y firma: tres conceptos distintos
La identificación consiste en indicar quién es la persona (por ejemplo, con su DNI o su usuario). La autenticación es la comprobación de que esa identidad es verdadera (mediante contraseña, certificado, clave de un solo uso o biometría). La firma electrónica expresa la voluntad del firmante respecto de un contenido concreto. Con carácter general, las Administraciones solo exigen a los interesados la firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11 Ley 39/2015); para el resto de trámites basta con la identificación. Si se admiten varios sistemas de identificación, puede utilizarse cualquiera de ellos con carácter general.
Tipos de firma electrónica y servicios de confianza
El Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) distingue la firma electrónica simple, la avanzada y la cualificada, esta última creada mediante un dispositivo cualificado y basada en un certificado cualificado, con efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita. La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, regula determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza (firma, sello, sellado de tiempo, entrega electrónica certificada, autenticación de sitios web). El Reglamento (UE) 2024/1183, que modifica eIDAS, introduce la cartera europea de identidad digital. Los certificados cualificados de firma identifican a personas físicas y los de sello a personas jurídicas o a órganos administrativos.
Representación y habilitación para actuar por medios electrónicos
Los interesados pueden actuar por medio de representante, incluso en los trámites electrónicos; para ello la representación puede acreditarse mediante apoderamiento inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos (art. 6 Ley 39/2015), mediante documento público notarial, o por comparecencia personal o electrónica. Cuando alguno de los interesados no disponga de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado, siempre que el interesado se identifique ante él y preste su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio (habilitación de funcionarios, art. 12 Ley 39/2015).
Actuación administrativa automatizada y código seguro de verificación
La Ley 40/2015 define la actuación administrativa automatizada como cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público (art. 41). En estos casos debe establecerse previamente el órgano responsable a efectos de impugnación. Para la actuación automatizada puede utilizarse el sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, y el código seguro de verificación (CSV), vinculado a la Administración y, en su caso, al firmante, que permite contrastar la integridad del documento mediante acceso a la sede electrónica (art. 42). El personal funcionario firma con los sistemas de firma electrónica que la Administración le proporciona (art. 43).
Seguridad e interoperabilidad: ENS, ENI y protección de datos
La Administración electrónica se apoya en dos esquemas básicos: el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo), que fija los principios y requisitos de seguridad de los sistemas de información del sector público, y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero), que establece los criterios para el intercambio de información entre Administraciones. El tratamiento de los datos personales se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y exige proporcionalidad, finalidad determinada y confidencialidad en todos los canales de atención.
La sede electrónica y el portal de internet: diferencias
El portal de internet es el punto de acceso electrónico de la Administración a través del cual se difunde información institucional y de servicios, mientras que la sede electrónica es la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública y a través de la cual se realizan los trámites con efectos jurídicos. La sede electrónica garantiza la responsabilidad de la titular sobre la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios, debe disponer de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras y su identificación mediante certificado de dispositivo seguro o equivalente, y debe publicar la fecha y hora oficiales y el calendario de días inhábiles.
El registro electrónico y los días inhábiles
El registro electrónico permite presentar documentos las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A efectos del cómputo de plazos, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil (art. 31 Ley 39/2015). Los asientos del registro deben ser comunicados de forma electrónica y el interesado recibe un recibo con la fecha y hora de presentación, el número de entrada y la relación de documentos aportados. La sede electrónica de la Administración que gestiona el registro determina la fecha y hora oficial a efectos del cómputo.
Documentos y copias en el entorno electrónico
Las copias auténticas de documentos públicos o privados tienen la misma validez y eficacia que el documento original (art. 27 Ley 39/2015). La digitalización de los documentos presentados en papel realizada por las oficinas de asistencia en materia de registro tiene carácter de copia auténtica, con los requisitos de identificación del órgano emisor, autenticidad e integridad. Los documentos electrónicos se conservan en un archivo electrónico único y, cuando proceda, con metadatos mínimos obligatorios. Los interesados pueden solicitar la obtención de copia auténtica de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones.
