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Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios generales del sistema de salud; competencias de las Administraciones Públicas; estructura del sistema sanitario público. La organización general del sistema sanitario público de Andalucía (SSPA). Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: Objeto, principios y alcance; derechos y deberes de los ciudadanos. El Plan Andaluz de Salud. Conocimiento general de los Planes marco y Estrategias vigentes de la Consejería competente en materia de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. El Contrato Programa.

Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025) · Índice oficial del BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE..

Este temario corresponde al personal estatutario fijo de la categoría Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sistemas de acceso libre y promoción interna. Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 31 de julio de 2024), citado como programa aplicable por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE y de Técnico/a en Farmacia. Consta de 29 temas (10 de Temario Común + 19 de Temario Específico). No cubre otras categorías técnicas del SAS (Técnico/a en Farmacia, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Anatomía Patológica, Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico o Radioterapia), que tienen programas propios en Anexos distintos de la misma resolución.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS) creó el Sistema Nacional de Salud, integrando en él las estructuras y servicios públicos sanitarios de todas las Administraciones. La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, desarrolla en el ámbito autonómico ese modelo y regula el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), del que forma parte el Servicio Andaluz de Salud. Ambas normas, junto con el Plan Andaluz de Salud y el Contrato Programa, son el marco organizativo básico en el que se inserta la actividad diaria del personal TCAE.

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Principios generales del Sistema Nacional de Salud (art. 3 LGS)

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), regula con carácter básico todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el art. 43 CE (art. 1.1). Según su redacción originaria, eran titulares del derecho todos los españoles y los ciudadanos extranjeros con residencia en territorio nacional (art. 1.2); el acceso a la asistencia sanitaria se ha ido modulando en reformas posteriores (Real Decreto-ley 16/2012, que vinculó la asistencia a la condición de asegurado, y Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que restableció la universalidad). El art. 3 fija los principios generales: los medios y actuaciones de las Administraciones sanitarias se orientan prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades (art. 3.1); la asistencia sanitaria pública se extiende a toda la población española, y el acceso y las prestaciones se realizan en condiciones de igualdad efectiva (art. 3.2); y la política de salud debe orientarse a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales (art. 3.3). El art. 2 y siguientes completan el modelo: financiación pública, descentralización y participación comunitaria. Estas estructuras y servicios públicos se integran en el Sistema Nacional de Salud, que el art. 44 define como el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. Conviene recordar que la Ley 41/2002 derogó varios apartados del art. 10 LGS (derechos de los pacientes) y el art. 61, que quedaron sustituidos por su regulación más detallada de la autonomía del paciente.

Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas

La LGS distribuye competencias conforme al bloque de constitucionalidad: corresponde al Estado, entre otras materias, la sanidad exterior, las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, la fijación de las bases y la coordinación general sanitaria (art. 149.1.16ª CE), mientras que las Comunidades Autónomas ejercen las competencias asumidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía (art. 55 EAA para Andalucía) sobre planificación sanitaria, salud pública y gestión de los servicios asistenciales. Cada Comunidad Autónoma constituye su propio Servicio de Salud, integrado en el Sistema Nacional de Salud (en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud). Las Entidades Locales (municipios) tienen responsabilidades mínimas en salud pública de ámbito municipal, como el control sanitario del medio ambiente, de industrias, edificios y centros de convivencia, abastos y cementerios. Andalucía recibió el traspaso de los servicios sanitarios del INSALUD en 1984, siendo la segunda Comunidad Autónoma en asumirlo tras Cataluña, lo que dio lugar al Servicio Andaluz de Salud.

