Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Estudio particular de los derechos y deberes fundamentales, y de la regulación constitucional de la Jefatura del Estado y de los Poderes Públicos. Estudio particular del derecho a la protección de la salud.
Este temario corresponde al personal estatutario fijo de la categoría Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sistemas de acceso libre y promoción interna. Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 31 de julio de 2024), citado como programa aplicable por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE y de Técnico/a en Farmacia. Consta de 29 temas (10 de Temario Común + 19 de Temario Específico). No cubre otras categorías técnicas del SAS (Técnico/a en Farmacia, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Anatomía Patológica, Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico o Radioterapia), que tienen programas propios en Anexos distintos de la misma resolución.
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico: fija los valores y derechos fundamentales de todos los españoles, organiza la Jefatura del Estado y los Poderes Públicos, y reconoce expresamente el derecho a la protección de la salud, el pilar sobre el que se sostiene todo el Sistema Nacional de Salud y, dentro de él, el Servicio Andaluz de Salud.
La Constitución de 1978 consta de un Preámbulo, un Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978 (entrada en vigor ese mismo día). El art. 1 CE define España como «un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (art. 1.1), establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2), y fija la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado (art. 1.3). Es un artículo de preguntas muy frecuentes: hay que memorizar literalmente los cuatro valores superiores y no confundirlos con los principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos).
Derechos y deberes fundamentales (Título I, arts. 10-55)
El Título I, «De los derechos y deberes fundamentales» (arts. 10-55), es el bloque más extenso de la Constitución y uno de los más preguntados. Se abre con el art. 10 (dignidad de la persona, derechos inviolables y libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social; las normas sobre derechos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España). Se estructura en cinco capítulos: Cap. I «De los españoles y los extranjeros» (arts. 11-13), Cap. II «Derechos y libertades» (arts. 14-38), Cap. III «De los principios rectores de la política social y económica» (arts. 39-52), Cap. IV «De las garantías de las libertades y derechos fundamentales» (arts. 53-54) y Cap. V «De la suspensión de los derechos y libertades» (art. 55). El Capítulo II comienza con el art. 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.» El Capítulo II se divide en dos secciones: la Sección 1ª («De los derechos fundamentales y de las libertades públicas», arts. 15-29) y la Sección 2ª («De los derechos y deberes de los ciudadanos», arts. 30-38). Distinguir en qué sección está cada derecho es una trampa de examen habitual, porque el nivel de protección varía según la sección.
Garantías de las libertades y derechos fundamentales (art. 53 CE)
El art. 53 CE gradúa la protección de los derechos según dónde se ubiquen: (1) los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos; solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio (art. 53.1, con reserva de ley); (2) la tutela de los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª del Capítulo II (y la objeción de conciencia del art. 30) puede recabarse ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2); (3) los principios rectores del Capítulo III (entre ellos el derecho a la protección de la salud del art. 43) informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3). Por tanto, no son directamente exigibles por sí solos, a diferencia de los derechos del Capítulo II. Para el desarrollo de los derechos de la Sección 1ª se exige además ley orgánica (art. 81.1), mientras que el art. 53.1 exige ley ordinaria para regular el ejercicio de los derechos del Capítulo II.
La Jefatura del Estado: la Corona (Título II, arts. 56-65)
El Título II (arts. 56-65) regula la Corona. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales (art. 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3). La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica; el orden sucesorio es: línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer, y a igualdad de sexo la persona de más edad a la de menos (art. 57.1). La preferencia del varón sobre la mujer sigue figurando en el texto constitucional vigente: nunca ha sido reformada. Las abdicaciones y renuncias, así como las dudas de hecho o de derecho en el orden de sucesión, se resuelven por ley orgánica (art. 57.5). Entre las funciones del Rey (art. 62) están sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, convocar referéndum, proponer el candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo, y ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Los actos del Rey están sujetos a refrendo (art. 64): sin él carecen de validez, y de esos actos responde quien los refrenda (el Presidente del Gobierno o los Ministros competentes; la propuesta de candidato a Presidente y la disolución del art. 99 las refrenda el Presidente del Congreso).
Los Poderes Públicos: Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial
Las Cortes Generales (Título III, arts. 66-96) representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado; ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución (art. 66.2). Son inviolables. El Gobierno (Título IV, arts. 97-107) dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97); se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98). El Poder Judicial (Título VI, arts. 117-127) emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1); el Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno (art. 122.2).