Canales de atención de la Comunidad de Madrid: resumen operativo
Para la persona usuaria, la Comunidad de Madrid ofrece tres vías complementarias: la sede electrónica (trámites con validez jurídica, 24 horas), las oficinas presenciales (atención personalizada y registro, normalmente con cita previa) y el teléfono 012 (información y orientación). Los asistentes virtuales y las redes sociales son vías de información que no sustituyen a la presentación formal de solicitudes. En todos los canales es conveniente que la información proporcionada sea coherente, actualizada y referida al procedimiento correcto; ante la duda, el empleado público debe remitir al interesado a la fuente oficial.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La información general no exige acreditar interés; la información particular sí, porque puede afectar a datos protegidos del propio procedimiento.
Las personas físicas NO están obligadas con carácter general a relacionarse electrónicamente; las personas jurídicas y quienes ejercen profesión colegiada obligatoriamente SÍ lo están.
El registro electrónico general permite presentar documentos 24 horas, todos los días del año — no tiene el horario limitado de una oficina presencial.
Cl@ve permite identificarse sin certificado electrónico propio, mediante claves concertadas; el DNI electrónico SÍ requiere certificado cualificado propio.
El Decreto 188/2021 obliga a relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid tanto al personal a su servicio como a quienes participan en sus procesos selectivos, aunque todavía no sean empleados públicos.
El sello electrónico de órgano identifica a la Administración (no a una persona física) y es la base técnica de la actuación administrativa automatizada.
El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración se instrumenta mediante las plataformas de intermediación de datos — el interesado puede oponerse expresamente a esa consulta.
El RD 1112/2018 exige que sedes electrónicas y apps del sector público cumplan requisitos de accesibilidad, con declaración de accesibilidad publicada y canal para reportar incumplimientos.
La cita previa organiza la atención presencial, pero no excluye por sí sola la atención sin cita para gestiones que no la requieran.
Las oficinas de asistencia en materia de registro no solo registran documentos: también asisten a los interesados en el uso de medios electrónicos cuando estos lo soliciten.
La comparecencia electrónica sustituye a la notificación tradicional: el sistema registra la fecha y hora de acceso al contenido, o su rechazo tácito transcurrido el plazo legal.
Los asistentes virtuales y demás canales digitales complementan, pero no sustituyen, a los canales oficiales de presentación de solicitudes que exigen identificación fehaciente.
Art. 14.2 Ley 39/2015: están obligados a relacionarse electrónicamente personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria (en el ejercicio de su actividad), representantes de obligados y empleados públicos (por razón de su condición).
El art. 14.3 Ley 39/2015 permite ampliar reglamentariamente los colectivos obligados de personas físicas: es la base del Decreto 188/2021 de la Comunidad de Madrid.
La Ley 11/2007 (Administración electrónica) está derogada; el régimen vigente se encuentra en las Leyes 39/2015 y 40/2015 y en el RD 203/2021.
La notificación electrónica se entiende rechazada transcurridos diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a su contenido (art. 43 Ley 39/2015).
Por regla general la firma solo se exige para solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias; para el resto basta la identificación (art. 11 Ley 39/2015).
Identificación (quién eres), autenticación (comprobar que lo eres) y firma (expresar voluntad) son conceptos distintos.
El Registro Electrónico de Apoderamientos (art. 6) y la habilitación de funcionarios (art. 12.3) permiten actuar por quien carece de medios electrónicos.
La actuación administrativa automatizada (art. 41 Ley 40/2015) se identifica con sello electrónico o CSV; debe fijarse previamente el órgano responsable a efectos de impugnación.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El Real Decreto 203/2021 es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 14 de Auxiliar Admin. C. Madrid?
