Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria; su Presidente es investido por el Congreso tras la propuesta del Rey, y el propio Gobierno cesa en supuestos tasados por la Constitución y responde política (solidariamente ante el Congreso) y, en su caso, penalmente (ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo) de su actuación. La Administración Pública, que el Gobierno dirige, sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Gobierno y Administración: el Título IV de la Constitución (arts. 97 a 107 CE)
El Título IV, «Del Gobierno y de la Administración», comprende los arts. 97 a 107. El art. 97 atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado, y el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. No se limita a ejecutar las leyes: dirige e impulsa la política general del país (función de dirección política), con iniciativa legislativa y potestad normativa propia. La Administración (arts. 103 a 107) es una organización distinta del Gobierno: este la dirige, pero ella ejecuta cotidianamente y se somete al control judicial. La relación entre Gobierno y Cortes se regula en el Título V (arts. 108 a 116).
Composición del Gobierno y estatuto de sus miembros (art. 98 CE; Ley 50/1997; Ley 3/2015)
El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (98.1). El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión (98.2). Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (98.3). La ley regula el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno (98.4). La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, desarrolla su composición, organización y funcionamiento; el régimen de los altos cargos se recoge en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración, pero no miembros del Gobierno.
El Presidente del Gobierno: funciones
Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus demás miembros (art. 98.2 CE). Según la Ley 50/1997, le corresponde, entre otras funciones: representar al Gobierno, establecer el programa político, determinar las directrices de la política interior y exterior, convocar y presidir el Consejo de Ministros, fijar el orden del día, proponer al Rey el nombramiento y cese de los Vicepresidentes y Ministros (art. 100 CE), plantear ante el Congreso la cuestión de confianza (art. 112), proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales (art. 115), proponer la convocatoria de un referéndum consultivo (art. 92), e interponer el recurso de inconstitucionalidad (art. 162.1.a). El Presidente es un órgano unipersonal con una posición preeminente en nuestro sistema parlamentario.
El Consejo de Ministros: naturaleza y competencias
Es el órgano colegiado del Gobierno, integrado por el Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, y los Ministros. Conforme al art. 5 de la Ley 50/1997, le corresponde, entre otras funciones: aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso o, en su caso, al Senado; aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos; acordar la negociación y firma de Tratados internacionales; declarar los estados de alarma y de excepción (este último previa autorización del Congreso) y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio; interponer recursos de inconstitucionalidad y plantear conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional; y aprobar los reglamentos (Reales Decretos) y las disposiciones de carácter general. Se apoya en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que prepara sus reuniones, y en el Secretariado del Gobierno.
Las Comisiones Delegadas del Gobierno
Órganos colegiados de coordinación, creados por Real Decreto del Consejo de Ministros, para examinar cuestiones de carácter general que afecten a varios Ministerios, coordinar la actividad de los Departamentos afectados por una misma directriz política, y estudiar asuntos que, por su especial trascendencia, requieren la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros u otro órgano superior. Se distinguen del Consejo de Ministros en que no adoptan decisiones con rango de ley ni aprueban reglamentos del Gobierno, y en que su composición es más reducida.
Designación del Presidente del Gobierno: la investidura (art. 99 CE)
Tras cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno (99.1). El candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicita la confianza de la Cámara (99.2). Si el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza, el Rey le nombra Presidente; de no alcanzarse esa mayoría, se somete la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después, bastando la mayoría simple (99.3). Si no se otorgase la confianza, se tramitan sucesivas propuestas (99.4). Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso (99.5). Este mecanismo de disolución automática se ha producido en la práctica tras el bloqueo político de 2015-2016 y de 2019, que obligaron a repetir elecciones. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente (art. 100 CE).
Cese del Gobierno y Gobierno en funciones (art. 101 CE; Ley 50/1997)
El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (101.1). El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (101.2). La Ley 50/1997 (art. 21) establece que el Gobierno en funciones facilita el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, y limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados, cualquier otra medida. No puede ejercer las siguientes facultades: aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y presentar a las Cortes Generales proyectos de ley. Además, el Presidente del Gobierno en funciones no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
Responsabilidad política: solidaridad ante el Congreso (art. 108 CE)
El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108 CE). Los miembros del Gobierno tienen, además, responsabilidad individual por su gestión directa (art. 98.2 in fine), pero la responsabilidad política del Gobierno es colegiada: la pérdida de la confianza del Congreso lo hace cesar en bloque. El control se ejerce mediante la información y ayuda que las Cámaras recaban (109), la presencia de los miembros del Gobierno en las Cámaras (110), las interpelaciones y preguntas con un tiempo mínimo semanal (111), la cuestión de confianza (112) y la moción de censura (113). Las Cámaras pueden además nombrar Comisiones de investigación (art. 76).
