Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.
Este tema estudia el sistema de fuentes propio del Derecho Administrativo, construido sobre la jerarquía normativa del artículo 9.3 CE pero con particularidades frente al sistema general de fuentes del Código Civil, en especial la distinción entre ley y reglamento, la posición del Derecho de la Unión Europea y de los tratados internacionales, y el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general.
Jerarquía normativa y principio de legalidad (art. 9.3 CE)
El artículo 9.3 CE garantiza el principio de jerarquía normativa, de modo que ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra de rango superior; la Constitución ocupa la cúspide del ordenamiento (art. 9.1 CE), y toda la actuación administrativa, incluida su potestad normativa, queda sometida a la ley y al Derecho, conforme al principio de legalidad del artículo 103.1 CE.
El Derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales
El artículo 93 CE habilita la celebración de tratados que atribuyan a organizaciones o instituciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, base de la integración de España en la Unión Europea; el Derecho originario y derivado de la Unión se aplica con primacía sobre el derecho interno en caso de conflicto. El artículo 96.1 CE dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.
La ley y las normas con rango de ley
Junto a la distinción entre ley orgánica y ley ordinaria (art. 81 CE), el Gobierno puede dictar normas con rango de ley: el Decreto-ley (art. 86 CE), en caso de extraordinaria y urgente necesidad, que no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, y que debe someterse a debate y votación de totalidad del Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación; y el Decreto Legislativo (arts. 82 a 85 CE), dictado en virtud de una delegación legislativa expresa de las Cortes Generales mediante una ley de bases o una ley ordinaria de autorización, para la refundición de textos legales.
El reglamento y su relación con la ley
El reglamento es una norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria que el artículo 97 CE atribuye al Gobierno. Se rige por el principio de jerarquía frente a la ley, que se traduce en dos límites: no puede regular materias reservadas a ley (reserva de ley) ni puede contradecir lo dispuesto en una norma con rango de ley (primacía de la ley). El artículo 37 de la Ley 39/2015 recoge el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos: las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición.
El procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas
El Título VI de la Ley 39/2015 (arts. 127 a 133) regula los principios de buena regulación a los que debe ajustarse el ejercicio de la potestad reglamentaria (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), así como trámites como la consulta pública previa, la audiencia e información pública y la evaluación normativa, aplicables tanto a los anteproyectos de ley como a los proyectos de reglamento. La Ley 50/1997, del Gobierno, ordena jerárquicamente las disposiciones del Gobierno y de sus miembros según el órgano del que emanan.
Otras fuentes: costumbre, principios generales y jurisprudencia
La costumbre tiene un papel muy limitado en Derecho Administrativo frente al Derecho Civil, dado el peso del principio de legalidad y de la reserva de ley y reglamento en la actuación administrativa. Los principios generales del derecho, muchos de ellos positivizados en el artículo 3 de la Ley 40/2015 (buena fe, confianza legítima, entre otros), cumplen una función informadora, integradora del ordenamiento en caso de laguna, y de límite a la discrecionalidad administrativa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional, sin ser fuente autónoma en sentido estricto, condicionan de forma decisiva la interpretación y aplicación del Derecho Administrativo.
La ilegalidad del reglamento y su control
El reglamento que vulnera los límites a los que está sometida la potestad reglamentaria —por infringir una norma de rango superior, por regular una materia reservada a la ley sin habilitación legal, o por incurrir en algún vicio de procedimiento en su elaboración— incurre en ilegalidad. El artículo 47.2 de la Ley 39/2015 sanciona con la nulidad de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Frente a un reglamento ilegal caben tanto el recurso directo, interpuesto ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo general de impugnación, como el recurso indirecto, que permite impugnar los actos de aplicación del reglamento alegando su ilegalidad, sin sujeción al plazo de impugnación propio del reglamento, dado su carácter de norma de vigencia continuada; además, cualquier Juez o Tribunal puede inaplicar de oficio un reglamento que considere contrario a Derecho al resolver el caso concreto.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 9.3 CE: principio de jerarquía normativa.
Art. 103.1 CE: la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (principio de legalidad).
Art. 93 CE: base constitucional de la integración de España en la Unión Europea.
El Derecho de la Unión Europea se aplica con primacía sobre el derecho interno en caso de conflicto.
Art. 96.1 CE: los tratados internacionales publicados oficialmente forman parte del ordenamiento interno.
