Tema 6. Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: Las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
Este temario corresponde al personal estatutario fijo de la categoría Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sistemas de acceso libre y promoción interna. Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 31 de julio de 2024), citado como programa aplicable por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE y de Técnico/a en Farmacia. Consta de 29 temas (10 de Temario Común + 19 de Temario Específico). No cubre otras categorías técnicas del SAS (Técnico/a en Farmacia, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Anatomía Patológica, Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico o Radioterapia), que tienen programas propios en Anexos distintos de la misma resolución.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) desarrolla el mandato del art. 40.2 CE de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Se aplica también al personal estatutario de las Administraciones sanitarias, con las peculiaridades que la propia ley contempla, por lo que es una de las normas con más presencia en el temario común de cualquier categoría del SAS, no solo de los técnicos de prevención. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la prevención se organiza a través de las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales.
El art. 14.1 LPRL reconoce a los trabajadores el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, correlativo a un deber del empresario — y, en el caso de las Administraciones públicas, de la propia Administración respecto de su personal — de protegerlos frente a los riesgos laborales. Forman parte de ese derecho la información, consulta y participación, la formación preventiva, la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y la vigilancia del estado de salud. El apdo. 5 es tajante: "El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores", sin excepciones posibles vía convenio o acuerdo.
Principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL)
El art. 15.1 LPRL fija nueve principios generales, en un orden lógico que se pregunta con frecuencia: a) evitar los riesgos; b) evaluar los que no se puedan evitar; c) combatirlos en su origen; d) adaptar el trabajo a la persona; e) tener en cuenta la evolución de la técnica; f) sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; g) planificar la prevención; h) adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; i) dar las debidas instrucciones a los trabajadores. La letra h) es una trampa clásica de examen: la protección colectiva SIEMPRE se antepone a la individual (coherente con el art. 17.2, que reserva los equipos de protección individual —EPI— para cuando el riesgo no pueda evitarse ni limitarse por medios colectivos u organizativos).
Información, formación, consulta y participación (arts. 18-19 LPRL)
El empresario (o la Administración sanitaria) debe informar a los trabajadores de los riesgos de su puesto y de las medidas de protección aplicables, e informarles directamente de los riesgos específicos de su propio puesto aunque existan representantes de los trabajadores (art. 18.1). Debe además consultarles y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud (art. 18.2). La formación (art. 19) debe ser teórica y práctica, suficiente y adecuada, centrada en el puesto concreto, impartida en la medida de lo posible dentro de la jornada laboral y sin coste alguno para el trabajador, tanto en el momento de la contratación como cuando cambien las funciones, se introduzcan nuevas tecnologías o cambien los equipos de trabajo.
Medidas de emergencia y riesgo grave e inminente (arts. 20-21 LPRL)
El art. 20 obliga a analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas en tres bloques: primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando personal con la formación, el número y el material adecuados y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El art. 21 regula el riesgo grave e inminente (aquel que resulta probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, art. 4.4) con un encadenamiento de decisiones muy preguntado: primero, el propio trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si considera que existe un riesgo grave e inminente para su vida o salud (apdo. 2); si el empresario no adopta las medidas necesarias, los representantes legales de los trabajadores pueden acordar por mayoría la paralización de la actividad, comunicándolo de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, que en 24 horas anulará o ratificará la paralización (apdo. 3); y si no fuera posible reunir con urgencia al órgano de representación, la decisión corresponde a los Delegados de Prevención por mayoría. Los trabajadores o sus representantes no pueden sufrir perjuicio alguno por adoptar estas medidas, a menos que hayan obrado de mala fe o cometido negligencia grave (apdo. 4).
