Tema 13. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo de la igualdad de género, la protección integral contra la violencia de género y no discriminación de las personas LGTBI. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género son, desde hace más de dos décadas, un eje transversal de la actividad de todas las Administraciones Públicas, con un marco normativo propio a nivel estatal (Ley Orgánica 3/2007, Ley Orgánica 1/2004, Ley 15/2022, Ley 4/2023) y autonómico (Ley 5/2005, Ley 2/2016 y Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid). Es un tema de gran valor en el examen del Auxiliar Administrativo porque combina fechas y números de norma muy concretos con conceptos que conviene distinguir con precisión (discriminación directa/indirecta, acción positiva, violencia de género en sentido estricto frente a violencia doméstica o sexual). El tema se organiza en cuatro bloques: el principio de igualdad y sus garantías (Constitución y LO 3/2007), la tutela contra la discriminación, la protección integral frente a la violencia de género y la no discriminación de las personas LGTBI, con especial atención al desarrollo autonómico madrileño.
El principio de igualdad en la Constitución (arts. 14 y 9.2 CE)
El artículo 14 CE proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El artículo 9.2 CE completa esta igualdad formal con un mandato de igualdad sustancial o material: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto
Tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural.
Principios generales de la Ley Orgánica 3/2007
Establece los conceptos de discriminación directa (situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo) y discriminación indirecta (cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ponen a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo, salvo que puedan justificarse objetivamente). También define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y declara nulo de pleno derecho cualquier precepto, pacto o decisión que suponga discriminación por razón de sexo.
El principio de transversalidad de género
El principio de transversalidad (mainstreaming) obliga a integrar de forma activa la perspectiva de género en la adopción y ejecución de las disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas y en el desarrollo del conjunto de todas las actividades de las Administraciones Públicas, evaluando sistemáticamente el impacto de género de cualquier norma o política antes de su aprobación.
Las acciones positivas
Son medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Se distinguen así de una discriminación positiva prohibida: la acción positiva corrige una desigualdad de partida real y verificable, no otorga privilegios sin justificación.
Los planes de igualdad en las Administraciones Públicas
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deben elaborar y aplicar un plan de igualdad que establezca los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato y de oportunidades y las estrategias o medidas para su consecución, así como establecer sistemas de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados, siendo negociados, en su caso, con la representación legal de los empleados públicos.
La tutela judicial y administrativa contra la discriminación
Cualquier persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva de sus derechos, protegiendo especialmente a quienes efectúen una reclamación con este propósito de la posible represalia o trato adverso que pudiera producirse como reacción. Los poderes públicos deben tomar en consideración de forma activa el objetivo de la igualdad de trato entre mujeres y hombres al adoptar sus decisiones, sean o no normativas.
La inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación
Cuando en un proceso judicial la parte actora aporte indicios fundados de que se ha producido discriminación por razón de sexo, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, sin que ello sea de aplicación en los procesos penales.
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Aborda de forma integral la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Regula medidas de sensibilización, prevención, protección integral (social, jurídica, laboral) y un procedimiento judicial especializado.
El concepto de violencia de género en la LO 1/2004
A diferencia de un concepto amplio de violencia doméstica o familiar, la LO 1/2004 circunscribe la violencia de género a la que se ejerce sobre la mujer por parte de su pareja o expareja (cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, exista o no convivencia), quedando fuera de su ámbito estricto otras formas de violencia contra la mujer no ejercidas por su pareja, sin perjuicio de que puedan estar protegidas por otras normas.
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la orden de protección
La LO 1/2004 crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con competencia penal y civil especializada para conocer de los delitos de violencia de género y de las causas civiles conexas (filiación, nulidad, separación, divorcio, relaciones paterno-filiales, guarda y custodia, alimentos). Junto a ellos se prevé una Fiscalía especializada (Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer). Con la implantación de los tribunales de instancia (LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia), estos órganos se integran como secciones de violencia sobre la mujer dentro de los tribunales de instancia. La orden de protección, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 544 ter, introducida por la Ley 27/2003), es una resolución judicial que otorga a la víctima un estatuto integral de protección que comprende medidas cautelares penales y civiles de carácter urgente, así como el acceso a los derechos asistenciales previstos en la propia LO 1/2004.
Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género
La LO 1/2004 reconoce a las víctimas, entre otros, el derecho a la información, a la asistencia jurídica gratuita inmediata, a la asistencia social integral, a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, y a ayudas sociales específicas cuando se acredite insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo.
La Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, reconoce el derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género, sin necesidad de acreditar tratamiento médico, hormonal o quirúrgico ni informe psicológico o médico, y establece medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de atención a la ciudadanía, así como la prohibición de las llamadas terapias de conversión. Deroga la anterior Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que exigía diagnóstico de disforia de género y tratamiento médico previo.
El marco normativo autonómico de igualdad de género en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha desarrollado su propio marco de políticas de igualdad en el ejercicio de sus competencias en asuntos sociales y en materia de función pública. Sus normas de referencia son tres leyes: la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid; la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid; y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Todas complementan y desarrollan a nivel autonómico la legislación estatal, con especial atención al ámbito de la actuación de la Administración autonómica y de su personal. Los instrumentos concretos (estrategias, planes y programas) se aprueban y renuevan periódicamente.
La Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid
La Ley 2/2016, de 29 de marzo, tiene por objeto establecer y regular los principios, medios e instrumentos para hacer efectivo el derecho a la identidad y a la expresión de género y garantizar el derecho a la igualdad social y a la no discriminación por razón de identidad o expresión de género en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, prestando especial atención a la actuación de la Administración autonómica y a la formación de su personal. Es anterior a la Ley estatal 4/2023: la regulación registral del cambio de la mención del sexo es competencia estatal (Registro Civil), mientras que la Ley madrileña actúa en los ámbitos de su competencia (atención administrativa, sanidad, educación, empleo público, juventud, etc.).
Los planes de igualdad en la Administración de la Comunidad de Madrid
La Administración de la Comunidad de Madrid, como el resto de Administraciones Públicas, está sujeta al mandato de la LO 3/2007 de aplicar medidas y planes de igualdad respecto de su personal, que fijen objetivos concretos de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, en la promoción profesional, en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de trabajo. El contenido concreto y la vigencia de cada plan se aprueban y renuevan periódicamente y deben consultarse en las fuentes oficiales de la Comunidad.
La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual
Conocida como «ley del solo sí es sí», reforma el tratamiento penal de las agresiones e integra medidas de sensibilización, prevención y actuación en los ámbitos educativo, sanitario, publicitario y de los medios de comunicación, así como derechos de asistencia integral a las víctimas de cualquier violencia sexual, no limitada a la ejercida por la pareja o expareja (a diferencia del ámbito más estricto de la LO 1/2004).
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Aprobado por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, articula un conjunto de medidas de sensibilización, prevención, protección de las víctimas y sus hijos e hijas, y mejora de la respuesta institucional, con financiación específica distribuida entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, entre ellas la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de servicios de atención especializada. Fue desarrollado normativamente, entre otras disposiciones, por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, que amplió los títulos que acreditan la condición de víctima y reforzó las competencias municipales; el Pacto ha sido objeto de renovación posterior.
La atención a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género
La normativa vigente reconoce a los hijos e hijas menores de víctimas de violencia de género la condición de víctimas de esa violencia por sí mismos (reformas introducidas por la Ley 26/2015 y la LO 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia), con derecho a las medidas de asistencia y protección previstas, así como a los correspondientes ajustes en el régimen de guarda, custodia y régimen de visitas cuando así lo aconseje el interés superior del menor y la seguridad de la madre.
El acoso laboral y el acoso por razón de sexo en el empleo público
Los planes de igualdad de las Administraciones Públicas deben incluir protocolos específicos frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, que definen el procedimiento de actuación (confidencial, ágil y con garantías para la persona denunciante y la denunciada), las medidas cautelares aplicables durante la investigación, y las consecuencias disciplinarias que, en su caso, correspondan conforme al régimen disciplinario del TREBEP, que tipifica el acoso como falta muy grave.
La igualdad retributiva y el registro retributivo
El principio de igualdad retributiva entre mujeres y hombres exige que un mismo trabajo o un trabajo de igual valor reciba la misma retribución, sin discriminación directa ni indirecta por razón de sexo; su garantía se instrumenta, entre otras medidas, mediante el registro retributivo, obligatorio para las empresas, que recoge los valores medios de los salarios desagregados por sexo y por grupo profesional o puesto de trabajo, herramienta que permite detectar posibles brechas salariales injustificadas.