La organización general del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Ley 2/1998)

El art. 1 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, tiene por objeto regular las actuaciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en Andalucía, definir los derechos y deberes de los ciudadanos y ordenar las actividades sanitarias de las entidades públicas y privadas en el territorio andaluz. El art. 2 recoge los principios rectores del SSPA, entre ellos la universalización y equidad en los niveles de salud, la integración funcional de todos los recursos sanitarios públicos, la planificación, la descentralización, la participación ciudadana y la mejora continua de la calidad. El SSPA es el conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones de las entidades públicas sanitarias de Andalucía, con la Consejería competente en materia de salud como órgano rector y el Servicio Andaluz de Salud como ente gestor de los servicios asistenciales públicos, junto con otras entidades públicas instrumentales (agencias, consorcios, fundaciones) y los centros privados vinculados por concierto o convenio.

Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 6 y 8 de la Ley 2/1998)

El art. 6 reconoce a los ciudadanos derechos como el acceso a las prestaciones y servicios sanitarios individuales y colectivos en condiciones de igualdad efectiva; el respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación; la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva; la información sobre los servicios y prestaciones sanitarias a los que puede acceder y los requisitos para su uso; la confidencialidad de los datos relacionados con su salud; y la libre elección de médico y centro. El art. 8 impone deberes correlativos: cumplir las prescripciones sanitarias generales y las específicas determinadas por los servicios sanitarios, cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros, y responsabilizarse del uso adecuado de los recursos que ofrece el sistema.

El Plan Andaluz de Salud y el Contrato Programa

El Plan Andaluz de Salud, previsto en la Ley 2/1998, es el marco de referencia y el instrumento indicativo para todas las actuaciones en materia de salud en Andalucía: fija los objetivos y prioridades sanitarias de la Comunidad Autónoma para un periodo determinado, orientando la planificación de la Consejería competente y del SAS. El Contrato Programa es el instrumento de planificación estratégica y de gestión que suscribe la Consejería con el Servicio Andaluz de Salud (y, en cascada, este con sus centros) para fijar objetivos asistenciales, de calidad y de actividad, así como los recursos asociados a su cumplimiento; convierte los objetivos generales del Plan Andaluz de Salud en compromisos concretos y evaluables de cada nivel de la organización sanitaria.

El Área de Salud como estructura básica territorial (art. 56 LGS)

El art. 56 LGS configura el Área de Salud como la estructura fundamental del sistema sanitario, responsable de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud correspondiente en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas a desarrollar por ellos. Las Áreas de Salud se delimitan teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, procurando que su población oscile entre 200.000 y 250.000 habitantes. Cada Área de Salud debe disponer al menos de un hospital general. Dentro del Área, la Zona Básica de Salud es el marco territorial de la Atención Primaria, atendida por el Equipo de Atención Primaria. Este concepto legal es el que en Andalucía se ha desarrollado, en la práctica, a través de los Distritos de Atención Primaria y las Áreas de Gestión Sanitaria estudiadas en el Tema 4.

La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (RD 1030/2006)

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, es decir, el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos que garantizan las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan. Conforme a la Ley 16/2003 (que lo regula en su art. 8 y siguientes), la cartera común se estructura en tres modalidades: cartera común básica (servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación cubiertos íntegramente con financiación pública), cartera común suplementaria (prestación farmacéutica, ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente, sujetos a aportación del usuario) y cartera común de servicios accesorios (actividades no esenciales, también con aportación del usuario). Sobre esta cartera común, cada servicio de salud autonómico, incluido el SAS, puede aprobar una cartera de servicios complementaria, financiada con cargo a sus propios presupuestos, sin perjudicar en ningún caso la cartera común garantizada a nivel estatal.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (art. 47 LGS)

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), creado en el art. 47 LGS y regulado actualmente en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado. Está presidido por el Ministro de Sanidad e integrado por los Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas. Sus funciones incluyen conocer, debatir e informar iniciativas legislativas o de gran importancia en materia sanitaria, y procurar la cohesión del sistema a través de la fijación de prestaciones, criterios de calidad y otros aspectos comunes, evitando que la descentralización sanitaria derive en desigualdades injustificadas entre Comunidades Autónomas.

