Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. El Tribunal Constitucional. Composición y funciones.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Constitución de 1978 organiza el Estado en torno a una Monarquía parlamentaria: la Corona como magistratura simbólica sin poder de decisión efectivo, unas Cortes Generales bicamerales titulares de la potestad legislativa, presupuestaria y de control del Gobierno, y un Tribunal Constitucional como máximo garante de la propia norma fundamental frente a leyes, disposiciones y actos que pudieran contradecirla. El tema exige conocer la estructura del texto (Preámbulo, Título Preliminar y Títulos I a X), las atribuciones del Rey (Título II), la composición, el estatuto y el funcionamiento de Congreso y Senado (Título III), los procedimientos de elaboración de las normas con rango de ley (Título III, Capítulo II) y la composición, competencias y procesos del Tribunal Constitucional (Título IX y LO 2/1979).
La Constitución Española (CE) fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, día en que entró en vigor. Es una Constitución escrita, codificada, extensa y rígida (su reforma exige procedimientos agravados). Solo ha sido reformada dos veces: en 1992 (art. 13.2, para reconocer el sufragio pasivo en elecciones municipales a los extranjeros, por el Tratado de Maastricht) y en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria). Ambas reformas se hicieron por el procedimiento del art. 167.
Estructura del texto constitucional
La CE consta de un Preámbulo (sin valor normativo directo, pero con función interpretativa), un Título Preliminar (arts. 1-9, con los valores superiores del art. 1.1 y los principios del art. 9.3) y diez títulos numerados: I Derechos y deberes fundamentales, II La Corona, III Las Cortes Generales, IV Del Gobierno y de la Administración, V De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, VI Del Poder Judicial, VII Economía y Hacienda, VIII Organización Territorial del Estado, IX Del Tribunal Constitucional y X De la reforma constitucional; en total 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final.
El Título Preliminar (arts. 1-9)
Art. 1: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado; la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria. Art. 2: unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Art. 3: el castellano es la lengua oficial del Estado y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas. Art. 4: bandera de España. Art. 5: la capital del Estado es la villa de Madrid. Art. 6: los partidos políticos. Art. 7: sindicatos y asociaciones empresariales. Art. 8: las Fuerzas Armadas (misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional). Art. 9: sujeción a la Constitución y principios del ordenamiento.
Valores superiores y principios del ordenamiento (arts. 1.1 y 9.3 CE)
El art. 1.1 CE propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; no deben confundirse con los siete principios del art. 9.3: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad de los poderes públicos e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Eficacia directa y vinculación de la Constitución (art. 9.1 CE)
El art. 9.1 CE proclama que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, consagrando su eficacia normativa directa e inmediata, sin necesidad de desarrollo legislativo previo para producir efectos jurídicos. Además, los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1) y deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales ratificados por España (art. 10.2).
La reforma constitucional: procedimiento ordinario (art. 167 CE)
Para reformas que no afecten al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I ni al Título II, el proyecto de reforma debe ser aprobado por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Si no hay acuerdo, se intenta mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores que presenta un texto que se vota por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación por ese procedimiento, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum de ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (referéndum facultativo).
La reforma constitucional: procedimiento agravado (art. 168 CE)
Cuando se propone la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas, arts. 15 a 29) o al Título II (la Corona), se exige aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes; las Cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que ha de ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras, sometiéndose obligatoriamente a referéndum de ratificación. Es el único procedimiento con referéndum preceptivo, no facultativo. El art. 169 CE impide iniciar la reforma en tiempo de guerra o durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio. La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las CC.AA. (art. 166, por remisión al art. 87.1 y 87.2).
La Corona: naturaleza jurídica (art. 56 CE)
El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España y puede utilizar los demás que correspondan a la Corona. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3). Actualmente reina Felipe VI, proclamado el 19 de junio de 2014 tras la abdicación de Juan Carlos I (LO 3/2014, de 18 de junio).
Sucesión a la Corona (art. 57 CE)
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. El orden de sucesión sigue la regularidad primogénita y representativa, prefiriéndose siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y a igualdad de sexo, la persona de más edad a la de menos. El heredero tiene desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento la dignidad de Príncipe de Asturias. Las personas con impedimento para suceder que contraigan matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes quedan excluidas de la sucesión. Las abdicaciones, renuncias y dudas de hecho o de derecho se resuelven por ley orgánica (art. 57.5). El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las CC.AA. (art. 61).
