Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.
Las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno a través de sus dos Cámaras, Congreso y Senado, cada una con una composición, un sistema electoral y unas funciones propias; el Defensor del Pueblo actúa como alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos del Título I y la supervisión de la Administración.
Naturaleza bicameral y funciones de las Cortes Generales (art. 66 CE)
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (66.1). Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución (66.2); son inviolables (66.3). El Título III se divide en tres capítulos: De las Cámaras (arts. 66-80), De la elaboración de las leyes (arts. 81-92) y De los Tratados internacionales (arts. 93-96). El bicameralismo es imperfecto o asimétrico: el Congreso tiene preeminencia, pues solo él otorga o retira la confianza al Gobierno (investidura, moción de censura, cuestión de confianza), y ante la discrepancia entre ambas Cámaras en el procedimiento legislativo ordinario prevalece finalmente la voluntad del Congreso (art. 90). El Senado se define como Cámara de representación territorial (art. 69.1), si bien su composición es mayoritariamente provincial.
Estatuto común de los parlamentarios (arts. 67, 70 y 71 CE)
Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso (67.1). Los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo (67.2) y las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vinculan a las Cámaras (67.3). La ley electoral determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad (art. 70.1) y la validez de las actas y credenciales está sujeta a control judicial (70.2). Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, que subsiste aun cuando cesen en el cargo (71.1), y de inmunidad durante su mandato: solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización previa de la Cámara respectiva, el denominado suplicatorio (71.2). En las causas contra Diputados y Senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (71.3). Perciben una asignación que fijan las Cámaras (art. 71.4).
El Congreso de los Diputados (art. 68 CE)
Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley (68.1); la LOREG fija el número en 350. La circunscripción electoral es la provincia; Ceuta y Melilla están representadas cada una por un Diputado (68.2). La ley distribuye el número total de Diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población (68.2); en la práctica, 2 Diputados por provincia, 1 por Ceuta y 1 por Melilla y los 248 restantes según población. La elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional (68.3), mediante la fórmula D'Hondt y con una barrera del 3 % de los votos válidos de la circunscripción (LOREG). El mandato es de cuatro años y termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (68.4). Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos, y la ley reconoce el voto de los españoles que se encuentren fuera de España (68.5). Las elecciones tienen lugar entre treinta y sesenta días desde la terminación del mandato; el Congreso electo debe ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones (68.6).
El Senado (art. 69 CE)
Es la Cámara de representación territorial (69.1). En cada provincia se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica (69.2); cada elector puede votar a un máximo de tres candidatos (LOREG). En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción, correspondiendo tres Senadores a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las demás islas o agrupaciones (69.3). Ceuta y Melilla eligen cada una dos Senadores (69.4). Además, las Comunidades Autónomas designan un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio; la designación corresponde a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, con arreglo a lo que establezcan los Estatutos, asegurando en todo caso la adecuada representación proporcional (69.5). El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (69.6). El número de Senadores varía por tanto con la población de las Comunidades Autónomas.
Disolución y legislatura
La legislatura es el periodo de cuatro años de mandato de las Cámaras, que termina por expiración del plazo o por disolución anticipada. La disolución puede ser de ambas Cámaras o solo del Senado (art. 115 CE), a propuesta del Presidente del Gobierno, que la decide bajo su exclusiva responsabilidad, previa deliberación del Consejo de Ministros; también es obligatoria si fracasa la investidura transcurridos dos meses (art. 99.5) o por reforma agravada de la Constitución (art. 168). No cabe disolución cuando esté en trámite una moción de censura ni durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio (arts. 115.2 y 116.5). No debe confundirse la legislatura con el periodo de sesiones (art. 73 CE): dos periodos ordinarios anuales, de septiembre a diciembre y de febrero a junio, que se repiten varias veces dentro de una misma legislatura.
Organización de las Cámaras (arts. 72 y 75 CE): autonomía, Presidente, Mesa, Junta de Portavoces, Pleno y Comisiones
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos se aprueban y reforman por votación final sobre su totalidad, que requiere mayoría absoluta (72.1). Las Cámaras eligen sus Presidentes y los demás miembros de sus Mesas; los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes (72.2 y 3). La Mesa es el órgano rector de la Cámara (en el Congreso, Presidente, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios); la Junta de Portavoces, integrada por los portavoces de los Grupos Parlamentarios, programa los trabajos. Los Grupos Parlamentarios los regulan los Reglamentos y no la Constitución (en el Congreso, con carácter general, un mínimo de quince Diputados; en el Senado, diez Senadores); quienes no se integran en un grupo propio forman parte del Grupo Mixto. Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones (75.1). Pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, si bien el Pleno puede recabar en cualquier momento su debate y votación (75.2). Quedan exceptuados de la delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado (75.3).