Vigilancia de la salud (art. 22 LPRL)
La regla general es la voluntariedad: la vigilancia periódica del estado de salud solo puede llevarse a cabo con el consentimiento del trabajador (art. 22.1). Solo se exceptúa este carácter voluntario, previo informe de los representantes de los trabajadores, cuando los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud, para verificar si el estado de salud del trabajador puede suponer un peligro para él mismo, para otros trabajadores o para otras personas relacionadas con la organización, o cuando así lo establezca una disposición legal en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Las medidas deben respetar siempre el derecho a la intimidad y la confidencialidad, causar las menores molestias y ser proporcionales al riesgo (art. 22.2); los datos no pueden usarse con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador (art. 22.4); el acceso a la información médica personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias, y al empresario solo se le comunican las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el puesto, nunca los datos clínicos. La vigilancia debe ser realizada por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada (art. 22.6).
Consulta, participación y organización de la prevención en el SAS
La LPRL crea dos órganos de representación especializada. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención; se designan por y entre los representantes del personal, con arreglo a una escala: 1 en centros de hasta 30 trabajadores (el Delegado de Personal), 1 entre 31 y 49, 2 entre 50 y 100, 3 entre 101 y 500, 4 entre 501 y 1.000, 5 entre 1.001 y 2.000, 6 entre 2.001 y 3.000, 7 entre 3.001 y 4.000 y 8 a partir de 4.001 (art. 35). Sus competencias son colaborar con la dirección, ser consultados y vigilar el cumplimiento de la normativa (art. 36), y sus garantías incluyen el crédito horario, la formación y el sigilo profesional (art. 37). El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación regular y periódica, obligatorio en centros de 50 o más trabajadores, formado por igual número de Delegados de Prevención y de representantes de la Administración (arts. 38 y 39). En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la organización de la prevención se articula a través de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros Asistenciales, que asumen las funciones de evaluación de riesgos, planificación preventiva, formación e información específicas de cada centro sanitario y vigilancia de la salud de su personal, con especial atención a los riesgos biológicos y a la manipulación de cargas propios del trabajo asistencial.
Definiciones básicas de la LPRL (art. 4)
El art. 4 LPRL fija el vocabulario técnico que articula toda la ley. «Prevención» es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad con el fin de evitar o disminuir los riesgos. «Riesgo laboral» es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, valorándose su gravedad en función de la probabilidad de que se produzca el daño y de su severidad. «Daños derivados del trabajo» son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. «Riesgo laboral grave e inminente» es aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. «Equipo de protección individual» (EPI) es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. «Condición de trabajo» es cualquier característica del trabajo que pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos, incluidas las relativas a su organización.
El Plan de Prevención y la evaluación de riesgos (art. 16 LPRL)
El art. 16 LPRL obliga a integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la Administración, a través del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios. A partir de ese Plan, los instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos laborales (identificar y valorar los riesgos que no hayan podido evitarse) y la planificación de la actividad preventiva. En un centro del SAS, esta evaluación identifica de forma específica los riesgos ergonómicos y biológicos propios de cada puesto, incluido el de TCAE en cada unidad concreta.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención (art. 29 LPRL)
El art. 29 LPRL obliga también a cada trabajador a velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas, por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. En concreto, deben usar adecuadamente los equipos y sustancias; utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados; no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; informar de inmediato a su superior jerárquico de cualquier situación que entrañe un riesgo; y cooperar con la Administración. El incumplimiento de estas obligaciones puede tener la consideración de incumplimiento laboral a efectos disciplinarios (art. 29.3), conectando esta ley con el régimen disciplinario del Estatuto Marco.
Protección de trabajadores especialmente sensibles y maternidad (arts. 25-26 LPRL)
El art. 25 obliga a garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos los que tengan reconocida la situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, adaptando el puesto o, si no es posible, cambiándolos a otro compatible con su estado. El art. 26 extiende esta lógica a la evaluación de riesgos durante el embarazo, el parto reciente y la lactancia natural: si la evaluación revela un riesgo, deben adoptarse medidas para evitar la exposición mediante una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo (incluida la no realización de trabajo nocturno o a turnos); si esa adaptación no resultara posible, la trabajadora debe pasar a desempeñar un puesto o función diferente y compatible con su estado; y si tampoco existiese puesto compatible, se declara la suspensión del contrato o de la relación de servicio por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, con la protección económica de la Seguridad Social. Este mecanismo es especialmente relevante para el TCAE por la carga física, postural y biológica de su puesto.
