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Tema 11. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento administrativo común y sus fases. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.

La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, con sus fases de iniciación, ordenación, instrucción y terminación, así como los mecanismos de revisión de los actos administrativos en vía administrativa y el posterior control judicial a través del recurso contencioso-administrativo.

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Objeto de la Ley 39/2015 (art. 1)

Regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones (incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial), y los principios a que ha de ajustarse el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Sustituye a la Ley 30/1992, consolidando lo electrónico como cauce ordinario de relación.

El ámbito subjetivo y el carácter básico de la LPAC (arts. 2 LPAC y 149.1.18ª CE)

Se aplica al sector público: AGE, Administraciones autonómicas, Entidades Locales, y el sector público institucional (organismos públicos y entidades de derecho público vinculados, entidades de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas, y Universidades públicas, con aplicación supletoria). Se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común. La práctica totalidad de su articulado es legislación básica, de aplicación general y directa a todas las Administraciones, salvo aspectos organizativos internos remitidos a normativa propia.

Concepto de procedimiento administrativo

Cauce formal, serie ordenada de actos y trámites, a través del cual se forma y exterioriza la voluntad administrativa para un fin de interés general, garantizando el acierto de la decisión y los derechos de los interesados. A diferencia del proceso judicial, la Administración es simultáneamente parte interesada y órgano que instruye y resuelve.

Los interesados en el procedimiento (art. 4 LPAC)

Tienen tal condición: quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos; quienes, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión; y quienes se personen antes de la resolución definitiva por poder verse afectados sus intereses legítimos. Las asociaciones representativas son titulares de intereses legítimos colectivos.

La capacidad de obrar ante la Administración (art. 3 LPAC)

Amplía la capacidad civil general: tienen capacidad de obrar, además de quienes la ostenten conforme a las normas generales, los menores de edad para el ejercicio y defensa de derechos e intereses cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela, salvo cuando la incapacitación afecte precisamente a ese ejercicio.

La representación de los interesados (art. 5 LPAC)

Los interesados pueden actuar por medio de representante. Se presume para actos de mero trámite; para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimientos y renuncias debe acreditarse por cualquier medio válido que deje constancia fidedigna, incluida la comparecencia electrónica o el apoderamiento apud acta ante funcionario habilitado.

Derechos generales en las relaciones con la Administración (art. 13 LPAC)

Comunicarse a través del Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas cooficiales; acceder a información pública, archivos y registros; ser tratados con respeto y deferencia; exigir responsabilidades; y obtener información sobre los requisitos jurídicos o técnicos de sus proyectos o solicitudes.

El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración (art. 28 LPAC)

Los interesados no deben aportar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por otra Administración, salvo oposición expresa. La Administración puede consultarlos electrónicamente mediante redes corporativas o plataformas de intermediación de datos, salvo que una ley especial exija el consentimiento expreso.

Derechos específicos de los interesados en el procedimiento (art. 53 LPAC)

Conocer en cualquier momento el estado de tramitación y obtener copia de los documentos; identificar a las autoridades y personal responsable; no presentar documentos originales salvo exigencia normativa; formular alegaciones antes del trámite de audiencia; actuar asistidos de asesor; y cumplir sus obligaciones por medios electrónicos.

La responsabilidad de la tramitación (art. 20 LPAC)

Los titulares de las unidades administrativas y el personal responsable de la tramitación deben responder de forma directa y personal del despacho correcto y puntual de los procedimientos, removiendo obstáculos que impidan o retrasen el ejercicio de derechos. Su incumplimiento genera responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de otras responsabilidades.

La obligación de resolver (art. 21 LPAC)

La Administración debe dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, incluso en casos de prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento o desaparición sobrevenida del objeto, limitándose entonces a declarar la circunstancia concurrente. Se exceptúan la terminación por pacto y los procedimientos de mera declaración responsable o comunicación previa.

El plazo máximo para resolver y notificar

El fijado por la norma reguladora, sin exceder de 6 meses salvo norma con rango de ley o normativa de la UE. Si no se fija plazo, será de 3 meses, computados desde el acuerdo de iniciación (de oficio) o desde la entrada en el registro (a solicitud del interesado).

Efectos de la falta de resolución expresa según la forma de iniciación

En procedimientos a solicitud del interesado: silencio administrativo, estimatorio o desestimatorio (art. 24). En procedimientos de oficio: caducidad con archivo, si son susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen; o silencio desestimatorio, si de ellos pudiera derivarse el reconocimiento de derechos u otras situaciones favorables.

La suspensión del plazo máximo para resolver (art. 22 LPAC)

Procede, entre otros supuestos: cuando se requiera al interesado para subsanar deficiencias, por el tiempo entre notificación y cumplimiento; cuando se soliciten informes preceptivos y determinantes, con límite máximo de 3 meses; y cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados.

La ampliación del plazo para resolver (art. 23 LPAC)

El órgano competente, mediante acuerdo motivado, puede ampliar excepcionalmente el plazo máximo cuando el número de solicitudes o personas afectadas pudiera suponer su incumplimiento, sin que la ampliación pueda superar el plazo establecido para la tramitación. Contra este acuerdo no cabe recurso, sin perjuicio de cuestionarlo al impugnar la resolución final.