El refrendo de los actos regios (art. 64 CE)
Los actos del Rey deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 los refrenda el Presidente del Congreso. De los actos del Rey son responsables las personas que los refrenden, no el Rey, y sin refrendo carecen de validez. Quedan fuera del refrendo los actos del art. 65: el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y la distribuye libremente (art. 65.1), y nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2).
Atribuciones del Rey (arts. 62 y 63 CE)
Art. 62: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum en los casos previstos en la Constitución; proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como ponerle fin; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; y el Alto Patronazgo de las Reales Academias. Art. 63: acredita a los embajadores y recibe sus credenciales; manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados; y, previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz.
Regencia y tutela (arts. 59-60 CE)
Cuando el Rey fuera menor de edad, el padre o la madre del Rey, o en su defecto el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, ejercerá inmediatamente la Regencia; también procede cuando el Rey se inhabilite para el ejercicio de su autoridad, reconocida la incapacidad por las Cortes Generales. Si no hubiese ninguna persona a quien corresponda la Regencia, será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas. La tutela del Rey menor corresponde a la persona designada en testamento por el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no la hubiese nombrado, a su padre o madre mientras permanezcan viudos, y en su defecto a quien nombren las Cortes Generales. El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política (art. 60.2). La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia (art. 58).
Las Cortes Generales: composición y funciones (art. 66 CE)
Representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Son inviolables. Los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2), no pueden ser miembros de ambas Cámaras ni acumular el acta de Diputado al Congreso con la de miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma (art. 67.1) y están sometidos a un régimen de inelegibilidades e incompatibilidades (art. 70). Las reuniones de los parlamentarios sin convocatoria reglamentaria no vinculan a las Cámaras ni pueden ejercer sus funciones (art. 67.3).
El Congreso de los Diputados (art. 68 CE)
Formado por un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (350 según el art. 162 LOREG, vigente), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con la provincia como circunscripción electoral (Ceuta y Melilla eligen un Diputado cada una) y una asignación mínima inicial de 2 Diputados por provincia; el resto se reparte proporcionalmente a la población. La elección se realiza con criterios de representación proporcional, aplicando la LOREG la fórmula D'Hondt y una barrera del 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción. El mandato es de 4 años, salvo disolución anticipada; las elecciones se celebran entre 30 y 60 días desde la terminación del mandato (art. 68.6 CE) y, por la LOREG, 54 días después de la convocatoria. Son electores y elegibles todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos.
El Senado (art. 69 CE)
Cámara de representación territorial: 4 senadores por provincia peninsular, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, votando cada elector a un máximo de 3 candidatos (sistema mayoritario corregido por voto limitado). En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción: 3 senadores en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen 2 senadores cada una. A ellos se suman los senadores designados por las Asambleas Legislativas autonómicas: uno por cada Comunidad Autónoma y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. El mandato es de 4 años (art. 69.6).
Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias (art. 71 CE)
Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (protege la opinión, es perpetua y absoluta), y de inmunidad durante su mandato: solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio). La inmunidad es una garantía temporal ligada al mandato. En las causas contra ellos será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3).
Organización de las Cámaras: órganos rectores y grupos parlamentarios
Cada Cámara aprueba su propio Reglamento por mayoría absoluta (art. 72.1; Reglamento del Congreso de 10 de febrero de 1982 y Reglamento del Senado, texto refundido de 3 de mayo de 1994), elige su Presidente y los demás miembros de su Mesa, y los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todas las facultades administrativas y de policía en el interior de sus sedes (art. 72.3). Los órganos principales son el Presidente, la Mesa, la Junta de Portavoces, el Pleno, las Comisiones y los Grupos Parlamentarios (en el Congreso, de 15 Diputados como regla general; en el Senado, de 10 Senadores). Las Cámaras pueden reunirse en sesión conjunta (art. 74.1) para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (p. ej. proclamación del Rey, nombramiento de Regente).
Funcionamiento de las Cámaras: Pleno, Comisiones y periodos de sesiones (art. 73 CE)
Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones (Legislativas y no Legislativas). Los periodos ordinarios de sesiones son dos al año: septiembre a diciembre y febrero a junio. Las Cámaras pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; las sesiones extraordinarias deberán convocarse con un orden del día determinado. Las sesiones plenarias de las Cámaras son públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80). Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros (art. 79.1).
