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Tema 9. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: Principios generales; el derecho de información sanitaria; derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente y el consentimiento informado; la historia clínica; el informe de alta y otra documentación clínica. La tarjeta sanitaria de Andalucía.

Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025) · Índice oficial del BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE..

Este temario corresponde al personal estatutario fijo de la categoría Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sistemas de acceso libre y promoción interna. Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 31 de julio de 2024), citado como programa aplicable por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE y de Técnico/a en Farmacia. Consta de 29 temas (10 de Temario Común + 19 de Temario Específico). No cubre otras categorías técnicas del SAS (Técnico/a en Farmacia, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Anatomía Patológica, Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico o Radioterapia), que tienen programas propios en Anexos distintos de la misma resolución.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es la norma estatal básica que desarrolla en el ámbito clínico el derecho a la protección de la salud y sitúa al paciente, y no solo al profesional, en el centro de la toma de decisiones. Regula los principios generales, el derecho a la información sanitaria, el derecho a la intimidad, el respeto de la autonomía del paciente y el consentimiento informado (incluidas las instrucciones previas), la historia clínica (contenido, usos, conservación y acceso), el informe de alta y otra documentación clínica (certificados médicos). Ha sido reformada, entre otras, por la Ley 26/2015 (menores) y la Ley 8/2021 (apoyos a personas con discapacidad). Se completa con la Tarjeta Sanitaria de Andalucía como documento acreditativo del derecho a la asistencia dentro del SSPA.

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Principios básicos (art. 2)

El art. 2 fija los principios que orientan toda la ley: la dignidad de la persona, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir información y documentación clínica. Toda actuación en el ámbito sanitario requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada. El paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles, y también tiene derecho a negarse al tratamiento, salvo en los casos determinados por la ley, negativa que debe constar por escrito. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no solo a la correcta prestación de sus técnicas, sino también al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. Los pacientes tienen el deber de facilitar datos veraces sobre su estado físico o sobre su salud.

El derecho de información asistencial (arts. 4 y 5)

El art. 4 reconoce el derecho de los pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la ley; esta información, como regla general, se proporciona verbalmente, dejando constancia en la historia clínica, y comprende como mínimo la finalidad, la naturaleza, los riesgos y las consecuencias de cada intervención. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. El médico responsable garantiza el cumplimiento del derecho a la información; los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

Titular del derecho a la información y estado de necesidad terapéutica (art. 5)

El art. 5 establece que el titular del derecho a la información es el paciente; también serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida en que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Cuando el paciente carezca de capacidad para entender la información, se informará también a su representante legal o a las personas vinculadas a él. El art. 5.4 recoge el llamado estado de necesidad terapéutica: excepcionalmente, el facultativo puede actuar profesionalmente sin informar antes al paciente cuando, por razones objetivas, el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave; en tal caso, el médico debe dejar constancia razonada de esta circunstancia en la historia clínica y comunicar su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.

Otros derechos de información (arts. 6, 12 y 13)

El art. 6 reconoce el derecho a la información epidemiológica: los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud. El art. 12 recoge el derecho a la información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso, y el art. 13 el derecho a la información para la elección de médico y de centro, en los términos de la legislación de cada Comunidad Autónoma.

El derecho a la intimidad (art. 7)

El art. 7 de la Ley 41/2002 reconoce el derecho de toda persona a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley, obligando a toda persona que elabore o tenga acceso a esta información a guardar la reserva debida. Los centros sanitarios deben adoptar las medidas oportunas para garantizar estos derechos y elaborar, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. Este derecho es especialmente relevante para el personal TCAE en su trato directo y continuado con el paciente durante los cuidados de higiene, movilización o eliminación, así como en el traslado de pacientes por zonas comunes, donde debe evitarse cualquier divulgación innecesaria de datos sobre su estado de salud a terceros ajenos a su atención. Los datos de salud son además una categoría especial de datos personales en el RGPD y la LOPDGDD (Tema 5).