Financiación del sistema sanitario público

El sistema sanitario público español se financia fundamentalmente a través de impuestos generales, y no mediante cotizaciones sociales específicas afectadas a la sanidad, como sucedía en el modelo originario de la Seguridad Social. Con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, la financiación sanitaria se integró plenamente en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, hoy regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Cada Comunidad Autónoma, entre ellas Andalucía, recibe de este modo los recursos con los que financia su propio servicio de salud, dentro del marco de suficiencia financiera y solidaridad interterritorial que garantiza la Constitución, y los distribuye entre sus distintos niveles asistenciales conforme a sus propias prioridades de planificación sanitaria.

La Ley 33/2011, General de Salud Pública

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, complementa a la Ley General de Sanidad regulando de forma específica las actuaciones que permiten identificar, prevenir y afrontar los problemas de salud de la población, más allá de la asistencia clínica individual: vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, prevención de las enfermedades y protección de la salud frente a riesgos ambientales. Introduce además la obligación de evaluar el impacto en salud de determinadas normas y políticas públicas, y refuerza la coordinación entre la sanidad y otros ámbitos que inciden en la salud de la población, como la educación, el medio ambiente o las políticas sociales.

La Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), y la posición del TCAE

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias en lo relativo a su ejercicio, a la estructura general de su formación, a su desarrollo profesional y a su participación en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias. La LOPS distingue las profesiones sanitarias tituladas de nivel universitario (art. 2: médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, etc.) de los profesionales del área sanitaria de formación profesional (art. 3). El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería se encuadra en este segundo grupo: es un profesional del área sanitaria de formación profesional, con el título regulado por la normativa educativa de Formación Profesional (Real Decreto 546/1995), y desarrolla sus funciones de cuidados auxiliares bajo la supervisión del personal de enfermería. No es, por tanto, una profesión sanitaria titulada universitaria en sentido estricto de la LOPS.

Los Procesos Asistenciales Integrados (PAI) del SSPA

Los Procesos Asistenciales Integrados son la metodología propia del SSPA para ordenar la atención a determinados problemas de salud desde la perspectiva del paciente, describiendo de forma secuencial todas las actividades que se realizan en su itinerario asistencial (desde la sospecha diagnóstica hasta la resolución o el seguimiento crónico), con independencia del nivel asistencial o del profesional que las lleve a cabo. Cada PAI define competencias profesionales, tiempos de respuesta, criterios de calidad e indicadores de seguimiento, integrando la actuación de Atención Primaria y Especializada, y de todas las categorías profesionales implicadas, incluida la del TCAE en los cuidados que le son propios.

Calidad asistencial y acreditación: la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es la entidad de la Junta de Andalucía encargada de evaluar y acreditar la calidad de los centros, servicios, unidades de gestión clínica y competencias profesionales del sistema sanitario andaluz, tanto público como privado, conforme a modelos y estándares de calidad propios. La acreditación de una Unidad de Gestión Clínica o de una competencia profesional concreta (por ejemplo, la acreditación de competencias del propio personal TCAE en determinadas técnicas) es un reconocimiento externo, voluntario y de mejora continua que certifica el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad superiores a los mínimos exigibles.

La participación ciudadana en el SSPA: los Consejos de Salud

La Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, prevé cauces de participación ciudadana en el Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de órganos colegiados como los Consejos de Salud de Área y de Zona Básica, en los que están representados la Administración sanitaria, los profesionales y las asociaciones de pacientes y usuarios del territorio correspondiente. Estos órganos permiten canalizar las propuestas, sugerencias y necesidades detectadas por la ciudadanía hacia la planificación y gestión sanitaria de su ámbito, y son una manifestación concreta del principio de participación ciudadana que recoge el art. 2 de la propia Ley 2/1998 entre los principios rectores del SSPA.