Los órganos y unidades de igualdad en las Administraciones Públicas
La LO 3/2007 prevé que en los Ministerios se encomiende a un órgano directivo el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad (Unidades de Igualdad, art. 77), y a nivel estatal existen además el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad. En el ámbito de la Comunidad de Madrid estas funciones (impulso, coordinación y seguimiento de las medidas de igualdad, asesoramiento a los órganos directivos para incorporar la perspectiva de género en sus políticas y normas y canalización de los protocolos frente al acoso) se atribuyen a los órganos directivos competentes en materia de igualdad y a los de personal; su denominación y adscripción concretas varían con cada decreto de estructura de las Consejerías, por lo que no deben memorizarse nombres concretos sin consultar la norma vigente.
Conceptos básicos: igualdad formal, igualdad material, igualdad de trato e igualdad de oportunidades
La igualdad formal (art. 14 CE) exige que la ley se aplique por igual a todos, mientras que la igualdad material o sustancial (art. 9.2 CE) exige a los poderes públicos remover los obstáculos que impiden que la igualdad sea real. El Tribunal Constitucional ha entendido que no toda diferencia de trato es discriminatoria: lo es la que carece de justificación objetiva y razonable o la basada en alguno de los motivos expresamente prohibidos (sexo, raza, religión, nacimiento, opinión). Además del art. 14, la Constitución protege la igualdad entre sexos en el ámbito laboral (art. 35.1: sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo) y permite reclamar su tutela mediante un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE). La igualdad de trato implica la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo; la igualdad de oportunidades exige además medidas que compensen las desventajas de partida.
Doctrina constitucional relevante sobre igualdad de sexos
El Tribunal Constitucional ha admitido que las acciones positivas a favor de las mujeres no vulneran el art. 14 CE cuando corrigen una desigualdad real y son proporcionadas (así, la STC 128/1987 respecto de una ayuda de guardería reservada a las madres trabajadoras). Ha reconocido asimismo la discriminación indirecta, es decir, la que se produce cuando un tratamiento formalmente neutro perjudica de manera desproporcionada a un colectivo mayoritariamente femenino (entre otras, la STC 145/1991 sobre diferencias retributivas entre categorías profesionales). Estas resoluciones se citan como fundamento de los conceptos que más tarde recogió la LO 3/2007.
Otras garantías de la LO 3/2007: embarazo, acoso, indemnidad y consecuencias jurídicas
Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad (art. 8). La LO 3/2007 define el acoso sexual (cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo) y el acoso por razón de sexo (comportamiento realizado en función del sexo de una persona con esos mismos efectos) en su art. 7, y considera discriminatorios ambos. Se garantiza la indemnidad frente a represalias (art. 9), de manera que ninguna persona puede sufrir un trato adverso por haber presentado una queja o reclamación para exigir el cumplimiento del principio de igualdad. Los actos y cláusulas que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos, y las conductas discriminatorias dan lugar a responsabilidad y a indemnizaciones reparadoras y disuasorias (art. 10).
Criterios de actuación de los poderes públicos y lenguaje no sexista
El art. 14 de la LO 3/2007 enumera los criterios generales de actuación de los poderes públicos: el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad, la integración del principio de igualdad en la teoría y la práctica de todas las políticas, la adopción de medidas para erradicar la violencia de género, la protección de la maternidad, el fomento de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión y la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Los informes de impacto de género acompañan a los proyectos de disposiciones de carácter general y a los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística.
Composición y presencia equilibrada de mujeres y hombres
La LO 3/2007 define la composición equilibrada como la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento (disposición adicional primera). Esta regla se aplica a los nombramientos de los órganos directivos de la Administración General del Estado y a la composición de los órganos de selección y valoración del personal, que debe respetar el principio de presencia equilibrada salvo razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, refuerza este principio en órganos de decisión políticos, administrativos y económicos.
La igualdad en el empleo público: acceso, conciliación y permisos
La LO 3/2007 (título V) exige a las Administraciones Públicas remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional, fomentar la formación en igualdad y establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo. El TREBEP (arts. 49 y ss.) regula los permisos de los funcionarios en materia de conciliación: tras el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de ambos progenitores se han equiparado en su duración, con carácter intransferible y con un periodo inicial obligatorio e ininterrumpido inmediatamente posterior al hecho causante. La funcionaria víctima de violencia de género tiene derecho a faltas de asistencia justificadas, a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.
