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Tema 14. Derechos y deberes de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna. El sistema de retribuciones e indemnizaciones. Régimen disciplinario. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios.

Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) reconoce a los funcionarios un catálogo de derechos individuales y de ejercicio colectivo, les impone unos deberes y un Código de Conducta, regula su carrera profesional, la promoción interna, el sistema retributivo y un régimen disciplinario propio. Las indemnizaciones por razón del servicio se rigen por el Real Decreto 462/2002. En materia de protección social, los funcionarios civiles del Estado se integran en el régimen especial de la Seguridad Social del mutualismo administrativo (MUFACE) y, a efectos de pensiones, en Clases Pasivas (ingreso hasta el 31-12-2010) o en el Régimen General (ingreso desde el 1-1-2011).

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Marco normativo y estructura del TREBEP

La norma básica es el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que sustituyó a la Ley 7/2007. Sus Títulos relevantes para este tema son: Título III (derechos y deberes, código de conducta; arts. 14 a 54), Título V (ordenación de la actividad profesional, incluida la provisión de puestos) y Título VII (régimen disciplinario; arts. 93 a 98). Es legislación básica: las Comunidades Autónomas la desarrollan mediante sus leyes de función pública. En la AGE siguen aplicándose, en lo que no se opongan al TREBEP, normas de desarrollo anteriores como el Real Decreto 33/1986 (Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado), el Real Decreto 364/1995 (Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la AGE) y, en materia retributiva, partes aún vigentes de la Ley 30/1984.

Deberes de los empleados públicos y Código de Conducta (arts. 52-54 TREBEP)

El art. 52 establece que los empleados públicos deben desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, debiendo actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Estos principios informan la interpretación y aplicación del Código de Conducta, que se desarrolla en los arts. 53 (principios éticos) y 54 (principios de conducta).

El Código de Conducta: principios éticos (art. 53 TREBEP)

Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas del ordenamiento jurídico; actuarán con arreglo a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que prestan servicio y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos; su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas al interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. Se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de conflicto de intereses con su puesto público, y de intervenir en los asuntos en que tengan un interés personal. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, ni regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía; guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrán la debida discreción sobre los asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros.

El Código de Conducta: principios de conducta (art. 54 TREBEP)

Los empleados públicos tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos; desempeñarán las tareas correspondientes a su puesto de trabajo de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos; obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes; informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, sin utilizarlos en provecho propio o de personas allegadas; rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que implique condicionamiento en el desempeño de sus funciones; mantendrán actualizada su formación y cualificación; observarán las normas sobre seguridad y salud laboral; pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados; garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

Derechos individuales de los empleados públicos (art. 14 TREBEP)

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; percepción de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio; participación en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y evaluación objetiva de su desempeño; defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos; formación continua y actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral; respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral; no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación o identidad sexual, discapacidad, edad, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, religión o convicciones, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo; vacaciones, descansos, permisos y licencias; jubilación según los términos y condiciones establecidos en las normas aplicables; y las prestaciones de Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. Tras la Ley Orgánica 3/2018 (protección de datos y garantía de los derechos digitales) se reconocen también la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y el derecho a la desconexión digital. El art. 14 se cierra con una cláusula abierta: los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15 TREBEP)

El art. 15 reconoce como derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: la libertad sindical; la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo; el ejercicio de la huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la normativa aplicable; el derecho de reunión, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical y el resto de normativa aplicable; y los demás derechos reconocidos por el ordenamiento. Son derechos de titularidad individual cuyo ejercicio solo es posible conjuntamente con otros empleados, no derechos de titularidad de un grupo. La negociación colectiva de los funcionarios se articula en las Mesas de Negociación (en la AGE, la Mesa General de Negociación de la AGE y la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas) y los acuerdos se instrumentan en pactos y acuerdos (arts. 31 a 38).