Evolución histórica: del INSALUD a la transferencia sanitaria a Andalucía

Antes de la creación de las estructuras sanitarias autonómicas, la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en toda España era gestionada por el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), organismo dependiente de la Administración General del Estado. Al amparo de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía de 1981, Andalucía recibió el traspaso de servicios y funciones del INSALUD en 1984, y la Ley 8/1986, de 6 de mayo, creó el Servicio Andaluz de Salud, culminando el proceso de creación de una organización sanitaria propia. Cataluña (1981) y Andalucía (1984) fueron las primeras Comunidades en asumir estas competencias; otras (País Vasco, Valencia, Galicia, Navarra y Canarias) lo hicieron a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, y las diez restantes de régimen común completaron el proceso a comienzos de 2002, con el nuevo sistema de financiación.

El Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas

Ante el envejecimiento poblacional y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, el SSPA ha desarrollado un Plan específico de atención integrada a la cronicidad, orientado a la estratificación de la población según su riesgo (población sana, con un factor de riesgo, con una o varias enfermedades crónicas, o en situación de complejidad o cronicidad avanzada) y a la coordinación reforzada entre Atención Primaria, Atención Especializada y servicios sociales para cada uno de estos grupos. Su desarrollo práctico se apoya en los Procesos Asistenciales Integrados de cada patología crónica prevalente y refuerza el papel del cuidado continuado y domiciliario en el que participa el personal TCAE.

El copago farmacéutico y su relación con la financiación sanitaria

Dentro del sistema de financiación pública, la prestación farmacéutica ambulatoria del Sistema Nacional de Salud está sujeta a un régimen de aportación del usuario (copago), regulado con carácter básico por el Estado (reformado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril), que gradúa el porcentaje de aportación en función de la renta y de la condición del usuario: los activos aportan un porcentaje del precio (40 %, 50 % o 60 % según su nivel de renta), los pensionistas un 10 % con un límite máximo mensual y están exentos, entre otros colectivos, los perceptores de rentas de integración social, de pensiones no contributivas, los afectados por síndrome tóxico, las personas con discapacidad en determinadas prestaciones, los parados que han perdido el subsidio y los tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este régimen convive con la financiación general por impuestos ya estudiada, y es un elemento habitual de las preguntas de examen sobre el sostenimiento económico del sistema sanitario público.

La cohesión del Sistema Nacional de Salud: la Ley 16/2003

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, complementa a la LGS estableciendo el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias que garanticen la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud. Crea instrumentos como el Fondo de Cohesión Sanitaria, destinado a garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria en todo el territorio del Estado, y las garantías de movilidad de los pacientes entre Comunidades Autónomas, de forma que un paciente desplazado fuera de su comunidad de residencia mantenga el derecho a la asistencia sanitaria en condiciones equivalentes.

La colaboración público-privada y los conciertos sanitarios en el SSPA

Junto a la gestión directa a través del SAS, el Sistema Sanitario Público de Andalucía puede recurrir, con carácter complementario y subsidiario, a fórmulas de colaboración con centros privados mediante convenios o conciertos sanitarios (el art. 90 LGS permite a las Administraciones públicas sanitarias establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, y el art. 67 regula la vinculación de centros privados al sistema público), especialmente para determinadas técnicas o listas de espera puntuales, garantizando siempre que la prestación se realice bajo los mismos principios de universalidad, gratuidad en el punto de uso y calidad que rigen la sanidad pública. Estos conciertos no alteran la titularidad pública del derecho a la asistencia del paciente, que sigue siendo gestionado y financiado por el SAS aunque la prestación material se realice en un centro concertado.

Los sistemas de sugerencias, quejas y reclamaciones: el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC)

Todos los centros del SSPA disponen de un Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), unidad administrativa encargada de recoger las sugerencias, quejas, reclamaciones y agradecimientos de los pacientes y usuarios, de tramitarlas conforme al procedimiento establecido y de dar respuesta en los plazos previstos. El SAC es también el cauce habitual para facilitar información general sobre el funcionamiento del centro, la cita previa o los trámites administrativos, y su existencia es una manifestación práctica de los derechos de información y participación de los ciudadanos reconocidos en el art. 6 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía.