La tutela contra la discriminación: vías de protección
La tutela frente a la discriminación se articula en varias vías complementarias: la vía judicial ordinaria (jurisdicciones social, contencioso-administrativa, civil y penal, con el procedimiento preferente y sumario del art. 53.2 CE), el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito laboral, la vía administrativa (reclamaciones, recursos y procedimientos disciplinarios) y la supervisión del Defensor del Pueblo (art. 54 CE) y de los organismos autonómicos equivalentes. Además de los directamente afectados, la LO 3/2007 reconoce legitimación a los sindicatos y a las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, actuando en nombre e interés de las personas que lo autoricen.
La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Regula también la discriminación múltiple e interseccional, la inversión de la carga de la prueba, la indemnidad y las medidas de acción positiva, y es el marco general sobre el que se apoyan las normas sectoriales de igualdad.
Estructura y contenido esencial de la LO 1/2004
La LO 1/2004, de 28 de diciembre, se organiza en un título preliminar (disposiciones generales), medidas de sensibilización, prevención y detección (título I), derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (título II), tutela institucional (título III), tutela penal (título IV), tutela judicial (título V) y una regulación de los instrumentos de coordinación. La tutela institucional crea la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Las víctimas pueden obtener los servicios de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral. El teléfono 016 ofrece atención gratuita, confidencial y accesible, sin dejar rastro en la factura. El sistema VioGén de seguimiento integral coordina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los dispositivos telemáticos de control permiten supervisar el cumplimiento de las medidas de alejamiento.
Acreditación de la condición de víctima de violencia de género
La situación de violencia de género que da acceso a los derechos laborales, de Seguridad Social y asistenciales se acredita principalmente mediante una sentencia condenatoria, una orden de protección u otra resolución judicial que otorgue medidas cautelares, o un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios. Tras el Real Decreto-ley 9/2018, la acreditación puede realizarse además mediante informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de las Administraciones Públicas competentes. Es importante no confundir la acreditación de la condición de víctima con la denuncia: determinados derechos asistenciales no exigen denuncia previa.
Violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual: diferencias
La violencia de género de la LO 1/2004 es la ejercida sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. La violencia doméstica es la que se ejerce en el ámbito familiar sobre otros integrantes (hijos, ascendientes, hermanos, hombre víctima de su pareja) y se tipifica en el Código Penal con régimen propio. La violencia sexual, cualquiera que sea su autor o la relación con la víctima, se aborda en la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que prevé centros de crisis y una atención integral a las víctimas sin condicionarla a la denuncia. La LO 10/2022 fue modificada por la LO 4/2023, de 27 de abril, que ajustó el régimen de penas.
Ley 5/2005, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid
La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, establece medidas de sensibilización, prevención, detección y atención a las víctimas, crea el Observatorio Regional de Violencia de Género y regula la red de atención integral a las víctimas (centros de atención, centros de acogida y puntos de información), con la participación de las entidades locales en el marco del Pacto de Estado. Se completa con los instrumentos de planificación de la Comunidad y con la coordinación entre la Administración regional, los ayuntamientos y la Delegación del Gobierno.
Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid, de protección integral contra la LGTBIfobia
La Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, tiene por objeto garantizar la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, prevenir y erradicar la LGTBIfobia, y establecer un régimen de infracciones y sanciones. Establece medidas en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, de la juventud, del deporte y de los medios de comunicación, así como la formación del personal de la Administración. Debe distinguirse de la Ley 2/2016, que regula la identidad y expresión de género: ambas son de 2016, pero son leyes distintas (29 de marzo y 22 de julio respectivamente).
Ley 4/2023: tramitación, edades y otras medidas
En la Ley 4/2023, la rectificación registral de la mención relativa al sexo se solicita ante el Registro Civil y no exige acreditar ninguna condición médica. Pueden solicitarla por sí mismas las personas mayores de dieciséis años; entre los catorce y los dieciséis años necesitan la asistencia de sus representantes legales; entre los doce y los catorce años requiere autorización judicial; y por debajo de los doce años no cabe la rectificación de la mención del sexo (sí el cambio de nombre). La Ley incluye medidas en los ámbitos laboral (planes y medidas para las empresas, protocolos frente al acoso y a la discriminación), sanitario, educativo, de la familia, de los medios de comunicación y de la cooperación internacional, y refuerza la protección de las personas intersexuales y la prohibición de terapias de conversión.