Coordinación de actividades empresariales (art. 24 LPRL)
El art. 24 LPRL, desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, regula la coordinación de actividades empresariales: cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deben cooperar en la aplicación de la normativa de prevención, informarse recíprocamente de los riesgos específicos de sus actividades que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes, y establecer los medios de coordinación necesarios; el titular del centro de trabajo debe además informar e instruir a las empresas concurrentes sobre los riesgos del centro y las medidas de emergencia. Es un supuesto habitual en los hospitales del SAS, donde conviven el personal propio del centro con personal de empresas subcontratadas de limpieza, lavandería, seguridad privada o mantenimiento, buscando evitar que la concurrencia de distintas actividades genere riesgos añadidos que ninguna empresa hubiera previsto por separado.
El accidente de trabajo: concepto y deber de notificación
Se considera accidente de trabajo (art. 156 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015) toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, incluyendo el accidente sufrido al ir o volver del lugar de trabajo (accidente in itinere); las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo se presumen accidente de trabajo salvo prueba en contrario. Se distingue de la enfermedad profesional (art. 157 LGSS), contraída a consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades que especifica el cuadro oficial de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre) y provocada por la acción de los elementos o sustancias que en él se indican. Ante cualquier accidente, el trabajador debe comunicarlo de inmediato a su superior jerárquico y al servicio de prevención del centro, iniciándose la investigación obligatoria conforme a la LPRL (art. 16.3), cuyo objetivo es identificar las causas para evitar su repetición, no buscar responsabilidades individuales. La notificación oficial se realiza mediante el sistema electrónico Delt@, con plazos más breves para los accidentes graves, muy graves o mortales (comunicación en 24 horas). En los accidentes con material cortopunzante o exposición biológica, debe actuarse de inmediato según el protocolo del centro (lavado, comunicación al servicio de prevención y valoración de profilaxis postexposición).
Responsabilidades por incumplimiento de la normativa de prevención
El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales puede dar lugar a responsabilidades de distinta naturaleza, compatibles entre sí (art. 42 LPRL): responsabilidad administrativa, a través del régimen de infracciones y sanciones del Real Decreto Legislativo 5/2000 (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, LISOS); responsabilidad civil, por los daños y perjuicios causados; responsabilidad penal, en los casos más graves de puesta en peligro de la vida, salud o integridad física de los trabajadores (arts. 316 y 317 del Código Penal); y, en su caso, el recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad. En el ámbito de las relaciones del personal civil con las Administraciones públicas, el art. 45 LPRL establece que las infracciones no se sancionan con multa, sino que se exige a la autoridad competente la adopción de medidas correctoras, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que procedan; en el caso del personal estatutario, la responsabilidad disciplinaria se rige por el Estatuto Marco, por ejemplo cuando la falta consiste en la negativa reiterada a utilizar los medios de protección facilitados.
Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales: modalidades
La LPRL y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, prevén distintas modalidades organizativas para la actividad preventiva de una empresa o Administración: asunción personal por el propio empresario (solo en organizaciones muy pequeñas), designación de trabajadores, servicio de prevención propio (obligatorio en empresas de más de 500 trabajadores, o de 250 si desarrollan actividades de especial peligrosidad del Anexo I, o cuando lo decida la autoridad laboral), servicio de prevención mancomunado (compartido entre varias empresas del mismo centro, sector, grupo o polígono) o servicio de prevención ajeno (contratado con una entidad especializada acreditada). El SAS organiza su prevención mediante un modelo de servicio de prevención propio, articulado territorialmente a través de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de cada centro asistencial, con las cuatro especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo (que incluye la vigilancia de la salud). Las funciones del servicio incluyen el diseño y aplicación del plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la información y formación y la vigilancia de la salud (art. 31 LPRL).