El consentimiento informado (arts. 8 y 10)

El art. 8 establece que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información, haya valorado las opciones propias del caso. Como regla general, el consentimiento se prestará verbalmente, pero deberá recogerse por escrito en los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, en la aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. El consentimiento puede ser revocado libremente por escrito en cualquier momento. El art. 10 detalla la información básica que debe facilitarse antes de recabar el consentimiento escrito: las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales conforme a la experiencia y al estado de la ciencia, y las contraindicaciones.

Límites del consentimiento informado (art. 9)

El art. 9 regula los límites del consentimiento informado y de la información. El paciente puede renunciar a ser informado, lo que debe constar documentalmente y no excluye la obtención de su consentimiento para la intervención. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en dos casos: a) cuando existe riesgo para la salud pública por razones sanitarias establecidas por la ley (si se dispone el internamiento obligatorio de personas, debe comunicarse a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas); y b) cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.

El consentimiento por representación (art. 9.3)

El art. 9.3 regula los supuestos en los que el consentimiento se otorga por representación: cuando el paciente, a criterio del médico responsable, no es capaz de tomar decisiones o su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de su situación (si carece de representante legal, consienten las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho); cuando el paciente tiene la capacidad modificada judicialmente y así consta en la sentencia (tras la Ley 8/2021, que sustituye al antiguo paciente incapacitado); y cuando el paciente es menor de edad y no es capaz, intelectual ni emocionalmente, de comprender el alcance de la intervención, en cuyo caso el consentimiento lo presta su representante legal después de haber escuchado su opinión. Cuando el consentimiento lo otorgan los representantes o las personas vinculadas, la decisión debe adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente; las decisiones contrarias a esos intereses deben ponerse en conocimiento de la autoridad judicial. El paciente debe participar en la medida de lo posible en la toma de decisiones.

Los menores de edad como pacientes

La Ley 41/2002, tras la reforma de la Ley 26/2015, distingue umbrales de capacidad del menor como paciente: si el menor no es capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, consienten sus representantes legales, después de escuchar su opinión (siempre que tenga doce años cumplidos o suficiente juicio, conforme a la legislación de protección del menor). Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados que estén emancipados o tengan dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación: consienten por sí mismos. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión se tendrá en cuenta para la toma de decisión. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se rige por las disposiciones especiales de aplicación.

Instrucciones previas o voluntades anticipadas (art. 11)

El art. 11 regula el documento de instrucciones previas (también llamado de voluntades anticipadas), por el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos una vez llegado el fallecimiento, para que se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente. La persona otorgante puede designar un representante como interlocutor con el médico o el equipo sanitario. No serán aplicadas las instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho previsto; pueden revocarse libremente por escrito. A nivel estatal existe el Registro Nacional de Instrucciones Previas (Real Decreto 124/2007). En Andalucía se rigen por la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, y se inscriben en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, de forma que puedan ser conocidas por el equipo asistencial responsable del paciente.

La historia clínica: concepto y contenido (arts. 14 y 15)

El art. 14 define la historia clínica como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. El art. 15 detalla su contenido mínimo, que incluye, entre otros documentos, la hoja clínico-estadística, la autorización de ingreso, el informe de urgencia, la anamnesis y la exploración física, la evolución, las órdenes médicas, las hojas de interconsulta, los informes de exploraciones complementarias, el consentimiento informado, el informe de anestesia, el informe de quirófano o registro del parto, el informe de anatomía patológica, la evolución y planificación de cuidados de enfermería, la aplicación terapéutica de enfermería, el gráfico de constantes y el informe de alta. Esta relación permite distinguir la historia clínica, como conjunto documental completo, del informe de alta, que es solo uno de sus documentos.

Usos y conservación de la historia clínica (arts. 16 y 17)

El art. 16 recuerda que la historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente, al que tienen acceso los profesionales asistenciales que lo atienden. El acceso con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia está permitido, quedando sujeto en estos casos al deber de preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. El personal de administración y gestión de los centros solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones, y todo el personal que accede a ella en el ejercicio de sus competencias queda sujeto al deber de secreto. El art. 17 impone a los centros sanitarios el deber de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.

