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Tema 2. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. La Corona: funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.

Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.

El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y garantiza su primacía; la propia Constitución prevé dos procedimientos distintos para su reforma (ordinario, art. 167, y agravado, art. 168) según la materia afectada; y la Corona, como Jefatura del Estado, ejerce funciones simbólicas y de arbitraje sujetas siempre al refrendo de otro órgano constitucional, con un régimen propio de sucesión, regencia y tutela.

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El Tribunal Constitucional: naturaleza (Título IX, arts. 159-165 CE; LO 2/1979)

Es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica (LO 2/1979, de 3 de octubre, LOTC). Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, con sede en Madrid. No forma parte del Poder Judicial: sus miembros son independientes e inamovibles (art. 159.5 CE) y no se integra en la jerarquía de la jurisdicción ordinaria, aunque sus sentencias vinculan a todos los jueces. Funciona en Pleno, en dos Salas de seis magistrados cada una y en Secciones. Su Presidente es nombrado por el Rey entre sus miembros, a propuesta del Pleno, por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez (art. 160 CE y art. 9 LOTC).

Composición y mandato del Tribunal Constitucional (art. 159 CE)

Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1). Deben ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional (159.2). Su mandato es de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres (159.3). La condición de miembro es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, desempeño de funciones directivas en un partido político o sindicato, empleo al servicio de los mismos, el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil (159.4). Son independientes e inamovibles (159.5).

Competencias del Tribunal Constitucional (art. 161 CE y LOTC)

El art. 161.1 CE le atribuye: a) el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; b) el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2; c) los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí; y d) las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Dentro de esta última cláusula se encuadran la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE), el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales (art. 95.2 CE), los conflictos entre órganos constitucionales del Estado y el conflicto en defensa de la autonomía local, entre otros. El art. 161.2 permite además al Gobierno impugnar ante el Tribunal las disposiciones y resoluciones sin fuerza de ley de las Comunidades Autónomas, lo que produce la suspensión automática de la norma recurrida, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.

Recurso y cuestión de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad es un control abstracto y directo contra leyes y disposiciones con fuerza de ley. Están legitimados (art. 162.1.a CE): el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, y los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas (en este último caso, respecto de normas que afecten a su ámbito de autonomía). El plazo es de tres meses desde la publicación de la norma (LOTC art. 33). La cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE) la plantea un órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, cuando considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución; previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, el proceso se suspende hasta la resolución del Tribunal Constitucional. Es un control concreto, pues surge de un litigio, aunque su resultado es erga omnes.

El recurso de amparo constitucional

Mecanismo extraordinario y subsidiario ante el Tribunal Constitucional frente a violaciones del art. 14 CE, de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y de la objeción de conciencia (art. 30.2). Están legitimados toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE). Es subsidiario: exige agotar previamente la vía judicial ordinaria y haber invocado el derecho vulnerado en el proceso. Puede dirigirse frente a disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vías de hecho de los poderes públicos del Estado y de las Comunidades Autónomas, y también frente a decisiones judiciales. Desde la reforma de la LOTC por la LO 6/2007, el recurso debe justificar la «especial trascendencia constitucional» del asunto para ser admitido. El plazo general es de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución judicial que agota la vía previa (art. 44 LOTC), y de 20 días hábiles para el amparo frente a actos de poderes públicos sin vía judicial previa, como los de la Administración (art. 43 LOTC).

Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional (art. 164 CE)

Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y contra ellas no cabe recurso alguno. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos (erga omnes) (164.1). Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (164.2). Vinculan a todos los poderes públicos (LOTC art. 38). Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad no permiten revisar procesos fenecidos por sentencia con fuerza de cosa juzgada en que se haya hecho aplicación de la ley inconstitucional, salvo en los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad, resulte una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (LOTC art. 40.1).

La reforma de la Constitución: visión general (Título X, arts. 166-169 CE)

La Constitución es rígida: prevé dos procedimientos de reforma, el ordinario o simplificado (art. 167) y el agravado (art. 168). La iniciativa de reforma se ejerce en los términos de los apartados 1 y 2 del art. 87 (art. 166 CE): corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas; queda excluida la iniciativa popular. El art. 169 prohíbe iniciar la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del art. 116. No existen cláusulas de intangibilidad absolutas: cualquier precepto puede reformarse, incluida la forma monárquica, pero con el procedimiento agravado.

El procedimiento ordinario de reforma (art. 167 CE)

Los proyectos de reforma deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (167.1). Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante este procedimiento, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma (167.2). Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (167.3). Es, por tanto, un referéndum facultativo.