El silencio administrativo: concepto, fundamento y efectos

Técnica por la que el ordenamiento atribuye un efecto estimatorio o desestimatorio a la falta de resolución expresa en plazo, garantía frente a la inactividad administrativa. Su producción no exime a la Administración de resolver expresamente, incluso vencido el plazo, con los límites de lo ya operado por el sentido del silencio. El silencio positivo tiene la consideración de auténtico acto administrativo finalizador, con plena eficacia, solo revisable por revisión de oficio o declaración de lesividad. El silencio negativo es una mera ficción jurídica que permite interponer el recurso procedente, sin eximir a la Administración de resolver expresamente.

Silencio positivo y silencio negativo (art. 24 LPAC)

Regla general: silencio positivo (estimación), salvo norma con rango de ley o de la UE en contrario. Excepciones con silencio negativo: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, recursos administrativos (salvo alzada contra desestimación por silencio de una solicitud), y actividades que puedan dañar el medio ambiente.

La iniciación del procedimiento: de oficio y a solicitud (art. 54 LPAC)

De oficio: por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos, o denuncia. A solicitud de persona interesada: mediante el derecho de petición o cualquier otro derecho o interés legítimo. La forma de iniciación determina el régimen de silencio y caducidad aplicable.

Requisitos formales de la solicitud de iniciación (art. 66 LPAC)

Debe contener nombre y apellidos del interesado y, en su caso, representante; medio o lugar de notificación; hechos, razones y petición; lugar y fecha; firma o acreditación de autenticidad; y órgano al que se dirige. Las pretensiones idénticas o similares de varias personas pueden formularse en una única solicitud.

Las medidas provisionales (art. 56 LPAC)

El órgano competente puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y motivadamente, medidas para asegurar la eficacia de la resolución. Excepcionalmente pueden adoptarse antes de la iniciación en casos de urgencia inaplazable, debiendo confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación dentro de los 15 días siguientes.

La subsanación y mejora de la solicitud (art. 68 LPAC)

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requiere al interesado para subsanar en 10 días, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido. El plazo puede ampliarse hasta 5 días cuando la aportación presente dificultades especiales.

La declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 LPAC)

La declaración responsable es el documento en que el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos para el ejercicio de un derecho o inicio de actividad. La comunicación pone en conocimiento de la Administración datos relevantes. Ambas permiten el ejercicio del derecho desde su presentación, sin perjuicio de la comprobación posterior.

La ordenación del procedimiento: impulso de oficio y acumulación (arts. 71 y 57 LPAC)

El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites. En el despacho de expedientes se guarda el orden riguroso de incoación en asuntos de tramitación homogénea, salvo razones de complejidad o interés público, y su incumplimiento genera responsabilidad disciplinaria. El órgano que tramite un procedimiento puede disponer su acumulación a otros con identidad sustancial o íntima conexión, si el mismo órgano es competente para tramitarlos conjuntamente. Es una decisión de ordenación no susceptible de recurso, que evita resoluciones contradictorias y favorece la economía procedimental.

Los actos de instrucción (art. 75 LPAC)

Son los necesarios para determinar, conocer y comprobar los datos en cuya virtud debe pronunciarse la resolución, realizados de oficio y por medios electrónicos. Los interesados pueden proponer actuaciones necesarias, pudiendo el órgano rechazar motivadamente las manifiestamente improcedentes o innecesarias, sin recurso independiente.

Las alegaciones de los interesados (art. 76 LPAC)

Los interesados pueden aducir alegaciones y aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, que deben tenerse en cuenta al redactar la propuesta de resolución. Pueden también alegar defectos de tramitación (paralización, infracción de plazos, omisión de trámites subsanables).

Los informes: preceptivos, facultativos, vinculantes y no vinculantes (arts. 79-80 LPAC)

Salvo disposición contraria, son facultativos y no vinculantes. Deben evacuarse en 10 días; si no se emiten en plazo, y salvo que sean determinantes, se puede continuar el procedimiento. Cuando un informe preceptivo es además determinante, su solicitud suspende el plazo máximo para resolver, con límite de 3 meses.

La prueba en el procedimiento administrativo (arts. 77-78 LPAC)

Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio admisible en Derecho, valorado según los criterios de la LEC. Cuando la Administración no dé por ciertos los hechos alegados, el instructor abre un período de prueba de entre 10 y 30 días, pudiendo rechazar motivadamente las pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias.

El trámite de audiencia (art. 82 LPAC)

Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de la propuesta de resolución, se pone de manifiesto a los interesados para que en un plazo de 10 a 15 días aleguen y presenten documentos. Puede prescindirse de él cuando no figuren en el procedimiento otros hechos ni alegaciones que las ya aducidas por el interesado.

La información pública (art. 83 LPAC)

El órgano competente puede acordar, cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, un período de información pública anunciado en el diario oficial, para que cualquier persona pueda examinar el expediente y alegar, en plazo no inferior a 20 días. La incomparecencia no impide interponer los recursos procedentes.

Formas de terminación del procedimiento: resolución, desistimiento y renuncia (art. 84 LPAC)

Pondrán fin al procedimiento: la resolución expresa, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando no esté prohibida por el ordenamiento), la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La terminación convencional se regula aparte (art. 86). El silencio administrativo no es una forma de terminación en sentido propio: es una ficción o un acto presunto que permite al interesado seguir adelante ante la falta de resolución. El desistimiento afecta solo a la pretensión concreta, sin extinguir el derecho sustantivo, por lo que puede reiniciarse el procedimiento después. La renuncia afecta al propio derecho material, excluyendo su ejercicio posterior. Ambos pueden hacerse por cualquier medio que permita su constancia, y si hay varios interesados solo afectan a quienes los hayan formulado (arts. 84, 93 y 94).