Jornada, vacaciones, permisos y licencias (arts. 47-50 TREBEP)

El art. 47 deja a cada Administración la fijación de la jornada general y especial de trabajo; en la AGE la jornada general es de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual. El art. 47 bis regula el teletrabajo (modalidad de prestación de servicios a distancia, voluntaria, reversible y autorizada, que no altera el régimen de derechos y deberes). El art. 48 regula los permisos de los funcionarios públicos, entre ellos: fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares; traslado de domicilio; deberes inexcusables de carácter público o personal; funciones sindicales; exámenes finales y pruebas selectivas; asuntos particulares; matrimonio. El art. 49 regula los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género y terrorismo: permiso por nacimiento para la madre biológica y por nacimiento del progenitor distinto de la madre biológica (19 semanas para cada uno tras el Real Decreto-ley 9/2025, y 32 semanas en los supuestos de monoparentalidad, de las cuales las seis primeras son ininterrumpidas y obligatorias tras el parto), adopción, guarda y acogimiento, lactancia, cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, y cuidado de familiar. El art. 50 fija las vacaciones: un mes natural o veintidós días hábiles anuales, o los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A estos días pueden añadirse días adicionales por antigüedad (15, 20, 25 y 30 años de servicio) según la normativa de cada Administración. La licencia es la ausencia autorizada por asuntos propios (por ejemplo, la licencia por asuntos propios sin retribución), distinta de los permisos, que son derechos reglados con causa tasada y, por lo general, retribuidos.

La carrera profesional: carrera horizontal y vertical (arts. 16-17 y 19 TREBEP)

La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Las leyes de Función Pública pueden regular, en el marco del TREBEP, las modalidades de carrera: la carrera horizontal (consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo); la carrera vertical (consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el art. 78); la promoción interna vertical (ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo a otro del Subgrupo o grupo superior) y la promoción interna horizontal (acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional). El art. 17 establece las reglas de ordenación de la carrera: principios de igualdad, mérito y capacidad, publicidad y transparencia; y el reconocimiento de que los grados, categorías o escalones se consolidan mediante la superación de la evaluación del desempeño y/o la formación. El progreso en la carrera horizontal se vincula a la antigüedad, la formación, la evaluación del desempeño y otros méritos.

Promoción interna (art. 18 TREBEP)

La promoción interna consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o de un grupo de clasificación profesional si este no tiene Subgrupo, a otro superior. Para ello, los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el Subgrupo inferior y superar las correspondientes pruebas selectivas (art. 18.2). Las Administraciones deben facilitar la promoción interna reservando en las ofertas de empleo un porcentaje de plazas, pudiendo celebrar procesos separados (turno de promoción interna) del turno libre. Ejemplo: un Auxiliar Administrativo (C2) que, con titulación de Bachiller o técnico y dos años de servicio, accede al Cuerpo General Administrativo (C1) por promoción interna. En la AGE se aplica además el Real Decreto 364/1995, que regula la promoción interna vertical, horizontal y los cursos de capacitación.

Evaluación del desempeño y provisión de puestos (arts. 20 y 78-80 TREBEP)

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados (art. 20). Se basa en criterios transparentes, objetivos, imparciales y no discriminatorios, y debe adecuarse a los criterios de cada Administración. Sus efectos alcanzan a la carrera, la formación, la provisión de puestos y la continuidad en el puesto obtenido por concurso, así como a las retribuciones complementarias ligadas al rendimiento. La provisión de puestos de trabajo (art. 78) se realiza por procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad: el concurso (sistema normal; valoración de méritos y capacidades) y la libre designación con convocatoria pública (para puestos de especial responsabilidad y confianza; el titular puede ser cesado discrecionalmente). Un puesto adscrito a un funcionario por concurso conlleva derecho a permanecer en él, salvo supresión o remoción por causas sobrevenidas.

Clasificación profesional de los funcionarios (art. 76 TREBEP)

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el ingreso, en los siguientes grupos: Grupo A, dividido en los Subgrupos A1 y A2 (título universitario de Grado; A1 con acceso a funciones de mayor responsabilidad); Grupo B (título de Técnico Superior); Grupo C, dividido en C1 (título de Bachiller o Técnico) y C2 (título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). Existe además la Agrupación Profesional de funcionarios sin requisito de titulación (disposición adicional sexta). El Cuerpo General Auxiliar de la AGE, objeto de esta convocatoria, es de Subgrupo C2.