El recurso preventivo (art. 32 bis LPRL)
El art. 32 bis LPRL exige la presencia de recursos preventivos —trabajadores designados o miembros del servicio de prevención con formación específica— en determinados supuestos especialmente peligrosos: cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo; cuando se realicen actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales; o cuando la necesidad de esta presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Su función es vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas y, en su caso, intervenir de forma inmediata ante situaciones de riesgo grave.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (organizada por la Ley 23/2015, de 21 de julio) es el órgano de la Administración del Estado encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, con facultades de entrada en los centros de trabajo, de requerimiento de subsanación de deficiencias (art. 43 LPRL) y de paralización de trabajos en caso de riesgo grave e inminente (art. 44 LPRL). En el caso de las Administraciones públicas, las infracciones se tramitan por el procedimiento especial del art. 45 LPRL, que da lugar a medidas correctoras y no a multas. Puede actuar tanto de oficio, como parte de campañas sectoriales, como a raíz de denuncias de trabajadores o de sus representantes, incluidos los Delegados de Prevención de los centros del SAS. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) es el órgano científico-técnico de la Administración que elabora guías técnicas y apoya a la Inspección.
Señalización de seguridad y salud en el trabajo (RD 485/1997)
El Real Decreto 485/1997 establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, complementando a las medidas técnicas y organizativas de prevención cuando estas no eliminan por completo el riesgo. Distingue señales de prohibición (fondo blanco, círculo y banda diagonal rojos), de advertencia (fondo amarillo, triángulo negro), de obligación (fondo azul, pictograma blanco), de salvamento o socorro (fondo verde) y relativas a los equipos de lucha contra incendios (fondo rojo). En un centro sanitario, esta señalización se aplica, entre otros usos, a las zonas de riesgo biológico, a las salidas de emergencia y a la ubicación de los equipos de primeros auxilios y desfibriladores.
La vacunación del personal sanitario como medida específica de vigilancia de la salud
Dentro de la vigilancia de la salud del art. 22 LPRL, el personal sanitario expuesto a riesgo biológico, incluido el TCAE, tiene acceso a un programa específico de vacunación ofertado por el servicio de prevención del centro: hepatitis B (pauta habitual de tres dosis, con comprobación posterior de la respuesta inmune mediante serología), gripe estacional (recomendada anualmente por su papel en la prevención de la transmisión nosocomial), y, según la evaluación de riesgos de cada puesto, otras vacunas como la triple vírica o la varicela en personal susceptible. La vacunación, como el resto de la vigilancia de la salud, tiene carácter voluntario salvo las excepciones tasadas del art. 22.1 LPRL, y debe ofrecerse de forma gratuita al trabajador.
El Plan de Autoprotección y los planes de emergencia y evacuación
Todo centro sanitario, por su afluencia de público y su complejidad, debe disponer de un Plan de Autoprotección conforme a la Norma Básica de Autoprotección (Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo), que identifica los riesgos de emergencia del centro (incendio, fuga de gas, amenaza de bomba, emergencia sanitaria masiva), define la organización de los medios humanos y materiales disponibles para su prevención y control, y establece los procedimientos de actuación y evacuación, incluida la evacuación de pacientes encamados o con movilidad reducida, que exige procedimientos específicos distintos de la evacuación de personal ambulante. El personal TCAE debe conocer su papel concreto dentro de este plan en su unidad de trabajo, así como la ubicación de las salidas de emergencia y de los puntos de encuentro. Se realizan simulacros periódicos para comprobar su eficacia.