Derecho de acceso a la historia clínica (art. 18)

El art. 18 reconoce al paciente el derecho de acceso a la documentación de su historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Este derecho puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. No puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni del derecho de los profesionales participantes en su elaboración a oponer al derecho de acceso sus anotaciones subjetivas. Los centros solo facilitarán el acceso a la historia de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a ellos por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite.

El informe de alta y otra documentación clínica (arts. 20 a 22)

El art. 20 reconoce el derecho de todo paciente, familiar o persona vinculada a él a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta, cuyo contenido mínimo está determinado normativamente (a nivel estatal, el Real Decreto 1093/2010 regula el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos). El art. 21 regula el alta del paciente: en caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se le propondrá la firma del alta voluntaria; si no la firmara, la dirección del centro, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa. El hecho de no aceptar el tratamiento no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos; estas circunstancias deben quedar documentadas. El art. 22 reconoce el derecho a que se faciliten los certificados acreditativos del estado de salud, que serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.

La Tarjeta Sanitaria de Andalucía

La Tarjeta Sanitaria de Andalucía es el documento que acredita el derecho de los ciudadanos a la asistencia sanitaria pública en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y facilita su identificación como usuarios ante los centros y servicios del SAS. Se emite a partir de los datos registrados en la Base de Datos de Usuarios (BDU), a la que se vincula, y permite el acceso a las prestaciones sanitarias, la gestión de citas y otros trámites asociados a la condición de usuario del sistema. Cada persona se identifica en el sistema con un Número de Usuario de la Historia de Salud de Andalucía (NUHSA), que enlaza su tarjeta con su historia de salud. La tarjeta sanitaria individual se rige por criterios comunes de interoperabilidad en todo el Sistema Nacional de Salud (Real Decreto 183/2004), por lo que permite acceder a la asistencia en cualquier Comunidad Autónoma. Existe además una versión digital consultable a través de las aplicaciones del SAS.

El papel del TCAE frente al consentimiento informado

El personal TCAE no es responsable de recabar ni de explicar el contenido del consentimiento informado, función que corresponde al profesional sanitario que va a realizar la intervención o el procedimiento; su papel se limita a colaborar en aspectos materiales, como verificar que el documento de consentimiento correspondiente está correctamente cumplimentado y firmado antes de preparar al paciente para una prueba o intervención, o comunicar al profesional responsable cualquier duda o inquietud que el paciente le exprese sobre el procedimiento, sin en ningún caso asumir la función de informar clínicamente ni de interpretar el alcance del consentimiento ya prestado.

La negativa al tratamiento y el alta voluntaria

Como manifestación del principio de autonomía del paciente, la Ley 41/2002 reconoce el derecho del paciente a negarse al tratamiento propuesto, salvo en los casos determinados por la ley, negativa que debe constar siempre por escrito. Cuando un paciente, tras ser informado adecuadamente, decide abandonar el centro sanitario en contra del criterio médico, se le propone la firma del alta voluntaria, documento en el que deja constancia de que ha sido informado de los riesgos que implica su decisión. Si no la firma, la dirección del centro puede disponer el alta forzosa, salvo cuando existan tratamientos alternativos, aunque sean paliativos, que el centro pueda prestar y que el paciente acepte recibir (art. 21).

Custodia y traslado físico de la documentación clínica

Aunque la mayor parte de la documentación clínica actual se gestiona a través de Diraya (Tema 11), determinados documentos en soporte papel (consentimientos informados firmados, algunas pruebas complementarias) todavía requieren custodia y traslado físico entre unidades. El personal TCAE puede colaborar en este traslado material de documentación entre plantas, consultas o el archivo del centro, siempre con las garantías de confidencialidad exigidas por la Ley 41/2002 y por la LOPDGDD (Tema 5): evitando dejar documentación con datos de pacientes en lugares de acceso no controlado y entregándola siempre a personal autorizado.