La caducidad del procedimiento

La caducidad pone fin al procedimiento por inactividad. Hay dos supuestos distintos: (1) en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se paraliza por causa imputable a él, la Administración le advierte de que transcurridos tres meses se declarará la caducidad y se archivará (art. 95.1); (2) en los procedimientos iniciados de oficio con efectos desfavorables o de gravamen (típicamente sancionadores), cuando vence el plazo máximo para resolver sin resolución expresa (art. 25.1.b). La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. Puede no aplicarse si la cuestión afecta al interés general o es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento (art. 95.2).

La terminación convencional (art. 86 LPAC)

Las Administraciones pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de Derecho público o privado, si no son contrarios al ordenamiento ni versan sobre materias no transigibles, con el objeto de satisfacer el interés público. Pueden finalizar el procedimiento o insertarse en él con carácter previo, vinculante o no.

La tramitación simplificada del procedimiento (art. 96 LPAC)

Procede, de oficio o a instancia del interesado, por razones de interés público o falta de complejidad. Reduce a la mitad los plazos ordinarios (salvo presentación de solicitudes y recursos), permite prescindir del trámite de audiencia en ciertos casos, y del dictamen consultivo no preceptivo o no sustantivo. Plazo de resolución: 30 días.

Concepto de recurso administrativo

Acto del administrado por el que pide a la propia Administración autora de un acto que lo revoque, sustituya o reforme, dando lugar a un nuevo procedimiento distinto de aquel en que se dictó el acto impugnado. Manifestación de la autotutela administrativa: se ofrece a la Administración revisar sus propias decisiones antes de acudir a los tribunales.

Requisitos de los recursos administrativos

Legitimación del recurrente (titular de derecho o interés legítimo afectado); respeto del plazo legal; formulación por escrito con expresión del acto recurrido y la razón de la impugnación (el error en la calificación del recurso no impide su tramitación si se deduce su verdadero carácter); y dirección ante el órgano competente.

Actos susceptibles de recurso administrativo

Solo son recurribles, con carácter general, los actos definitivos (alzada si no agotan la vía administrativa, reposición si la agotan) y, excepcionalmente, los actos de trámite cualificados. No cabe recurso administrativo contra reglamentos, solo impugnables en vía contencioso-administrativa, directa o indirectamente.

El recurso de alzada: procedencia, plazo y resolución

Procede contra resoluciones y actos que no ponen fin a la vía administrativa, y lo resuelve el órgano superior jerárquico del que los dictó (art. 121). Plazo de interposición: un mes si el acto es expreso; si no lo es (silencio), tanto el solicitante como los demás posibles interesados pueden interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio (art. 122.1). Se puede presentar ante el órgano que dictó el acto, que debe remitirlo al competente en 10 días con su informe y el expediente. Plazo máximo de resolución y notificación: 3 meses; transcurrido sin resolución, se entiende desestimado y queda expedita la vía contencioso-administrativa (art. 122.2). Si el acto no agota la vía, la resolución del alzada sí la agota.

El recurso potestativo de reposición

Contra actos que ponen fin a la vía administrativa, el interesado elige entre el contencioso-administrativo directo o, con carácter previo, el recurso de reposición ante el mismo órgano. Plazo de interposición y de resolución: 1 mes; transcurrido sin resolución expresa, se entiende desestimado. Mientras esté pendiente, no cabe recurso contencioso.

El recurso extraordinario de revisión: motivos tasados

Contra actos firmes en vía administrativa, solo por: error de hecho resultante de los propios documentos del expediente; aparición de documentos esenciales ignorados o de imposible aportación; influencia esencial de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme; o resolución dictada por prevaricación, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta declarada por sentencia firme.

La suspensión de la ejecución del acto recurrido

Regla general: la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto, coherente con la autotutela ejecutiva. El órgano competente puede suspenderla, de oficio o a instancia de parte, ponderando el perjuicio al interés público o a terceros frente al perjuicio de difícil reparación del recurrente, o cuando concurra causa de nulidad de pleno derecho.

Las reclamaciones económico-administrativas

Vía de revisión especial, alternativa a los recursos ordinarios, para actos de contenido tributario (liquidaciones, sanciones tributarias, denegación de devoluciones), resuelta por órganos especializados —Tribunal Económico-Administrativo Central y Tribunales Regionales y Locales—, con mayor independencia funcional respecto de los órganos gestores que en los recursos ordinarios.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: fundamento (art. 106.1 CE)

Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los fines que la justifican: garantía última del particular frente a la Administración, agotada en su caso la vía administrativa previa. Se regula por la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Organización del orden contencioso-administrativo

De menor a mayor rango: Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, con competencias diferenciadas según el órgano autor del acto, la materia y, en su caso, la cuantía.

