Tema 5. El acto administrativo: Características generales. Requisitos. Eficacia. Actos nulos y anulables. La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).
El acto administrativo es la unidad básica de actuación de la Administración frente a los ciudadanos: cada resolución, notificación o requerimiento concreto que dicta un órgano administrativo es, técnicamente, un acto administrativo, sujeto a un régimen jurídico propio (requisitos de validez, reglas de eficacia, causas de invalidez) que regula con detalle la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). El tema enlaza con los recursos administrativos (el cauce ordinario del ciudadano para reaccionar frente a un acto que le perjudica) y con la responsabilidad patrimonial, civil, penal y disciplinaria de las autoridades y del personal que actúa en nombre de la Administración, regulada sobre todo en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
Se entiende por acto administrativo toda declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento emitida por un órgano de la Administración Pública, en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, que produce efectos jurídicos, individuales o singulares, frente a terceros. Se diferencia del reglamento en que este es una norma general y abstracta, mientras que el acto es siempre singular y agota sus efectos con su aplicación al caso concreto (aunque afecte a una pluralidad de personas, como un acto plúrimo). Tampoco debe confundirse con el acto de la Administración sometido al derecho privado ni con el acto político del Gobierno, que tiene un control judicial más limitado.
Características generales del acto administrativo
El acto administrativo se caracteriza por: la presunción de validez (se presume conforme a Derecho mientras no se anule); la ejecutividad (produce efectos desde que se dicta y la Administración puede ejecutarlo sin acudir a un juez: autotutela declarativa y ejecutiva, arts. 38, 39 y 98 LPAC); la posibilidad de ser impugnado en vía administrativa y judicial; la obligación de motivar determinados actos; y el sometimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa. A diferencia de la actuación de un particular, la Administración no necesita demandar para hacer efectivo un derecho propio, aunque su autotutela tiene límites: el interesado puede recurrir y pedir la suspensión del acto.
Clasificación de los actos administrativos
Los actos pueden clasificarse, entre otros criterios, en expresos o presuntos (por silencio administrativo); definitivos (ponen fin al procedimiento, resolviendo el fondo del asunto) o de trámite (impulsan el procedimiento sin resolverlo, en principio no recurribles salvo que decidan directa o indirectamente el fondo, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos: art. 112 LPAC); favorables o de gravamen, según amplíen o restrinjan la esfera jurídica del interesado; y reglados o discrecionales, según el margen de apreciación que la norma deje al órgano. También se distinguen los actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 114 LPAC) de los que no.
Elementos y requisitos del acto administrativo
Todo acto administrativo requiere: un sujeto competente (órgano que actúa dentro de sus atribuciones y dictado respetando el procedimiento: art. 34 LPAC); un objeto lícito, posible y determinado; una causa (motivo que justifica el acto conforme al fin que la norma persigue); un fin público (interdicción de la desviación de poder); y una forma, que como regla general debe ser escrita, a menos que su naturaleza exija o permita otra más adecuada de expresión y constancia (art. 36 LPAC). Deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos o reclamaciones previas a la vía judicial, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o se aparten del dictamen de órganos consultivos, y los acuerdos de adopción de medidas provisionales (art. 35 LPAC).
La eficacia del acto administrativo: regla general
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1 LPAC). Esta es la llamada presunción de validez: el acto despliega sus efectos sin necesidad de una previa declaración judicial que confirme su legalidad, correspondiendo al interesado, en su caso, impugnarlo si lo considera contrario a Derecho. La presunción es iuris tantum: admite prueba en contrario y desaparece cuando el acto es anulado.
Condicionantes de la eficacia: notificación, publicación y retroactividad
La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2 LPAC). Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 39.3). Si el acto se dicta en un procedimiento del que derive un derecho a favor del interesado, la eficacia retroactiva exige que no lesione derechos de terceros. Los actos que tengan por destinatario una pluralidad indeterminada de personas se notifican mediante su publicación.
La ejecutividad y la ejecución forzosa
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto, se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa (incluido el potestativo de reposición), una disposición establezca lo contrario o se necesite aprobación o autorización superior (art. 98.1 LPAC). Si el obligado no cumple voluntariamente, la Administración puede ejecutar forzosamente el acto por sus propios medios (autotutela ejecutiva), mediante los medios previstos en el art. 100 LPAC: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas, siempre con respeto al principio de proporcionalidad y eligiendo el medio menos restrictivo de la libertad individual. La compulsión directa sobre las personas solo procede cuando la ley expresamente lo autorice.