El derecho a la protección de la salud (art. 43 CE)
El art. 43 CE, dentro del Capítulo III del Título I ("De los principios rectores de la política social y económica"), reconoce el derecho a la protección de la salud (art. 43.1); encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, remitiendo a la ley el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art. 43.2); y obliga a los poderes públicos a fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, así como a facilitar la adecuada utilización del ocio (art. 43.3). Es el fundamento constitucional último de toda la organización sanitaria pública española, incluido el Sistema Sanitario Público de Andalucía, pero como principio rector del Capítulo III, y no derecho fundamental del Capítulo II, no es directamente exigible ante los tribunales por sí solo (art. 53.3): necesita del desarrollo legal que hacen normas como la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud de Andalucía.
El Preámbulo y los fines proclamados por la Nación española
Aunque el Preámbulo de la Constitución carece de valor normativo directo (no crea derechos ni obligaciones exigibles por sí mismo), sirve como criterio de interpretación de todo el texto constitucional. En él, la Nación española proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar una digna calidad de vida, y colaborar en el fortalecimiento de relaciones pacíficas entre todos los pueblos de la Tierra. Estas ideas anticipan el espíritu de los principios rectores del Capítulo III, entre ellos el derecho a la protección de la salud.
El Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165 CE)
El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado (ambos por mayoría de tres quintos), dos a propuesta del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1). Han de ser magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional (art. 159.2). Se designan por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres (art. 159.3). Es el intérprete supremo de la Constitución. Sus competencias fundamentales: el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161.1.a); el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2, es decir, el art. 14, los de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y la objeción de conciencia del art. 30 (art. 161.1.b); los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (art. 161.1.c); y la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163), planteada por un juez o tribunal ordinario cuando considera que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo pueda ser contraria a la Constitución. No debe confundirse con el Tribunal Supremo, que es el órgano superior del Poder Judicial ordinario.
El Defensor del Pueblo (art. 54 CE)
El art. 54 CE crea al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Actúa con independencia y sin sujeción a mandato imperativo. Aunque sus resoluciones no tienen carácter ejecutivo ni sancionador (no puede anular actos administrativos), su labor de supervisión, la emisión de recomendaciones y su capacidad para instar recursos de inconstitucionalidad o de amparo lo convierten en una garantía adicional de los derechos de los ciudadanos frente a las Administraciones públicas, incluido el Servicio Andaluz de Salud.
El Poder Judicial: unidad jurisdiccional, Tribunal Supremo y Ministerio Fiscal
El principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, con la única excepción de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. Quedan prohibidos los Tribunales de excepción (art. 117.6). El Tribunal Supremo (art. 123 CE), con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional. El Ministerio Fiscal (art. 124 CE), regulado en el Título VI, tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social; actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. Su Estatuto Orgánico (Ley 50/1981) lo define como órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.
El Gobierno: investidura, moción de censura y cuestión de confianza
El Presidente del Gobierno es propuesto por el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y elegido por el Congreso de los Diputados en sesión de investidura, tras obtener la mayoría absoluta en primera votación o, de no lograrse, la mayoría simple en una segunda votación 48 horas después (art. 99 CE). Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato obtiene la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso (art. 99.5). El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la moción de censura, que en España es «constructiva»: debe ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, incluir un candidato alternativo a la Presidencia y ser aprobada por mayoría absoluta (art. 113 CE), de forma que censura y elección de nuevo Presidente se producen en un solo acto. El propio Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general (art. 112 CE), que se entiende otorgada por mayoría simple. El Presidente puede proponer la disolución de las Cortes, bajo su exclusiva responsabilidad, pero no mientras esté en trámite una moción de censura ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución (art. 115).
La organización territorial del Estado (Título VIII, art. 137 CE)
El art. 137 CE organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan; todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 2 CE, en el Título Preliminar, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Sobre esta base constitucional se asienta el Estatuto de Autonomía para Andalucía (estudiado en el Tema 2), que es la norma institucional básica mediante la que Andalucía ejerce ese derecho de autogobierno.
