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Tema 12. Procedimiento concursal

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.

El procedimiento concursal español se regula en el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, profundamente modificado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración preventiva e introdujo el procedimiento especial para microempresas. Este tema recorre la estructura de la norma, el presupuesto para declarar el concurso, sus órganos, el mecanismo preconcursal, sus fases principales y las salidas disponibles para el deudor persona física.

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Marco normativo: del RDLeg 1/2020 a la Ley 16/2022

El texto refundido de la Ley Concursal (TRLC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, entró en vigor el 1 de septiembre de 2020 con el objetivo de refundir y reordenar en un único texto la Ley 22/2003, Concursal, y sus numerosas reformas, sin introducir cambios de fondo. La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, reformó en profundidad este texto refundido para transponer la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones; entró en vigor el 26 de septiembre de 2022, salvo el nuevo libro dedicado al procedimiento especial para microempresas, que lo hizo el 1 de enero de 2023.

Estructura del texto refundido tras la reforma

Tras la reforma de 2022, el TRLC se organiza en cuatro libros: el Libro I regula el concurso de acreedores propiamente dicho, incluyendo la declaración, los órganos del concurso (juez y administración concursal), sus efectos, las fases de convenio y liquidación, y la calificación; el Libro II regula el derecho preconcursal, con los planes de reestructuración como instrumento central para anticiparse a la insolvencia; el Libro III introduce el procedimiento especial para microempresas, diseñado con máxima simplificación procesal para deudores con menos de diez trabajadores y determinados umbrales de volumen de negocio o pasivo; el Libro IV recoge las normas de Derecho internacional privado aplicables a los concursos con elemento transfronterizo.

El presupuesto objetivo: la insolvencia (art. 2 TRLC)

El artículo 2 del TRLC condiciona la declaración de concurso a que el deudor se encuentre en estado de insolvencia. La norma distingue la insolvencia actual, en la que el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, de la insolvencia inminente, en la que el deudor prevé que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. El propio precepto recoge una serie de hechos externos reveladores de insolvencia (como el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones, embargos que afecten de manera general al patrimonio del deudor, o el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de los bienes) que permiten a los acreedores instar el concurso necesario.

Declaración de concurso: voluntario y necesario

El concurso es voluntario cuando la solicitud de declaración la presenta el propio deudor, y necesario cuando la presenta cualquier acreedor u otro legitimado distinto del deudor. El deudor que se encuentre en estado de insolvencia actual tiene el deber de solicitar la declaración de concurso; la solicitud del deudor en estado de insolvencia inminente es, en cambio, facultativa. Declarado el concurso, se constituyen sus órganos: el juez del concurso, que ejerce la dirección del procedimiento, y la administración concursal, órgano técnico encargado de labores de intervención o sustitución de las facultades patrimoniales del deudor, según se trate de concurso voluntario o necesario.

La administración concursal: nombramiento (arts. 60 y ss. TRLC)

Tras la reforma de 2022, el nombramiento de quien ha de integrar la administración concursal corresponde al letrado de la Administración de Justicia, mediante un sistema de designación secuencial y rotatoria entre los profesionales inscritos, con la formación y experiencia exigidas, en la sección cuarta del Registro Público Concursal, lo que limita la discrecionalidad en la elección que existía bajo el régimen anterior, en el que la designación correspondía al propio juez del concurso. Pueden ser designados administradores concursales, entre otros, abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores de cuentas que cumplan los requisitos legales de experiencia y formación específica en materia concursal.

El preconcurso: comunicación de apertura de negociaciones (arts. 583 y ss. TRLC)

Antes de verse obligado a solicitar el concurso, el deudor en insolvencia actual o inminente (o que prevea razonablemente que se encontrará en alguna de esas situaciones) puede poner en conocimiento del juzgado competente que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con sus acreedores para alcanzar un plan de reestructuración. Esta comunicación suspende, durante un plazo determinado, prorrogable en ciertas condiciones, tanto el deber del deudor de solicitar el concurso como la tramitación de las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores durante ese período, dando así un margen temporal para negociar la reestructuración sin la presión inmediata de la declaración concursal.

Fases del concurso: convenio y liquidación

Tras la fase común, en la que se determinan la masa activa (bienes y derechos del deudor) y la masa pasiva (créditos frente al deudor, clasificados por su rango), el concurso se resuelve por una de dos vías. La fase de convenio busca un acuerdo entre el deudor y sus acreedores sobre quitas y esperas que permita la continuidad de la actividad. La fase de liquidación, que se abre a solicitud del deudor, por incumplimiento del convenio o de forma subsidiaria si no se alcanza convenio, conduce a la realización de los bienes y derechos de la masa activa para el pago ordenado a los acreedores conforme al orden de prelación de créditos.