La atención al ciudadano y la Administración electrónica forman, en la práctica diaria de un Auxiliar Administrativo, uno de los bloques con mayor aplicación directa: es el conjunto de reglas y herramientas con las que se resuelven consultas, se registran solicitudes y se identifica a quien se relaciona con la Comunidad de Madrid, ya sea en una oficina, por teléfono o a través de internet. Las normas básicas son la Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común) y la Ley 40/2015 (régimen jurídico del sector público), desarrolladas por el Real Decreto 203/2021 (Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos); en la Comunidad de Madrid destaca el Decreto 188/2021, que establece la obligación de relacionarse electrónicamente para el personal y los participantes en procesos selectivos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?
La información general no exige acreditar interés; la información particular sí, porque puede afectar a datos protegidos del propio procedimiento. Las personas físicas NO están obligadas con carácter general a relacionarse electrónicamente; las personas jurídicas y quienes ejercen profesión colegiada obligatoriamente SÍ lo están. El registro electrónico general permite presentar documentos 24 horas, todos los días del año — no tiene el horario limitado de una oficina presencial. Cl@ve permite identificarse sin certificado electrónico propio, mediante claves concertadas; el DNI electrónico SÍ requiere certificado cualificado propio. El Decreto 188/2021 obliga a relacionarse electrónicamente con la Comunidad de Madrid tanto al personal a su servicio como a quienes participan en sus procesos selectivos, aunque todavía no sean empleados públicos. El sello electrónico de órgano identifica a la Administración (no a una persona física) y es la base técnica de la actuación administrativa automatizada. El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración se instrumenta mediante las plataformas de intermediación de datos — el interesado puede oponerse expresamente a esa consulta. El RD 1112/2018 exige que sedes electrónicas y apps del sector público cumplan requisitos de accesibilidad, con declaración de accesibilidad publicada y canal para reportar incumplimientos. La cita previa organiza la atención presencial, pero no excluye por sí sola la atención sin cita para gestiones que no la requieran. Las oficinas de asistencia en materia de registro no solo registran documentos: también asisten a los interesados en el uso de medios electrónicos cuando estos lo soliciten. La comparecencia electrónica sustituye a la notificación tradicional: el sistema registra la fecha y hora de acceso al contenido, o su rechazo tácito transcurrido el plazo legal. Los asistentes virtuales y demás canales digitales complementan, pero no sustituyen, a los canales oficiales de presentación de solicitudes que exigen identificación fehaciente. Art. 14.2 Ley 39/2015: están obligados a relacionarse electrónicamente personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria (en el ejercicio de su actividad), representantes de obligados y empleados públicos (por razón de su condición). El art. 14.3 Ley 39/2015 permite ampliar reglamentariamente los colectivos obligados de personas físicas: es la base del Decreto 188/2021 de la Comunidad de Madrid. La Ley 11/2007 (Administración electrónica) está derogada; el régimen vigente se encuentra en las Leyes 39/2015 y 40/2015 y en el RD 203/2021. La notificación electrónica se entiende rechazada transcurridos diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a su contenido (art. 43 Ley 39/2015). Por regla general la firma solo se exige para solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias; para el resto basta la identificación (art. 11 Ley 39/2015). Identificación (quién eres), autenticación (comprobar que lo eres) y firma (expresar voluntad) son conceptos distintos. El Registro Electrónico de Apoderamientos (art. 6) y la habilitación de funcionarios (art. 12.3) permiten actuar por quien carece de medios electrónicos. La actuación administrativa automatizada (art. 41 Ley 40/2015) se identifica con sello electrónico o CSV; debe fijarse previamente el órgano responsable a efectos de impugnación. ENS: RD 311/2022 (seguridad). ENI: RD 4/2010 (interoperabilidad). Accesibilidad web: RD 1112/2018. Un registro electrónico recibe documentos en día inhábil, pero se entienden presentados el primer día hábil siguiente (art. 31 Ley 39/2015).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
Decreto 188/2021 de la Comunidad de Madrid (obligación de relacionarse por medios electrónicos para el personal y los participantes en procesos selectivos)
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
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