La Diputación Permanente (art. 78 CE)
Cada Cámara cuenta con una Diputación Permanente, compuesta por un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, presidida por el Presidente de la Cámara. Vela por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida, ha sido disuelta o ha expirado su mandato, hasta la constitución de la nueva Cámara. Además, ejerce las facultades que le atribuyen los arts. 86 (convalidación de decretos-leyes cuando las Cámaras están disueltas) y 116 (estados de alarma, excepción y sitio), y da cuenta a la Cámara de los asuntos tratados cuando ésta se reúna.
Mayorías parlamentarias
La regla general es la mayoría simple de los miembros presentes (más votos a favor que en contra, art. 79.2 CE); determinadas materias exigen mayorías reforzadas: absoluta (mitad más uno del total de miembros de derecho; p. ej. leyes orgánicas, investidura del Presidente en primera votación, moción de censura, reglamentos de las Cámaras), 3/5 (p. ej. propuesta de vocales del CGPJ o de magistrados del TC por cada Cámara, reforma constitucional del art. 167) y 2/3 (p. ej. reforma agravada del art. 168 CE). El voto de los Diputados y Senadores es personal e indelegable (art. 79.3).
Funciones de control: preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación
Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110), que tienen acceso a las sesiones y pueden hacerse oír. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras (art. 111). Ambas Cámaras, y en su caso conjuntamente, pueden nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público (art. 76): es obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, y sus conclusiones no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas.
Otras funciones de las Cortes: Presupuestos, tratados, referéndum, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas
Presupuestos Generales del Estado (art. 134): corresponde al Gobierno su elaboración y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación; el Gobierno debe presentarlos al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior; si no se aprueban antes del primer día del ejercicio económico se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior. Tratados internacionales: requieren autorización previa de las Cortes mediante ley orgánica para atribuir a organizaciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93) y autorización de las Cortes en los supuestos del art. 94.1. Referéndum consultivo (art. 92): las decisiones políticas de especial trascendencia pueden someterse a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso (LO 2/1980). Defensor del Pueblo (art. 54): alto comisionado de las Cortes Generales designado por ellas para la defensa de los derechos del Título I, elegido por mayoría de 3/5 de cada Cámara por un mandato de 5 años. Tribunal de Cuentas (art. 136): supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente directamente de las Cortes Generales.
La iniciativa legislativa (arts. 87-89 CE)
Corresponde al Gobierno (proyectos de ley, aprobados en Consejo de Ministros y remitidos al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios), al Congreso y al Senado conforme a sus Reglamentos (proposiciones de ley), a las Asambleas de las CC.AA. (que pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante la Cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa) y a los ciudadanos mediante la iniciativa legislativa popular (LO 3/1984, reformada por la LO 4/2006), que exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y excluye las materias propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE).
Tramitación de las leyes: Congreso y Senado (arts. 88-90 CE)
Los proyectos y proposiciones de ley se tramitan primero en el Congreso (salvo lo dispuesto en el art. 74.2: los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas y el Fondo de Compensación Interterritorial se inician en el Senado). Aprobado un proyecto o proposición por el Congreso, su Presidente da inmediata cuenta del mismo al del Senado, el cual, en el plazo de dos meses (o veinte días naturales si el Congreso ha declarado el proyecto urgente, art. 90.3), puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto, que requiere la mayoría absoluta del Senado, o introducir enmiendas por mayoría simple. El veto puede ser levantado por el Congreso por mayoría absoluta, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición; las enmiendas son aprobadas o rechazadas por el Congreso por mayoría simple. Las Cámaras pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos y proposiciones de ley (competencia legislativa plena, art. 75.2), salvo la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Sanción, promulgación y publicación (art. 91 CE)
El Rey sanciona en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulga y ordena su inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado. La entrada en vigor se produce, salvo previsión distinta en la propia norma, a los veinte días de su completa publicación en el BOE (art. 2.1 Código Civil, vacatio legis). La sanción es un acto debido que otorga existencia jurídica a la ley, y requiere refrendo del Presidente del Gobierno o Ministro competente. El Rey no puede negarse a sancionar.
