Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.
La Ley 19/2013 persigue ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos. Se estructura en un Título Preliminar, un Título I de transparencia (publicidad activa y derecho de acceso), un Título II de buen gobierno y un Título III que crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo garante.
El art. 1 señala que la ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. Se publicó en el BOE de 10 de diciembre de 2013. Estructura: Título Preliminar (disposiciones generales), Título I (transparencia de la actividad pública: ámbito de aplicación, publicidad activa arts. 5-11 y derecho de acceso arts. 12-24), Título II (buen gobierno, arts. 25-32) y Título III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, desde el art. 33). Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales disponían de un plazo de adaptación de dos años; muchas Comunidades han aprobado leyes propias de transparencia que amplían el mínimo común de la ley estatal, que es legislación básica en la materia.
Ámbito subjetivo de aplicación (art. 2)
El Título I se aplica a: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local; las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones, incluidas las Universidades públicas; las corporaciones de Derecho Público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo; las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50%; las fundaciones del sector público y las asociaciones constituidas por Administraciones. También se aplica, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, a la Casa de S.M. el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.
Otros sujetos obligados (arts. 3 y 4)
El art. 3 extiende las obligaciones de publicidad activa a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, y a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. El art. 4 obliga a las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas a suministrar a la Administración a la que estén vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para cumplir las obligaciones de la ley. Cifras a memorizar: 100.000 euros, 40% y 5.000 euros.
Publicidad activa: concepto y régimen general (arts. 5 a 11)
Los sujetos obligados deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, sin necesidad de solicitud previa. La información se publica en las sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables (art. 5.4). Las obligaciones son un mínimo y se entienden sin perjuicio de la normativa autonómica o de otras disposiciones que prevean un régimen más amplio. Los límites del art. 14 y la protección de datos personales (art. 15) son aplicables también a la publicidad activa. El art. 9 atribuye el control del cumplimiento al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a los órganos autonómicos equivalentes, que pueden dictar resoluciones para exigir la publicación y, en su caso, iniciar procedimientos disciplinarios; el art. 11 recoge los principios técnicos (accesibilidad, interoperabilidad y reutilización).
Los tres bloques de publicidad activa (arts. 6, 7 y 8)
Art. 6, información institucional, organizativa y de planificación: funciones que desarrollan, normativa que les sea de aplicación, estructura organizativa (organigrama), planes y programas anuales y plurianuales con objetivos, actividades, medios y grado de cumplimiento. Art. 7, información de relevancia jurídica: directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares cuando supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos; anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos; proyectos de reglamentos; memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de normas; documentos sometidos a información pública durante su tramitación. Art. 8, información económica, presupuestaria y estadística: contratos, convenios, encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos y su ejecución, cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización, retribuciones de altos cargos, resoluciones de compatibilidad, declaraciones anuales de bienes y actividades de altos cargos e información estadística de relevancia.
El Portal de la Transparencia de la AGE (art. 10)
La Administración General del Estado dispone de un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio competente, que facilita el acceso de los ciudadanos a toda la información de la que dispone y a la que debe publicarse con carácter obligatorio. Es también el cauce para presentar solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito de la AGE. Debe ofrecerse de forma fácilmente accesible, comprensible y con atención a la interoperabilidad y la reutilización (art. 11). Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales cuentan con sus propios portales o sedes de transparencia.
El derecho de acceso a la información pública: titulares y concepto (arts. 12 y 13)
El art. 12 reconoce que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el art. 105.b) de la Constitución, sin necesidad de acreditar interés legítimo ni motivar la solicitud: es un derecho universal, distinto del derecho de acceso de los interesados a los expedientes de un procedimiento concreto (art. 53 de la Ley 39/2015). El art. 13 define información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos obligados y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Se ejerce mediante solicitud, que es gratuita en su presentación, y no exige ser ciudadano español ni mayor de edad.