Sistema retributivo: principios generales (arts. 21-22 TREBEP)

Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las complementarias se fijan cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se dividen en básicas y complementarias; las básicas deben ser iguales en todas las Administraciones para cada grupo y Subgrupo (art. 22), mientras que las complementarias las fija cada Administración dentro del marco de la Ley de Presupuestos. Las retribuciones de los funcionarios interinos y del personal laboral siguen reglas propias (arts. 25 y 27).

Retribuciones básicas (art. 23 TREBEP)

Las retribuciones básicas son el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. El sueldo es la cantidad asignada a cada Subgrupo o grupo de clasificación profesional (cuando no tenga Subgrupo). Los trienios consisten en una cantidad igual, para cada Subgrupo o grupo de clasificación profesional, por cada tres años de servicio. Las pagas extraordinarias son dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, cada una de una cuantía mínima de una mensualidad de sueldo y trienios. Además, la Ley de Presupuestos suele integrar en la paga extraordinaria el complemento de destino mensual y parte del complemento específico (en la AGE, el importe mensual del complemento de destino y un porcentaje del específico). Se devengan por semestres, y se abonan de forma proporcional si el servicio fue menor.

Retribuciones complementarias (art. 24 TREBEP y Ley 30/1984)

El art. 24 TREBEP determina que las retribuciones complementarias se fijan atendiendo a: la progresión alcanzada dentro del sistema de carrera administrativa; la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad del puesto; el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos; y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal. En la AGE, el desarrollo clásico de estas retribuciones procede de la Ley 30/1984 (art. 23.3), con el siguiente esquema: complemento de destino (nivel del puesto, escala de niveles 1 a 30, fijado en la relación de puestos de trabajo (RPT) con independencia de la persona que lo ocupe); complemento específico (condiciones particulares del puesto: dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad; no se puede fijar más de un específico por puesto, aunque puede reunir varias condiciones); complemento de productividad (retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa; es variable, no fijo, no consolidable ni periódico; sus cuantías individuales son de conocimiento público de los demás empleados del departamento y de los representantes sindicales); y gratificaciones por servicios extraordinarios (fuera de la jornada normal; nunca fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo). Las retribuciones complementarias de productividad y gratificaciones no generan derechos adquiridos sobre periodos futuros.

Indemnizaciones por razón del servicio

Las indemnizaciones por razón del servicio (derecho reconocido en el art. 14 TREBEP) compensan los gastos en que incurre el funcionario en interés de la Administración. En la AGE las regula el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. No son retribuciones, sino resarcimientos de gastos. Sus modalidades principales son: la dieta (gastos de alojamiento y manutención por comisiones de servicio), los gastos de viaje, la indemnización por residencia eventual, la indemnización por traslado de residencia y las asistencias (por participación en tribunales de selección, órganos colegiados, etc.). La comisión de servicio con derecho a indemnización puede ser de duración limitada, y las cuantías se actualizan por resolución del Ministerio de Hacienda.

Régimen disciplinario: principios y clasificación de las faltas (arts. 93-95 TREBEP)

Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII del TREBEP y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto (art. 94). La potestad disciplinaria se rige por los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. El principio non bis in idem, aplicable a la potestad sancionadora, proviene del art. 31 de la Ley 40/2015, no del art. 94.2. Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves; las muy graves las tipifica directamente el art. 95.2 TREBEP y las graves y leves se determinan en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto (en la AGE, el Real Decreto 33/1986). El art. 95.2 incluye, entre otras: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas; la violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales; el incumplimiento del deber de sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando den lugar a una situación de incompatibilidad; la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; los actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga y el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga; el acoso laboral; y el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y el acoso sexual y por razón de sexo.