La invalidez de los actos administrativos: distinción general
Un acto es inválido cuando incumple alguno de los requisitos que el ordenamiento exige para su validez. La LPAC distingue dos grados de invalidez de intensidad muy distinta: la nulidad de pleno derecho (art. 47), reservada a los vicios más graves, y la anulabilidad (art. 48), categoría general y residual para el resto de infracciones del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Existe además la mera irregularidad no invalidante, que no afecta a la validez del acto (por ejemplo, la realización de actuaciones fuera de plazo cuando el plazo no es esencial).
Actos nulos de pleno derecho (art. 47 LPAC)
Son nulos de pleno derecho, entre otros, los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; los que tengan un contenido imposible; los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2).
Actos anulables (art. 48 LPAC)
Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, que no encaje en ninguno de los supuestos tasados de nulidad de pleno derecho. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (art. 48.2). La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 48.3). La incompetencia no manifiesta, por tanto, genera anulabilidad, y no nulidad.
Efectos prácticos de la distinción nulidad/anulabilidad
La nulidad de pleno derecho puede declararse en cualquier momento, no es susceptible de convalidación ni de subsanación, y la acción para instarla no prescribe (revisión de oficio, art. 106 LPAC, sin límite temporal, salvo el genérico de la equidad y la buena fe del art. 110). La anulabilidad, en cambio, es subsanable (el vicio puede corregirse) y convalidable (la Administración puede convalidar el acto anulable subsanando los vicios de que adolezca), y su impugnación está sujeta a los plazos ordinarios de los recursos administrativos y de la vía contencioso-administrativa; si no se impugna en plazo, el acto deviene firme y consentido. La nulidad opera ex tunc (desde el origen); la anulabilidad produce efectos hasta que se anula.
Límites a la extensión de la invalidez, conversión y conservación (arts. 49 a 51 LPAC)
El art. 49 LPAC establece que la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero, y que la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. El art. 50 regula la conversión de actos viciados: los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este. El art. 51 impone el principio de conservación: el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
La convalidación de actos anulables (art. 52 LPAC)
La Administración puede convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación produce efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consistía en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarla el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto convalidado; si el vicio consistía en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. La convalidación solo es posible respecto de actos anulables, nunca respecto de los nulos de pleno derecho.
La revisión de oficio de actos nulos (art. 106 LPAC)
Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1; también pueden declarar la nulidad de disposiciones administrativas en los supuestos del art. 47.2. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados que no se basen en alguna causa de nulidad, carezcan manifiestamente de fundamento o reiteren otras desestimadas, sin necesidad de dictamen. Si el procedimiento se inicia de oficio, el transcurso de seis meses desde su inicio sin resolución produce su caducidad; si se inicia a solicitud de interesado, puede entenderse desestimada por silencio. Es un cauce excepcional, reservado a la nulidad, que no cabe utilizar para corregir simples anulabilidades. Iniciado el procedimiento, el órgano puede suspender la ejecución del acto cuando ello pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 108).
La declaración de lesividad de actos anulables (art. 107 LPAC)
Cuando la Administración pretende dejar sin efecto un acto favorable anulable (no nulo), no puede revisarlo de oficio directamente: debe primero declararlo lesivo para el interés público mediante un procedimiento de declaración de lesividad, que no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige la previa audiencia de los interesados; si transcurren seis meses desde su iniciación sin que se haya declarado la lesividad, se produce la caducidad del procedimiento. Declarado lesivo el acto, la Administración debe impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa (recurso de lesividad) en el plazo de dos meses desde la declaración. Es la vía obligada frente a un acto favorable anulable que la propia Administración quiere revertir.
La revocación, la rectificación de errores y los límites de la revisión
Junto a la revisión de oficio y la declaración de lesividad, la LPAC permite a la Administración revocar sus actos de gravamen o desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1); y rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 109.2), sin que ello constituya propiamente una revisión de la validez del acto. Todas estas facultades de revisión no pueden ejercerse cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes (art. 110).