Ergonomía y psicosociología aplicada: factores de riesgo psicosocial en el trabajo sanitario
Junto a los riesgos de seguridad, ergonómicos y biológicos, la LPRL contempla también los riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo: la carga mental, el trabajo a turnos y nocturno, la exposición al sufrimiento y a la muerte de los pacientes, la violencia de terceros (pacientes o acompañantes) y las altas exigencias emocionales propias del trabajo asistencial. El servicio de prevención del SAS evalúa estos factores mediante metodologías específicas de evaluación psicosocial, y sus resultados orientan medidas organizativas de prevención (dotación de personal, rotación de turnos, formación en manejo del estrés y en comunicación asistencial, protocolos de apoyo tras incidentes críticos) complementarias a las medidas frente a los riesgos físicos y biológicos.
El botiquín de primeros auxilios en los centros de trabajo
Aunque en un centro sanitario la atención a una urgencia cuenta habitualmente con recursos asistenciales inmediatos, la normativa de prevención exige igualmente que cada centro de trabajo disponga de un botiquín portátil con material de primeros auxilios básico (antisépticos, gasas, vendas, esparadrapo, guantes desechables, tijeras), revisado periódicamente para reponer el material consumido y retirar el caducado, y ubicado en un lugar conocido y accesible para todo el personal. Su existencia se integra dentro del conjunto de medidas de emergencia que exige el art. 20 LPRL, y su correcta reposición y control de caducidades es una tarea habitual en la que puede colaborar el personal TCAE responsable del material de su unidad.
Objeto, ámbito de aplicación y normativa de desarrollo de la LPRL
La LPRL traspone la Directiva marco 89/391/CEE y desarrolla el mandato del art. 40.2 CE. Tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo (art. 2). Se aplica tanto a las relaciones laborales como al personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas, con las peculiaridades previstas en su norma, y no se aplica en las actividades cuyas particularidades lo impidan en funciones públicas como policía, seguridad, servicios operativos de protección civil y Fuerzas Armadas (art. 3). Sus desarrollos reglamentarios más relevantes en el ámbito sanitario son: Real Decreto 39/1997 (servicios de prevención), 485/1997 (señalización), 486/1997 (lugares de trabajo), 487/1997 (manipulación manual de cargas), 664/1997 (agentes biológicos), 773/1997 (equipos de protección individual) y 1215/1997 (equipos de trabajo), junto con la Orden ESS/1451/2013 sobre prevención de lesiones por cortes y pinchazos en el sector sanitario.
Documentación de la prevención (art. 23 LPRL)
El art. 23 LPRL obliga al empresario a elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación siguiente: el plan de prevención de riesgos laborales; la evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos; la planificación de la actividad preventiva; la práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores; y la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. La evaluación inicial debe revisarse cuando cambien las condiciones de trabajo o se detecten daños a la salud.
Riesgo biológico y prevención de pinchazos en el sector sanitario
El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, protege a los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos y los clasifica en cuatro grupos según su peligrosidad: grupo 1 (poco probable que cause enfermedad), grupo 2 (puede causar enfermedad y suponer un peligro, pero es poco probable que se propague y existe profilaxis o tratamiento eficaz), grupo 3 (puede causar enfermedad grave y presenta riesgo de propagación, con profilaxis o tratamiento eficaz) y grupo 4 (causa enfermedad grave, con elevado riesgo de propagación y sin profilaxis o tratamiento eficaz). La Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, que traspone la Directiva 2010/32/UE, establece medidas para prevenir las lesiones por cortes y pinchazos en el sector sanitario: eliminar el uso innecesario de objetos cortantes, utilizar dispositivos de bioseguridad, prohibir el reencapsulado de agujas y disponer de contenedores rígidos de eliminación cercanos al lugar de uso. El personal TCAE debe aplicar las precauciones estándar, usar los EPI indicados, eliminar los residuos en el contenedor correspondiente y notificar de inmediato cualquier accidente.