La evaluación de tecnologías sanitarias: la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA)

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA) es el organismo público adscrito a la Consejería competente en materia de salud que evalúa la eficacia, seguridad, efectividad y eficiencia de nuevas tecnologías, medicamentos, procedimientos y técnicas sanitarias antes de su incorporación a la cartera de servicios del SSPA, con el objetivo de fundamentar las decisiones de planificación sanitaria en la mejor evidencia científica disponible y garantizar la sostenibilidad económica del sistema. Su labor se enmarca dentro de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS, que coordina este tipo de evaluaciones entre las distintas Comunidades Autónomas.

La Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía, y el marco de planificación autonómico

Junto a la Ley 2/1998, el ordenamiento sanitario andaluz cuenta con la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, que desarrolla en el ámbito autonómico la Ley 33/2011 estatal: ordena las actuaciones de vigilancia, promoción de la salud, prevención y protección, y regula la evaluación del impacto en salud. La planificación sanitaria andaluza se estructura en tres niveles: el Plan Andaluz de Salud, que fija las prioridades de salud para un periodo determinado; los planes integrales y estrategias sectoriales de la Consejería competente en materia de salud (cuidados, seguridad del paciente, cronicidad, salud mental, entre otros); y el Contrato Programa entre la Consejería y el SAS, que concreta los objetivos anuales o plurianuales y los recursos asociados. En el temario se pide un conocimiento general de los planes marco y estrategias vigentes, por lo que conviene consultar la web de la Consejería y del SAS para conocer la denominación y vigencia actual de cada uno.

Estructura del Sistema Nacional de Salud: Servicios de Salud y niveles asistenciales

El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas (art. 44 LGS). Cada Servicio de Salud integra todos los centros, servicios y establecimientos de la Comunidad Autónoma y de las Administraciones locales y demás entidades, organizados a su vez en Áreas de Salud. La asistencia se estructura en dos niveles: la Atención Primaria, que presta la asistencia sanitaria básica en el Centro de Salud y el domicilio, es la puerta de entrada al sistema y se organiza en Zonas Básicas de Salud; y la Atención Especializada, que se presta en hospitales y centros de especialidades a los que se accede por derivación desde Atención Primaria. La Administración del Estado conserva competencias en gestión sanitaria a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Derechos del paciente y su conexión con la Ley 2/1998