Los recursos administrativos: concepto y presupuestos
Los recursos administrativos son el cauce ordinario a través del cual un interesado impugna un acto administrativo que le perjudica, ante la propia Administración, solicitando su revisión antes de acudir, en su caso, a la vía contencioso-administrativa. Pueden fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 LPAC. Contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados (los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos) podrán interponerse recursos de alzada y potestativo de reposición; la oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112). La interposición de cualquier recurso, excepto cuando una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado (art. 117.1), pero el órgano competente puede acordar la suspensión de oficio o a solicitud del recurrente, previa ponderación, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando el recurso se fundamente en una causa de nulidad de pleno derecho; si transcurre un mes desde que la solicitud de suspensión tuvo entrada sin resolución expresa, se entiende suspendido (art. 117.3).
Clases de recursos administrativos
La LPAC regula tres clases de recursos: el recurso de alzada (arts. 121-122), que se interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, en el plazo de un mes si el acto es expreso (tres meses si no lo es, a contar desde que se produzcan los efectos del silencio), cuando el acto no pone fin a la vía administrativa; el recurso potestativo de reposición (arts. 123-124), que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que pone fin a la vía administrativa, en el plazo de un mes si el acto es expreso (tres si no lo es), y que es incompatible con la interposición simultánea del recurso contencioso-administrativo; y el recurso extraordinario de revisión (arts. 125-126), que se interpone contra actos firmes en vía administrativa ante el órgano que los dictó, solo por las causas tasadas por la ley. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses en el recurso de alzada y de un mes en el de reposición; transcurrido sin resolución, el recurso se entiende desestimado (silencio negativo).
El recurso extraordinario de revisión (art. 125 LPAC)
Contra los actos firmes en vía administrativa puede interponerse recurso extraordinario de revisión ante el órgano que los dictó, que también es el competente para resolverlo, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme; o que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia judicial firme. Se interpone en el plazo de cuatro años desde la notificación para la causa de error de hecho, y de tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme en los demás casos.
El fin de la vía administrativa y la vía contencioso-administrativa
Ponen fin a la vía administrativa, entre otras, las resoluciones de los recursos de alzada, las de órganos que no tengan superior jerárquico (salvo que una ley establezca lo contrario) y las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca (art. 114 LPAC). Contra ellas cabe, potestativamente, recurso de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo, cuyo plazo es de dos meses desde el día siguiente a la notificación del acto expreso o, si es presunto, de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
Los particulares exigen directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio (art. 36.1 LRJSP). La Administración, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca, ponderando el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso (acción de regreso o repetición, art. 36.2). La Administración instruye igual procedimiento por los daños causados en sus bienes y derechos cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves (art. 36.3). La resolución declaratoria de responsabilidad pone fin a la vía administrativa (art. 36.4). Esto no se aplica a la responsabilidad penal.
Responsabilidad penal y disciplinaria del personal
La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exige de acuerdo con la legislación correspondiente; la exigencia de responsabilidad penal no suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial (art. 37 LRJSP). La responsabilidad disciplinaria se rige por el Título VII del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): las faltas pueden ser muy graves, graves y leves; las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. No puede imponerse sanción sin procedimiento previo, y rigen los principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad y presunción de inocencia.
La notificación: requisitos de contenido y plazo
Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. Toda notificación se cursará dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan (en su caso en vía administrativa y judicial), el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente (art. 40 LPAC). Se practica por cualquier medio que permita tener constancia de su envío o puesta a disposición, así como de la recepción o acceso por el interesado, de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.
Notificaciones defectuosas y notificación infructuosa
Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitan alguno de los demás requisitos (indicación de recursos, plazo, órgano) surten efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. La notificación defectuosa no equivale, por tanto, a notificación nula: simplemente no hace correr los plazos de impugnación hasta que se subsane el defecto por una de esas dos vías. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación, se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite. Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la notificación o, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (Tablón Edictal Único).
La notificación electrónica y el rechazo de la notificación
Para las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, quienes representen a un obligado y los empleados públicos para los trámites que realicen por razón de su condición), las notificaciones se practican por comparecencia en la sede electrónica o a través de la dirección electrónica habilitada única, entendiéndose rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que el interesado acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Ese rechazo produce el mismo efecto que la notificación efectivamente practicada, dando por cumplido el trámite y abriendo el cómputo de los plazos correspondientes. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se toma como fecha de notificación la de la que se hubiera producido en primer lugar.