Manipulación manual de cargas y movilización de pacientes (RD 487/1997)
El Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. Obliga a adoptar medidas técnicas u organizativas para evitar la manipulación manual cuando sea posible, y, si no lo es, a evaluar el riesgo y reducirlo mediante ayudas mecánicas, formación e información. Como referencia, la guía técnica del INSST considera 25 kg como carga máxima recomendada en condiciones ideales de manipulación para la población trabajadora general. En el trabajo del TCAE, la movilización de pacientes con movilidad reducida es una actividad de riesgo ergonómico alto: se recomienda utilizar grúas, camas articuladas, sábanas deslizantes y tablas de transferencia, trabajar en equipo y adoptar posturas adecuadas (espalda recta, flexión de piernas, base de sustentación amplia, cercanía a la carga).
Estrategia y organismos de referencia en seguridad y salud laboral
La política nacional en la materia se orienta mediante la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que fija objetivos de reducción de la siniestralidad, mejora de la gestión preventiva en las pequeñas empresas, atención a los riesgos emergentes, entre ellos los psicosociales, y mejora de la protección de los trabajadores más vulnerables. Los organismos de referencia son el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), órgano científico-técnico; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano de participación institucional; y, en Andalucía, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, de la Consejería competente en materia de empleo. Estos organismos elaboran guías, protocolos de vigilancia sanitaria específica y notas técnicas de prevención, de gran utilidad para los servicios de prevención del SAS.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El coste de las medidas de prevención nunca puede recaer sobre el trabajador (art. 14.5 LPRL), sin excepciones.
Orden de los principios de la acción preventiva (art. 15.1): primero evitar, luego evaluar lo inevitable, después combatir en el origen — y la protección colectiva siempre se antepone a la individual (letra h).
La vigilancia de la salud es voluntaria por regla general (art. 22.1); solo hay tres excepciones tasadas, y siempre previo informe de los representantes de los trabajadores.
Riesgo grave e inminente (art. 21): primero decide el trabajador individualmente, después los representantes legales por mayoría (24 h de la autoridad laboral para ratificar), y solo en último término los Delegados de Prevención.
La formación preventiva (art. 19) debe ser teórica y práctica, centrada en el puesto, impartida dentro de la jornada y sin coste para el trabajador.
El art. 20 LPRL exige medidas de emergencia en tres bloques: primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
Ante la vigilancia de la salud, al empresario solo se le comunican las conclusiones de aptitud para el puesto, nunca los datos clínicos (art. 22.4 LPRL).
Órganos de representación especializada: Delegados de Prevención (escala: 2 con 50-100 trabajadores, 3 con 101-500, 4 con 501-1.000, 5 con 1.001-2.000, 6 con 2.001-3.000, 7 con 3.001-4.000 y 8 con más de 4.000) y Comité de Seguridad y Salud (paritario, obligatorio con 50 o más trabajadores).
En el SAS, la prevención se organiza mediante servicio de prevención propio, con las Unidades de Prevención de cada centro asistencial y las cuatro especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo (vigilancia de la salud).
El art. 25 LPRL protege a trabajadores especialmente sensibles; el art. 26 exige adaptar o cambiar de puesto ante riesgo durante el embarazo o la lactancia, muy relevante por la carga física del TCAE.
El art. 24 LPRL regula la coordinación de actividades empresariales cuando conviven en un centro trabajadores de distintas empresas (limpieza, seguridad, mantenimiento).
El accidente in itinere (al ir o volver del trabajo) se considera accidente de trabajo; se distingue de la enfermedad profesional, por exposición continuada.
Las responsabilidades por incumplimiento en prevención son compatibles entre sí: administrativa (LISOS), civil, penal y disciplinaria; en las Administraciones públicas, el art. 45 LPRL sustituye la multa por medidas correctoras.
El recurso preventivo (art. 32 bis LPRL) es obligatorio en actividades peligrosas o cuando lo requiera la Inspección de Trabajo.