Competencias de los distintos órganos del orden contencioso-administrativo

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (art. 8 LJCA): conocen en primera o única instancia de recursos contra actos de las Entidades Locales (con excepciones) y, en materias como personal (salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera), propiedades especiales, sanciones y expropiación forzosa, contra actos de las Administraciones autonómicas y de la periferia estatal. Los Juzgados Centrales conocen de determinados actos de órganos centrales (por ejemplo, ciertos actos en materia de personal y sanciones). Salas de lo Contencioso de los TSJ (art. 10): disposiciones generales y actos de las CCAA y de las Entidades Locales no atribuidos a Juzgados, y apelaciones contra sentencias de Juzgados. Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional (art. 11): con carácter general, disposiciones y actos de Ministros y Secretarios de Estado, con las excepciones legales. Sala Tercera del Tribunal Supremo (art. 12): actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas, del CGPJ y otros; y recurso de casación. El reparto concreto de competencias debe contrastarse con el texto vigente de los arts. 8 a 14.

Las partes y la legitimación en el proceso contencioso-administrativo

Parte demandante: quien ejercita la pretensión. Parte demandada: la Administración autora del acto. Pueden comparecer codemandados y el Ministerio Fiscal cuando proceda. Legitimación activa: titulares de derecho o interés legítimo, corporaciones y entidades habilitadas para intereses colectivos. Legitimación pasiva: la Administración autora y quienes puedan verse afectados.

Actos impugnables y actividad no impugnable

Son impugnables las disposiciones generales, los actos expresos y presuntos que agoten la vía administrativa, la inactividad administrativa y la vía de hecho. No son impugnables los actos sometidos al Derecho privado (competencia civil o social) ni los actos políticos del Gobierno, sin perjuicio del control de sus elementos reglados y de la indemnización procedente.

Fases del procedimiento contencioso-administrativo ordinario

Interposición del recurso; reclamación del expediente administrativo; formalización de demanda y contestación; eventual fase de prueba; conclusiones o vista; y sentencia. Cabe terminación anticipada por allanamiento, desistimiento, satisfacción extraprocesal o conciliación judicial.

El procedimiento abreviado contencioso-administrativo

Se sigue ante los Juzgados (art. 78 LJCA) en los asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y en determinadas materias con independencia de la cuantía: cuestiones de personal al servicio de las Administraciones (salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera), extranjería, disciplina deportiva en materia de dopaje, e inadmisión de peticiones de asilo. Es un procedimiento más rápido: tras la demanda se cita a las partes a una vista oral única en la que se practican alegaciones, prueba y conclusiones, y se dicta sentencia en el plazo de 10 días. El umbral de cuantía debe contrastarse con la redacción vigente.

Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo

El órgano jurisdiccional puede acordar medidas cautelares, previa petición razonada, cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad al recurso, ponderando la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro de la duración del proceso (periculum in mora). La suspensión de la ejecución es la más habitual, sin ser la única posible.

Los recursos contra las sentencias contencioso-administrativas

Contra sentencias de Juzgados: apelación ante la Sala del TSJ, salvo exclusión por cuantía. Contra sentencias en única instancia o apelación de las Salas de TSJ, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo: recurso de casación ante el Tribunal Supremo, condicionado a interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Estructura y contenido de la Ley 40/2015 (LRJSP)

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el funcionamiento interno de las Administraciones y su sector público institucional. Contenido esencial: principios de actuación y funcionamiento (art. 3: servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, participación, objetividad, buena fe, cooperación y coordinación, eficiencia, responsabilidad); órganos administrativos y su competencia; órganos colegiados; abstención y recusación; responsabilidad patrimonial de las Administraciones; potestad sancionadora; relaciones interadministrativas y convenios; y el sector público institucional estatal (organismos públicos, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios). La Ley 39/2015 se ocupa de la relación Administración-ciudadano (el procedimiento); la Ley 40/2015 del régimen interno y organización. No hay que confundirlas.

Competencia, delegación, avocación y otras técnicas de la LRJSP

La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tengan atribuida como propia (art. 8). Las técnicas de alteración son: delegación de competencias (art. 9), que no puede afectar a asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, las Cortes Generales o las asambleas legislativas, decisiones de carácter normativo, resolución de recursos en los órganos que dictaron el acto recurrido, entre otros; avocación (art. 10), por la que el superior jerárquico se hace cargo de un asunto de un inferior; encomienda de gestión (art. 11), para actividades de carácter material o técnico; delegación de firma (art. 12) y suplencia (art. 13). Los actos dictados por delegación se consideran dictados por el órgano delegante, y la delegación es revocable en cualquier momento.

Órganos colegiados (arts. 15 a 22 LRJSP)

Los órganos colegiados se rigen por sus normas específicas y por la LRJSP. Cuentan con presidente, secretario y miembros. Su convocatoria exige orden del día y se realiza, con carácter general, por medios electrónicos. Para la válida constitución se requiere la presencia del presidente y secretario (o quienes les sustituyan) y de la mitad al menos de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos, con voto de calidad del presidente en caso de empate (salvo órganos con representación de varias Administraciones). El secretario levanta acta de cada sesión, que se aprueba en la misma o en la siguiente. Las sesiones pueden celebrarse a distancia por medios electrónicos.

Abstención y recusación (arts. 23 y 24 LRJSP)

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes concurra alguna de las causas legales deben abstenerse de intervenir y comunicarlo a su superior. Las causas incluyen: tener interés personal en el asunto o ser administrador de sociedad o entidad interesada; parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados; amistad íntima o enemistad manifiesta; intervención como perito o testigo; y relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. La recusación la plantea el interesado por escrito, expresando la causa, y la resuelve el superior. No cabe recurso contra la decisión sobre abstención y recusación, pero puede alegarse al impugnar el acto final. La actuación de autoridades en las que concurren motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez del acto, aunque puede dar lugar a responsabilidad.