Sanciones disciplinarias (art. 96 TREBEP)

El art. 96.1 prevé las siguientes sanciones: a) separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves; en el caso de personal laboral, el despido disciplinario, que solo podrá imponerse por faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo puesto de trabajo con funciones similares; b) suspensión firme de funciones (o de empleo y sueldo en el personal laboral), con una duración máxima de seis años; c) traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca; d) demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; e) apercibimiento; y f) cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se establece en las leyes de Función Pública y se gradúa atendiendo al grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación (art. 96.3).

Prescripción y procedimiento disciplinario (arts. 97-98 TREBEP)

Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año (art. 97). El art. 98 dispone que no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido; para las leves bastará procedimiento sumario con audiencia al interesado. El procedimiento se estructura conforme a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de presunción de inocencia, y debe constar de separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomiendan a órganos distintos, y de garantía de audiencia al interesado. Cabe la adopción de medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, incluida la suspensión provisional, que no podrá exceder de seis meses salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. En la AGE el Real Decreto 33/1986 desarrolla estas fases: acuerdo de iniciación, nombramiento de instructor y secretario, pliego de cargos, alegaciones del interesado, propuesta de resolución y resolución del órgano competente.

Responsabilidad civil, penal y disciplinaria

La responsabilidad civil persigue la reparación del daño mediante indemnización; la penal se exige cuando la conducta constituye delito (cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, entre otros); la disciplinaria deriva del incumplimiento de los deberes estatutarios y se exige por procedimiento sancionador interno. Son compatibles entre sí, aunque la Administración debe suspender el procedimiento disciplinario cuando existan indicios de delito y ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. Responden también disciplinariamente quienes induzcan a otros a cometer faltas muy graves o encubran las faltas muy graves consumadas.

El régimen especial de Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado

El Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, regula un régimen especial que combina la acción protectora gestionada por MUFACE (asistencia sanitaria y determinadas prestaciones económicas y sociales) con el sistema de Clases Pasivas del Estado para las pensiones de los funcionarios ingresados hasta el 31 de diciembre de 2010. Su desarrollo reglamentario general es el Real Decreto 375/2003, Reglamento General del Mutualismo Administrativo. Desde el 1 de enero de 2011, los funcionarios de nuevo ingreso quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de pensiones, manteniendo la cobertura sanitaria y social a través de MUFACE. Esta integración se produjo por el art. 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, con efectos desde el 1 de enero de 2011.

MUFACE: naturaleza, órganos y prestaciones

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es un organismo público con personalidad jurídica propia, entidad gestora de la Seguridad Social, adscrito al ministerio competente en materia de función pública. Gestiona el régimen especial de los funcionarios civiles del Estado en su vertiente de asistencia sanitaria y prestaciones económicas y sociales. Se estructura en torno a una Dirección General (funciones ejecutivas) y órganos colegiados de participación de mutualistas y Administración. Sus prestaciones incluyen: asistencia sanitaria; subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural; prestaciones por incapacidad permanente y gran invalidez; ayudas asistenciales y de protección sociosanitaria; ayudas por participación en la prestación farmacéutica de mutualistas jubilados y de titulares viudos u huérfanos; y prestaciones de reproducción humana asistida.

El derecho de opción del mutualista y el concierto sanitario

Los mutualistas eligen la entidad que prestará su asistencia sanitaria: una entidad de seguro privada concertada por MUFACE, o los servicios públicos de salud de la Comunidad Autónoma de residencia, integrados en el Sistema Nacional de Salud. Pueden cambiar de opción en los periodos ordinarios que fije la mutualidad y por causas especiales. MUFACE suscribe conciertos con entidades de seguro privadas que deben respetar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. En los últimos procesos de licitación hubo dificultades de concurrencia de aseguradoras, por lo que se han formalizado conciertos plurianuales con revisiones al alza de las primas (verificar el estado actual del concierto vigente).