El procedimiento agravado de reforma (art. 168 CE)

Se exige para la revisión total de la Constitución o para una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II (la Corona). Se aprueba el principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara y se procede a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras (168.1 y 2). Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación, que en este caso es obligatorio (168.3). Es el único procedimiento de reforma que exige la disolución inmediata de las Cortes Generales.

Reformas efectuadas y límite temporal (art. 169 CE)

La Constitución ha sido reformada tres veces, siempre por el procedimiento del art. 167 y sin referéndum: en 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales), en 2011 (art. 135, principio de estabilidad presupuestaria) y en febrero de 2024 (art. 49, personas con discapacidad). El art. 169 CE prohíbe iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o vigente alguno de los estados de alarma, excepción o sitio del art. 116 CE, garantía frente a reformas impuestas en contextos de excepcionalidad.

La Corona en el Título II CE (arts. 56 a 65): naturaleza y funciones del Rey

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (art. 56.1). Su título es el de Rey de España y puede utilizar los demás que correspondan a la Corona (56.2). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 (56.3). Es una magistratura simbólica y arbitral, hereditaria y no ejecutiva. El Rey Felipe VI reina desde el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I.

El refrendo y la responsabilidad por los actos del Rey (art. 64 CE)

Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 (investidura fallida) serán refrendados por el Presidente del Congreso (64.1). De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (64.2). El refrendo traslada la responsabilidad política y jurídica al refrendante y es una condición de validez del acto, con la única excepción del nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey, que hace libremente (art. 65.2).

Funciones del Rey (art. 62 CE): enumeración y régimen

Corresponde al Rey: a) sancionar y promulgar las leyes; b) convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución; c) convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; d) proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos de la Constitución; e) nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente; f) expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; g) ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas; i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; y j) el Alto Patronazgo de las Reales Academias. Todas son funciones debidas: el Rey no decide, sino que formaliza decisiones adoptadas por otros órganos, salvo la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, que realiza tras consultas con los grupos.

Sancionar y promulgar las leyes (art. 62.a y 91 CE)

El Rey sancionará, en el plazo de quince días, las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación (art. 91 CE). No existe veto regio: el Rey está obligado a sancionar toda ley válidamente aprobada, en coherencia con su papel simbólico, nunca decisorio. Sanción es el acto por el que el Rey confirma la ley; promulgación es la declaración solemne de su existencia y ejecutividad; publicación en el BOE es la condición para su entrada en vigor (art. 9.3 y art. 2 del Código Civil).

Convocar y disolver las Cortes Generales; convocar referéndum (art. 62.b y c CE)

La disolución puede ser discrecional (art. 115 CE: propuesta del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, no pudiendo proponerse cuando esté en trámite una moción de censura ni durante la vigencia de los estados del art. 116), automática tras investidura fallida transcurridos dos meses desde la primera votación (art. 99.5 CE, con refrendo del Presidente del Congreso) o necesaria en la reforma constitucional agravada (art. 168 CE). El decreto de disolución fija la fecha de las elecciones. Respecto del referéndum, el más relevante es el consultivo del art. 92 CE sobre decisiones políticas de especial trascendencia, convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados; se refrenda siempre por el Presidente del Gobierno.

Proponer y nombrar al Presidente del Gobierno; nombramiento de los miembros del Gobierno (arts. 62.d y e, 99 y 100 CE)

Tras cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propone a través del Presidente del Congreso un candidato a la Presidencia del Gobierno, que expone su programa y solicita la confianza de la Cámara (mayoría absoluta en primera votación; mayoría simple 48 horas después en segunda). Obtenida la confianza, el Rey le nombra. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100 CE), con refrendo del Presidente del Gobierno.

El mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62.h CE)

Atribuido al Rey, es un mando simbólico e institucional, no operativo: la dirección efectiva de la Administración militar y de la política de defensa corresponde al Gobierno (art. 97 CE), ejercida a través del Ministerio de Defensa. Expresa la unidad de las Fuerzas Armadas bajo la Jefatura del Estado, sin habilitar decisiones operativas al margen del refrendo gubernamental. Se corresponde con la misión que el art. 8 CE atribuye a las Fuerzas Armadas.

Derecho de gracia y Alto Patronazgo de las Reales Academias (art. 62.i y j CE)

El Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; se concreta en indultos particulares concedidos por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a la Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. La prerrogativa de gracia no es aplicable a la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno (art. 102.3 CE) y queda excluida de la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE). El Alto Patronazgo de las Reales Academias es una función honorífica y simbólica.