La transparencia retributiva y la normativa europea
El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, desarrolla el principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor mediante el registro retributivo, la auditoría retributiva y la valoración de puestos de trabajo. El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, obliga a las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras a elaborar y aplicar un plan de igualdad. La Directiva (UE) 2023/970, sobre transparencia retributiva, debía transponerse por los Estados miembros antes del 7 de junio de 2026, y refuerza los derechos de información y las obligaciones de comunicación de brechas salariales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Discriminación directa (trato menos favorable por razón de sexo) es distinta de discriminación indirecta (norma o práctica aparentemente neutra que perjudica a un sexo, salvo justificación objetiva) — el examen suele jugar con esta distinción.
La violencia de género de la LO 1/2004 se circunscribe a la ejercida por la pareja o expareja; no equivale a «cualquier violencia contra la mujer».
La Ley 4/2023 reconoce la autodeterminación de género SIN exigir informe médico, psicológico ni tratamiento hormonal o quirúrgico previo — cambio clave respecto al régimen anterior.
La carga de la prueba se invierte con indicios fundados de discriminación (art. 13 LO 3/2007), pero NO en los procesos penales.
En discriminación por sexo, la carga de la prueba se invierte si hay indicios fundados (debe probar la demandada la ausencia de discriminación), salvo en procesos penales.
La acción positiva es temporal y proporcionada, dirigida a corregir una desigualdad real verificada — no es un privilegio permanente ni discrecional.
La Comunidad de Madrid regula la identidad y expresión de género mediante la Ley 2/2016, distinta y anterior a la ley estatal 4/2023 — no deben confundirse en el examen.
La LO 10/2022 amplía la protección a cualquier violencia sexual, no solo la ejercida por pareja o expareja como la LO 1/2004 — dos normas de ámbito distinto que no deben confundirse.
Los hijos e hijas menores de víctimas de violencia de género tienen la condición de víctimas por sí mismos, con derecho propio a medidas de asistencia y protección.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo están tipificados como falta MUY GRAVE en el régimen disciplinario del TREBEP.
El registro retributivo desagrega salarios por sexo y grupo/puesto para detectar brechas salariales injustificadas — es un instrumento de la igualdad retributiva, no un fin en sí mismo.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) financia medidas específicas distribuidas entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
En la Comunidad de Madrid, las funciones de impulso y seguimiento de la igualdad del personal se atribuyen a órganos directivos de igualdad y de personal cuyas denominaciones varían con cada decreto de estructura; no memorizar nombres concretos.
Tres leyes madrileñas distintas: Ley 5/2005 (violencia de género), Ley 2/2016 (identidad y expresión de género) y Ley 3/2016 (protección contra la LGTBIfobia); fechas respectivas: 20 de diciembre de 2005, 29 de marzo de 2016 y 22 de julio de 2016.
Composición equilibrada: ninguno de los sexos por encima del 60% ni por debajo del 40% (disposición adicional primera LO 3/2007).
La LO 3/2007 es de 22 de marzo de 2007; la LO 1/2004, de 28 de diciembre de 2004; la Ley 4/2023, de 28 de febrero; la Ley 15/2022, de 12 de julio; y la LO 10/2022, de 6 de septiembre.
Ley 4/2023: mayores de 16 años solicitan el cambio registral del sexo por sí mismos; 14-16 con asistencia de representantes; 12-14 con autorización judicial; menores de 12 no pueden cambiar la mención del sexo.
La Ley 4/2023 derogó la Ley 3/2007 (rectificación registral del sexo), que exigía diagnóstico médico y tratamiento previo.
La orden de protección se regula en el art. 544 ter de la LECrim (Ley 27/2003); la acreditación de la condición de víctima puede hacerse también por informes de servicios sociales o especializados (RDL 9/2018).
Las acciones positivas son medidas a favor de las mujeres razonables y proporcionadas; no se confunden con discriminación positiva arbitraria. El Tribunal Constitucional las admite si corrigen una desigualdad real.
El RD 902/2020 regula el registro retributivo y la auditoría retributiva; el RDL 6/2019 exige plan de igualdad a empresas de 50 o más personas.
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen de delitos de violencia de género y de causas civiles conexas; la LO 1/2025 los integra como secciones dentro de los tribunales de instancia.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según la LO 3/2007, se entiende por composición equilibrada de mujeres y hombres aquella en la que las personas de cada sexo:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 13 de Auxiliar Admin. C. Madrid?