Art. 81 CE: distinción entre ley orgánica (mayoría absoluta) y ley ordinaria (mayoría simple).
Art. 86 CE: el Decreto-ley exige extraordinaria y urgente necesidad y tiene materias vedadas.
El Decreto-ley debe someterse a debate y votación de totalidad del Congreso en 30 días (art. 86.2 CE).
Arts. 82 a 85 CE: el Decreto Legislativo exige delegación legislativa expresa (ley de bases o ley de autorización de refundición).
Art. 97 CE: el Gobierno ejerce la potestad reglamentaria.
El reglamento está subordinado a la ley: no puede invadir materias de reserva de ley ni contradecir una ley.
Art. 37 Ley 39/2015: principio de inderogabilidad singular de los reglamentos.
Título VI Ley 39/2015 (arts. 127-133): principios de buena regulación y procedimiento de elaboración normativa.
Principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La Ley 50/1997, del Gobierno, ordena jerárquicamente las disposiciones según el órgano que las dicta.
La costumbre tiene un papel muy limitado en Derecho Administrativo.
Art. 3 Ley 40/2015: principios generales de actuación de las Administraciones Públicas (buena fe, confianza legítima, entre otros).
Los principios generales del derecho limitan la discrecionalidad administrativa.
La jurisprudencia no es fuente autónoma, pero condiciona decisivamente la aplicación del Derecho Administrativo.
La reserva de ley impide que un reglamento regule ex novo determinadas materias sin habilitación legal previa.
Art. 47.2 Ley 39/2015: las disposiciones administrativas ilegales son nulas de pleno derecho.
Frente a un reglamento ilegal caben el recurso directo y el recurso indirecto (contra sus actos de aplicación).
Los Jueces y Tribunales pueden inaplicar de oficio un reglamento ilegal al resolver un caso concreto.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
Frente a un reglamento que se considera ilegal, el recurso indirecto consiste en:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?
Este tema estudia el sistema de fuentes propio del Derecho Administrativo, construido sobre la jerarquía normativa del artículo 9.3 CE pero con particularidades frente al sistema general de fuentes del Código Civil, en especial la distinción entre ley y reglamento, la posición del Derecho de la Unión Europea y de los tratados internacionales, y el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
Art. 9.3 CE: principio de jerarquía normativa. Art. 103.1 CE: la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (principio de legalidad). Art. 93 CE: base constitucional de la integración de España en la Unión Europea. El Derecho de la Unión Europea se aplica con primacía sobre el derecho interno en caso de conflicto. Art. 96.1 CE: los tratados internacionales publicados oficialmente forman parte del ordenamiento interno. Art. 81 CE: distinción entre ley orgánica (mayoría absoluta) y ley ordinaria (mayoría simple). Art. 86 CE: el Decreto-ley exige extraordinaria y urgente necesidad y tiene materias vedadas. El Decreto-ley debe someterse a debate y votación de totalidad del Congreso en 30 días (art. 86.2 CE). Arts. 82 a 85 CE: el Decreto Legislativo exige delegación legislativa expresa (ley de bases o ley de autorización de refundición). Art. 97 CE: el Gobierno ejerce la potestad reglamentaria. El reglamento está subordinado a la ley: no puede invadir materias de reserva de ley ni contradecir una ley. Art. 37 Ley 39/2015: principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Título VI Ley 39/2015 (arts. 127-133): principios de buena regulación y procedimiento de elaboración normativa. Principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La Ley 50/1997, del Gobierno, ordena jerárquicamente las disposiciones según el órgano que las dicta. La costumbre tiene un papel muy limitado en Derecho Administrativo. Art. 3 Ley 40/2015: principios generales de actuación de las Administraciones Públicas (buena fe, confianza legítima, entre otros). Los principios generales del derecho limitan la discrecionalidad administrativa. La jurisprudencia no es fuente autónoma, pero condiciona decisivamente la aplicación del Derecho Administrativo. La reserva de ley impide que un reglamento regule ex novo determinadas materias sin habilitación legal previa. Art. 47.2 Ley 39/2015: las disposiciones administrativas ilegales son nulas de pleno derecho. Frente a un reglamento ilegal caben el recurso directo y el recurso indirecto (contra sus actos de aplicación). Los Jueces y Tribunales pueden inaplicar de oficio un reglamento ilegal al resolver un caso concreto.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).
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