La cuestión de confianza (art. 112 CE)
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general (art. 112 CE). La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados (a diferencia de la investidura, que exige mayoría absoluta en primera votación). Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presenta su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno según el art. 99 (art. 114.1 CE).
La moción de censura constructiva (art. 113 CE)
El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura (113.1). Debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, de ahí que se llame constructiva (113.2). No puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación; en los dos primeros días de ese plazo pueden presentarse mociones alternativas (113.3). Si no prospera, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones (113.4). Si se aprueba, el Gobierno presenta su dimisión al Rey y el candidato incluido en la moción se entiende investido de la confianza de la Cámara; el Rey le nombra Presidente (art. 114.2). Se han presentado seis mociones de censura desde 1978 (1980, 1987, 2017, 2018, 2020 y 2023, sin que conste ninguna posterior); solo prosperó la de 2018, con 180 votos a favor.
La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (art. 102 CE)
La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (102.1). Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo (102.2). La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos de este artículo (102.3). Esta responsabilidad penal es distinta de la responsabilidad política (art. 108) y de la responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 106.2).
El Gobierno y las Cortes: el Título V (arts. 108 a 116 CE)
Regula el Título V las relaciones entre el Gobierno y las Cortes: la responsabilidad solidaria del Gobierno ante el Congreso (108), la información a las Cámaras (109), la presencia y el acceso del Gobierno a las Cámaras (110), las interpelaciones y preguntas (111), la cuestión de confianza (112), la moción de censura (113), las consecuencias de la pérdida de la confianza (114), la disolución anticipada (115) y los estados de alarma, excepción y sitio (116). El art. 115 atribuye al Presidente del Gobierno la facultad de proponer la disolución, que decreta el Rey, y la prohíbe cuando esté en trámite una moción de censura o durante la vigencia de los estados del art. 116.
Los Decretos-leyes (art. 86 CE)
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (86.1). Deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación; el Congreso debe pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación (86.2). Durante ese plazo, las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (86.3). Son normas con rango y valor de ley, provisionales hasta su convalidación, y el Tribunal Constitucional controla el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad.
Los Decretos Legislativos: leyes de bases y textos refundidos (arts. 82 a 85 CE)
Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el art. 81 (es decir, no reservadas a ley orgánica) (82.1). La delegación se otorga mediante una ley de bases cuando su objeto es la formación de textos articulados, o mediante una ley ordinaria cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo (82.2). Debe otorgarse de forma expresa, para materia concreta y con fijación de plazo; se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente; no puede entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado, ni permitir la subdelegación (82.3). Las leyes de bases no pueden autorizar su propia modificación ni facultar para dictar normas retroactivas (83). Las normas que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos (85). Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, las leyes de delegación pueden establecer fórmulas adicionales de control (82.6). El exceso de delegación (ultra vires) es controlable por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 1.1 LJCA) y por el Tribunal Constitucional, dado el rango de ley de la norma.
La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno
El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante la elaboración de anteproyectos de ley, aprobados en primera instancia por el Consejo de Ministros, sometidos después a los informes, dictámenes y consultas preceptivos (incluido, en su caso, el del Consejo de Estado) antes de su aprobación definitiva como proyecto de ley y su remisión al Congreso (art. 88 CE). El art. 97 CE atribuye al Gobierno la potestad reglamentaria, esto es, la facultad de dictar reglamentos (Reales Decretos del Consejo de Ministros o del Presidente, Órdenes Ministeriales) de desarrollo y ejecución de las leyes o de organización interna, siempre con sometimiento pleno a la ley y sujetos al control de los tribunales (art. 106.1 CE). Los reglamentos no pueden vulnerar disposiciones de rango superior.
Refrendo y formalización de los actos del Gobierno
Los Reales Decretos son disposiciones o resoluciones del Gobierno que formalmente se expiden por el Rey (art. 62.f CE), tras ser acordadas en el Consejo de Ministros o por el Presidente, y que son refrendadas por el Presidente del Gobierno o por el Ministro competente (art. 64 CE). El refrendo no convierte al Rey en autor del acto: traslada la responsabilidad jurídica al refrendante, que es quien efectivamente decide. Los actos del Gobierno se publican en el BOE y, si son disposiciones generales, no pueden ser retroactivos en perjuicio de derechos individuales (art. 9.3 CE).
La Administración Pública: principios constitucionales (arts. 103 a 107 CE)
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (103.1). Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley (103.2). La ley regula el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (103.3). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana (art. 104). La ley regula la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de disposiciones, el acceso a archivos y registros administrativos y el procedimiento administrativo (art. 105). Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los fines que la justifican, y los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor (art. 106). El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107).
Normas básicas de la Administración General del Estado
Además de la Ley 50/1997, la organización y el funcionamiento de la Administración General del Estado se rigen por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (principios de actuación, órganos administrativos, organización de la AGE, relaciones interadministrativas) y el procedimiento administrativo por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La estructura de departamentos ministeriales, que varía con cada Gobierno, se fija por Real Decreto del Presidente del Gobierno, y su estructura orgánica básica por Real Decreto del Consejo de Ministros.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Gobierno se compone del Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE).
