Tema 9. La Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.
España se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas (art. 137 CE), todos con autonomía para la gestión de sus intereses, sobre la base de la unidad de la Nación y la solidaridad entre territorios. La Constitución (Título VIII) regula el acceso a la autonomía, los Estatutos y la distribución de competencias mediante los arts. 148, 149 y 150; la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, define las entidades locales (municipio, provincia, isla y otras) y su organización.
Principios generales de la organización territorial (arts. 2, 137, 138 y 139 CE)
El art. 2 CE fundamenta la Constitución en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El art. 137 organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 138 encomienda al Estado garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, sin que las diferencias entre los Estatutos puedan implicar privilegios económicos o sociales. El art. 139 proclama la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio y prohíbe a toda autoridad adoptar medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes. El Título VIII (arts. 137-158) se divide en tres capítulos: principios generales (arts. 137-139), Administración Local (arts. 140-142) y Comunidades Autónomas (arts. 143-158).
Autonomía, unidad y solidaridad: alcance de cada autonomía
La autonomía de las Comunidades Autónomas es política: poseen potestad legislativa, Parlamento, Gobierno y Administración propios. La autonomía de provincias y municipios es solo administrativa: no tienen potestad legislativa, sino reglamentaria (ordenanzas y reglamentos) y gozan de la garantía institucional de la autonomía local, que protege un núcleo esencial frente a su desnaturalización. La unidad, que se predica de la Nación, es límite del proceso autonómico y la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2 CE), de modo que la autonomía no es soberanía. España cuenta con 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla), que tienen Estatuto de Autonomía desde 1995, y 50 provincias.
Vías de acceso a la autonomía: art. 143, art. 151 y otras
Vía ordinaria (art. 143): pueden acceder al autogobierno las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. La iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas u órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla; debía ejercerse en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo. El techo competencial inicial era el del art. 148, ampliable transcurridos cinco años mediante reforma del Estatuto (art. 148.2). Vía especial (art. 151): la iniciativa exigía el acuerdo de las Diputaciones y de las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia, ratificado en referéndum por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia; permitía asumir desde el principio las competencias del art. 149. Accedieron por ella Cataluña, País Vasco y Galicia (que habían plebiscitado Estatutos en la Segunda República, DT 2ª) y Andalucía, que lo hizo por referéndum con iniciativa del art. 151. Navarra accedió por la vía de la disposición adicional primera (amejoramiento del régimen foral) mediante la Ley Orgánica 13/1982. Valencia y Canarias accedieron por el art. 143 y ampliaron competencias por leyes orgánicas de transferencia del art. 150.2 (1982). El art. 144 permite a las Cortes, por motivos de interés nacional y mediante ley orgánica, autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1, autorizar o acordar un Estatuto para territorios no integrados en la organización provincial y sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales. Las Ciudades de Ceuta y Melilla tienen Estatuto de Autonomía (Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995), no son Comunidades Autónomas.
Los Estatutos de Autonomía (arts. 81, 146, 147 y 152 CE)
El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado lo reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1). Formalmente es una ley orgánica del Estado (art. 81.1 CE), y es a la vez la norma de mayor rango del ordenamiento autonómico; está sometido a la Constitución y es objeto de control del Tribunal Constitucional (STC 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña). Contenido mínimo (art. 147.2): la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y las competencias asumidas dentro del marco constitucional y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Elaboración (art. 146): el proyecto lo elabora una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y se eleva a las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica. Reforma (art. 147.3): se ajusta al procedimiento establecido en el propio Estatuto y requiere, en todo caso, la aprobación de las Cortes mediante ley orgánica.
Organización institucional de las Comunidades Autónomas (art. 152 CE)
El art. 152.1 CE prevé una organización institucional basada en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la representación ordinaria del Estado en ella. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo; pertenece al Poder Judicial único del Estado (art. 117.5 CE) y no es un órgano de la Comunidad Autónoma. Este modelo se generalizó a todas las Comunidades mediante sus Estatutos.