La reforma constitucional (Título X, arts. 166 a 169 CE)
La Constitución prevé dos procedimientos de reforma. El procedimiento ordinario (art. 167) exige la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, se intenta mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores que presente un texto, y si tampoco así se logra, basta la aprobación por mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum de ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento agravado (art. 168) se exige cuando se propone una revisión total de la Constitución, o una revisión parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas) o al Título II (la Corona): requiere aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras, estudio del nuevo texto constitucional y aprobación por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras, y sometimiento obligatorio a referéndum. La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166, por remisión al art. 87.1 y 2). Hasta la fecha la Constitución se ha reformado tres veces por el procedimiento del art. 167: en 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en 2024 (art. 49, sustitución de «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos» por «personas con discapacidad», publicada en el BOE el 17 de febrero de 2024). Está además prohibida la iniciativa de reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del art. 116 (art. 169).
Deberes constitucionales del Título I
Junto a los derechos, la Constitución impone deberes a los ciudadanos: el art. 30 establece el derecho y el deber de defender a España; el art. 31 impone el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad; y el art. 35 reconoce el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a una remuneración suficiente, deber y derecho que fundamenta también el desempeño de una profesión sanitaria o técnico-sanitaria como la del TCAE. Estos deberes se estudian con frecuencia en paralelo a los derechos con los que se relacionan.
Otros principios rectores del Capítulo III relacionados con la salud
El derecho a la protección de la salud (art. 43) no está aislado dentro del Capítulo III: convive con otros principios rectores que también inciden en la política sanitaria. El art. 40.2 encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. El art. 41 impone mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. El art. 45 reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, con el deber de conservarlo, vinculado a la salud pública y a la correcta gestión de los residuos sanitarios que el TCAE aplica en su práctica diaria (Tema 16). El art. 49, reformado en 2024, ordena a los poderes públicos impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. El art. 50 obliga a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, y a promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, principio directamente relacionado con los cuidados integrales de la persona mayor que estudia el Tema 27. El art. 51 impone la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos.
Igualdad formal (art. 14) e igualdad material (art. 9.2 CE)
Es habitual confundir en examen el art. 14 CE con el art. 9.2 CE, que regulan dos dimensiones distintas de la igualdad. El art. 14 proclama la igualdad formal: la ley debe tratar a todos los ciudadanos por igual, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal o social; esta igualdad, aplicada a la atención sanitaria, es la base del acceso de cualquier paciente a los cuidados del TCAE sin discriminación alguna. El art. 9.2, en cambio, impone a los poderes públicos un mandato de igualdad material o real: promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Las políticas de igualdad de género andaluzas estudiadas en el Tema 7 son una aplicación directa de este mandato del art. 9.2 CE.
El derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE)
El art. 15 CE, situado en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I y por tanto tutelado por recurso de amparo, reconoce que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. En su redacción original abolía la pena de muerte, salvo lo que pudieran disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra; esa excepción quedó sin contenido con la abolición total por la Ley Orgánica 11/1995. Es el fundamento último de toda actuación sanitaria urgente: la obligación de actuar ante una parada cardiorrespiratoria mediante reanimación cardiopulmonar (Tema 23) o de prestar los primeros auxilios que estén al alcance del personal TCAE deriva, en último término, de este derecho fundamental, que además vincula a la prohibición de cualquier trato degradante o negligente hacia el paciente en el cuidado diario.
El derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18 CE)
El art. 18.1 CE garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; el art. 18.2 declara la inviolabilidad del domicilio; el art. 18.3 garantiza el secreto de las comunicaciones; y el art. 18.4 obliga a la ley a limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Este precepto, tutelado por recurso de amparo al formar parte de la Sección 1ª, es el fundamento constitucional del deber de confidencialidad y del secreto profesional que el TCAE debe respetar en su contacto directo con el paciente durante los cuidados de higiene, movilización o eliminación, y de la normativa de protección de datos de salud que desarrolla este mandato (Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, estudiada en el Tema 5).
Igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público (arts. 23.2 y 103.3 CE)
El art. 23.2 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; el art. 103.3 CE remite a la ley la regulación del estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la sindicación. Estos dos preceptos son el fundamento constitucional directo de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen la selección del personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud —incluida la categoría de TCAE— conforme al art. 29 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco (Tema 8), y de que dicha selección se realice siempre mediante convocatoria pública.