Funciones del Rey en materia internacional (art. 63 CE)

El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante él (63.1). Manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes (63.2). Previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz (63.3). Todos estos actos requieren refrendo del Ministro competente o del Presidente del Gobierno.

La Casa del Rey, la dotación presupuestaria y el juramento (arts. 61 y 65 CE)

El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y distribuye libremente la misma (65.1). Nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (65.2), único acto exento de refrendo. Además, el Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey (61.2).

Sucesión a la Corona (art. 57 CE)

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica (57.1). La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España (57.2). Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España (57.3). Quienes, teniendo derecho a la sucesión, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidos por sí y sus descendientes (57.4). Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica (57.5), como la LO 3/2014, de 18 de junio, por la que se hizo efectiva la abdicación de Juan Carlos I. La heredera actual es la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz.

La regencia (art. 59 CE)

Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría (59.1). Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad; si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior (59.2). Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas (59.3). Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad (59.4). La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey (59.5).

La tutela del Rey menor (art. 60 CE)

Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no la hubiere nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey (60.1). El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política (60.2).

Diferencias entre figuras confusas: regencia, tutela, refrendo, sanción y promulgación

Regencia: ejercicio de las funciones regias por otra persona, siempre en nombre del Rey, por minoría de edad o inhabilitación reconocida por las Cortes. Tutela: cuidado de la persona del Rey menor; solo existe en la minoría de edad. Refrendo: acto por el que una autoridad (Presidente del Gobierno, Ministro o Presidente del Congreso) se hace responsable de un acto regio. Sanción: confirmación de la ley por el Rey (plazo de 15 días). Promulgación: orden de publicación y fórmula solemne. Inviolabilidad: irresponsabilidad personal del Rey (art. 56.3). Abdicación: renuncia personal, resuelta por ley orgánica.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso, 4 del Senado (ambos por 3/5), 2 del Gobierno y 2 del CGPJ; mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3. Su Presidente se elige por 3 años.
  • Los magistrados constitucionales son juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional; son independientes e inamovibles (art. 159 CE).
  • El Presidente del TC es elegido por el Pleno y nombrado por el Rey por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez (art. 9 LOTC). El TC funciona en Pleno, dos Salas de seis magistrados y Secciones.
  • Plazos del recurso de amparo: 20 días hábiles frente a actos de poderes públicos sin vía judicial previa (art. 43 LOTC) y 30 días hábiles desde la notificación de la resolución judicial que agota la vía previa (art. 44 LOTC).
  • El procedimiento ordinario de reforma (art. 167) exige 3/5 de cada Cámara y referéndum solo si lo piden una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en 15 días; el agravado (art. 168) exige 2/3, disolución de las Cortes, nueva aprobación por 2/3 y referéndum obligatorio.
  • El procedimiento agravado se aplica a la revisión total o a la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II (Corona).
  • La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas autonómicas; no cabe iniciativa popular. No puede iniciarse en tiempo de guerra ni vigente un estado de alarma, excepción o sitio (art. 169 CE).
  • Las competencias del TC (art. 161 CE) incluyen el recurso de inconstitucionalidad, el amparo y los conflictos de competencia; la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163), el control previo de tratados (art. 95.2) y los conflictos entre órganos constitucionales provienen de otros preceptos y de la LOTC.
  • Recurso de inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y órganos autonómicos, en 3 meses. Cuestión de inconstitucionalidad: la plantea un juez con dudas sobre una norma con rango de ley aplicable al caso.
  • Las sentencias del TC tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE, no cabe recurso contra ellas y las que declaran inconstitucionalidad tienen efectos erga omnes (art. 164 CE).
  • Los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo correspondiente (arts. 56.3 y 64 CE) y de ellos responde quien los refrenda, no el Rey, que es inviolable. Única excepción: nombramiento y relevo de los miembros de su Casa (art. 65.2).
  • La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución por investidura fallida (art. 99) las refrenda el Presidente del Congreso; el resto de actos, el Presidente del Gobierno o el Ministro competente.
  • El Rey sanciona las leyes en el plazo de 15 días, sin posibilidad de veto (art. 91 CE); el derecho de gracia no puede autorizar indultos generales (art. 62.i).
  • Sucesión (art. 57): primogenitura y representación; preferencia de línea anterior, grado más próximo, varón sobre mujer en el mismo grado, mayor edad. Extinguidas las líneas, las Cortes proveen; abdicaciones y renuncias por ley orgánica (LO 3/2014).
  • La Regencia (art. 59) corresponde, por minoría de edad, al padre o madre o al pariente mayor de edad más próximo; por inhabilitación, al Príncipe heredero mayor de edad; si nadie procede, la nombran las Cortes (una, tres o cinco personas). Siempre en nombre del Rey.
  • El tutor del Rey menor es el nombrado en testamento por el Rey difunto (mayor de edad y español de nacimiento) o, en su defecto, el padre o madre viudos, o la persona que nombren las Cortes; los cargos de Regente y tutor no pueden acumularse salvo en padre, madre o ascendientes directos.
  • El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas (art. 61 CE).
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¿Quién nombra al Presidente del Tribunal Constitucional?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Auxiliar Admin. Estado?