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género son, desde hace más de dos décadas, un eje transversal de la actividad de todas las Administraciones Públicas, con un marco normativo propio a nivel estatal (Ley Orgánica 3/2007, Ley Orgánica 1/2004, Ley 15/2022, Ley 4/2023) y autonómico (Ley 5/2005, Ley 2/2016 y Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid). Es un tema de gran valor en el examen del Auxiliar Administrativo porque combina fechas y números de norma muy concretos con conceptos que conviene distinguir con precisión (discriminación directa/indirecta, acción positiva, violencia de género en sentido estricto frente a violencia doméstica o sexual). El tema se organiza en cuatro bloques: el principio de igualdad y sus garantías (Constitución y LO 3/2007), la tutela contra la discriminación, la protección integral frente a la violencia de género y la no discriminación de las personas LGTBI, con especial atención al desarrollo autonómico madrileño.
¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?
Discriminación directa (trato menos favorable por razón de sexo) es distinta de discriminación indirecta (norma o práctica aparentemente neutra que perjudica a un sexo, salvo justificación objetiva) — el examen suele jugar con esta distinción. La violencia de género de la LO 1/2004 se circunscribe a la ejercida por la pareja o expareja; no equivale a «cualquier violencia contra la mujer». La Ley 4/2023 reconoce la autodeterminación de género SIN exigir informe médico, psicológico ni tratamiento hormonal o quirúrgico previo — cambio clave respecto al régimen anterior. La carga de la prueba se invierte con indicios fundados de discriminación (art. 13 LO 3/2007), pero NO en los procesos penales. En discriminación por sexo, la carga de la prueba se invierte si hay indicios fundados (debe probar la demandada la ausencia de discriminación), salvo en procesos penales. La acción positiva es temporal y proporcionada, dirigida a corregir una desigualdad real verificada — no es un privilegio permanente ni discrecional. La Comunidad de Madrid regula la identidad y expresión de género mediante la Ley 2/2016, distinta y anterior a la ley estatal 4/2023 — no deben confundirse en el examen. La LO 10/2022 amplía la protección a cualquier violencia sexual, no solo la ejercida por pareja o expareja como la LO 1/2004 — dos normas de ámbito distinto que no deben confundirse. Los hijos e hijas menores de víctimas de violencia de género tienen la condición de víctimas por sí mismos, con derecho propio a medidas de asistencia y protección. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo están tipificados como falta MUY GRAVE en el régimen disciplinario del TREBEP. El registro retributivo desagrega salarios por sexo y grupo/puesto para detectar brechas salariales injustificadas — es un instrumento de la igualdad retributiva, no un fin en sí mismo. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) financia medidas específicas distribuidas entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En la Comunidad de Madrid, las funciones de impulso y seguimiento de la igualdad del personal se atribuyen a órganos directivos de igualdad y de personal cuyas denominaciones varían con cada decreto de estructura; no memorizar nombres concretos. Tres leyes madrileñas distintas: Ley 5/2005 (violencia de género), Ley 2/2016 (identidad y expresión de género) y Ley 3/2016 (protección contra la LGTBIfobia); fechas respectivas: 20 de diciembre de 2005, 29 de marzo de 2016 y 22 de julio de 2016. Composición equilibrada: ninguno de los sexos por encima del 60% ni por debajo del 40% (disposición adicional primera LO 3/2007). La LO 3/2007 es de 22 de marzo de 2007; la LO 1/2004, de 28 de diciembre de 2004; la Ley 4/2023, de 28 de febrero; la Ley 15/2022, de 12 de julio; y la LO 10/2022, de 6 de septiembre. Ley 4/2023: mayores de 16 años solicitan el cambio registral del sexo por sí mismos; 14-16 con asistencia de representantes; 12-14 con autorización judicial; menores de 12 no pueden cambiar la mención del sexo. La Ley 4/2023 derogó la Ley 3/2007 (rectificación registral del sexo), que exigía diagnóstico médico y tratamiento previo. La orden de protección se regula en el art. 544 ter de la LECrim (Ley 27/2003); la acreditación de la condición de víctima puede hacerse también por informes de servicios sociales o especializados (RDL 9/2018). Las acciones positivas son medidas a favor de las mujeres razonables y proporcionadas; no se confunden con discriminación positiva arbitraria. El Tribunal Constitucional las admite si corrigen una desigualdad real. El RD 902/2020 regula el registro retributivo y la auditoría retributiva; el RDL 6/2019 exige plan de igualdad a empresas de 50 o más personas. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen de delitos de violencia de género y de causas civiles conexas; la LO 1/2025 los integra como secciones dentro de los tribunales de instancia.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 9.2, 14, 35 y 53.2)
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015, de 30 de octubre)
Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid
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