El sometimiento de ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE) y la reserva de ley orgánica (art. 81 CE)
El art. 9.1 CE establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, principio de legalidad que fundamenta el deber estatutario del personal TCAE de respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico (art. 19.a) de la Ley 55/2003, Tema 8). El art. 81 CE reserva a la ley orgánica, entre otras materias, el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, exigiendo para su aprobación, modificación o derogación la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto; por eso normas como el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Tema 2) o la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos (Tema 5) revisten precisamente la forma de ley orgánica.
El Título Preliminar (arts. 1-9)
Además del art. 1 (Estado social y democrático de Derecho, valores superiores, soberanía popular, Monarquía parlamentaria), el Título Preliminar contiene: art. 2 (unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones); art. 3 (el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos); art. 4 (bandera de España, formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas); art. 5 (la capital del Estado es la villa de Madrid); art. 6 (los partidos políticos: expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política; su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos); art. 7 (sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales); art. 8 (las Fuerzas Armadas, cuya misión es garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional); y art. 9 (sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico, igualdad material en el art. 9.2 y principios del art. 9.3).
Catálogo de derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) y de la Sección 2ª (arts. 30-38)
Para localizar rápidamente un derecho conviene memorizar su artículo. Sección 1ª (amparo): art. 15 vida e integridad; 16 libertad ideológica, religiosa y de culto (nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; ninguna confesión tendrá carácter estatal); 17 libertad y seguridad (la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, un máximo de setenta y dos horas, tras las cuales el detenido ha de ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial); 18 honor, intimidad e imagen, domicilio y secreto de las comunicaciones; 19 libertad de residencia y circulación; 20 libertad de expresión, información, producción literaria y científica, cátedra (sin censura previa); 21 reunión pacífica y sin armas; 22 asociación; 23 participación en los asuntos públicos y acceso a cargos públicos; 24 tutela judicial efectiva, juez ordinario predeterminado por la ley, defensa, presunción de inocencia; 25 principio de legalidad penal y reinserción de las penas; 26 prohibición de los tribunales de honor; 27 derecho a la educación y libertad de enseñanza; 28 libertad sindical y huelga; 29 derecho de petición individual y colectiva. Sección 2ª: art. 30 defensa de España y objeción de conciencia; 31 deber de contribuir (sistema tributario justo, igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio); 32 matrimonio (hombre y mujer tienen derecho a contraerlo con plena igualdad jurídica); 33 propiedad privada y herencia; 34 derecho de fundación; 35 deber y derecho al trabajo; 36 colegios profesionales; 37 negociación colectiva y conflictos colectivos; 38 libertad de empresa.
Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52)
El Capítulo III reúne los principios de la política social y económica, cuyo reconocimiento, respeto y protección informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3). Su catálogo: art. 39 protección social, económica y jurídica de la familia y de la infancia; 40 progreso social y económico, distribución de la renta, pleno empleo y seguridad e higiene en el trabajo; 41 Seguridad Social; 42 derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero; 43 protección de la salud; 44 acceso a la cultura; 45 medio ambiente; 46 conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico; 47 derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; 48 participación de la juventud; 49 personas con discapacidad (texto reformado en 2024); 50 tercera edad; 51 defensa de consumidores y usuarios; 52 organizaciones profesionales. La salud está presente además en otros preceptos: el art. 51.1 (protección de la salud de consumidores) y el art. 40.2 (higiene laboral).
Suspensión de derechos y estados de alarma, excepción y sitio (arts. 55 y 116 CE)
El Capítulo V del Título I (art. 55) permite suspender determinados derechos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio; el estado de alarma no permite suspender derechos, solo limitarlos. Además, una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en que, de manera individual y con la necesaria intervención judicial y control parlamentario, algunos derechos puedan suspenderse para personas determinadas en relación con investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas (art. 55.2). El art. 116 regula los tres estados, desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: el estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse; el estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, hasta treinta días prorrogables por otros treinta; el estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. No puede procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados alguno de estos estados (art. 116.5).