El sistema de distribución de competencias (arts. 148, 149 y 150 CE)
El art. 148.1 enumera las materias que las Comunidades Autónomas podrán asumir (organización de sus instituciones; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; obras públicas de interés de la Comunidad; ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle en su territorio; agricultura y ganadería; montes; gestión en materia de protección del medio ambiente; pesca en aguas interiores; fomento del desarrollo económico; artesanía; museos, bibliotecas y conservatorios de interés para la Comunidad; patrimonio monumental; fomento de la cultura y la investigación; promoción y ordenación del turismo; deporte y ocio; asistencia social; sanidad e higiene; entre otras). El art. 149.1 enumera las materias de competencia exclusiva del Estado (32 apartados). El art. 149.2 prevé que el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades. Sistema de cierre (art. 149.3): las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos; la competencia sobre las materias no asumidas por los Estatutos corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas; y el derecho estatal es, en todo caso, supletorio del de las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional (SSTC 118/1996 y 61/1997) declaró que la cláusula de supletoriedad no es título competencial autónomo que permita al Estado dictar normas supletorias sin título específico.
Competencias exclusivas del Estado más relevantes (art. 149.1 CE)
Entre las 32 materias del art. 149.1 destacan: 1ª la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales; 2ª nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; 3ª relaciones internacionales; 4ª defensa y Fuerzas Armadas; 5ª Administración de Justicia; 6ª legislación mercantil, penal y penitenciaria, y legislación procesal; 7ª legislación laboral (sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades); 8ª legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades de los derechos civiles forales o especiales; 13ª bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; 14ª Hacienda general y Deuda del Estado; 16ª sanidad exterior y bases y coordinación general de la sanidad; 17ª legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; 18ª bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento administrativo común, legislación sobre expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas; 23ª legislación básica sobre protección del medio ambiente; 29ª seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades; 30ª regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE. Concepto clave: competencias exclusivas (todas las funciones corresponden al Estado), compartidas (legislación básica del Estado y desarrollo y ejecución autonómicos, como sanidad o medio ambiente) y de ejecución (el Estado legisla y las Comunidades ejecutan, como la legislación laboral).
Ampliación de competencias y leyes del art. 150 CE
Transcurridos cinco años desde la aprobación de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas de la vía del art. 143 pudieron ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del art. 149 mediante reforma estatutaria (art. 148.2). El art. 150 prevé tres instrumentos adicionales: 1) leyes marco (150.1), por las que las Cortes atribuyen a todas o a alguna de las Comunidades la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; 2) leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2), para transferir o delegar facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación; 3) leyes de armonización (150.3), que el Estado puede dictar aun en materias de competencia autonómica cuando lo exija el interés general, correspondiendo a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, apreciar esa necesidad. La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, transfirió competencias a las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143, aproximando los techos competenciales.
Control de la actividad de las Comunidades Autónomas y coerción estatal (arts. 153, 155 y 161 CE)
El art. 153 CE distribuye el control: el Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, sobre el ejercicio de funciones delegadas del art. 150.2; la jurisdicción contencioso-administrativa, sobre la autonomía de la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y el Tribunal de Cuentas, sobre su gestión económica y presupuestaria. El art. 161.2 CE permite al Gobierno impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades, lo que produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses. El art. 155 CE regula la coerción estatal: si una Comunidad no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para ello podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Se aplicó por primera vez con la aprobación del Senado el 27 de octubre de 2017 respecto a Cataluña.
Conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional resuelve los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (art. 161.1.c CE y LOTC). El conflicto positivo se plantea cuando un sujeto considera que una disposición, resolución o acto de otro invade su ámbito competencial; exige requerimiento de incompetencia previo al órgano autor, salvo cuando lo promueve el Gobierno frente a una Comunidad Autónoma, que puede acudir directamente en determinados supuestos (art. 161.2 CE). El conflicto negativo se plantea cuando ninguna Administración se considera competente para resolver un asunto. Además, desde la Ley Orgánica 7/1999 existe el conflicto en defensa de la autonomía local, que pueden plantear municipios y provincias frente a normas con rango de ley del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía constitucionalmente garantizada, con requisitos de legitimación cualificados en número de entes y población representada.