Funcionamiento: periodos de sesiones, quórum y mayorías (arts. 73, 74, 79 y 80 CE)
Las Cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio (73.1). Pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de ellas, sobre un orden del día determinado, y se clausuran una vez agotado (73.2). Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (74.1), presidida por el Presidente del Congreso (72.3). Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros; los acuerdos, para ser válidos, deben aprobarse por la mayoría de los miembros presentes (mayoría simple), sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas (79.1 y 2). El voto de Diputados y Senadores es personal e indelegable (79.3). Las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80). Las decisiones de los arts. 94.1 (tratados), 145.2 (convenios entre Comunidades Autónomas) y 158.2 (Fondo de Compensación Interterritorial) se adoptan por mayoría de cada Cámara; si no hay acuerdo, decide el Congreso por mayoría absoluta tras una Comisión Mixta (art. 74.2).
La Diputación Permanente (art. 78 CE)
En cada Cámara existe una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica (78.1). Está presidida por el Presidente de la Cámara respectiva y tiene como funciones velar por los poderes de las Cámaras cuando estas no están reunidas y asumir las facultades que corresponden a las Cámaras de acuerdo con los arts. 86 (convalidación de decretos-leyes) y 116 (estados de alarma, excepción y sitio) en caso de que hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato (78.2). Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales (78.3). Puede solicitar la convocatoria extraordinaria de las Cámaras.
La función legislativa: tipos de leyes y procedimiento ordinario (arts. 81 a 92 CE)
La iniciativa legislativa (art. 87 CE) corresponde al Gobierno (proyectos de ley), al Congreso y al Senado (proposiciones de ley, según los Reglamentos), a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (que pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto o remitir al Congreso una proposición de ley, delegando hasta tres miembros para su defensa) y al pueblo mediante iniciativa popular con no menos de 500.000 firmas acreditadas, excluida en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional y en lo relativo a la prerrogativa de gracia (LO 3/1984). Tras su tramitación en el Congreso, el texto pasa al Senado, que dispone de dos meses desde su recepción (veinte días naturales si el Gobierno o el Congreso lo declaran urgente) para oponer su veto por mayoría absoluta o introducir enmiendas mediante mensaje motivado. El proyecto no puede someterse a sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta el texto inicial en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple (art. 90). El Rey sanciona en quince días (art. 91). Las leyes orgánicas (art. 81) requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, garantía que no se exige a las leyes ordinarias.
Leyes orgánicas y reserva de ley
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (art. 81.1). No toda materia relacionada con un derecho fundamental exige ley orgánica: el Tribunal Constitucional ha interpretado la reserva de forma restrictiva. Entre las demás previstas en la Constitución están las de las Fuerzas Armadas (8.2), el Defensor del Pueblo (54), el Tribunal Constitucional (165), el CGPJ y el Poder Judicial (122), las modalidades de referéndum (92.3), los estados de alarma, excepción y sitio (116.1) y la financiación de las Comunidades Autónomas (157.3, LOFCA). Las leyes ordinarias no pueden invadir el ámbito de la ley orgánica ni a la inversa: la relación entre ambas no es jerárquica, sino de competencia material.
La función de control político (arts. 76, 109 a 111 y 113 CE)
Las Cortes controlan la acción del Gobierno mediante preguntas, interpelaciones (que pueden dar lugar a mociones), comparecencias, mociones, proposiciones no de ley y Comisiones de investigación. Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar información y ayuda del Gobierno y de las Administraciones (109) y reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (110.1), que tienen acceso a las sesiones y derecho a ser oídos (110.2). El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, y los Reglamentos establecen un tiempo mínimo semanal para este tipo de debates (111). En su expresión máxima, el control se traduce en la moción de censura (113), que ha de proponer al menos una décima parte de los Diputados, incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, no puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación y se aprueba por mayoría absoluta; y en la cuestión de confianza (112), que plantea el Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros y se entiende otorgada por mayoría simple. La denegación de la confianza o la aprobación de la censura obligan al Gobierno a dimitir (art. 114).
Comisiones de investigación y derecho de petición (arts. 76 y 77 CE)
El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras conjuntamente, pueden nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas (76.1). Es obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras (76.2; LO 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigación). Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas (77.1); pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y este está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las Cámaras lo exijan (77.2 y 3).
La función presupuestaria y financiera (arts. 134 y 136 CE)
Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación (134.1). El Gobierno debe presentar el proyecto al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior (134.3). Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (134.4). Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación (134.6). El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente directamente de las Cortes Generales (art. 136).