Las Cortes Generales: composición, funcionamiento y tipos de normas con rango de ley
El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (art. 68.1); la ley electoral actual (LOREG, Ley Orgánica 5/1985) lo fija en 350, elegidos en circunscripciones provinciales por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con representación proporcional; Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una. El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1): cuatro senadores por provincia, con reglas propias para islas, Ceuta y Melilla, más los designados por las Comunidades Autónomas (uno y otro más por cada millón de habitantes). Ambas Cámaras se eligen por cuatro años (arts. 68.4 y 69.6). Los tipos de norma con rango de ley son: la ley orgánica (art. 81, mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto), la ley ordinaria, el decreto legislativo (art. 82, delegación de las Cortes en el Gobierno) y el decreto-ley (art. 86, dictado por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, con convalidación del Congreso en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación; no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general). En el procedimiento legislativo, el Senado dispone de dos meses para vetar (por mayoría absoluta) o enmendar el texto aprobado por el Congreso; el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple (art. 90). La iniciativa legislativa popular exige 500.000 firmas acreditadas (art. 87.3).
Reparto competencial en sanidad y desarrollo legal del art. 43
La Constitución no reserva la sanidad a un solo nivel: el art. 148.1.21ª permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en sanidad e higiene, y el art. 149.1.16ª reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos; el art. 149.1.17ª le reserva la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, y el art. 149.1.1ª la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. Este reparto explica la arquitectura del sistema sanitario: normativa básica estatal y gestión autonómica a través de los servicios de salud (en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud). Las normas principales que desarrollan el art. 43 son la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (que crea el Sistema Nacional de Salud sobre los principios de universalización, financiación pública y descentralización), la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
Jurisprudencia constitucional relevante sobre vida, integridad y salud
El Tribunal Constitucional ha precisado el alcance del art. 15 CE en varias resoluciones de referencia. La STC 53/1985 (despenalización parcial del aborto) afirmó que la vida humana es un valor fundamental y condición de los demás derechos, y que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el art. 15, sin que ello implique que sea titular del derecho fundamental. La STC 120/1990 (huelga de hambre de reclusos) negó que el derecho a la vida incluya un derecho a la propia muerte y consideró que la asistencia médica obligatoria a un recluso en huelga de hambre no vulneraba el art. 15 por responder al deber de la Administración penitenciaria de velar por la vida y la salud de los internos. En materia de eutanasia, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, fue declarada conforme a la Constitución por la STC 19/2023. Asimismo, el TC ha reiterado la doble dimensión de los derechos fundamentales: derechos subjetivos de los ciudadanos y elementos esenciales del ordenamiento objetivo (STC 25/1981).
El recurso de amparo constitucional
El recurso de amparo (art. 161.1.b CE, desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, LOTC) protege frente a violaciones de los derechos y libertades del art. 14, de la Sección 1ª del Capítulo II y de la objeción de conciencia (art. 30), originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vías de hecho de los poderes públicos. Pueden interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b). Exige haber agotado previamente la vía judicial procedente y haber invocado el derecho vulnerado en el proceso. Tras la reforma de 2007 (LO 6/2007), el recurso solo se admite si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional. El plazo general es de veinte días contra actos de la Administración y de treinta días contra resoluciones judiciales. Los legitimados para el recurso de inconstitucionalidad (art. 162.1.a) son, en cambio, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores y los órganos ejecutivos y asambleas de las Comunidades Autónomas, en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma.
El Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE)
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, Ley Orgánica 6/1985) determina la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales y el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.2). Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales y ocho juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, cuatro propuestos por el Congreso y cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos (art. 122.3). La Constitución no fija el procedimiento de elección de los doce miembros judiciales, que regula la LOPJ. Sus competencias principales son los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los cuatro valores superiores del art. 1.1 CE: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político — no confundir con los principios del art. 9.3.
El art. 43 (derecho a la protección de la salud) está en el Capítulo III del Título I, no en el Capítulo II: es un principio rector, no un derecho fundamental, y por tanto no es exigible directamente ante los tribunales por sí solo (art. 53.3).
Solo los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2).
Los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo correspondiente (art. 64 CE), y de ellos responde quien los refrenda, no el Rey.
La CE consta de un Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
El Capítulo II del Título I se divide en Sección 1ª (arts. 15-29: derechos fundamentales y libertades públicas) y Sección 2ª (arts. 30-38: derechos y deberes de los ciudadanos), con distinto nivel de protección.