El RD 485/1997 regula la señalización de seguridad: prohibición (blanco/rojo), advertencia (amarillo/triángulo), obligación (azul), salvamento (verde) y lucha contra incendios (rojo).
El personal sanitario expuesto a riesgo biológico tiene acceso voluntario y gratuito a vacunación específica (hepatitis B, gripe estacional, y otras según evaluación de riesgos).
El Plan de Autoprotección de un centro sanitario debe prever procedimientos específicos de evacuación de pacientes encamados o con movilidad reducida.
Los riesgos psicosociales (carga mental, turnicidad, violencia de terceros) se evalúan junto a los riesgos físicos y biológicos y orientan medidas organizativas de prevención.
Riesgo grave e inminente (art. 4.4): probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda causar un daño grave para la salud. Los trabajadores no sufren perjuicio por paralizar, salvo mala fe o negligencia grave (art. 21.4).
Documentación del art. 23: plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación, controles de salud y relación de accidentes con baja superior a un día.
Servicio de prevención propio obligatorio (RD 39/1997): más de 500 trabajadores, o más de 250 con actividades del Anexo I, o por decisión de la autoridad laboral.
Agentes biológicos (RD 664/1997): 4 grupos; grupo 3 = enfermedad grave, riesgo de propagación y profilaxis eficaz; grupo 4 = sin profilaxis ni tratamiento eficaz.
Prevención de pinchazos (Orden ESS/1451/2013): sin reencapsulado de agujas, dispositivos de bioseguridad y contenedores rígidos de eliminación cerca del punto de uso.
Infracciones de las Administraciones públicas en prevención (art. 45 LPRL): medidas correctoras exigidas por la autoridad competente, no multa.
Embarazo y lactancia (art. 26): adaptación de condiciones, cambio de puesto y, si no hay puesto compatible, suspensión con protección económica de la Seguridad Social.
Accidente de trabajo (art. 156 LGSS): lesión con ocasión o por consecuencia del trabajo, incluido el in itinere; se presume si ocurre en tiempo y lugar de trabajo. Notificación por Delt@, con 24 horas en los graves, muy graves y mortales.
Carga máxima de referencia (INSST): 25 kg en condiciones ideales para la población general; en movilización de pacientes, usar ayudas mecánicas y trabajar en equipo.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Según la escala del art. 35 LPRL, en una empresa o centro con entre 101 y 500 trabajadores, el número de Delegados de Prevención es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de TCAE?
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) desarrolla el mandato del art. 40.2 CE de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Se aplica también al personal estatutario de las Administraciones sanitarias, con las peculiaridades que la propia ley contempla, por lo que es una de las normas con más presencia en el temario común de cualquier categoría del SAS, no solo de los técnicos de prevención. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, la prevención se organiza a través de las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
El coste de las medidas de prevención nunca puede recaer sobre el trabajador (art. 14.5 LPRL), sin excepciones. Orden de los principios de la acción preventiva (art. 15.1): primero evitar, luego evaluar lo inevitable, después combatir en el origen — y la protección colectiva siempre se antepone a la individual (letra h). La vigilancia de la salud es voluntaria por regla general (art. 22.1); solo hay tres excepciones tasadas, y siempre previo informe de los representantes de los trabajadores. Riesgo grave e inminente (art. 21): primero decide el trabajador individualmente, después los representantes legales por mayoría (24 h de la autoridad laboral para ratificar), y solo en último término los Delegados de Prevención. La formación preventiva (art. 19) debe ser teórica y práctica, centrada en el puesto, impartida dentro de la jornada y sin coste para el trabajador. El art. 20 LPRL exige medidas de emergencia en tres bloques: primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Ante la vigilancia de la salud, al empresario solo se le comunican las conclusiones de aptitud para el puesto, nunca los datos clínicos (art. 22.4 