Calificación y conclusión del concurso

La sección de calificación del concurso tiene por objeto determinar si este ha sido fortuito o culpable, en función de si en la generación o agravación de la insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores o liquidadores. La calificación como culpable puede acarrear consecuencias como la inhabilitación temporal de los afectados y, en su caso, la condena a cubrir el déficit concursal. El concurso concluye por las causas previstas en el TRLC, entre ellas el cumplimiento del convenio, la finalización de la fase de liquidación, o la inexistencia de bienes suficientes para satisfacer a los acreedores.

La exoneración del pasivo insatisfecho (arts. 486 y ss. TRLC)

El deudor persona natural de buena fe puede solicitar, cumplidos los requisitos legales, la exoneración de las deudas pendientes tras la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa. La reforma de 2022 ofrece al deudor dos modalidades principales: la exoneración inmediata, previa liquidación de su patrimonio no inembargable, o la exoneración mediante sometimiento a un plan de pagos a cumplir en los años siguientes. La reforma también amplió el ámbito de los créditos exonerables, aunque mantiene exclusiones legales para determinados créditos, singularmente ciertos créditos de derecho público y los alimenticios, cuyo alcance concreto conviene contrastar en cada caso con el texto vigente del TRLC.

Clasificación de los créditos concursales

Determinada la masa pasiva del concurso, los créditos frente al deudor se clasifican, a efectos de su pago, en tres grandes categorías. Los créditos privilegiados gozan de preferencia de cobro frente al resto, y se subdividen en créditos con privilegio especial, que recae sobre un bien o derecho concreto afecto a su pago (por ejemplo, el crédito hipotecario sobre el inmueble hipotecado), y créditos con privilegio general, que se satisfacen con cargo a la totalidad del patrimonio del deudor antes que los ordinarios, en un orden de prelación legal entre sí (entre otros, determinados créditos salariales, tributarios y de la Seguridad Social, dentro de los límites cuantitativos y temporales que fija la norma concursal). Los créditos ordinarios son aquellos que no merecen una calificación especial, ni privilegiada ni subordinada, y se satisfacen a prorrata una vez pagados los privilegiados. Los créditos subordinados ocupan el último lugar en el orden de pagos, posponiéndose a los ordinarios; se incluyen en esta categoría, entre otros supuestos, los créditos comunicados tardíamente fuera de plazo sin causa justificada, los de recargos e intereses, y los correspondientes a personas especialmente relacionadas con el deudor (administradores, socios con participación significativa y sociedades del mismo grupo), salvo las excepciones legalmente previstas. Esta clasificación tripartita condiciona directamente tanto el orden de los pagos en la fase de liquidación como el tratamiento de cada clase de créditos dentro de un convenio o de un plan de reestructuración.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El TRLC fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, en vigor desde el 1 de septiembre de 2020.
  • La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, reformó el TRLC para transponer la Directiva (UE) 2019/1023, en vigor desde el 26 de septiembre de 2022.
  • El Libro III (procedimiento especial para microempresas) entró en vigor el 1 de enero de 2023, con posterioridad al resto de la reforma.
  • Tras la reforma de 2022, el TRLC tiene cuatro libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal, procedimiento especial para microempresas y Derecho internacional privado.
  • El presupuesto objetivo del concurso es la insolvencia, actual o inminente (art. 2 TRLC).
  • Insolvencia actual: el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
  • Insolvencia inminente: el deudor prevé que no podrá cumplir puntualmente sus obligaciones dentro de los tres meses siguientes.
  • El concurso es voluntario si lo solicita el deudor, y necesario si lo solicita un acreedor u otro legitimado.
  • El deudor en insolvencia actual tiene el deber de solicitar el concurso; en insolvencia inminente, la solicitud es facultativa.
  • Los órganos del concurso son el juez del concurso y la administración concursal.
  • Tras la reforma de 2022, el nombramiento de la administración concursal corresponde al letrado de la Administración de Justicia, no al juez.
  • La designación de administradores concursales sigue un sistema secuencial y rotatorio entre inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal.
  • Pueden ser administradores concursales abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores de cuentas con formación y experiencia concursal específica.
  • La comunicación de apertura de negociaciones (preconcurso) permite al deudor negociar un plan de reestructuración antes de solicitar el concurso.
  • Esa comunicación suspende temporalmente el deber de solicitar concurso y las solicitudes de concurso necesario de los acreedores.
  • La masa activa son los bienes y derechos del deudor; la masa pasiva, los créditos frente a él.
  • El concurso se resuelve por convenio (quitas y esperas) o por liquidación (realización de bienes para pagar a los acreedores).
  • La liquidación se abre a solicitud del deudor, por incumplimiento del convenio, o de forma subsidiaria si no se alcanza convenio.
  • La calificación del concurso lo declara fortuito o culpable según haya mediado dolo o culpa grave en la insolvencia.
  • El concurso culpable puede acarrear inhabilitación temporal y condena a cubrir el déficit concursal.
  • El deudor persona natural de buena fe puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho al concluir el concurso (arts. 486 ss TRLC).
  • La exoneración puede obtenerse de forma inmediata (previa liquidación del patrimonio no inembargable) o mediante un plan de pagos.
  • La reforma de 2022 amplió los créditos exonerables, manteniendo exclusiones legales para ciertos créditos de derecho público y alimenticios.
  • Los créditos concursales se clasifican en privilegiados, ordinarios y subordinados, lo que determina el orden de su pago.
  • Los créditos con privilegio especial recaen sobre un bien o derecho concreto (p. ej., el crédito hipotecario sobre el inmueble hipotecado).
  • Los créditos con privilegio general se cobran con cargo a todo el patrimonio del deudor antes que los ordinarios, siguiendo un orden de prelación legal entre ellos.
  • Los créditos ordinarios se satisfacen a prorrata una vez pagados los privilegiados.
  • Los créditos subordinados se posponen a los ordinarios; entre ellos figuran los comunicados tardíamente sin causa, los de recargos e intereses, y los de personas especialmente relacionadas con el deudor.
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La exoneración del pasivo insatisfecho (arts. 486 y ss. TRLC) puede obtenerla:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?