El cómputo de plazos
Salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalan por días, se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos (art. 30 LPAC). Los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Los plazos expresados en meses se computan de fecha a fecha: concluyen el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes de vencimiento y, si en ese mes no hubiera día equivalente, el plazo concluye el último día del mes. Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: requisitos
Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, exista relación de causalidad entre el funcionamiento y la lesión, esta sea efectiva, evaluable económicamente e individualizada con relación a una persona o grupo de personas, y no derive de fuerza mayor ni de un deber jurídico de soportarla que tenga el propio perjudicado (art. 32 LRJSP). Se trata de un régimen objetivo, que no exige acreditar culpa o negligencia de la Administración, a diferencia de la responsabilidad civil ordinaria. No son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción (art. 34.1).
Procedimiento de la responsabilidad patrimonial
El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo; en caso de daños de carácter físico o psíquico, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (art. 67 LPAC). El procedimiento puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado; el plazo máximo para resolver es de seis meses y, transcurrido sin resolución expresa, la reclamación se entiende desestimada (art. 91 LPAC). Cuando la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 50.000 euros, o a la que establezca la legislación autonómica, es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (art. 81.2 LPAC). La responsabilidad también se extiende, con requisitos propios, a los daños derivados de leyes declaradas inconstitucionales (siempre que el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria y alegado la inconstitucionalidad) y de la aplicación de actos legislativos no expropiatorios (art. 32 LRJSP).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La eficacia del acto es la regla general desde que se dicta (presunción de validez); la nulidad de pleno derecho (art. 47 LPAC) es imprescriptible y no convalidable, la anulabilidad (art. 48) sí es subsanable y convalidable.
Frente a un acto nulo: revisión de oficio (art. 106), sin límite de plazo, con dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente; si se inicia de oficio, caduca a los 6 meses. Frente a un acto favorable anulable que la Administración quiere revertir: declaración de lesividad (art. 107, plazo máximo 4 años) + impugnación contencioso-administrativa (2 meses), nunca revisión de oficio directa.
Recurso de alzada: contra actos que NO ponen fin a la vía administrativa, ante el superior jerárquico, plazo 1 mes (3 si presunto); se resuelve en 3 meses. Recurso de reposición: potestativo, contra actos que SÍ ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano, plazo 1 mes (3 si presunto); se resuelve en 1 mes; incompatible con recurrir ya en vía contenciosa.
El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra actos firmes en vía administrativa por 4 causas tasadas del art. 125 LPAC (error de hecho; documentos esenciales; documentos o testimonios falsos declarados por sentencia; prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible por sentencia firme). Plazo: 4 años (error de hecho) o 3 meses (los demás).
La interposición de un recurso NO suspende la ejecución del acto (art. 117.1 LPAC) salvo que la suspensión se acuerde; si no se resuelve la solicitud de suspensión en 1 mes, se entiende suspendido.
La Administración responde patrimonialmente frente al ciudadano, pero puede repetir de oficio contra la autoridad o empleado público que actuó con dolo, culpa o negligencia graves (art. 36 LRJSP).
La notificación defectuosa (falta indicación de recurso, plazo u órgano) NO es nula: solo empieza a producir efectos cuando el interesado actúa conociendo el acto o recurre.
La notificación se cursa en 10 días desde que se dicta el acto. En notificación electrónica, transcurridos 10 días naturales sin acceder al contenido, se entiende RECHAZADA y se tiene por practicado el trámite.
Arts. 49 (límites a la extensión de la invalidez), 50 (conversión), 51 (conservación) y 52 (convalidación) LPAC: no confundir los números. La convalidación solo cabe en actos ANULABLES y produce efectos desde su fecha.
La responsabilidad patrimonial de la Administración es un régimen OBJETIVO: no exige culpa ni negligencia, basta el funcionamiento normal o anormal del servicio y el nexo causal. Prescribe al año.
La lesión indemnizable debe ser efectiva, evaluable económicamente e individualizada respecto de una persona o grupo de personas: un daño genérico no basta.