LPRL). Órganos de representación especializada: Delegados de Prevención (escala: 2 con 50-100 trabajadores, 3 con 101-500, 4 con 501-1.000, 5 con 1.001-2.000, 6 con 2.001-3.000, 7 con 3.001-4.000 y 8 con más de 4.000) y Comité de Seguridad y Salud (paritario, obligatorio con 50 o más trabajadores). En el SAS, la prevención se organiza mediante servicio de prevención propio, con las Unidades de Prevención de cada centro asistencial y las cuatro especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo (vigilancia de la salud). El art. 25 LPRL protege a trabajadores especialmente sensibles; el art. 26 exige adaptar o cambiar de puesto ante riesgo durante el embarazo o la lactancia, muy relevante por la carga física del TCAE. El art. 24 LPRL regula la coordinación de actividades empresariales cuando conviven en un centro trabajadores de distintas empresas (limpieza, seguridad, mantenimiento). El accidente in itinere (al ir o volver del trabajo) se considera accidente de trabajo; se distingue de la enfermedad profesional, por exposición continuada. Las responsabilidades por incumplimiento en prevención son compatibles entre sí: administrativa (LISOS), civil, penal y disciplinaria; en las Administraciones públicas, el art. 45 LPRL sustituye la multa por medidas correctoras. El recurso preventivo (art. 32 bis LPRL) es obligatorio en actividades peligrosas o cuando lo requiera la Inspección de Trabajo. El RD 485/1997 regula la señalización de seguridad: prohibición (blanco/rojo), advertencia (amarillo/triángulo), obligación (azul), salvamento (verde) y lucha contra incendios (rojo). El personal sanitario expuesto a riesgo biológico tiene acceso voluntario y gratuito a vacunación específica (hepatitis B, gripe estacional, y otras según evaluación de riesgos). El Plan de Autoprotección de un centro sanitario debe prever procedimientos específicos de evacuación de pacientes encamados o con movilidad reducida. Los riesgos psicosociales (carga mental, turnicidad, violencia de terceros) se evalúan junto a los riesgos físicos y biológicos y orientan medidas organizativas de prevención. Riesgo grave e inminente (art. 4.4): probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda causar un daño grave para la salud. Los trabajadores no sufren perjuicio por paralizar, salvo mala fe o negligencia grave (art. 21.4). Documentación del art. 23: plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación, controles de salud y relación de accidentes con baja superior a un día. Servicio de prevención propio obligatorio (RD 39/1997): más de 500 trabajadores, o más de 250 con actividades del Anexo I, o por decisión de la autoridad laboral. Agentes biológicos (RD 664/1997): 4 grupos; grupo 3 = enfermedad grave, riesgo de propagación y profilaxis eficaz; grupo 4 = sin profilaxis ni tratamiento eficaz. Prevención de pinchazos (Orden ESS/1451/2013): sin reencapsulado de agujas, dispositivos de bioseguridad y contenedores rígidos de eliminación cerca del punto de uso. Infracciones de las Administraciones públicas en prevención (art. 45 LPRL): medidas correctoras exigidas por la autoridad competente, no multa. Embarazo y lactancia (art. 26): adaptación de condiciones, cambio de puesto y, si no hay puesto compatible, suspensión con protección económica de la Seguridad Social. Accidente de trabajo (art. 156 LGSS): lesión con ocasión o por consecuencia del trabajo, incluido el in itinere; se presume si ocurre en tiempo y lugar de trabajo. Notificación por Delt@, con 24 horas en los graves, muy graves y mortales. Carga máxima de referencia (INSST): 25 kg en condiciones ideales para la población general; en movilización de pacientes, usar ayudas mecánicas y trabajar en equipo.
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Del índice oficial de BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE. (Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, texto consolidado (BOE-A-1995-24292).
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LISOS); Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (Ley General de la Seguridad Social), arts. 156 y 157; Ley 23/2015, de 21 de julio, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.
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