Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.
Este tema estudia dos conceptos centrales del Derecho Administrativo: la potestad administrativa, como poder-deber atribuido por el ordenamiento jurídico a la Administración para la consecución de fines públicos, y el acto administrativo, como manifestación típica del ejercicio de esas potestades, con sus requisitos, su eficacia y su régimen de invalidez conforme a la Ley 39/2015 (LPAC).
La potestad administrativa es un poder jurídico atribuido ex lege a la Administración para la consecución de fines de interés general, que se diferencia del derecho subjetivo en que no nace de una relación jurídica concreta con otro sujeto determinado, sino que se ostenta frente a un círculo indeterminado de sujetos, colocados en una situación de sujeción genérica frente a su ejercicio. Por derivar directamente de la ley, la Administración no puede ejercer más potestades que las que el ordenamiento jurídico le atribuye expresamente, conforme al principio de legalidad del artículo 103.1 CE.
Potestades regladas y potestades discrecionales
En las potestades regladas, la norma predetermina de forma agotadora todos los elementos de la decisión administrativa, de modo que ante un supuesto de hecho dado solo cabe una solución conforme a Derecho. En las potestades discrecionales, la norma deja a la Administración un margen de apreciación entre varias soluciones igualmente válidas en Derecho, si bien ese margen no es absoluto: quedan siempre sujetos a control judicial los elementos reglados de la potestad (competencia, procedimiento, fin), los hechos determinantes y los principios generales del derecho, así como la interdicción de la desviación de poder, entendida como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
Concepto de acto administrativo
El acto administrativo es una declaración de voluntad, de juicio, de deseo o de conocimiento realizada por una Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria; esta distinción lo diferencia del reglamento, que es fuente del derecho y se integra en el ordenamiento jurídico, mientras que el acto administrativo aplica el ordenamiento a un caso concreto y se agota con su cumplimiento. La Ley 39/2015 regula los actos administrativos en su Título III (arts. 34 a 52).
Requisitos de los actos administrativos (arts. 34 a 36 LPAC)
El artículo 34 LPAC exige que los actos administrativos se produzcan por el órgano competente, ajustándose al procedimiento establecido. El artículo 35 LPAC exige la motivación de determinados actos, entre ellos los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, y los que se dicten en ejercicio de potestades discrecionales. El artículo 36 LPAC dispone que los actos se producirán por escrito, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
Eficacia de los actos administrativos (arts. 37 a 46 LPAC)
El artículo 39 LPAC establece el principio de ejecutividad: los actos de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La notificación (arts. 40 a 44 LPAC) y, en su caso, la publicación (art. 45 LPAC) son los mecanismos que dan a conocer el acto a los interesados y condicionan su eficacia frente a ellos, sin perjuicio de la validez del acto desde que se dicta.
Invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho y anulabilidad (arts. 47 y 48 LPAC)
El artículo 47 LPAC enumera de forma tasada las causas de nulidad de pleno derecho, entre ellas que el acto lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que haya sido dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, que tenga contenido imposible, que sea constitutivo de infracción penal, o que se haya dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. El artículo 48 LPAC configura la anulabilidad como la regla general de invalidez: son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, si bien el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La potestad administrativa es un poder-deber atribuido por el ordenamiento jurídico para fines de interés general.
La potestad se ejerce frente a un círculo indeterminado de sujetos, a diferencia del derecho subjetivo.
Principio de legalidad (art. 103.1 CE): la Administración no tiene más potestades que las atribuidas por el ordenamiento.
Potestad reglada: la norma predetermina agotadoramente la decisión administrativa.
Potestad discrecional: la norma deja un margen de apreciación entre varias soluciones válidas en Derecho.
Los elementos reglados de toda potestad discrecional (competencia, procedimiento, fin) son siempre controlables judicialmente.
La desviación de poder es el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los previstos por el ordenamiento.
El acto administrativo se dicta en ejercicio de una potestad distinta de la reglamentaria.
El reglamento innova el ordenamiento jurídico; el acto administrativo lo aplica a un caso concreto.
Título III LPAC (arts. 34-52): regulación de los actos administrativos.
Art. 34 LPAC: los actos deben dictarse por el órgano competente y ajustarse al procedimiento.
Art. 35 LPAC: obligación de motivar los actos que limiten derechos, resuelvan recursos o se dicten en ejercicio de potestades discrecionales.
Art. 36 LPAC: forma escrita de los actos, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma.
Art. 39 LPAC: principio de ejecutividad; los actos producen efectos desde que se dictan, salvo que dispongan otra cosa.
La notificación (arts. 40-44 LPAC) condiciona la eficacia del acto frente al interesado, no su validez.
Art. 47 LPAC: causas tasadas de nulidad de pleno derecho.
Entre las causas de nulidad: lesión de derechos susceptibles de amparo constitucional, incompetencia manifiesta, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento.
Art. 48 LPAC: la anulabilidad es la regla general de invalidez (cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder).
El defecto de forma solo produce anulabilidad si el acto carece de requisitos formales indispensables o genera indefensión.
La distinción entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad determina el régimen de revisión de oficio y los plazos de impugnación del acto.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el artículo 35 LPAC, ¿cuáles de los siguientes actos deben motivarse?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?
Este tema estudia dos conceptos centrales del Derecho Administrativo: la potestad administrativa, como poder-deber atribuido por el ordenamiento jurídico a la Administración para la consecución de fines públicos, y el acto administrativo, como manifestación típica del ejercicio de esas potestades, con sus requisitos, su eficacia y su régimen de invalidez conforme a la Ley 39/2015 (LPAC).
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
La potestad administrativa es un poder-deber atribuido por el ordenamiento jurídico para fines de interés general. La potestad se ejerce frente a un círculo indeterminado de sujetos, a diferencia del derecho subjetivo. Principio de legalidad (art. 103.1 CE): la Administración no tiene más potestades que las atribuidas por el ordenamiento. Potestad reglada: la norma predetermina agotadoramente la decisión administrativa. Potestad discrecional: la norma deja un margen de apreciación entre varias soluciones válidas en Derecho. Los elementos reglados de toda potestad discrecional (competencia, procedimiento, fin) son siempre controlables judicialmente. La desviación de poder es el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los previstos por el ordenamiento. El acto administrativo se dicta en ejercicio de una potestad distinta de la reglamentaria. El reglamento innova el ordenamiento jurídico; el acto administrativo lo aplica a un caso concreto. Título III LPAC (arts. 34-52): regulación de los actos administrativos. Art. 34 LPAC: los actos deben dictarse por el órgano competente y ajustarse al procedimiento. Art. 35 LPAC: obligación de motivar los actos que limiten derechos, resuelvan recursos o se dicten en ejercicio de potestades discrecionales. Art. 36 LPAC: forma escrita de los actos, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma. Art. 39 LPAC: principio de ejecutividad; los actos producen efectos desde que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. La notificación (arts. 40-44 LPAC) condiciona la eficacia del acto frente al interesado, no su validez. Art. 47 LPAC: causas tasadas de nulidad de pleno derecho. Entre las causas de nulidad: lesión de derechos susceptibles de amparo constitucional, incompetencia manifiesta, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento. Art. 48 LPAC: la anulabilidad es la regla general de invalidez (cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder). El defecto de forma solo produce anulabilidad si el acto carece de requisitos formales indispensables o genera indefensión. La distinción entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad determina el régimen de revisión de oficio y los plazos de impugnación del acto.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).
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