Los límites al derecho de acceso (art. 14)
El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) la seguridad nacional; b) la defensa; c) las relaciones exteriores; d) la seguridad pública; e) la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; f) la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; g) las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; h) los intereses económicos y comerciales; i) la política económica y monetaria; j) el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; k) la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; l) la protección del medio ambiente. Son doce límites. Su aplicación no es automática: debe ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, atender a las circunstancias del caso concreto (test del daño) y valorar la existencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Si el límite solo afecta a parte de la información, se concederá el acceso parcial (art. 16).
La protección de datos personales (art. 15)
Si la información solicitada contuviera datos personales, el art. 15 distingue niveles. Datos que revelen ideología, afiliación sindical, religión o creencias: el acceso solo podrá autorizarse con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este hubiera hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad. Datos que hagan referencia al origen racial, la salud, la vida sexual, datos genéticos o biométricos o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevaran la amonestación pública al infractor: el acceso solo se autoriza con consentimiento expreso del afectado o si está amparado por una norma con rango de ley. Para el resto de datos personales, se realiza una ponderación suficientemente razonada entre el interés público en la divulgación y los derechos de los afectados, atendiendo a criterios como la finalidad del acceso, el menor perjuicio para los afectados y la garantía de sus derechos. Los datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano se facilitan, con carácter general, salvo que prevalezca la protección de datos o de otros derechos constitucionalmente protegidos. Se aplica sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018.
El procedimiento de acceso (arts. 17 a 22)
Se inicia mediante solicitud dirigida al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información (art. 17), que debe contener la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto y, en su caso, la modalidad preferida de acceso; el solicitante no está obligado a motivarla, aunque podrá exponer los motivos, que podrán ser tenidos en cuenta. Si la solicitud no identifica de forma suficiente la información, se pide al solicitante que la concrete en el plazo de diez días, con suspensión del plazo para resolver (art. 19). Si la solicitud afecta a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concede un plazo de quince días para alegaciones, con suspensión del plazo para resolver (art. 19.3). Si la información no obra en poder del sujeto, se remite al competente cuando se conozca. Las unidades de información de transparencia (art. 21) tramitan las solicitudes. Concedido el acceso, se formaliza preferentemente por vía electrónica; el examen de la información es gratuito y la expedición de copias o la transposición a formato distinto puede dar lugar a exacciones (art. 22). Si hay oposición de un tercero, el acceso se materializa solo cuando haya transcurrido el plazo para recurrir sin que se haya presentado recurso o este haya sido resuelto.
Causas de inadmisión (art. 18)
Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) referidas a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; b) referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas; c) relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; d) dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; e) que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. Son cinco causas. Se diferencian de los límites del art. 14 en que operan sobre la naturaleza de la información o de la solicitud y no exigen valorar un perjuicio. El Consejo de Transparencia ha interpretado restrictivamente estas causas.
Plazo, resolución y silencio (art. 20)
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso se notifica al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver; el plazo puede ampliarse por otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. Son motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, concedan un acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. Transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada (silencio negativo, art. 20.4). Contra la resolución cabe la reclamación del art. 24 o el recurso contencioso-administrativo.
La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 24)
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa. El art. 23 (régimen de impugnaciones) declara esta reclamación sustitutiva de los recursos administrativos (equivalente al art. 112.2 de la Ley 39/2015), por lo que no puede simultanearse con recurso de reposición o alzada sobre el mismo acto. Se interpone en el plazo de un mes desde la notificación del acto o desde que se produzcan los efectos del silencio; el plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses, transcurrido el cual la reclamación se entiende desestimada. Las resoluciones del Consejo se publican, previa disociación de los datos personales, y se comunican al Defensor del Pueblo. Las Comunidades Autónomas pueden atribuir la competencia a un órgano propio (por ejemplo, mediante convenio con el Consejo o creando su propia autoridad).