Clases Pasivas del Estado

Es un régimen de pensiones público a extinguir, regulado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aplicable a los funcionarios civiles y militares del Estado que ingresaron antes del 1 de enero de 2011 y a otros colectivos específicos. Reconoce pensiones de jubilación o retiro (forzosa, voluntaria o por incapacidad permanente para el servicio), viudedad, orfandad y a favor de otros familiares, calculadas con arreglo a haberes reguladores fijados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y no por bases de cotización. Se financian directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin cotización en sentido estricto del Régimen General (aunque se practican descuentos pasivos). Su gestión, tradicionalmente encomendada a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda, se transfirió en 2020 al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del ministerio con competencias en Seguridad Social.

Diferencias entre Clases Pasivas, MUFACE y Régimen General

Régimen General: financiado por cotizaciones empresariales y del trabajador, con gestión por INSS y TGSS. Clases Pasivas: pensiones de funcionarios anteriores a 2011, financiadas por los Presupuestos. MUFACE: asistencia sanitaria y prestaciones sociales, con financiación mixta (cotización del mutualista descontada en nómina y aportación del Estado). Quien ingresó desde el 1-1-2011 está en el Régimen General a efectos de pensiones y en MUFACE a efectos de sanidad y prestaciones sociales, sin opción por Clases Pasivas. Los trabajadores laborales de la AGE cotizan al Régimen General y no son mutualistas de MUFACE.

Otras mutualidades del mutualismo administrativo: ISFAS y MUGEJU

Junto a MUFACE existen el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), para el personal militar y de la Guardia Civil, y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), para jueces, magistrados, fiscales y el personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (letrados, gestión procesal, tramitación y auxilio judicial). Tienen estructura y funcionamiento análogos. Un error frecuente es incluir a los cuerpos generales de la Administración de Justicia en MUFACE.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • TREBEP: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Derechos individuales: art. 14; derechos individuales de ejercicio colectivo: art. 15; deberes y Código de Conducta: arts. 52 a 54; régimen disciplinario: arts. 93 a 98.
  • Carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto) frente a carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos mediante provisión); promoción interna vertical (a Subgrupo superior) y horizontal (mismo Subgrupo).
  • Promoción interna: exige los requisitos de ingreso, dos años de servicio activo en el Subgrupo inferior y superar las pruebas selectivas (art. 18.2).
  • Retribuciones básicas: sueldo, trienios y pagas extraordinarias (junio y diciembre). Complementarias: destino, específico, productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.
  • Complemento de destino: nivel del puesto (niveles 1 a 30). Específico: condiciones particulares (dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, penosidad). Productividad: rendimiento especial; no fijo ni consolidable. Gratificaciones: fuera de la jornada, nunca fijas ni periódicas.
  • Las indemnizaciones por razón del servicio no son retribuciones sino resarcimiento de gastos; en la AGE: Real Decreto 462/2002.
  • Las faltas muy graves las tipifica directamente el art. 95.2 TREBEP; las graves y leves las determinan las leyes de función pública de desarrollo (en la AGE, Real Decreto 33/1986).
  • Sanciones del art. 96: separación del servicio (o despido disciplinario), suspensión firme de funciones (máximo 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento. La separación solo se impone por faltas muy graves.
  • Prescripción de infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Prescripción de sanciones: 3 años, 2 años y 1 año respectivamente (art. 97).
  • Suspensión provisional como medida cautelar: máximo seis meses salvo paralización imputable al interesado (art. 98).
  • Trampa de examen: el art. 94.2 enumera legalidad y tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; el non bis in idem procede de la Ley 40/2015.
  • Vacaciones: veintidós días hábiles por año completo de servicio o un mes natural, con parte proporcional si el tiempo de servicio es inferior (art. 50). Permiso por nacimiento: 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, seis obligatorias y ininterrumpidas tras el parto.
  • El Cuerpo General Auxiliar de la AGE es del Subgrupo C2 (título de Graduado en ESO). A1 y A2: Grado; B: Técnico Superior; C1: Bachiller o Técnico.
  • Funcionarios ingresados hasta el 31-12-2010: Clases Pasivas a efectos de pensiones. Ingresados desde el 1-1-2011: Régimen General de la Seguridad Social, pero mutualistas de MUFACE para sanidad y prestaciones sociales.
  • MUFACE: asistencia sanitaria por entidad privada concertada o por el Sistema Nacional de Salud (opción del mutualista). Los cuerpos de la Administración de Justicia y los jueces y fiscales pertenecen a MUGEJU; el personal militar, a ISFAS.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Cuál de las siguientes conductas se tipifica como falta muy grave en el art. 95.2 TREBEP?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 14 de Auxiliar Admin. Estado?