El derecho a la segunda opinión médica en el SSPA

El derecho a la segunda opinión médica permite al paciente, ante un diagnóstico o un plan terapéutico de especial trascendencia para su salud (determinadas patologías graves o intervenciones de alto riesgo), solicitar la valoración de otro facultativo distinto al que le ha atendido inicialmente, dentro del propio sistema sanitario público. En Andalucía se regula en el Decreto 127/2003, de 13 de mayo, que establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica, como desarrollo del derecho a la salud reconocido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Tema 2). Es una manifestación práctica del respeto a la autonomía del paciente.

El derecho a la libre elección de médico y de centro en el SSPA

El Estatuto de Autonomía para Andalucía (Tema 2) y la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía (Tema 3), reconocen al ciudadano el derecho a la libre elección de médico y de centro dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en los términos de la normativa de desarrollo y sujeto a los requisitos organizativos que garanticen la correcta prestación asistencial. Este derecho se ejerce habitualmente mediante solicitud de cambio de médico o de centro de salud ante la unidad de atención al usuario correspondiente, y su gestión administrativa se apoya en la Base de Datos de Usuarios (BDU) estudiada en el Tema 11.

La donación de órganos y tejidos: el consentimiento presunto

España aplica un modelo de consentimiento presunto en materia de donación de órganos post mortem, regulado por la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos: la extracción puede realizarse cuando no conste oposición expresa de la persona en vida, que puede manifestarse por distintos medios, incluido el documento de instrucciones previas (art. 11 Ley 41/2002). En la práctica, y pese a este modelo legal, siempre se consulta a la familia del fallecido antes de proceder a la extracción, lo que explica la relevancia de la labor de información y acompañamiento que realizan los equipos de coordinación de trasplantes.

La Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes y Usuarios del SSPA

El Servicio Andaluz de Salud difunde entre sus centros y hace pública para la ciudadanía una Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes y Usuarios, documento divulgativo que recopila de forma accesible los derechos y deberes ya reconocidos por la normativa vigente (Constitución, Estatuto de Autonomía, Ley 2/1998, Ley 41/2002): información, confidencialidad, consentimiento informado, libre elección, trato digno, y los correlativos deberes de respeto a las instalaciones y al personal, uso adecuado de los recursos y cumplimiento de las normas del centro.

El acompañamiento familiar durante la hospitalización

El Plan de Humanización del SSPA (Tema 11) y las cartas de derechos de los pacientes reconocen, dentro de los límites organizativos y clínicos de cada unidad, el derecho del paciente hospitalizado a contar con el acompañamiento de una persona de referencia durante su ingreso, especialmente relevante en unidades pediátricas, en cuidados paliativos y en situaciones de especial vulnerabilidad. Este acompañamiento puede verse limitado temporalmente por razones de aislamiento, por el desarrollo de determinadas técnicas o procedimientos, o por la propia organización de espacios de la unidad; el personal TCAE, en su trato con los acompañantes, debe explicar estos límites con respeto y facilitar en todo caso el acompañamiento cuando las circunstancias lo permitan.

La Ley 2/2010 andaluza sobre dignidad de la persona en el proceso de la muerte

Andalucía cuenta con la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, que reconoce de forma expresa el derecho de toda persona en el proceso final de su vida a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del dolor, a rechazar tratamientos y a que se respeten sus instrucciones previas, así como derechos de información, de toma de decisiones y de acompañamiento. Complementa a la Ley 41/2002 en el ámbito específico del final de la vida, materia que se estudia con mayor profundidad clínica en el Tema 29 de este temario. A nivel estatal, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, regula la prestación de ayuda para morir.