Buen gobierno: ámbito subjetivo y principios (arts. 25 y 26)
El Título II se aplica a los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y los restantes altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella; también a los altos cargos o asimilados que, según la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. Por tanto no está limitado a la AGE. El art. 26 recoge principios generales (transparencia en la gestión, dedicación al servicio público, imparcialidad, igualdad de trato, diligencia, conducta digna y asunción de responsabilidad por las decisiones) y principios de actuación (plena dedicación y respeto a las incompatibilidades y a los conflictos de intereses; reserva sobre la información conocida; poner en conocimiento de los órganos competentes las actuaciones irregulares; uso de las potestades solo para su finalidad; abstención en asuntos que afecten a su objetividad; no aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía; gestión y conservación adecuada de los recursos públicos; no aprovechar la posición para obtener ventajas personales). Se completa con el régimen de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE.
Infracciones y sanciones en materia de buen gobierno (arts. 27 a 32)
El Título II distingue tres grupos de infracciones: en materia de conflicto de intereses (art. 27), en materia de gestión económico-presupuestaria (art. 28) y disciplinarias (art. 29), clasificadas en muy graves, graves y leves. Son ejemplos de conductas graves o muy graves la gestión negligente de los fondos públicos, el compromiso de gasto sin crédito suficiente o la omisión deliberada de los trámites de fiscalización. Las sanciones (art. 30) incluyen, según los casos: la amonestación, la declaración del incumplimiento y su publicación en el diario oficial, la destitución o cese en el cargo, la no percepción de la pensión indemnizatoria prevista para los altos cargos, la restitución de las cantidades percibidas indebidamente y, en los supuestos más graves, la inhabilitación temporal para ser nombrado alto cargo. El art. 31 regula el órgano competente y el procedimiento para imponerlas (el Consejo de Ministros para los miembros del Gobierno, entre otros), y el art. 32 fija la prescripción de las infracciones y sanciones.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: naturaleza y organización (Título III)
El Consejo es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines y está adscrito al Ministerio competente. Se rige por su Estatuto, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre. Se compone de una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (órgano colegiado) y de una Presidencia. El Presidente es nombrado por Real Decreto, a propuesta del Ministro competente, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, por un mandato de cinco años no renovable, previa comparecencia ante la Comisión competente del Congreso de los Diputados, que ha de refrendar el nombramiento por mayoría absoluta. Conforme al art. 36.2, la Comisión está formada por el Presidente del Consejo y un representante de cada uno de los siguientes órganos: el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado competente en Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 38)
Entre sus funciones están: adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa; asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; informar preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la ley o estén relacionados con su objeto; evaluar el grado de aplicación de la ley; promover la elaboración de borradores de recomendaciones, directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas; promover actividades de formación y sensibilización; colaborar con órganos de naturaleza análoga; y resolver las reclamaciones que se presenten en aplicación del art. 24. Elabora una memoria anual que somete a las Cortes Generales. El Consejo vela también por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (art. 9) y por la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
Normas conexas y novedades relevantes
La Ley 19/2013 se complementa con: el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (que condicionan los arts. 5.3 y 15); la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE; la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público; y la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Corresponde a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales desarrollar la transparencia en su ámbito; la ley estatal funciona como mínimo común básico.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Estructura: Título Preliminar; Título I (publicidad activa arts. 5-11 y derecho de acceso arts. 12-24); Título II buen gobierno (arts. 25-32); Título III Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (desde el art. 33).
Publicidad activa: se difunde de oficio, sin solicitud. Tres bloques: institucional, organizativa y de planificación (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y económica, presupuestaria y estadística (art. 8).
El Portal de la Transparencia (art. 10) es el de la AGE y es también el cauce de las solicitudes de acceso en ese ámbito.
Derecho de acceso: universal (art. 12), sin motivar ni acreditar interés legítimo, a diferencia del acceso del interesado a un expediente (LPAC art. 53).
Doce límites del art. 14 (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, ilícitos, igualdad procesal, vigilancia e inspección, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual, confidencialidad en la toma de decisiones, medio ambiente), con test del daño y del interés público superior.
Cinco causas de inadmisión (art. 18): en curso de elaboración, carácter auxiliar, reelaboración, órgano que no tiene la información (si se desconoce el competente) y solicitudes repetitivas o abusivas.
Plazo de resolución: un mes, ampliable por otro mes; el silencio es negativo (art. 20.4). Alegaciones de terceros: quince días (art. 19.3).