Los tratados internacionales y las Cortes (arts. 93 a 96 CE)
Mediante ley orgánica se puede autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93), vía por la que España se integró en las Comunidades Europeas. Requieren autorización previa de las Cortes Generales los tratados de carácter político, militar, que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o supongan modificación o derogación de alguna ley (art. 94.1). Los tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente forman parte del ordenamiento interno; sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (art. 96.1). La denuncia de los tratados sigue el mismo procedimiento que su aprobación (art. 96.2).
Atribuciones propias del Congreso y del Senado: diferencias entre Cámaras
Corresponden en exclusiva al Congreso: la investidura del Presidente del Gobierno (art. 99), la moción de censura (113), la cuestión de confianza (112), la autorización del estado de excepción y la declaración del de sitio (116), la convalidación de los Decretos-leyes (86.2), la autorización del referéndum consultivo (92.2), el examen en primer lugar de los Presupuestos, que el Gobierno presenta ante el Congreso (134.3), y la ratificación o rechazo del veto y de las enmiendas del Senado (90). Corresponde en exclusiva al Senado la aprobación, por mayoría absoluta, de las medidas necesarias del art. 155 CE para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para proteger el interés general, cuando el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y no siendo este atendido, lo solicita. Ambas Cámaras comparten la potestad legislativa, la función de control y las designaciones conjuntas (Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, CGPJ).
El Defensor del Pueblo (art. 54 CE; LO 3/1981, de 6 de abril)
Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales (art. 54 CE). Es elegido por las Cortes Generales para un mandato de cinco años: una Comisión Mixta Congreso-Senado propone el candidato o candidatos, que debe obtener el voto favorable de tres quintos del Congreso y, en el plazo máximo de veinte días, ser ratificado por esa misma mayoría en el Senado (o, si no se alcanza, por mayoría absoluta del Senado tras nuevas propuestas de la Comisión) (art. 2 LO 3/1981). El titular desde diciembre de 2025 es Ángel Gabilondo, cuyo mandato concluye el 16 de noviembre de 2026. Goza de inviolabilidad, no está sujeto a mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con independencia, imparcialidad y autonomía. Cuenta con dos Adjuntos que le auxilian y en los que puede delegar. Es una institución de garantía no jurisdiccional, inspirada en el Ombudsman escandinavo, sin potestad para anular ni modificar actos de la Administración: sus resoluciones son recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales.
Funciones, tramitación de quejas y legitimación procesal del Defensor del Pueblo
Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, y de las entidades que presten servicios públicos. Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna por nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento en centro penitenciario o cualquier relación especial de dependencia de una Administración, puede dirigirle una queja, gratuitamente y sin necesidad de abogado ni procurador, en el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos. La interposición de una queja no suspende los plazos para recurrir ni interrumpe el curso de otras acciones. Está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad y el de amparo (art. 162.1 CE). Presenta un informe anual a las Cortes Generales y puede presentar informes extraordinarios. Actúa también como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Sus homólogos autonómicos (por ejemplo, el Síndic de Greuges o el Ararteko) colaboran con él en un marco de coordinación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Congreso se compone de 350 Diputados (el art. 68 CE fija un mínimo de 300 y un máximo de 400) elegidos por circunscripción provincial mediante sistema proporcional (D'Hondt); Ceuta y Melilla eligen un Diputado cada una. El mandato de ambas Cámaras es de cuatro años.
El Senado combina Senadores elegidos por provincia/isla (4 por provincia, 3 en las islas mayores, 2 en Ceuta y 2 en Melilla) con Senadores designados por las Comunidades Autónomas (uno fijo más uno por cada millón de habitantes).
La moción de censura (art. 113) exige mayoría absoluta del Congreso, la propone al menos una décima parte de los Diputados e incluye un candidato alternativo; la cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente del Gobierno y se otorga por mayoría simple.
La moción de censura no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y si no prospera sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones.
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos del Título I, con mandato de cinco años, legitimación para interponer recurso de amparo y de inconstitucionalidad e informe anual a las Cortes.
El bicameralismo español es imperfecto: solo el Congreso otorga o retira la confianza al Gobierno, y su voluntad prevalece sobre la del Senado en el procedimiento legislativo ordinario (art. 90 CE).
Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por sus opiniones y de inmunidad (solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser procesados sin autorización de su Cámara); son juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71 CE).
No hay mandato imperativo (art. 67.2) y nadie puede ser a la vez Diputado y Senador (art. 67.1).
Las Cámaras aprueban autónomamente sus Reglamentos (por mayoría absoluta) y presupuestos; funcionan en Pleno y por Comisiones, con dos periodos ordinarios de sesiones (septiembre-diciembre y febrero-junio).