Esquema de memoria: qué se pide por escrito y qué no

Regla general: el consentimiento es verbal. Por escrito: intervención quirúrgica; procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores; procedimientos con riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa; la negativa al tratamiento; la renuncia a la información; la revocación del consentimiento; las instrucciones previas (conforme al procedimiento de cada Comunidad). Información: verbal con constancia en la historia clínica. Menores: 16 años o emancipación, consentimiento propio; escucha desde los 12 años o con suficiente juicio.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Como regla general, el consentimiento se presta verbalmente; debe constar por escrito en intervención quirúrgica, procedimientos invasores y procedimientos con riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa (art. 8).
  • La información asistencial es, como regla general, verbal y se deja constancia en la historia clínica (art. 4); comprende finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias.
  • El consentimiento informado no es necesario en riesgo para la salud pública o en riesgo inmediato grave cuando no es posible obtener la autorización del paciente (art. 9). El plazo de 24 horas se refiere a la comunicación a la autoridad judicial del internamiento obligatorio, no a la autoridad sanitaria.
  • El paciente puede renunciar a la información, dejando constancia documental, y puede revocar libremente por escrito su consentimiento.
  • El derecho de acceso a la historia clínica (art. 18) no ampara el acceso a anotaciones subjetivas de los profesionales ni puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceros a la confidencialidad.
  • El acceso a la historia clínica de fallecidos solo se facilita a personas vinculadas por razones familiares o de hecho, salvo prohibición expresa del fallecido.
  • Conservación de la documentación clínica: como mínimo cinco años desde la fecha del alta de cada proceso asistencial (art. 17).
  • La Tarjeta Sanitaria de Andalucía acredita el derecho a la asistencia y se vincula a los datos de la Base de Datos de Usuarios (BDU); el usuario se identifica con el NUHSA.
  • El titular del derecho a la información es el paciente (art. 5); el estado de necesidad terapéutica permite excepcionalmente no informarle si ello puede perjudicar gravemente su salud, dejando constancia razonada en la historia clínica.
  • El consentimiento por representación (art. 9.3) se aplica cuando el paciente no puede tomar decisiones, tiene la capacidad modificada judicialmente, o es menor sin madurez suficiente (escuchando su opinión desde los 12 años). La decisión se adopta siempre en el mayor beneficio del paciente.
  • Tras la Ley 26/2015, a partir de los 16 años (o emancipado) el menor no incapaz presta su consentimiento por sí mismo, salvo actuaciones de grave riesgo para su vida o salud, en las que se informa a los padres y se tiene en cuenta su opinión.
  • El documento de instrucciones previas (art. 11) lo otorga una persona mayor de edad, capaz y libre; en Andalucía se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas (Ley 5/2003).
  • El contenido mínimo de la historia clínica (art. 15) incluye, entre otros documentos, la hoja clínico-estadística, la anamnesis, las órdenes médicas, el consentimiento informado y el informe de alta — este último es solo uno de sus documentos.
  • El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de investigación o docencia exige separar los datos de identificación personal de los clínico-asistenciales, salvo consentimiento del paciente.
  • La negativa al tratamiento debe constar por escrito; si el paciente rechaza firmar el alta voluntaria, la dirección puede disponer el alta forzosa, salvo que existan tratamientos alternativos que el centro preste y el paciente acepte.
  • El TCAE no recaba ni explica el consentimiento informado (función del profesional que realiza la intervención); su papel es colaborar en aspectos materiales y comunicar dudas del paciente al responsable.
  • El personal de administración y gestión solo accede a los datos de la historia clínica relacionados con sus funciones; todo el que accede está sujeto a secreto.
  • España aplica un modelo de consentimiento presunto en donación de órganos (Ley 30/1979): sin oposición expresa en vida; en la práctica siempre se consulta a la familia.
  • Segunda opinión médica en Andalucía: Decreto 127/2003, de 13 de mayo.
  • La Ley 2/2010 andaluza reconoce el derecho a cuidados paliativos integrales y al tratamiento del dolor, y a que se respeten las instrucciones previas.
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La Tarjeta Sanitaria de Andalucía:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de TCAE?