La investidura exige mayoría absoluta del Congreso en primera votación, o mayoría simple 48 horas después; si en dos meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, el Rey disuelve las Cámaras y convoca elecciones (art. 99.5 CE).
El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101 CE); el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.
La responsabilidad política del Gobierno es solidaria y se exige ante el Congreso (art. 108); la responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102), con iniciativa de una cuarta parte del Congreso y mayoría absoluta para la acusación por traición.
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE).
La moción de censura debe ser constructiva (incluir candidato alternativo), proponerla al menos una décima parte de los Diputados, no puede votarse hasta pasados cinco días y se aprueba por mayoría absoluta; si no prospera, sus firmantes no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones.
La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el propio Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se entiende otorgada por mayoría simple; si se deniega, el Gobierno dimite (art. 114.1).
Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, ni otra función pública ajena a su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3 CE).
El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el proyecto de Presupuestos, los Reales Decretos-leyes y Decretos Legislativos, y acuerda la negociación y firma de tratados internacionales.
Los Decretos-leyes (art. 86 CE) exigen extraordinaria y urgente necesidad, no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general, y deben convalidarse por el Congreso en 30 días.
Los Decretos Legislativos (art. 82 CE) requieren delegación expresa de las Cortes mediante ley de bases (textos articulados) o ley ordinaria (textos refundidos), con materia concreta y plazo, y se agotan con su uso.
El Gobierno en funciones limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos; no puede aprobar el Proyecto de Presupuestos ni presentar proyectos de ley, y su Presidente no puede proponer la disolución, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo (art. 21 Ley 50/1997).
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE).
El acceso a la función pública se rige por los principios de mérito y capacidad (art. 103.3 CE), en conexión con el art. 23.2 CE.
Las normas básicas son la Ley 50/1997 (Gobierno), la Ley 40/2015 (régimen jurídico del sector público) y la Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común).
Trampa frecuente: la investidura exige mayoría absoluta en primera votación; la cuestión de confianza, solo mayoría simple; la moción de censura, mayoría absoluta.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 98.1 CE, el Gobierno se compone de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Auxiliar Admin. Estado?
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria; su Presidente es investido por el Congreso tras la propuesta del Rey, y el propio Gobierno cesa en supuestos tasados por la Constitución y responde política (solidariamente ante el Congreso) y, en su caso, penalmente (ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo) de su actuación. La Administración Pública, que el Gobierno dirige, sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
El Gobierno se compone del Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE). La investidura exige mayoría absoluta del Congreso en primera votación, o mayoría simple 48 horas después; si en dos meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, el Rey disuelve las Cámaras y convoca elecciones (art. 99.5 CE). El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101 CE); el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. La responsabilidad política del Gobierno es solidaria y se exige ante el Congreso (art. 108); la responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102), con iniciativa de una cuarta parte del Congreso y mayoría absoluta para la acusación por traición. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). La moción de censura debe ser constructiva (incluir candidato alternativo), proponerla al menos una décima parte de los Diputados, no puede votarse hasta pasados cinco días y se aprueba por mayoría absoluta; si no prospera, sus firmantes no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones. La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el propio Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se entiende otorgada por mayoría simple; si se deniega, el Gobierno dimite (art. 114.1). Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, ni otra función pública ajena a su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3 CE). El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el proyecto de Presupuestos, los Reales Decretos-leyes y Decretos Legislativos, y acuerda la negociación y firma de tratados internacionales. Los Decretos-leyes (art. 86 CE) exigen extraordinaria y urgente necesidad, no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general, y deben convalidarse por el Congreso en 30 días. Los Decretos Legislativos (art. 82 CE) requieren delegación expresa de las Cortes mediante ley de bases (textos articulados) o ley ordinaria (textos refundidos), con materia concreta y plazo, y se agotan con su uso. El Gobierno en funciones limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos; no puede aprobar el Proyecto de Presupuestos ni presentar proyectos de ley, y su Presidente no puede proponer la disolución, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo (art. 21 Ley 50/1997). La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE). El acceso a la función pública se rige por los principios de mérito y capacidad (art. 103.3 CE), en conexión con el art. 23.2 CE. Las normas básicas son la Ley 50/1997 (Gobierno), la Ley 40/2015 (régimen jurídico del sector público) y la Ley 39/2015 (procedimiento administrativo común). Trampa frecuente: la investidura exige mayoría absoluta en primera votación; la cuestión de confianza, solo mayoría simple; la moción de censura, mayoría absoluta.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, Título IV (arts. 97-107), Título V (arts. 108-116) y arts. 82-86 (BOE-A-1978-31229).
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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