El procedimiento concursal español se regula en el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, profundamente modificado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración preventiva e introdujo el procedimiento especial para microempresas. Este tema recorre la estructura de la norma, el presupuesto para declarar el concurso, sus órganos, el mecanismo preconcursal, sus fases principales y las salidas disponibles para el deudor persona física.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

El TRLC fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, en vigor desde el 1 de septiembre de 2020. La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, reformó el TRLC para transponer la Directiva (UE) 2019/1023, en vigor desde el 26 de septiembre de 2022. El Libro III (procedimiento especial para microempresas) entró en vigor el 1 de enero de 2023, con posterioridad al resto de la reforma. Tras la reforma de 2022, el TRLC tiene cuatro libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal, procedimiento especial para microempresas y Derecho internacional privado. El presupuesto objetivo del concurso es la insolvencia, actual o inminente (art. 2 TRLC). Insolvencia actual: el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Insolvencia inminente: el deudor prevé que no podrá cumplir puntualmente sus obligaciones dentro de los tres meses siguientes. El concurso es voluntario si lo solicita el deudor, y necesario si lo solicita un acreedor u otro legitimado. El deudor en insolvencia actual tiene el deber de solicitar el concurso; en insolvencia inminente, la solicitud es facultativa. Los órganos del concurso son el juez del concurso y la administración concursal. Tras la reforma de 2022, el nombramiento de la administración concursal corresponde al letrado de la Administración de Justicia, no al juez. La designación de administradores concursales sigue un sistema secuencial y rotatorio entre inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal. Pueden ser administradores concursales abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores de cuentas con formación y experiencia concursal específica. La comunicación de apertura de negociaciones (preconcurso) permite al deudor negociar un plan de reestructuración antes de solicitar el concurso. Esa comunicación suspende temporalmente el deber de solicitar concurso y las solicitudes de concurso necesario de los acreedores. La masa activa son los bienes y derechos del deudor; la masa pasiva, los créditos frente a él. El concurso se resuelve por convenio (quitas y esperas) o por liquidación (realización de bienes para pagar a los acreedores). La liquidación se abre a solicitud del deudor, por incumplimiento del convenio, o de forma subsidiaria si no se alcanza convenio. La calificación del concurso lo declara fortuito o culpable según haya mediado dolo o culpa grave en la insolvencia. El concurso culpable puede acarrear inhabilitación temporal y condena a cubrir el déficit concursal. El deudor persona natural de buena fe puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho al concluir el concurso (arts. 486 ss TRLC). La exoneración puede obtenerse de forma inmediata (previa liquidación del patrimonio no inembargable) o mediante un plan de pagos. La reforma de 2022 amplió los créditos exonerables, manteniendo exclusiones legales para ciertos créditos de derecho público y alimenticios. Los créditos concursales se clasifican en privilegiados, ordinarios y subordinados, lo que determina el orden de su pago. Los créditos con privilegio especial recaen sobre un bien o derecho concreto (p. ej., el crédito hipotecario sobre el inmueble hipotecado). Los créditos con privilegio general se cobran con cargo a todo el patrimonio del deudor antes que los ordinarios, siguiendo un orden de prelación legal entre ellos. Los créditos ordinarios se satisfacen a prorrata una vez pagados los privilegiados. Los créditos subordinados se posponen a los ordinarios; entre ellos figuran los comunicados tardíamente sin causa, los de recargos e intereses, y los de personas especialmente relacionadas con el deudor.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, texto refundido de la Ley Concursal, en su redacción dada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre

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