La financiación de las Comunidades Autónomas (arts. 156 a 158 CE)
El art. 156 CE reconoce la autonomía financiera de las Comunidades para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. El art. 157.1 enumera sus recursos: a) impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; b) sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; c) transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; d) rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; e) el producto de las operaciones de crédito. El art. 158.1 prevé una asignación en los Presupuestos Generales del Estado en función del volumen de servicios y actividades estatales que hayan asumido las Comunidades y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2) se destina a gastos de inversión para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad; sus recursos son distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades y, en su caso, las provincias. El marco normativo es la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral propio (Concierto y Convenio Económico) amparado en la disposición adicional primera CE.
La Administración Local en la Constitución (arts. 137, 140, 141 y 142 CE)
El art. 137 incluye a municipios y provincias entre las entidades territoriales con autonomía. El art. 140 garantiza la autonomía de los municipios, que gozarán de personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley; los Alcaldes son elegidos por los Concejales o por los vecinos, y la ley regulará las condiciones en que proceda el régimen del concejo abierto. El art. 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; cualquier alteración de los límites provinciales requiere aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. El gobierno y la administración autónoma de las provincias se encomiendan a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo; se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia; y en los archipiélagos las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. El art. 142 garantiza la suficiencia financiera de las Haciendas locales, que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): entidades locales
La LRBRL, de 2 de abril de 1985, es legislación básica estatal (art. 149.1.18ª CE) sobre el régimen local, desarrollada por la legislación autonómica en sus competencias. Define el municipio como entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos (art. 1). El art. 3.1 establece que son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario. Según el art. 3.2 gozan también de la condición de entidades locales: a) las entidades de ámbito territorial inferior al municipio instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, b) las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, c) las áreas metropolitanas y d) las mancomunidades de municipios. Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 1985): tratado del Consejo de Europa ratificado por España que garantiza el principio de autonomía local y el derecho de las entidades locales a regular y gestionar los asuntos públicos bajo su responsabilidad. La LRBRL fue reformada de forma sustancial por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local (régimen de municipios de gran población, Título X) y por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que clarificó las competencias locales para evitar duplicidades y reforzó el control económico-financiero.
El municipio: elementos, población y organización (arts. 11 a 29 LRBRL)
Elementos (art. 11): territorio (el término municipal), población y organización. La población está formada por los vecinos, personas que residen habitualmente en el término e inscritas en el Padrón municipal (art. 15); la inscripción atribuye la condición de vecino. La organización es el Ayuntamiento, formado por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno (órganos necesarios, art. 20.1.a) y, según los casos, la Junta de Gobierno Local y los órganos complementarios. Composición del Pleno: el número de Concejales depende de la población (Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, art. 179): 5 hasta 250 habitantes, 7 de 251 a 1.000, 9 de 1.001 a 2.000, 11 de 2.001 a 5.000, 13 de 5.001 a 10.000, 17 de 10.001 a 20.000, 21 de 20.001 a 50.000 y 25 de 50.001 a 100.000, más uno por cada 100.000 residentes (o fracción), añadiéndose uno más si el resultado fuera par. El Alcalde es elegido por los Concejales (si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista más votada) y es el presidente de la Corporación. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno; la integran el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación, y asiste al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
Órganos municipales: Pleno, Alcalde y órganos complementarios
El Pleno, integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal; entre sus atribuciones están el control y fiscalización de los órganos de gobierno, la aprobación de ordenanzas y reglamentos, de los presupuestos y de los planes urbanísticos, la moción de censura y la cuestión de confianza. El Alcalde dirige el gobierno y la administración municipal, representa al Ayuntamiento, convoca y preside las sesiones del Pleno, dirige la política y la administración, ejerce la jefatura de la Policía Local y las atribuciones del art. 21. Los Tenientes de Alcalde sustituyen al Alcalde por el orden de su nombramiento. Son órganos complementarios las Comisiones Informativas (estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos al Pleno), la Comisión Especial de Cuentas (informe previo de las cuentas anuales, art. 116) y otros que cree el propio Ayuntamiento. El concejo abierto (art. 29) es el régimen especial de gobierno aplicable a los municipios con menos de 100 habitantes y a los que tradicionalmente cuenten con este singular régimen, así como a aquellos en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable; el gobierno corresponde a un Alcalde y a una Asamblea vecinal formada por todos los electores.