Toda notificación debe indicar si el acto agota o no la vía administrativa, los recursos procedentes, el plazo y el órgano ante el que interponerlos.
Resoluciones sancionadoras: no son ejecutivas mientras quepa recurso en vía administrativa (art. 98.1.b LPAC).
Plazo contencioso-administrativo: 2 meses si el acto es expreso; 6 meses si es presunto (art. 46 LJCA).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La acción para reclamar la responsabilidad patrimonial prescribe, con carácter general, al año:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Auxiliar Admin. C. Madrid?
El acto administrativo es la unidad básica de actuación de la Administración frente a los ciudadanos: cada resolución, notificación o requerimiento concreto que dicta un órgano administrativo es, técnicamente, un acto administrativo, sujeto a un régimen jurídico propio (requisitos de validez, reglas de eficacia, causas de invalidez) que regula con detalle la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). El tema enlaza con los recursos administrativos (el cauce ordinario del ciudadano para reaccionar frente a un acto que le perjudica) y con la responsabilidad patrimonial, civil, penal y disciplinaria de las autoridades y del personal que actúa en nombre de la Administración, regulada sobre todo en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
La eficacia del acto es la regla general desde que se dicta (presunción de validez); la nulidad de pleno derecho (art. 47 LPAC) es imprescriptible y no convalidable, la anulabilidad (art. 48) sí es subsanable y convalidable. Frente a un acto nulo: revisión de oficio (art. 106), sin límite de plazo, con dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente; si se inicia de oficio, caduca a los 6 meses. Frente a un acto favorable anulable que la Administración quiere revertir: declaración de lesividad (art. 107, plazo máximo 4 años) + impugnación contencioso-administrativa (2 meses), nunca revisión de oficio directa. Recurso de alzada: contra actos que NO ponen fin a la vía administrativa, ante el superior jerárquico, plazo 1 mes (3 si presunto); se resuelve en 3 meses. Recurso de reposición: potestativo, contra actos que SÍ ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano, plazo 1 mes (3 si presunto); se resuelve en 1 mes; incompatible con recurrir ya en vía contenciosa. El recurso extraordinario de revisión solo cabe contra actos firmes en vía administrativa por 4 causas tasadas del art. 125 LPAC (error de hecho; documentos esenciales; documentos o testimonios falsos declarados por sentencia; prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible por sentencia firme). Plazo: 4 años (error de hecho) o 3 meses (los demás). La interposición de un recurso NO suspende la ejecución del acto (art. 117.1 LPAC) salvo que la suspensión se acuerde; si no se resuelve la solicitud de suspensión en 1 mes, se entiende suspendido. La Administración responde patrimonialmente frente al ciudadano, pero puede repetir de oficio contra la autoridad o empleado público que actuó con dolo, culpa o negligencia graves (art. 36 LRJSP). La notificación defectuosa (falta indicación de recurso, plazo u órgano) NO es nula: solo empieza a producir efectos cuando el interesado actúa conociendo el acto o recurre. La notificación se cursa en 10 días desde que se dicta el acto. En notificación electrónica, transcurridos 10 días naturales sin acceder al contenido, se entiende RECHAZADA y se tiene por practicado el trámite. Arts. 49 (límites a la extensión de la invalidez), 50 (conversión), 51 (conservación) y 52 (convalidación) LPAC: no confundir los números. La convalidación solo cabe en actos ANULABLES y produce efectos desde su fecha. La responsabilidad patrimonial de la Administración es un régimen OBJETIVO: no exige culpa ni negligencia, basta el funcionamiento normal o anormal del servicio y el nexo causal. Prescribe al año. La lesión indemnizable debe ser efectiva, evaluable económicamente e individualizada respecto de una persona o grupo de personas: un daño genérico no basta. Toda notificación debe indicar si el acto agota o no la vía administrativa, los recursos procedentes, el plazo y el órgano ante el que interponerlos. Resoluciones sancionadoras: no son ejecutivas mientras quepa recurso en vía administrativa (art. 98.1.b LPAC). Plazo contencioso-administrativo: 2 meses si el acto es expreso; 6 meses si es presunto (art. 46 LJCA).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 30, 34 a 52, 67, 81, 91, 98 a 100, 106 a 126)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32 a 37)
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 46)
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Título VII)
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
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