Distinguir art. 14 (igualdad formal ante la ley) del art. 9.2 (igualdad material o real, mandato a los poderes públicos de remover obstáculos): son dos dimensiones distintas de la igualdad.
El Tribunal Constitucional tiene 12 miembros nombrados por el Rey a propuesta de Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ; resuelve recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, conflictos de competencia y cuestiones de inconstitucionalidad.
El Defensor del Pueblo (art. 54) es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I; supervisa la Administración pero sus resoluciones no son ejecutivas ni sancionadoras.
Principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5): base de la organización de los Tribunales, con la única excepción de la jurisdicción militar en el ámbito castrense.
El Ministerio Fiscal (art. 124) no se integra en el Poder Judicial; promueve la acción de la justicia conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
Investidura del Presidente del Gobierno (art. 99): mayoría absoluta del Congreso en primera votación, mayoría simple en segunda.
La moción de censura española es constructiva (art. 113): debe incluir un candidato alternativo y aprobarse por mayoría absoluta; distinta de la cuestión de confianza (art. 112), que basta mayoría simple.
El art. 137 organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Dos procedimientos de reforma constitucional: ordinario (art. 167, 3/5 de cada Cámara) y agravado (art. 168, para Título Preliminar, Sección 1ª del Cap. II o Título II — 2/3, disolución de Cortes, ratificación y referéndum obligatorio).
Deberes constitucionales clave: defender a España (art. 30), contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31) y el deber-derecho al trabajo (art. 35).
El art. 15 CE (derecho a la vida e integridad física y moral), en la Sección 1ª, es el fundamento último de la obligación de actuar en RCP y primeros auxilios.
El art. 18 CE (intimidad personal y familiar y propia imagen) fundamenta el deber de confidencialidad y secreto profesional del TCAE.
Los arts. 23.2 y 103.3 CE (igualdad, mérito y capacidad) son la base constitucional de la selección del personal estatutario, incluida la categoría TCAE.
Orden sucesorio (art. 57.1): línea anterior, grado más próximo, varón sobre mujer en el mismo grado y, a igualdad de sexo, la persona de más edad; la preferencia del varón no ha sido reformada.
Recurso de amparo: arts. 14, 15-29 y objeción de conciencia del art. 30.2 (art. 53.2 y 161.1.b). El art. 43 y el resto del Capítulo III NO tienen amparo.
La cuestión de inconstitucionalidad está en el art. 163 CE, no en el 161; el 161 recoge inconstitucionalidad, amparo y conflictos de competencia.
Mandato del TC: nueve años, renovación por terceras partes cada tres; requisito: jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.
Estados del art. 116: alarma (Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso), excepción (autorización previa del Congreso, 30+30 días) y sitio (mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno). Solo en excepción y sitio pueden suspenderse derechos.
La Constitución se ha reformado tres veces: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49, «personas con discapacidad»).
Competencias sanitarias: el Estado tiene las bases y coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16ª); las Comunidades Autónomas pueden asumir sanidad e higiene (art. 148.1.21ª).
La detención preventiva dura como máximo 72 horas (art. 17.2); el habeas corpus se regula por ley (art. 17.4).
Decreto-ley (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad, convalidación del Congreso en 30 días, con materias vedadas (instituciones básicas, Título I, CCAA, derecho electoral general).
CGPJ: Presidente del TS más 20 vocales por cinco años (12 jueces y magistrados y 8 juristas: 4 Congreso y 4 Senado por 3/5).
La iniciativa legislativa popular exige 500.000 firmas (art. 87.3); en la reforma agravada el referéndum es obligatorio y en la ordinaria solo si lo pide una décima parte de los miembros de una Cámara.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Por su ubicación como principio rector del Capítulo III, el derecho a la protección de la salud del art. 43 CE:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de TCAE?