Competencias y servicios municipales (arts. 7, 25 y 26 LRBRL)
Las competencias de las entidades locales son propias, atribuidas por delegación y distintas de las anteriores (art. 7). Las competencias propias solo pueden determinarse por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad. El art. 25.2 enumera las materias en que el municipio ejercerá competencias propias, en los términos de la legislación estatal y autonómica: urbanismo; medio ambiente urbano; abastecimiento de agua potable y alcantarillado; infraestructura viaria; evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión; policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios; tráfico, estacionamiento y movilidad; información y promoción de la actividad turística; ferias, abastos, mercados y comercio ambulante; protección de la salubridad pública; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte; promoción de la cultura; participación en la programación de la enseñanza y conservación de centros docentes; entre otras. El art. 26 fija los servicios mínimos obligatorios: en todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas; en los de más de 5.000 habitantes, además, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos; en los de más de 20.000, además, protección civil, evaluación de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; y en los de más de 50.000, además, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Las competencias delegadas deben ir acompañadas de la financiación correspondiente.
La provincia: concepto, fines y competencias (arts. 31 y 36 LRBRL)
La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (art. 31.1). Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y en particular asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado (art. 31.2). Competencias propias (art. 36): coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar la prestación integral y adecuada; asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión (garantizando en todo caso los servicios de secretaría e intervención en los municipios de menos de 1.000 habitantes); prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal, y fomento o coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su ámbito territorial; cooperación en el fomento del desarrollo económico y social; y prestación de los servicios de administración electrónica y contratación centralizada en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Hay 50 provincias.
Órganos de la provincia: la Diputación Provincial (arts. 32 y 33 LRBRL)
El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponde a la Diputación Provincial u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2 CE). Son órganos necesarios de la Diputación: el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. El Pleno está integrado por el Presidente y los Diputados provinciales, que son elegidos de forma indirecta (segundo grado) por y entre los Concejales de los municipios de la provincia, distribuidos por partidos judiciales según los resultados de las elecciones municipales; el número de Diputados es 25 en provincias de hasta 500.000 residentes, 27 de 500.001 a 1.000.000, 31 de 1.000.001 a 3.500.000 y 51 en las de más de 3.500.000 (LOREG, art. 204). El Presidente es elegido por el Pleno de entre sus miembros, y la Junta de Gobierno le asiste en el ejercicio de sus atribuciones. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales (Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra e Illes Balears) la Diputación Provincial se integra en la Comunidad, que asume sus competencias y recursos. En el País Vasco existen Diputaciones Forales, con régimen propio.
La isla: Cabildos y Consejos Insulares
En los archipiélagos balear y canario la isla es entidad local territorial con administración propia (art. 141.4 CE y art. 3 LRBRL). En Canarias gobiernan las islas los Cabildos Insulares (siete: El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife), que ostentan además las competencias de la Diputación Provincial. En las Illes Balears gobiernan las islas los Consejos Insulares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera). Los Cabildos y Consejos asumen las competencias provinciales en su ámbito, y su régimen se regula por la LRBRL y los Estatutos de Autonomía y la legislación autonómica correspondiente. El término Consejo Insular se usa en Baleares y el de Cabildo en Canarias; es una confusión típica de examen intercambiarlos.
Otras entidades locales: mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas y entidades inferiores al municipio
Las mancomunidades son asociaciones voluntarias de municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia (art. 44 LRBRL); se rigen por Estatutos propios. Las comarcas están previstas por algunos Estatutos de Autonomía y agrupan varios municipios para la gestión de intereses comunes. Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras (art. 43). Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (parroquias, aldeas, pedanías, concejos, barrios) son entidades locales menores instituidas o reconocidas por la Comunidad Autónoma para administrar intereses peculiares de un núcleo de población separado dentro del término municipal.