El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y garantiza su primacía; la propia Constitución prevé dos procedimientos distintos para su reforma (ordinario, art. 167, y agravado, art. 168) según la materia afectada; y la Corona, como Jefatura del Estado, ejerce funciones simbólicas y de arbitraje sujetas siempre al refrendo de otro órgano constitucional, con un régimen propio de sucesión, regencia y tutela.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso, 4 del Senado (ambos por 3/5), 2 del Gobierno y 2 del CGPJ; mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3. Su Presidente se elige por 3 años. Los magistrados constitucionales son juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional; son independientes e inamovibles (art. 159 CE). El Presidente del TC es elegido por el Pleno y nombrado por el Rey por un periodo de tres años, pudiendo ser reelegido por una sola vez (art. 9 LOTC). El TC funciona en Pleno, dos Salas de seis magistrados y Secciones. Plazos del recurso de amparo: 20 días hábiles frente a actos de poderes públicos sin vía judicial previa (art. 43 LOTC) y 30 días hábiles desde la notificación de la resolución judicial que agota la vía previa (art. 44 LOTC). El procedimiento ordinario de reforma (art. 167) exige 3/5 de cada Cámara y referéndum solo si lo piden una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en 15 días; el agravado (art. 168) exige 2/3, disolución de las Cortes, nueva aprobación por 2/3 y referéndum obligatorio. El procedimiento agravado se aplica a la revisión total o a la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I o al Título II (Corona). La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas autonómicas; no cabe iniciativa popular. No puede iniciarse en tiempo de guerra ni vigente un estado de alarma, excepción o sitio (art. 169 CE). Las competencias del TC (art. 161 CE) incluyen el recurso de inconstitucionalidad, el amparo y los conflictos de competencia; la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163), el control previo de tratados (art. 95.2) y los conflictos entre órganos constitucionales provienen de otros preceptos y de la LOTC. Recurso de inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y órganos autonómicos, en 3 meses. Cuestión de inconstitucionalidad: la plantea un juez con dudas sobre una norma con rango de ley aplicable al caso. Las sentencias del TC tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE, no cabe recurso contra ellas y las que declaran inconstitucionalidad tienen efectos erga omnes (art. 164 CE). Los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo correspondiente (arts. 56.3 y 64 CE) y de ellos responde quien los refrenda, no el Rey, que es inviolable. Única excepción: nombramiento y relevo de los miembros de su Casa (art. 65.2). La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución por investidura fallida (art. 99) las refrenda el Presidente del Congreso; el resto de actos, el Presidente del Gobierno o el Ministro competente. El Rey sanciona las leyes en el plazo de 15 días, sin posibilidad de veto (art. 91 CE); el derecho de gracia no puede autorizar indultos generales (art. 62.i). Sucesión (art. 57): primogenitura y representación; preferencia de línea anterior, grado más próximo, varón sobre mujer en el mismo grado, mayor edad. Extinguidas las líneas, las Cortes proveen; abdicaciones y renuncias por ley orgánica (LO 3/2014). La Regencia (art. 59) corresponde, por minoría de edad, al padre o madre o al pariente mayor de edad más próximo; por inhabilitación, al Príncipe heredero mayor de edad; si nadie procede, la nombran las Cortes (una, tres o cinco personas). Siempre en nombre del Rey. El tutor del Rey menor es el nombrado en testamento por el Rey difunto (mayor de edad y español de nacimiento) o, en su defecto, el padre o madre viudos, o la persona que nombren las Cortes; los cargos de Regente y tutor no pueden acumularse salvo en padre, madre o ascendientes directos. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas (art. 61 CE).

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título II (arts. 56-65), Título IX (arts. 159-165) y Título X (arts. 166-169) (BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
  • Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
  • Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.

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