Reclamación ante el Consejo de Transparencia (art. 24): potestativa, previa al contencioso, sustitutiva de recursos administrativos; plazo de interposición de un mes y de resolución de tres meses.
Datos personales (art. 15): datos de ideología, afiliación sindical, religión y creencias exigen consentimiento expreso y por escrito; datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos o biométricos, o infracciones, exigen consentimiento expreso o norma con rango de ley.
Sujetos privados (art. 3): partidos, sindicatos y organizaciones empresariales; y entidades con ayudas públicas superiores a 100.000 euros anuales o con al menos el 40% de sus ingresos procedentes de ayudas, siempre que superen 5.000 euros.
El Título II de buen gobierno se aplica a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos de la AGE y del sector público estatal, y a los altos cargos autonómicos y locales según su normativa; no se limita a la AGE.
Infracciones de buen gobierno: conflicto de intereses (art. 27), gestión económico-presupuestaria (art. 28) y disciplinarias (art. 29); muy graves, graves y leves.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: organismo público con personalidad jurídica propia; Presidente nombrado por Real Decreto por cinco años, no renovable, con refrendo del Congreso por mayoría absoluta; Estatuto en el Real Decreto 919/2014.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuál de las siguientes es una causa de inadmisión de una solicitud de acceso según el art. 18 de la Ley 19/2013?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Auxiliar Admin. Estado?
La Ley 19/2013 persigue ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos. Se estructura en un Título Preliminar, un Título I de transparencia (publicidad activa y derecho de acceso), un Título II de buen gobierno y un Título III que crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo garante.
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Estructura: Título Preliminar; Título I (publicidad activa arts. 5-11 y derecho de acceso arts. 12-24); Título II buen gobierno (arts. 25-32); Título III Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (desde el art. 33). Publicidad activa: se difunde de oficio, sin solicitud. Tres bloques: institucional, organizativa y de planificación (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y económica, presupuestaria y estadística (art. 8). El Portal de la Transparencia (art. 10) es el de la AGE y es también el cauce de las solicitudes de acceso en ese ámbito. Derecho de acceso: universal (art. 12), sin motivar ni acreditar interés legítimo, a diferencia del acceso del interesado a un expediente (LPAC art. 53). Doce límites del art. 14 (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, ilícitos, igualdad procesal, vigilancia e inspección, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual, confidencialidad en la toma de decisiones, medio ambiente), con test del daño y del interés público superior. Cinco causas de inadmisión (art. 18): en curso de elaboración, carácter auxiliar, reelaboración, órgano que no tiene la información (si se desconoce el competente) y solicitudes repetitivas o abusivas. Plazo de resolución: un mes, ampliable por otro mes; el silencio es negativo (art. 20.4). Alegaciones de terceros: quince días (art. 19.3). Reclamación ante el Consejo de Transparencia (art. 24): potestativa, previa al contencioso, sustitutiva de recursos administrativos; plazo de interposición de un mes y de resolución de tres meses. Datos personales (art. 15): datos de ideología, afiliación sindical, religión y creencias exigen consentimiento expreso y por escrito; datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos o biométricos, o infracciones, exigen consentimiento expreso o norma con rango de ley. Sujetos privados (art. 3): partidos, sindicatos y organizaciones empresariales; y entidades con ayudas públicas superiores a 100.000 euros anuales o con al menos el 40% de sus ingresos procedentes de ayudas, siempre que superen 5.000 euros. El Título II de buen gobierno se aplica a los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos de la AGE y del sector público estatal, y a los altos cargos autonómicos y locales según su normativa; no se limita a la AGE. Infracciones de buen gobierno: conflicto de intereses (art. 27), gestión económico-presupuestaria (art. 28) y disciplinarias (art. 29); muy graves, graves y leves. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: organismo público con personalidad jurídica propia; Presidente nombrado por Real Decreto por cinco años, no renovable, con refrendo del Congreso por mayoría absoluta; Estatuto en el Real Decreto 919/2014.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887).
Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 53 y 112.2).
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Reglamento (UE) 2016/679.
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
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