Principios de la potestad sancionadora (arts. 25 a 31 LRJSP)

Principios: legalidad (solo por ley); irretroactividad (salvo que favorezcan al presunto infractor); tipicidad (las infracciones y sanciones deben estar previstas en ley, sin analogía); responsabilidad (solo por hechos constitutivos de infracción por quienes resulten responsables); proporcionalidad; prescripción de infracciones y sanciones; y non bis in idem (no se pueden sancionar los hechos que ya lo hayan sido penal o administrativamente cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento). El procedimiento sancionador se rige por la Ley 39/2015 (arts. 63, 64 y 85, 89 a 90): ha de separarse la fase instructora de la sancionadora, que corresponden a órganos distintos; la presunción de inocencia rige durante todo el procedimiento. No se puede imponer una sanción sin procedimiento previo.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Regulada en los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015 y en los arts. 65, 67, 81, 91 y 92 de la Ley 39/2015. Requisitos: daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo; antijuridicidad (el particular no tiene el deber jurídico de soportarlo); nexo causal con el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y no concurrencia de fuerza mayor. El derecho a reclamar prescribe al año del hecho o acto que motive la indemnización o desde que se manifieste su efecto lesivo (art. 67 LPAC). El plazo máximo para resolver y notificar es de 6 meses (art. 91.3 LPAC), con silencio negativo. Puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Pone fin a la vía administrativa la resolución, y es recurrible en vía contenciosa.

El cómputo de los plazos en el procedimiento (arts. 30 y 31 LPAC)

Salvo que por ley o normativa de la UE se disponga otro cómputo, los plazos señalados por días se entienden hábiles, excluyéndose los sábados, domingos y festivos. Los plazos expresados en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto o se produzca la estimación o desestimación por silencio. Los plazos señalados por meses o años se computan de fecha a fecha, a partir del día siguiente a la notificación; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo concluye el último día del mes. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. Los registros electrónicos admiten la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas, y la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente.

Notificaciones y comunicaciones (arts. 40 a 46 LPAC)

Deben cursarse dentro del plazo de 10 días desde que el acto haya sido dictado, y contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es definitiva en vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo para interponerlos. Si no reúne estos requisitos, surte efecto desde que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido o interponga el recurso procedente. Las personas jurídicas y otros sujetos del art. 14.2 están obligados a relacionarse electrónicamente; la notificación electrónica se entiende rechazada si pasan 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a ella, con lo que se tiene por efectuado el trámite (art. 43). Las notificaciones infructuosas se publican en el Boletín Oficial del Estado (tablón edictal único).

Eficacia, ejecutividad y validez de los actos administrativos (arts. 34 a 52 LPAC)

Los actos administrativos se dictan por escrito, con motivación en los casos legalmente previstos (art. 35), y se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39). La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a notificación o publicación. La retroactividad solo se admite si produce efectos favorables, no lesiona derechos de terceros y los supuestos de hecho existían ya en la fecha a que se retrotraiga. La invalidez: actos nulos de pleno derecho (art. 47) y anulables (art. 48). Entre las causas de nulidad figuran: lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; incompetencia manifiesta por razón de la materia o el territorio; contenido imposible; constitutivos de infracción penal; dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de órganos colegiados; actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras de rango superior, y las que establezcan la retroactividad de las no favorables. Los actos anulables: cualquier infracción del ordenamiento, incluso la desviación de poder; los defectos de forma solo determinan anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión. La conversión, conservación y convalidación de actos están reguladas en los arts. 49 a 52.

La revisión de oficio: nulidad, lesividad, revocación y rectificación de errores (arts. 106 a 111 LPAC)

Nulidad de pleno derecho (art. 106): las Administraciones, de oficio o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, declaran en cualquier momento la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1. La solicitud puede inadmitirse a trámite por falta de fundamento o por haberse desestimado otras anteriores. Plazo máximo de resolución: 6 meses desde la iniciación; si el procedimiento se inició de oficio, su vencimiento produce caducidad; si se inició a solicitud, el interesado puede entender desestimada su solicitud por silencio (art. 106.5). Lesividad (art. 107): los actos favorables anulables no se pueden anular de oficio; la Administración debe declararlos lesivos para el interés público dentro de los cuatro años siguientes a que se dictaron, previa audiencia de los interesados, e impugnarlos después ante el orden contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. Revocación (art. 109.1): de los actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido la prescripción, siempre que no sea contraria al ordenamiento, igualdad o interés público. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (art. 109.2): en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado. Límites a las facultades de revisión (art. 110): prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias que hagan su ejercicio contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.

Normas comunes a los recursos administrativos (arts. 112 a 119 LPAC)

Contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados (los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos) los interesados pueden interponer los recursos de alzada y reposición, que son los ordinarios, y el extraordinario de revisión (art. 112). La oposición a los demás actos de trámite puede alegarse para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Ponen fin a la vía administrativa (art. 114): las resoluciones de recursos de alzada; las de procedimientos de impugnación alternativos; las dictadas por órganos sin superior jerárquico; las que pongan fin a procedimientos de responsabilidad patrimonial y sancionadores en los casos previstos; y las demás que establezca una disposición legal. El recurso se interpone por escrito con los requisitos del art. 115; el error en la calificación no es obstáculo para su tramitación. Causas de inadmisión (art. 116): incompetencia del órgano, falta de legitimación, acto no susceptible de recurso, extemporaneidad y carencia manifiesta de fundamento. Resolución (art. 119): estima en todo o en parte, desestima o inadmite; resolverá cuantas cuestiones, de forma o de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados; no puede agravar la situación inicial del recurrente (prohibición de la reformatio in peius).