Municipios de gran población (Título X LRBRL) y régimen especial de Madrid y Barcelona
El Título X de la LRBRL, introducido por la Ley 57/2003, establece un régimen orgánico especial, con mayor separación entre funciones deliberantes y ejecutivas, para los municipios de gran población: los de población superior a 250.000 habitantes; las capitales de provincia con población superior a 175.000; las capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas; y los de población superior a 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, previa decisión de la Asamblea legislativa autonómica. Su organización incluye el Pleno, el Alcalde, la Junta de Gobierno Local (con miembros no concejales hasta un tercio), los distritos, el Consejo Social de la Ciudad, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y órganos de gestión económico-financiera y de asesoramiento jurídico. Madrid, como capital del Estado (art. 5 CE) y sede de las instituciones generales, tiene un régimen especial regulado por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid; Barcelona cuenta con una Carta Municipal propia.
Haciendas locales y control sobre las entidades locales
Las Haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas (art. 142 CE); se regulan en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se nutren de tributos propios (impuestos, tasas y contribuciones especiales), participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, ingresos patrimoniales, subvenciones y operaciones de crédito. El control de legalidad de las entidades locales se ejerce mediante la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de sus actos y acuerdos por la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas cuando infrinjan el ordenamiento jurídico, con posibilidad de suspensión cautelar en los supuestos que atenten gravemente al interés general de España (arts. 65 a 67 LRBRL). El Consejo de Ministros puede acordar, mediante Real Decreto, previo requerimiento y acuerdo favorable del Senado, la disolución de los órganos de las Corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales (art. 61). Las Entidades Locales están sujetas, como el resto de las Administraciones, a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 135 CE y Ley Orgánica 2/2012).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses: política en las Comunidades (con potestad legislativa) y administrativa en municipios y provincias.
España tiene 17 Comunidades Autónomas, 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla, con Estatuto de Autonomía desde 1995) y 50 provincias.
Vía ordinaria (art. 143): iniciativa de las Diputaciones y de las dos terceras partes de los municipios que representen la mayoría del censo; techo competencial inicial del art. 148, ampliable a los cinco años. Vía especial (art. 151): iniciativa con las tres cuartas partes de los municipios y referéndum por mayoría absoluta del censo de cada provincia.
El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad, se aprueba y reforma siempre mediante ley orgánica de las Cortes Generales y su contenido mínimo está en el art. 147.2 CE.
El art. 148.1 lista las materias que pueden asumir las Comunidades; el art. 149.1 reserva al Estado 32 materias de competencia exclusiva, como Defensa, Hacienda general, relaciones internacionales o legislación penal.
Cláusula de cierre (art. 149.3 CE): lo no asumido por los Estatutos corresponde al Estado; el derecho estatal prevalece y es supletorio. El Tribunal Constitucional (SSTC 118/1996 y 61/1997) negó que la supletoriedad sea título competencial autónomo.
Art. 150 CE: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3, apreciación por mayoría absoluta de cada Cámara).
El art. 155 CE exige requerimiento previo al Presidente de la Comunidad y aprobación por mayoría absoluta del Senado; se aplicó por primera vez en octubre de 2017.
El art. 161.2 CE: la impugnación del Gobierno de disposiciones autonómicas ante el Tribunal Constitucional produce su suspensión, que el Tribunal debe ratificar o levantar en cinco meses.
El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE) financia gastos de inversión para corregir desequilibrios interterritoriales; lo distribuyen las Cortes Generales.
El art. 139 CE: igualdad de derechos y obligaciones en todo el territorio y prohibición de medidas que obstaculicen la libre circulación de personas y bienes.
Entidades locales territoriales (art. 3.1 LRBRL): municipio, provincia e isla en Baleares y Canarias; también son entidades locales las entidades inferiores al municipio, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades.