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, desarrolla con carácter básico los derechos de información, consentimiento informado, intimidad e historia clínica, y se aplica en Andalucía junto con la Ley 2/1998 y con normas autonómicas específicas como la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, y la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Para el TCAE, la consecuencia práctica es el deber de respetar la intimidad y la confidencialidad de los datos y el derecho del paciente a ser informado y a decidir sobre su cuidado, derechos que se desarrollan en el Tema 5.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LGS integra en el Sistema Nacional de Salud las estructuras y servicios sanitarios públicos de todas las Administraciones; la asistencia se extiende a toda la población en condiciones de igualdad (art. 3 LGS).
  • El art. 1 de la Ley 2/1998 regula el derecho a la protección de la salud en Andalucía y define los derechos y deberes de los ciudadanos ante el SSPA; el art. 2 fija los principios rectores del SSPA (universalización, equidad, integración funcional, planificación, descentralización, participación y calidad).
  • El art. 6 de la Ley 2/1998 reconoce el derecho a la confidencialidad y a la información; el art. 8 impone el deber de cuidar las instalaciones y usar responsablemente los recursos.
  • El Plan Andaluz de Salud fija objetivos y prioridades; el Contrato Programa traduce esos objetivos en compromisos concretos y evaluables entre la Consejería y el SAS.
  • El Área de Salud (art. 56 LGS) es la estructura fundamental del sistema sanitario; cada una debe disponer al menos de un hospital general.
  • El RD 1030/2006 establece la cartera de servicios comunes del SNS; cada servicio de salud autonómico puede añadir una cartera complementaria sin perjudicar la común.
  • El Consejo Interterritorial del SNS (art. 47 LGS, hoy regulado en la Ley 16/2003) está presidido por el Ministro de Sanidad y compuesto por los Consejeros de sanidad de las CCAA; coordina y procura la cohesión del sistema.
  • El sistema sanitario público se financia por impuestos generales, integrados en el sistema de financiación autonómica (Ley 21/2001, hoy Ley 22/2009), no por cotizaciones sociales específicas.
  • La Ley 33/2011, General de Salud Pública, regula vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y protección frente a riesgos ambientales, más allá de la asistencia clínica individual.
  • La Ley 44/2003 (LOPS) distingue profesiones sanitarias universitarias (art. 2) y profesionales del área sanitaria de formación profesional (art. 3), grupo en el que se encuadra el TCAE, que realiza cuidados auxiliares bajo supervisión de enfermería.
  • Los Procesos Asistenciales Integrados (PAI) ordenan la atención desde la perspectiva del paciente, integrando Atención Primaria, Especializada y todas las categorías, incluida la del TCAE.
  • La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) evalúa y acredita centros, unidades de gestión clínica y competencias profesionales del sistema sanitario andaluz.
  • La participación ciudadana en el SSPA se canaliza a través de los Consejos de Salud de Área y de Zona Básica.
  • Andalucía recibió la transferencia del INSALUD en 1984 (segunda Comunidad tras Cataluña) y la Ley 8/1986 creó el Servicio Andaluz de Salud.
  • La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, crea el Fondo de Cohesión Sanitaria y garantiza la movilidad de pacientes entre CCAA en condiciones equivalentes.
  • El Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) de cada centro tramita sugerencias, quejas, reclamaciones y agradecimientos de pacientes y usuarios.
  • La AETSA evalúa eficacia, seguridad y eficiencia de nuevas tecnologías y procedimientos antes de su incorporación a la cartera de servicios del SSPA.
  • Sistema Nacional de Salud (art. 44 LGS): conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
  • Área de Salud: población orientativa de 200.000 a 250.000 habitantes y al menos un hospital general; la Zona Básica de Salud es el marco de la Atención Primaria.
  • Cartera común del SNS (Ley 16/2003, RD 1030/2006): básica (gratuita), suplementaria (con aportación del usuario, p. ej. farmacia) y de servicios accesorios.
  • Copago farmacéutico (RDL 16/2012): activos 40 %, 50 % o 60 % según renta; pensionistas 10 % con tope mensual; exenciones para colectivos concretos.
  • RDL 7/2018, de 27 de julio: restablece el acceso universal al SNS tras la limitación de la asistencia a la condición de asegurado (RDL 16/2012).
  • Art. 90 LGS: conciertos con medios ajenos para la prestación de servicios sanitarios; la titularidad del derecho sigue siendo pública.
  • La Ley 41/2002 sustituyó la regulación de los derechos del paciente del art. 10 LGS; en Andalucía, la Ley 5/2003 (voluntad vital anticipada) y la Ley 2/2010 (dignidad en el proceso de la muerte) la complementan.
  • Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía, desarrolla en la Comunidad la Ley 33/2011, General de Salud Pública.
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La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se estructura en las modalidades:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de TCAE?

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS) creó el Sistema Nacional de Salud, integrando en él las estructuras y servicios públicos sanitarios de todas las Administraciones. La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, desarrolla en el ámbito autonómico ese modelo y regula el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), del que forma parte el Servicio Andaluz de Salud. Ambas normas, junto con el Plan Andaluz de Salud y el Contrato Programa, son el marco organizativo básico en el que se inserta la actividad diaria del personal TCAE.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