El recurso potestativo de reposición: regulación específica (arts. 123 y 124 LPAC)

Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Plazo de interposición: un mes si el acto es expreso; si no lo es, tanto el solicitante como los demás posibles interesados pueden interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 124.1). Plazo máximo para dictar y notificar la resolución: un mes. No se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso.

El recurso extraordinario de revisión: plazos y resolución (arts. 125 y 126 LPAC)

Se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto, que es también quien lo resuelve, contra actos firmes en vía administrativa. Si el motivo es el error de hecho (que resulte de los propios documentos incorporados al expediente), el plazo es de cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada; para los demás motivos, tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme (art. 125.2). Plazo de resolución y notificación: tres meses, transcurridos los cuales se entiende desestimado y queda expedita la vía contenciosa. El órgano puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo cuando se funde en motivos distintos de los taxativamente previstos o ya se hubiera desestimado en cuanto al fondo otro recurso sustancialmente igual.

La suspensión de la ejecución durante el recurso: reglas adicionales (art. 117 LPAC)

Para acordar la suspensión, el órgano ha de ponderar, de forma suficientemente razonada, el perjuicio que causaría al interés público o a terceros frente al que supondría para el recurrente la inmediata ejecución. La suspensión puede acordarse con las medidas cautelares necesarias, incluso sometida a garantías. Si pasado un mes desde que la solicitud de suspensión tuvo entrada en el registro del órgano competente no se ha dictado resolución expresa, la ejecución del acto se entiende suspendida (suspensión automática o presunta). Esta es una de las pocas excepciones a la regla del silencio y a la autotutela ejecutiva. Al dictar resolución sobre la suspensión se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar perjuicios de imposible o difícil reparación. Las medidas administrativas de suspensión no impiden después solicitar la cautelar en sede judicial.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo (arts. 46 y 128 LJCA)

Dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de la disposición impugnada o a la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fueran expresos. Si no lo fueran (silencio), el plazo es de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, salvo la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual el silencio no puede perjudicar al solicitante que no ha sido notificado, que puede recurrir sin sujeción a plazo preclusivo mientras la Administración no resuelva. Si el recurso se interpone contra la inactividad: dos meses desde la finalización del plazo de tres meses desde la reclamación previa. Contra la vía de hecho: diez días tras el requerimiento o veinte desde su presentación si no hay respuesta. El mes de agosto es inhábil para interponer el recurso contencioso-administrativo salvo para el procedimiento de protección de derechos fundamentales (art. 128.2). El plazo para formalizar la demanda es de veinte días, y para contestar a ella, también de veinte días (arts. 52 y 54).

Actividad administrativa impugnable: disposiciones, actos, inactividad y vía de hecho (arts. 25 a 30 LJCA)

Se puede recurrir contra disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, estos últimos si deciden directa o indirectamente el fondo, determinan la imposibilidad de continuar o producen indefensión o perjuicio irreparable. También contra la inactividad de la Administración (art. 29): cuando esté obligada a una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas, tras reclamación previa de cumplimiento y transcurridos tres meses sin que la haya atendido; y para ejecutar actos firmes, un mes. Y contra la vía de hecho (art. 30): actuaciones materiales de ejecución sin cobertura de un acto administrativo o que se apoyan en un acto que carece de la fuerza jurídica necesaria, caso en que cabe un requerimiento previo de cesación. No se admite recurso contra los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes o los meramente confirmatorios de actos consentidos (art. 28). Se excluyen de este orden (art. 3) las cuestiones atribuidas a la jurisdicción civil, penal y social, y el recurso contra los actos políticos del Gobierno no es posible salvo en cuanto a los derechos fundamentales, los elementos reglados y la indemnización (art. 2.a).

Capacidad procesal, legitimación, representación y defensa (arts. 18 a 24 LJCA)

Capacidad procesal (art. 18): además de las personas con capacidad de obrar con arreglo a la ley procesal civil, los menores de edad para la defensa de aquellos derechos e intereses cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; también los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes o masas patrimoniales, cuando la ley lo permite. Legitimación (art. 19): ostentan legitimación activa las personas físicas o jurídicas que tengan un derecho o interés legítimo; las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos o entidades para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos; la Administración del Estado puede impugnar actos de las CCAA o Entidades Locales en los casos previstos; el Ministerio Fiscal en los casos legales; y cualquier ciudadano en los casos de acción popular legalmente previstos. Legitimación pasiva (art. 21): las Administraciones públicas o entidades demandadas, y las personas que ostenten derechos derivados del acto y los aseguradores. Representación y defensa (art. 23): las partes han de actuar con procurador y abogado, aunque pueden comparecer por sí mismas en los procedimientos abreviados, en los de cuestiones de personal y los que se tramitan ante Juzgados unipersonales cuando así lo prevea la ley, y los funcionarios públicos pueden defenderse por sí mismos en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. La representación y defensa de las Administraciones del Estado corresponde a los Abogados del Estado (art. 24), y la de las CCAA y Entidades Locales a los letrados de sus servicios jurídicos o abogados colegiados habilitados.