Municipio: territorio, población (Padrón) y organización (Ayuntamiento: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno; Junta de Gobierno Local obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes); concejo abierto en municipios de menos de 100 habitantes (art. 29 LRBRL).
Provincia: entidad local con personalidad jurídica propia, agrupación de municipios y división territorial del Estado; se gobierna por la Diputación Provincial, cuyos Diputados son elegidos de segundo grado por los Concejales. Cualquier alteración de límites provinciales exige ley orgánica (art. 141.1 CE).
En las Comunidades uniprovinciales (Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra e Illes Balears) no hay Diputación; en Canarias gobiernan las islas los Cabildos y en Baleares los Consejos Insulares.
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El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 9 de Auxiliar Admin. Estado?
España se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas (art. 137 CE), todos con autonomía para la gestión de sus intereses, sobre la base de la unidad de la Nación y la solidaridad entre territorios. La Constitución (Título VIII) regula el acceso a la autonomía, los Estatutos y la distribución de competencias mediante los arts. 148, 149 y 150; la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, define las entidades locales (municipio, provincia, isla y otras) y su organización.
¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?
El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses: política en las Comunidades (con potestad legislativa) y administrativa en municipios y provincias. España tiene 17 Comunidades Autónomas, 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla, con Estatuto de Autonomía desde 1995) y 50 provincias. Vía ordinaria (art. 143): iniciativa de las Diputaciones y de las dos terceras partes de los municipios que representen la mayoría del censo; techo competencial inicial del art. 148, ampliable a los cinco años. Vía especial (art. 151): iniciativa con las tres cuartas partes de los municipios y referéndum por mayoría absoluta del censo de cada provincia. El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad, se aprueba y reforma siempre mediante ley orgánica de las Cortes Generales y su contenido mínimo está en el art. 147.2 CE. El art. 148.1 lista las materias que pueden asumir las Comunidades; el art. 149.1 reserva al Estado 32 materias de competencia exclusiva, como Defensa, Hacienda general, relaciones internacionales o legislación penal. Cláusula de cierre (art. 149.3 CE): lo no asumido por los Estatutos corresponde al Estado; el derecho estatal prevalece y es supletorio. El Tribunal Constitucional (SSTC 118/1996 y 61/1997) negó que la supletoriedad sea título competencial autónomo. Art. 150 CE: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3, apreciación por mayoría absoluta de cada Cámara). El art. 155 CE exige requerimiento previo al Presidente de la Comunidad y aprobación por mayoría absoluta del Senado; se aplicó por primera vez en octubre de 2017. El art. 161.2 CE: la impugnación del Gobierno de disposiciones autonómicas ante el Tribunal Constitucional produce su suspensión, que el Tribunal debe ratificar o levantar en cinco meses. El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE) financia gastos de inversión para corregir desequilibrios interterritoriales; lo distribuyen las Cortes Generales. El art. 139 CE: igualdad de derechos y obligaciones en todo el territorio y prohibición de medidas que obstaculicen la libre circulación de personas y bienes. Entidades locales territoriales (art. 3.1 LRBRL): municipio, provincia e isla en Baleares y Canarias; también son entidades locales las entidades inferiores al municipio, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades. Municipio: territorio, población (Padrón) y organización (Ayuntamiento: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno; Junta de Gobierno Local obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes); concejo abierto en municipios de menos de 100 habitantes (art. 29 LRBRL). Provincia: entidad local con personalidad jurídica propia, agrupación de municipios y división territorial del Estado; se gobierna por la Diputación Provincial, cuyos Diputados son elegidos de segundo grado por los Concejales. Cualquier alteración de límites provinciales exige ley orgánica (art. 141.1 CE). En las Comunidades uniprovinciales (Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra e Illes Balears) no hay Diputación; en Canarias gobiernan las islas los Cabildos y en Baleares los Consejos Insulares.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, Título VIII (arts. 137-158), arts. 2, 81 y 161 (BOE-A-1978-31229).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392).
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 179 y 204).
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 CE.
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 15 de octubre de 1985).
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