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es la norma estatal básica que desarrolla en el ámbito clínico el derecho a la protección de la salud y sitúa al paciente, y no solo al profesional, en el centro de la toma de decisiones. Regula los principios generales, el derecho a la información sanitaria, el derecho a la intimidad, el respeto de la autonomía del paciente y el consentimiento informado (incluidas las instrucciones previas), la historia clínica (contenido, usos, conservación y acceso), el informe de alta y otra documentación clínica (certificados médicos). Ha sido reformada, entre otras, por la Ley 26/2015 (menores) y la Ley 8/2021 (apoyos a personas con discapacidad). Se completa con la Tarjeta Sanitaria de Andalucía como documento acreditativo del derecho a la asistencia dentro del SSPA.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

Como regla general, el consentimiento se presta verbalmente; debe constar por escrito en intervención quirúrgica, procedimientos invasores y procedimientos con riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa (art. 8). La información asistencial es, como regla general, verbal y se deja constancia en la historia clínica (art. 4); comprende finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias. El consentimiento informado no es necesario en riesgo para la salud pública o en riesgo inmediato grave cuando no es posible obtener la autorización del paciente (art. 9). El plazo de 24 horas se refiere a la comunicación a la autoridad judicial del internamiento obligatorio, no a la autoridad sanitaria. El paciente puede renunciar a la información, dejando constancia documental, y puede revocar libremente por escrito su consentimiento. El derecho de acceso a la historia clínica (art. 18) no ampara el acceso a anotaciones subjetivas de los profesionales ni puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceros a la confidencialidad. El acceso a la historia clínica de fallecidos solo se facilita a personas vinculadas por razones familiares o de hecho, salvo prohibición expresa del fallecido. Conservación de la documentación clínica: como mínimo cinco años desde la fecha del alta de cada proceso asistencial (art. 17). La Tarjeta Sanitaria de Andalucía acredita el derecho a la asistencia y se vincula a los datos de la Base de Datos de Usuarios (BDU); el usuario se identifica con el NUHSA. El titular del derecho a la información es el paciente (art. 5); el estado de necesidad terapéutica permite excepcionalmente no informarle si ello puede perjudicar gravemente su salud, dejando constancia razonada en la historia clínica. El consentimiento por representación (art. 9.3) se aplica cuando el paciente no puede tomar decisiones, tiene la capacidad modificada judicialmente, o es menor sin madurez suficiente (escuchando su opinión desde los 12 años). La decisión se adopta siempre en el mayor beneficio del paciente. Tras la Ley 26/2015, a partir de los 16 años (o emancipado) el menor no incapaz presta su consentimiento por sí mismo, salvo actuaciones de grave riesgo para su vida o salud, en las que se informa a los padres y se tiene en cuenta su opinión. El documento de instrucciones previas (art. 11) lo otorga una persona mayor de edad, capaz y libre; en Andalucía se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas (Ley 5/2003). El contenido mínimo de la historia clínica (art. 15) incluye, entre otros documentos, la hoja clínico-estadística, la anamnesis, las órdenes médicas, el consentimiento informado y el informe de alta — este último es solo uno de sus documentos. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de investigación o docencia exige separar los datos de identificación personal de los clínico-asistenciales, salvo consentimiento del paciente. La negativa al tratamiento debe constar por escrito; si el paciente rechaza firmar el alta voluntaria, la dirección puede disponer el alta forzosa, salvo que existan tratamientos alternativos que el centro preste y el paciente acepte. El TCAE no recaba ni explica el consentimiento informado (función del profesional que realiza la intervención); su papel es colaborar en aspectos materiales y comunicar dudas del paciente al responsable. El personal de administración y gestión solo accede a los datos de la historia clínica relacionados con sus funciones; todo el que accede está sujeto a secreto. España aplica un modelo de consentimiento presunto en donación de órganos (Ley 30/1979): sin oposición expresa en vida; en la práctica siempre se consulta a la familia. Segunda opinión médica en Andalucía: Decreto 127/2003, de 13 de mayo. La Ley 2/2010 andaluza reconoce el derecho a cuidados paliativos integrales y al tratamiento del dolor, y a que se respeten las instrucciones previas.

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Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE. (Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, texto consolidado (BOE-A-2002-22188).
  • Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada (Andalucía).
  • Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte (Andalucía).
  • Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
  • Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.
  • Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.
  • Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas.

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