Medidas cautelares: requisitos y procedimiento (arts. 129 a 136 LJCA)

Los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de las medidas que aseguren la efectividad de la sentencia. Procede la medida cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (art. 130.1). La medida podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. En los supuestos de urgencia especial se puede acordar sin audiencia de la parte contraria (inaudita parte), mediante auto (art. 135). Si la medida causa perjuicios, puede exigirse caución o garantía (art. 133). Contra la resolución cabe recurso de reposición y apelación.

Recursos contra las sentencias y resoluciones: apelación, casación y otros (arts. 80 a 93 LJCA)

Recursos contra providencias y autos: reposición y súplica. Recurso de apelación (art. 81): contra sentencias de los Juzgados, salvo que sean de cuantía inferior a 30.000 euros o en determinadas materias (como electoral). Recurso de casación (arts. 86 a 93): se interpone ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra sentencias dictadas en única instancia o en apelación por las Salas del TSJ y de la Audiencia Nacional, cuando presenten interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. El escrito de preparación se presenta ante la Sala que dictó la resolución en el plazo de treinta días, y el Tribunal Supremo decide sobre su admisión mediante auto motivado. Existe un recurso de casación autonómico ante la Sala de los TSJ para la unificación del derecho autonómico. Recurso de revisión: contra sentencias firmes en casos tasados. Recurso de queja: contra autos que inadmitan la tramitación de recursos.

Ejecución de sentencias y efectos de la sentencia (arts. 103 a 113 LJCA)

Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen. Las sentencias pueden ser estimatorias (anulan total o parcialmente el acto), desestimatorias o declarar la inadmisión del recurso. La ejecución corresponde al órgano que haya conocido del asunto en primera o única instancia. Las sentencias estimatorias contra disposiciones generales tienen efectos generales desde el día en que se publique el fallo y los preceptos anulados en el diario oficial. Si la Administración no cumple, el órgano judicial puede requerirla, imponer multas coercitivas a las autoridades o funcionarios responsables, acordar la ejecución sustitutoria y deducir testimonio para exigir responsabilidad penal. La resolución estimatoria puede reconocer una situación jurídica individualizada y adoptar las medidas necesarias para su pleno restablecimiento (art. 31).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El procedimiento administrativo común tiene cuatro fases: iniciación, ordenación, instrucción y terminación (Ley 39/2015).
  • Los actos nulos de pleno derecho (art. 47) incurren en vicios especialmente graves; los anulables (art. 48), en cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico.
  • Frente a un acto nulo cabe la revisión de oficio en cualquier momento (art. 106); frente a uno anulable, la Administración debe declararlo lesivo (art. 107) antes de impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • El recurso de alzada se dirige al superior jerárquico cuando el acto no agota la vía administrativa; el de reposición es potestativo, ante el mismo órgano, cuando el acto sí la agota.
  • El plazo máximo para resolver y notificar es el fijado por la norma reguladora (sin exceder de 6 meses salvo ley) o, en su defecto, de 3 meses.
  • El silencio administrativo es, con carácter general, positivo (estimatorio), salvo las excepciones tasadas del art. 24.1 LPAC (derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público, recursos, actividades que puedan dañar el medio ambiente).
  • La subsanación de una solicitud defectuosa se requiere en 10 días, con advertencia de tenerlo por desistido si no se atiende (art. 68 LPAC).
  • El trámite de audiencia (10 a 15 días) se practica inmediatamente antes de la propuesta de resolución, salvo que no figuren en el procedimiento otros hechos ni alegaciones distintas de las ya aducidas por el interesado.
  • La caducidad opera característicamente en procedimientos de oficio con potestades sancionadoras o de gravamen, cuando se paraliza por causa imputable al interesado o transcurre el plazo máximo sin resolución.
  • El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes por motivos tasados: error de hecho, documentos esenciales ignorados, documentos o testimonios falsos, o prevaricación, cohecho o violencia declarados por sentencia firme.
  • La interposición de un recurso no suspende por regla general la ejecución del acto, en coherencia con la autotutela ejecutiva de la Administración.
  • El orden contencioso-administrativo se organiza, de menor a mayor rango, en Juzgados, Salas de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, con competencias diferenciadas.
  • El plazo general para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses frente a un acto expreso que agota la vía administrativa (Ley 29/1998).
  • Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo se ponderan según el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (peligro de la duración del proceso).
  • Ley 39/2015: relación Administración-ciudadano (procedimiento). Ley 40/2015: régimen interno y organización del sector público (órganos, competencia, convenios, sector público institucional). Es una confusión típica de examen.
  • Los plazos señalados por días en la Ley 39/2015 son hábiles (excluye sábados, domingos y festivos); los de meses o años se cuentan de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación.
  • La notificación electrónica obligatoria se entiende rechazada a los 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceso; la notificación debe cursarse en 10 días desde que se dicte el acto.
  • La revisión de oficio de actos nulos (art. 106) exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente; la declaración de lesividad (art. 107) debe hacerse en 4 años y se impugna luego en 2 meses ante el orden contencioso.
  • La revocación (art. 109.1) sólo se aplica a actos de gravamen o desfavorables; la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos puede hacerse en cualquier momento.
  • Plazos de los recursos administrativos: alzada y reposición, un mes si el acto es expreso; resolución en tres meses (alzada) o un mes (reposición); extraordinario de revisión, cuatro años para el error de hecho y tres meses para el resto de motivos.
  • La suspensión de la ejecución se entiende concedida si pasa un mes desde la solicitud sin resolución expresa (art. 117.3 LPAC).
  • La resolución de un recurso administrativo no puede agravar la situación del recurrente (prohibición de reformatio in peius, art. 119).
  • La Ley 29/1998 establece que el mes de agosto es inhábil para interponer el recurso contencioso-administrativo, salvo para el procedimiento de protección de derechos fundamentales.
  • En el contencioso ordinario, la demanda se formaliza en 20 días y se contesta en 20 días; en el abreviado hay vista oral única, y sentencia en 10 días.
  • El recurso de casación contencioso-administrativo se prepara en 30 días ante la Sala que dictó la sentencia, y exige interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
  • Los actos políticos del Gobierno no son impugnables salvo en cuanto a derechos fundamentales, elementos reglados e indemnización; los actos meramente confirmatorios de otros consentidos no son recurribles.
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En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la regla general del silencio administrativo es:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Auxiliar Admin. Estado?

