Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.
Este tema aborda dos instituciones distintas pero frecuentemente agrupadas en los programas de Derecho Administrativo: de un lado, el régimen de los bienes públicos y, en particular, del dominio público, regulado con carácter básico en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP); de otro, la responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, regulada en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015 (LRJSP).
Clasificación de los bienes públicos: demaniales y patrimoniales (arts. 4 y 5 LPAP)
El artículo 4 LPAP clasifica los bienes y derechos de las Administraciones Públicas, por razón de su régimen jurídico, en bienes y derechos de dominio público o demaniales y bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales. Son demaniales, conforme al artículo 5 LPAP, los bienes de titularidad pública que se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales; entre ellos, la propia ley incluye expresamente los inmuebles donde se alojen los servicios, oficinas o dependencias de los órganos de las Administraciones Públicas. Son bienes patrimoniales, por exclusión, todos los que, siendo de titularidad pública, no tienen la condición de demaniales.
Las características o notas del dominio público (arts. 6 y 30 LPAP)
El artículo 30.1 LPAP dispone que los bienes y derechos de dominio público son inalienables, lo que impide su enajenación o disposición mientras conserven tal condición; imprescriptibles, de modo que no pueden adquirirse por terceros por el paso del tiempo, con independencia de su posesión; e inembargables, sin que puedan trabarse en un procedimiento de ejecución. El artículo 6 LPAP añade, entre los principios que deben presidir la gestión y administración de los bienes y derechos públicos, la inventariación, la adecuación de su utilización a los fines públicos que constituyen su objeto y la aplicación efectiva de dichos bienes a los fines de interés general a que están destinados.
Afectación y desafectación de bienes demaniales
La afectación es el acto o el hecho que determina la vinculación de un bien de titularidad pública al uso general o a un servicio público, incorporándolo al dominio público, mientras que la desafectación produce el efecto contrario: hace perder al bien su condición demanial e incorpora al dominio privado o patrimonial de la Administración. La desafectación exige, con carácter general, un acto administrativo expreso, salvo los supuestos de desafectación tácita admitidos excepcionalmente por la ley cuando resulte inequívoca la voluntad de la Administración de desprenderse del bien o cuando este haya dejado de estar destinado a un uso o servicio público.
Formas de uso y aprovechamiento del dominio público
El uso de los bienes de dominio público destinados al uso general puede ser común, cuando corresponde por igual a todos los ciudadanos y no requiere título habilitante (por ejemplo, el tránsito por una vía pública), o especial, cuando concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u obtención de una rentabilidad que exigen un título administrativo previo, generalmente una autorización. El uso privativo, que se produce cuando se ocupa una porción del dominio público de modo que limita o excluye la utilización por los demás, exige la obtención de una concesión administrativa, título que otorga al concesionario un derecho sobre el bien, sujeto a las condiciones y al plazo fijados en el propio título.
Los principios de la responsabilidad patrimonial (art. 32 LRJSP)
El artículo 32.1 LRJSP reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Para que nazca la obligación de indemnizar, el daño alegado ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, y debe existir una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. Se trata de una responsabilidad objetiva, porque no exige acreditar culpa o negligencia de la Administración, y directa, porque el particular reclama frente a la Administración y no frente al funcionario o autoridad concreto que hubiera podido causar el daño.
La indemnización y la responsabilidad de autoridades y personal (arts. 34 y 36 LRJSP)
El artículo 34 LRJSP fija los criterios de valoración del daño: la indemnización se calcula con arreglo a los criterios de valoración vigentes en el momento en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, y de los intereses que procedan por demora en su pago. El artículo 36 LRJSP regula la responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, estableciendo que estas responden directamente frente a los particulares, pero pueden exigir de oficio a las autoridades y personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, mediante el correspondiente procedimiento de reintegro o acción de regreso, previa instrucción del procedimiento que corresponda.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 4 LPAP: bienes de las Administraciones Públicas, demaniales o patrimoniales.
Art. 5 LPAP: son demaniales los bienes afectados al uso general o al servicio público.
Los bienes patrimoniales son, por exclusión, los que no tienen la condición de demaniales.
Art. 30.1 LPAP: el dominio público es inalienable, imprescriptible e inembargable.
La afectación incorpora un bien al dominio público; la desafectación lo devuelve al dominio patrimonial.
Uso común: corresponde a todos los ciudadanos por igual, sin título habilitante.
Uso especial: requiere autorización por concurrir circunstancias singulares.
Uso privativo: exige concesión administrativa y limita o excluye el uso por terceros.
Art. 32.1 LRJSP: derecho a indemnización por toda lesión derivada del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Requisitos del daño: efectivo, evaluable económicamente e individualizado, con relación de causalidad.
La responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva (no exige culpa) y directa (se reclama frente a la Administración).
Excluyen la responsabilidad: la fuerza mayor y el deber jurídico de soportar el daño.
Art. 34 LRJSP: la indemnización se calcula según los criterios vigentes cuando se produjo la lesión, actualizados a la fecha de fin del procedimiento.
La indemnización incluye los intereses de demora en el pago.
Art. 36 LRJSP: la Administración responde directamente y puede repetir contra autoridades o personal por dolo, culpa o negligencia graves.
La acción de regreso o de reintegro requiere un procedimiento previo instruido al efecto.
El dominio público y la responsabilidad patrimonial son dos instituciones distintas que suelen agruparse en un mismo tema.
La Ley 39/2015 (LPAC) regula las especialidades procedimentales para tramitar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cómo se determinan, conforme a la LPAP, los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 8 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?
Este tema aborda dos instituciones distintas pero frecuentemente agrupadas en los programas de Derecho Administrativo: de un lado, el régimen de los bienes públicos y, en particular, del dominio público, regulado con carácter básico en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP); de otro, la responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, regulada en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015 (LRJSP).
¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?
Art. 4 LPAP: bienes de las Administraciones Públicas, demaniales o patrimoniales. Art. 5 LPAP: son demaniales los bienes afectados al uso general o al servicio público. Los bienes patrimoniales son, por exclusión, los que no tienen la condición de demaniales. Art. 30.1 LPAP: el dominio público es inalienable, imprescriptible e inembargable. La afectación incorpora un bien al dominio público; la desafectación lo devuelve al dominio patrimonial. Uso común: corresponde a todos los ciudadanos por igual, sin título habilitante. Uso especial: requiere autorización por concurrir circunstancias singulares. Uso privativo: exige concesión administrativa y limita o excluye el uso por terceros. Art. 32.1 LRJSP: derecho a indemnización por toda lesión derivada del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Requisitos del daño: efectivo, evaluable económicamente e individualizado, con relación de causalidad. La responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva (no exige culpa) y directa (se reclama frente a la Administración). Excluyen la responsabilidad: la fuerza mayor y el deber jurídico de soportar el daño. Art. 34 LRJSP: la indemnización se calcula según los criterios vigentes cuando se produjo la lesión, actualizados a la fecha de fin del procedimiento. La indemnización incluye los intereses de demora en el pago. Art. 36 LRJSP: la Administración responde directamente y puede repetir contra autoridades o personal por dolo, culpa o negligencia graves. La acción de regreso o de reintegro requiere un procedimiento previo instruido al efecto. El dominio público y la responsabilidad patrimonial son dos instituciones distintas que suelen agruparse en un mismo tema. La Ley 39/2015 (LPAC) regula las especialidades procedimentales para tramitar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, arts. 4, 5, 6 y 30
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 32, 34 y 36
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