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) reconoce a los funcionarios un catálogo de derechos individuales y de ejercicio colectivo, les impone unos deberes y un Código de Conducta, regula su carrera profesional, la promoción interna, el sistema retributivo y un régimen disciplinario propio. Las indemnizaciones por razón del servicio se rigen por el Real Decreto 462/2002. En materia de protección social, los funcionarios civiles del Estado se integran en el régimen especial de la Seguridad Social del mutualismo administrativo (MUFACE) y, a efectos de pensiones, en Clases Pasivas (ingreso hasta el 31-12-2010) o en el Régimen General (ingreso desde el 1-1-2011).

¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?

TREBEP: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Derechos individuales: art. 14; derechos individuales de ejercicio colectivo: art. 15; deberes y Código de Conducta: arts. 52 a 54; régimen disciplinario: arts. 93 a 98. Carrera horizontal (progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto) frente a carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos mediante provisión); promoción interna vertical (a Subgrupo superior) y horizontal (mismo Subgrupo). Promoción interna: exige los requisitos de ingreso, dos años de servicio activo en el Subgrupo inferior y superar las pruebas selectivas (art. 18.2). Retribuciones básicas: sueldo, trienios y pagas extraordinarias (junio y diciembre). Complementarias: destino, específico, productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios. Complemento de destino: nivel del puesto (niveles 1 a 30). Específico: condiciones particulares (dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad, penosidad). Productividad: rendimiento especial; no fijo ni consolidable. Gratificaciones: fuera de la jornada, nunca fijas ni periódicas. Las indemnizaciones por razón del servicio no son retribuciones sino resarcimiento de gastos; en la AGE: Real Decreto 462/2002. Las faltas muy graves las tipifica directamente el art. 95.2 TREBEP; las graves y leves las determinan las leyes de función pública de desarrollo (en la AGE, Real Decreto 33/1986). Sanciones del art. 96: separación del servicio (o despido disciplinario), suspensión firme de funciones (máximo 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento. La separación solo se impone por faltas muy graves. Prescripción de infracciones: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Prescripción de sanciones: 3 años, 2 años y 1 año respectivamente (art. 97). Suspensión provisional como medida cautelar: máximo seis meses salvo paralización imputable al interesado (art. 98). Trampa de examen: el art. 94.2 enumera legalidad y tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; el non bis in idem procede de la Ley 40/2015. Vacaciones: veintidós días hábiles por año completo de servicio o un mes natural, con parte proporcional si el tiempo de servicio es inferior (art. 50). Permiso por nacimiento: 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, seis obligatorias y ininterrumpidas tras el parto. El Cuerpo General Auxiliar de la AGE es del Subgrupo C2 (título de Graduado en ESO). A1 y A2: Grado; B: Técnico Superior; C1: Bachiller o Técnico. Funcionarios ingresados hasta el 31-12-2010: Clases Pasivas a efectos de pensiones. Ingresados desde el 1-1-2011: Régimen General de la Seguridad Social, pero mutualistas de MUFACE para sanidad y prestaciones sociales. MUFACE: asistencia sanitaria por entidad privada concertada o por el Sistema Nacional de Salud (opción del mutualista). Los cuerpos de la Administración de Justicia y los jueces y fiscales pertenecen a MUGEJU; el personal militar, a ISFAS.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 14-24, 47-54, 76, 78-80 y 93-98).
  • Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
  • Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
  • Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (art. 23, en lo que permanece vigente).
  • Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
  • Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
  • Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.
  • Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

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