La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, con sus fases de iniciación, ordenación, instrucción y terminación, así como los mecanismos de revisión de los actos administrativos en vía administrativa y el posterior control judicial a través del recurso contencioso-administrativo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

El procedimiento administrativo común tiene cuatro fases: iniciación, ordenación, instrucción y terminación (Ley 39/2015). Los actos nulos de pleno derecho (art. 47) incurren en vicios especialmente graves; los anulables (art. 48), en cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico. Frente a un acto nulo cabe la revisión de oficio en cualquier momento (art. 106); frente a uno anulable, la Administración debe declararlo lesivo (art. 107) antes de impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso de alzada se dirige al superior jerárquico cuando el acto no agota la vía administrativa; el de reposición es potestativo, ante el mismo órgano, cuando el acto sí la agota. El plazo máximo para resolver y notificar es el fijado por la norma reguladora (sin exceder de 6 meses salvo ley) o, en su defecto, de 3 meses. El silencio administrativo es, con carácter general, positivo (estimatorio), salvo las excepciones tasadas del art. 24.1 LPAC (derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público, recursos, actividades que puedan dañar el medio ambiente). La subsanación de una solicitud defectuosa se requiere en 10 días, con advertencia de tenerlo por desistido si no se atiende (art. 68 LPAC). El trámite de audiencia (10 a 15 días) se practica inmediatamente antes de la propuesta de resolución, salvo que no figuren en el procedimiento otros hechos ni alegaciones distintas de las ya aducidas por el interesado. La caducidad opera característicamente en procedimientos de oficio con potestades sancionadoras o de gravamen, cuando se paraliza por causa imputable al interesado o transcurre el plazo máximo sin resolución. El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes por motivos tasados: error de hecho, documentos esenciales ignorados, documentos o testimonios falsos, o prevaricación, cohecho o violencia declarados por sentencia firme. La interposición de un recurso no suspende por regla general la ejecución del acto, en coherencia con la autotutela ejecutiva de la Administración. El orden contencioso-administrativo se organiza, de menor a mayor rango, en Juzgados, Salas de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, con competencias diferenciadas. El plazo general para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses frente a un acto expreso que agota la vía administrativa (Ley 29/1998). Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo se ponderan según el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (peligro de la duración del proceso). Ley 39/2015: relación Administración-ciudadano (procedimiento). Ley 40/2015: régimen interno y organización del sector público (órganos, competencia, convenios, sector público institucional). Es una confusión típica de examen. Los plazos señalados por días en la Ley 39/2015 son hábiles (excluye sábados, domingos y festivos); los de meses o años se cuentan de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación. La notificación electrónica obligatoria se entiende rechazada a los 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceso; la notificación debe cursarse en 10 días desde que se dicte el acto. La revisión de oficio de actos nulos (art. 106) exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente; la declaración de lesividad (art. 107) debe hacerse en 4 años y se impugna luego en 2 meses ante el orden contencioso. La revocación (art. 109.1) sólo se aplica a actos de gravamen o desfavorables; la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos puede hacerse en cualquier momento. Plazos de los recursos administrativos: alzada y reposición, un mes si el acto es expreso; resolución en tres meses (alzada) o un mes (reposición); extraordinario de revisión, cuatro años para el error de hecho y tres meses para el resto de motivos. La suspensión de la ejecución se entiende concedida si pasa un mes desde la solicitud sin resolución expresa (art. 117.3 LPAC). La resolución de un recurso administrativo no puede agravar la situación del recurrente (prohibición de reformatio in peius, art. 119). La Ley 29/1998 establece que el mes de agosto es inhábil para interponer el recurso contencioso-administrativo, salvo para el procedimiento de protección de derechos fundamentales. En el contencioso ordinario, la demanda se formaliza en 20 días y se contesta en 20 días; en el abreviado hay vista oral única, y sentencia en 10 días. El recurso de casación contencioso-administrativo se prepara en 30 días ante la Sala que dictó la sentencia, y exige interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Los actos políticos del Gobierno no son impugnables salvo en cuanto a derechos fundamentales, elementos reglados e indemnización; los actos meramente confirmatorios de otros consentidos no son recurribles.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565).
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566).
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE-A-1998-16718).
  • Constitución Española, arts. 103, 106 y 149.1.18.ª.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

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