La Diputación Permanente (mínimo 21 miembros) vela por los poderes de las Cámaras cuando no están reunidas y, tras la disolución, asume sus facultades respecto de los Decretos-leyes y los estados del art. 116.
Iniciativa legislativa: Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas autonómicas e iniciativa popular (500.000 firmas; excluidas leyes orgánicas, tributarias, materia internacional y gracia).
En el procedimiento legislativo ordinario, el Senado dispone de dos meses (veinte días naturales si es urgente) para vetar por mayoría absoluta o enmendar; el Congreso levanta el veto por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple.
Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE); las delegaciones en Comisiones no pueden recaer sobre reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases ni Presupuestos (art. 75.3).
Las Comisiones de investigación (art. 76 CE) pueden nombrarse sobre cualquier asunto de interés público; sus conclusiones no vinculan a los Tribunales, sin perjuicio de su comunicación al Ministerio Fiscal, y es obligatorio comparecer.
El Presupuesto lo elabora el Gobierno y lo aprueban las Cortes; si no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se prorroga el anterior (art. 134 CE).
Solo el Senado, por mayoría absoluta, autoriza las medidas del art. 155 CE; solo el Congreso inviste, censura, otorga la confianza y autoriza el estado de excepción.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál es la circunscripción electoral para la elección del Congreso de los Diputados?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Auxiliar Admin. Estado?
Las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno a través de sus dos Cámaras, Congreso y Senado, cada una con una composición, un sistema electoral y unas funciones propias; el Defensor del Pueblo actúa como alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos del Título I y la supervisión de la Administración.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
El Congreso se compone de 350 Diputados (el art. 68 CE fija un mínimo de 300 y un máximo de 400) elegidos por circunscripción provincial mediante sistema proporcional (D'Hondt); Ceuta y Melilla eligen un Diputado cada una. El mandato de ambas Cámaras es de cuatro años. El Senado combina Senadores elegidos por provincia/isla (4 por provincia, 3 en las islas mayores, 2 en Ceuta y 2 en Melilla) con Senadores designados por las Comunidades Autónomas (uno fijo más uno por cada millón de habitantes). La moción de censura (art. 113) exige mayoría absoluta del Congreso, la propone al menos una décima parte de los Diputados e incluye un candidato alternativo; la cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente del Gobierno y se otorga por mayoría simple. La moción de censura no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y si no prospera sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos del Título I, con mandato de cinco años, legitimación para interponer recurso de amparo y de inconstitucionalidad e informe anual a las Cortes. El bicameralismo español es imperfecto: solo el Congreso otorga o retira la confianza al Gobierno, y su voluntad prevalece sobre la del Senado en el procedimiento legislativo ordinario (art. 90 CE). Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por sus opiniones y de inmunidad (solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser procesados sin autorización de su Cámara); son juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71 CE). No hay mandato imperativo (art. 67.2) y nadie puede ser a la vez Diputado y Senador (art. 67.1). Las Cámaras aprueban autónomamente sus Reglamentos (por mayoría absoluta) y presupuestos; funcionan en Pleno y por Comisiones, con dos periodos ordinarios de sesiones (septiembre-diciembre y febrero-junio). La Diputación Permanente (mínimo 21 miembros) vela por los poderes de las Cámaras cuando no están reunidas y, tras la disolución, asume sus facultades respecto de los Decretos-leyes y los estados del art. 116. Iniciativa legislativa: Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas autonómicas e iniciativa popular (500.000 firmas; excluidas leyes orgánicas, tributarias, materia internacional y gracia). En el procedimiento legislativo ordinario, el Senado dispone de dos meses (veinte días naturales si es urgente) para vetar por mayoría absoluta o enmendar; el Congreso levanta el veto por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple. Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE); las delegaciones en Comisiones no pueden recaer sobre reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases ni Presupuestos (art. 75.3). Las Comisiones de investigación (art. 76 CE) pueden nombrarse sobre cualquier asunto de interés público; sus conclusiones no vinculan a los Tribunales, sin perjuicio de su comunicación al Ministerio Fiscal, y es obligatorio comparecer. El Presupuesto lo elabora el Gobierno y lo aprueban las Cortes; si no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se prorroga el anterior (art. 134 CE). Solo el Senado, por mayoría absoluta, autoriza las medidas del art. 155 CE; solo el Congreso inviste, censura, otorga la confianza y autoriza el estado de excepción.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, Título III (arts. 66-96), art. 54 y arts. 134 y 136 (BOE-A-1978-31229).
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras.
Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, y Texto refundido del Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994.
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