La LGS integra en el Sistema Nacional de Salud las estructuras y servicios sanitarios públicos de todas las Administraciones; la asistencia se extiende a toda la población en condiciones de igualdad (art. 3 LGS). El art. 1 de la Ley 2/1998 regula el derecho a la protección de la salud en Andalucía y define los derechos y deberes de los ciudadanos ante el SSPA; el art. 2 fija los principios rectores del SSPA (universalización, equidad, integración funcional, planificación, descentralización, participación y calidad). El art. 6 de la Ley 2/1998 reconoce el derecho a la confidencialidad y a la información; el art. 8 impone el deber de cuidar las instalaciones y usar responsablemente los recursos. El Plan Andaluz de Salud fija objetivos y prioridades; el Contrato Programa traduce esos objetivos en compromisos concretos y evaluables entre la Consejería y el SAS. El Área de Salud (art. 56 LGS) es la estructura fundamental del sistema sanitario; cada una debe disponer al menos de un hospital general. El RD 1030/2006 establece la cartera de servicios comunes del SNS; cada servicio de salud autonómico puede añadir una cartera complementaria sin perjudicar la común. El Consejo Interterritorial del SNS (art. 47 LGS, hoy regulado en la Ley 16/2003) está presidido por el Ministro de Sanidad y compuesto por los Consejeros de sanidad de las CCAA; coordina y procura la cohesión del sistema. El sistema sanitario público se financia por impuestos generales, integrados en el sistema de financiación autonómica (Ley 21/2001, hoy Ley 22/2009), no por cotizaciones sociales específicas. La Ley 33/2011, General de Salud Pública, regula vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y protección frente a riesgos ambientales, más allá de la asistencia clínica individual. La Ley 44/2003 (LOPS) distingue profesiones sanitarias universitarias (art. 2) y profesionales del área sanitaria de formación profesional (art. 3), grupo en el que se encuadra el TCAE, que realiza cuidados auxiliares bajo supervisión de enfermería. Los Procesos Asistenciales Integrados (PAI) ordenan la atención desde la perspectiva del paciente, integrando Atención Primaria, Especializada y todas las categorías, incluida la del TCAE. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) evalúa y acredita centros, unidades de gestión clínica y competencias profesionales del sistema sanitario andaluz. La participación ciudadana en el SSPA se canaliza a través de los Consejos de Salud de Área y de Zona Básica. Andalucía recibió la transferencia del INSALUD en 1984 (segunda Comunidad tras Cataluña) y la Ley 8/1986 creó el Servicio Andaluz de Salud. La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, crea el Fondo de Cohesión Sanitaria y garantiza la movilidad de pacientes entre CCAA en condiciones equivalentes. El Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) de cada centro tramita sugerencias, quejas, reclamaciones y agradecimientos de pacientes y usuarios. La AETSA evalúa eficacia, seguridad y eficiencia de nuevas tecnologías y procedimientos antes de su incorporación a la cartera de servicios del SSPA. Sistema Nacional de Salud (art. 44 LGS): conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. Área de Salud: población orientativa de 200.000 a 250.000 habitantes y al menos un hospital general; la Zona Básica de Salud es el marco de la Atención Primaria. Cartera común del SNS (Ley 16/2003, RD 1030/2006): básica (gratuita), suplementaria (con aportación del usuario, p. ej. farmacia) y de servicios accesorios. Copago farmacéutico (RDL 16/2012): activos 40 %, 50 % o 60 % según renta; pensionistas 10 % con tope mensual; exenciones para colectivos concretos. RDL 7/2018, de 27 de julio: restablece el acceso universal al SNS tras la limitación de la asistencia a la condición de asegurado (RDL 16/2012). Art. 90 LGS: conciertos con medios ajenos para la prestación de servicios sanitarios; la titularidad del derecho sigue siendo pública. La Ley 41/2002 sustituyó la regulación de los derechos del paciente del art. 10 LGS; en Andalucía, la Ley 5/2003 (voluntad vital anticipada) y la Ley 2/2010 (dignidad en el proceso de la muerte) la complementan. Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía, desarrolla en la Comunidad la Ley 33/2011, General de Salud Pública.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE. (Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, texto consolidado (BOE-A-1986-10499).
  • Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (BOJA núm. 74, de 4 de julio de 1998).
  • Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
  • Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
  • Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
  • Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
  • Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
  • Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
  • Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
  • Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud.

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