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico: fija los valores y derechos fundamentales de todos los españoles, organiza la Jefatura del Estado y los Poderes Públicos, y reconoce expresamente el derecho a la protección de la salud, el pilar sobre el que se sostiene todo el Sistema Nacional de Salud y, dentro de él, el Servicio Andaluz de Salud.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
Los cuatro valores superiores del art. 1.1 CE: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político — no confundir con los principios del art. 9.3. El art. 43 (derecho a la protección de la salud) está en el Capítulo III del Título I, no en el Capítulo II: es un principio rector, no un derecho fundamental, y por tanto no es exigible directamente ante los tribunales por sí solo (art. 53.3). Solo los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). Los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo correspondiente (art. 64 CE), y de ellos responde quien los refrenda, no el Rey. La CE consta de un Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. El Capítulo II del Título I se divide en Sección 1ª (arts. 15-29: derechos fundamentales y libertades públicas) y Sección 2ª (arts. 30-38: derechos y deberes de los ciudadanos), con distinto nivel de protección. Distinguir art. 14 (igualdad formal ante la ley) del art. 9.2 (igualdad material o real, mandato a los poderes públicos de remover obstáculos): son dos dimensiones distintas de la igualdad. El Tribunal Constitucional tiene 12 miembros nombrados por el Rey a propuesta de Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ; resuelve recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, conflictos de competencia y cuestiones de inconstitucionalidad. El Defensor del Pueblo (art. 54) es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I; supervisa la Administración pero sus resoluciones no son ejecutivas ni sancionadoras. Principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5): base de la organización de los Tribunales, con la única excepción de la jurisdicción militar en el ámbito castrense. El Ministerio Fiscal (art. 124) no se integra en el Poder Judicial; promueve la acción de la justicia conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Investidura del Presidente del Gobierno (art. 99): mayoría absoluta del Congreso en primera votación, mayoría simple en segunda. La moción de censura española es constructiva (art. 113): debe incluir un candidato alternativo y aprobarse por mayoría absoluta; distinta de la cuestión de confianza (art. 112), que basta mayoría simple. El art. 137 organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Dos procedimientos de reforma constitucional: ordinario (art. 167, 3/5 de cada Cámara) y agravado (art. 168, para Título Preliminar, Sección 1ª del Cap. II o Título II — 2/3, disolución de Cortes, ratificación y referéndum obligatorio). Deberes constitucionales clave: defender a España (art. 30), contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31) y el deber-derecho al trabajo (art. 35). El art. 15 CE (derecho a la vida e integridad física y moral), en la Sección 1ª, es el fundamento último de la obligación de actuar en RCP y primeros auxilios. El art. 18 CE (intimidad personal y familiar y propia imagen) fundamenta el deber de confidencialidad y secreto profesional del TCAE. Los arts. 23.2 y 103.3 CE (igualdad, mérito y capacidad) son la base constitucional de la selección del personal estatutario, incluida la categoría TCAE. Orden sucesorio (art. 57.1): línea anterior, grado más próximo, varón sobre mujer en el mismo grado y, a igualdad de sexo, la persona de más edad; la preferencia del varón no ha sido reformada. Recurso de amparo: arts. 14, 15-29 y objeción de conciencia del art. 30.2 (art. 53.2 y 161.1.b). El art. 43 y el resto del Capítulo III NO tienen amparo. La cuestión de inconstitucionalidad está en el art. 163 CE, no en el 161; el 161 recoge inconstitucionalidad, amparo y conflictos de competencia. Mandato del TC: nueve años, renovación por terceras partes cada tres; requisito: jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. Estados del art. 116: alarma (Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso), excepción (autorización previa del Congreso, 30+30 días) y sitio (mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno). Solo en excepción y sitio pueden suspenderse derechos. La Constitución se ha reformado tres veces: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49, «personas con discapacidad»). Competencias sanitarias: el Estado tiene las bases y coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16ª); las Comunidades Autónomas pueden asumir sanidad e higiene (art. 148.1.21ª). La detención preventiva dura como máximo 72 horas (art. 17.2); el habeas corpus se regula por ley (art. 17.4). Decreto-ley (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad, convalidación del Congreso en 30 días, con materias vedadas (instituciones básicas, Título I, CCAA, derecho electoral general). CGPJ: Presidente del TS más 20 vocales por cinco años (12 jueces y magistrados y 8 juristas: 4 Congreso y 4 Senado por 3/5). La iniciativa legislativa popular exige 500.000 firmas (art. 87.3); en la reforma agravada el referéndum es obligatorio y en la ordinaria solo si lo pide una décima parte de los miembros de una Cámara.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE. (Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229), con las reformas de los arts. 13.2 (1992), 135 (2011) y 49 (2024).
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Mientras tanto, practica con tests gratis de TCAE.