Las leyes orgánicas (art. 81 CE)
Son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II del Título I), las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución (p. ej. LOPJ, LO del TC, LO del Defensor del Pueblo, las de autorización de tratados del art. 93). La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La relación entre ley orgánica y ley ordinaria se rige por el principio de competencia o materia reservada y no por el de jerarquía.
Delegación legislativa: los decretos legislativos (arts. 82-85 CE)
Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el art. 81 (no cabe delegar materias reservadas a ley orgánica). La delegación se otorga mediante ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Debe hacerse de forma expresa, para una materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio, agotándose por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma; no puede entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado ni permite la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación pueden establecer fórmulas adicionales de control (art. 82.6). La norma resultante se denomina Decreto Legislativo.
Los decretos-leyes (art. 86 CE)
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las CC.AA. ni al Derecho electoral general. Deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, para su convalidación o derogación; durante ese plazo, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3). La existencia del presupuesto habilitante (extraordinaria y urgente necesidad) es controlable por el Tribunal Constitucional.
Normas con rango de ley y jerarquía normativa
Tienen rango de ley: la ley orgánica, la ley ordinaria, el decreto-ley, el decreto legislativo y, en cada Comunidad Autónoma, las leyes autonómicas. Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1) y prevalecen sobre las leyes ordinarias. Los reglamentos (reales decretos, órdenes ministeriales) carecen de rango de ley y se sitúan por debajo de ella; tienen vedado vulnerar las disposiciones de rango superior (art. 97 y art. 9.3). El control de las leyes corresponde al Tribunal Constitucional; el de los reglamentos, a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE).
El Tribunal Constitucional: composición (art. 159 CE)
Compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado con igual mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del CGPJ. Deben ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Mandato de 9 años, con renovación por terceras partes cada 3 años (los cuatro magistrados de cada una de las cuotas se renuevan de forma sucesiva). Los magistrados eligen entre sí, en votación secreta, a su Presidente y a su Vicepresidente por un periodo de tres años, y el Rey nombra al Presidente a propuesta del Pleno (art. 160 CE). A octubre de 2026 preside el Tribunal Cándido Conde-Pumpido; según las últimas informaciones, el mandato del tercio de magistrados de cuota del Senado expiró el 17 de diciembre de 2025 y su renovación seguía pendiente, por lo que esos magistrados continúan en funciones.
Estatuto de los magistrados del TC
Gozan de independencia e inamovilidad en el ejercicio de su mandato (art. 159.5). La condición de miembro del TC es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil; en lo demás, tienen las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial (art. 159.4 CE). Pueden ser cesados únicamente por las causas tasadas en la LOTC (renuncia, expiración del plazo, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida, falta grave de deberes o condena por delito doloso, entre otras).
Organización y funcionamiento del TC
El TC actúa en Pleno (todos los magistrados, presidido por el Presidente), en dos Salas de 6 magistrados cada una y en Secciones de 3 magistrados. El Pleno conoce de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, los conflictos de competencia y los demás asuntos de mayor relevancia; las Salas conocen, con carácter general, de los recursos de amparo y las Secciones deciden la admisión a trámite de los amparos y otras cuestiones de trámite. El TC tiene su sede en Madrid, es único en su orden, y se rige por la Constitución y por su Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (LOTC), modificada en diversas ocasiones (entre otras, por la LO 6/2007, que introdujo la exigencia de especial trascendencia constitucional en el amparo, y por las LO 12/2015 y 15/2015).
Recurso y cuestión de inconstitucionalidad (arts. 161.1.a y 163 CE)
El recurso de inconstitucionalidad procede contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y puede interponerse, en el plazo de 3 meses desde la publicación de la norma, por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y, en su caso, los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas Legislativas de las CC.AA. (art. 162.1.a). Los plazos pueden ampliarse a 9 meses cuando se abre negociación en Comisión Bilateral (art. 33.2 LOTC). La cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE) la plantea de oficio un Juez o Tribunal cuando considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución; antes, debe oír a las partes y al Ministerio Fiscal en un plazo común e improrrogable de 10 días. El planteamiento de la cuestión suspende provisionalmente el proceso judicial hasta que el TC se pronuncie sobre su admisión y, si la admite, hasta que resuelva definitivamente (art. 35.3 LOTC).
El recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b CE)
Protege, ante el Tribunal Constitucional (tras el agotamiento de la vía judicial previa, principio de subsidiariedad), los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 CE (igualdad) y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15-29, derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto) y la objeción de conciencia del art. 30.2; no protege, por esta vía, el resto de derechos del Título I. Están legitimados toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b). Tras la LO 6/2007 el recurso solo se admite si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por su especial trascendencia constitucional. Los plazos son 3 meses para actos parlamentarios sin valor de ley (art. 42 LOTC), 20 días hábiles para actos de la Administración (art. 43) y 30 días hábiles para resoluciones judiciales (art. 44). Los ciudadanos pueden también recabar la tutela de estas libertades ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad (art. 53.2 CE).
Conflictos de competencia y otras funciones del TC (art. 161 CE)
El TC conoce de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí (positivos y negativos), de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y CGPJ; art. 73 LOTC), de los conflictos en defensa de la autonomía local (arts. 75 bis y ss. LOTC), del control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales (art. 95.2 CE, a requerimiento del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras), de la impugnación por el Gobierno de disposiciones y resoluciones sin fuerza de ley de las Comunidades Autónomas (art. 161.2 CE), que produce la suspensión automática de la disposición impugnada, debiendo el Tribunal ratificarla o levantarla en un plazo máximo de 5 meses, y de las demás materias que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas (art. 161.1.d). El recurso previo de inconstitucionalidad, que en origen alcanzaba a los proyectos de Estatutos de Autonomía y de leyes orgánicas, fue suprimido en 1985 (LO 4/1985); la LO 12/2015 lo reintrodujo, pero únicamente para los proyectos de Estatuto de Autonomía o de su reforma.
El Tribunal Constitucional frente al Poder Judicial
El TC no forma parte del Poder Judicial ni es una tercera instancia; es un órgano constitucional, intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica; sus sentencias vinculan a todos los poderes públicos y no cabe recurso alguno contra ellas. Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos (art. 5.1 LOPJ).
Publicación y eficacia de las sentencias del TC (art. 164 CE)
Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares que se formulen, y tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, sin que quepa recurso alguno contra ellas. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley producen efectos generales (erga omnes) desde la fecha de su publicación, sin afectar, con carácter general, a las situaciones jurídicas ya consolidadas por sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40 LOTC). Las sentencias recaídas en procedimientos de amparo tienen efectos entre las partes.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La CE fue aprobada por las Cortes el 31-10-1978, ratificada en referéndum el 6-12-1978, sancionada el 27-12-1978 y publicada en el BOE el 29-12-1978; solo se ha reformado dos veces (art. 13.2 en 1992 y art. 135 en 2011), ambas por el art. 167.
La CE consta de Preámbulo, Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos numerados (I a X), con 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final.
No confundir los valores superiores del art. 1.1 CE (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) con los siete principios del art. 9.3 CE (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad).
El art. 9.1 CE consagra la eficacia normativa directa e inmediata de la Constitución, sin necesidad de desarrollo legislativo previo.
Reforma ordinaria (art. 167 CE): mayoría de 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión Paritaria; y, subsidiariamente, mayoría absoluta del Senado más 2/3 del Congreso. Referéndum solo facultativo si lo pide una décima parte de los miembros de una Cámara en los 15 días siguientes. TRAMPA: no es 2/3 del Senado.
Reforma agravada (art. 168 CE): para revisión total o de Título Preliminar, Sección 1ª Capítulo II Título I o Título II; exige 2/3 de cada Cámara, disolución de las Cortes, ratificación de las nuevas Cámaras por 2/3 y referéndum obligatorio (el único preceptivo).
El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3 CE); sus actos requieren refrendo del Presidente del Gobierno o Ministro competente (art. 64 CE), salvo la distribución de la cuantía global de la Casa Real y el nombramiento de su personal (art. 65); el refrendo de la propuesta de Presidente del Gobierno y de la disolución del art. 99 lo realiza el Presidente del Congreso.
La sucesión (art. 57 CE) sigue el orden de primogenitura y representación: línea anterior sobre posteriores, grado más próximo, varón sobre mujer en igual grado y mayor sobre menor en igual sexo. El juramento del Rey ante las Cortes está en el art. 61.
Entre las atribuciones del Rey (art. 62 CE): sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver Cortes, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, mando supremo de las Fuerzas Armadas y derecho de gracia sin poder autorizar indultos generales. Declarar la guerra y hacer la paz (art. 63.3) exige autorización previa de las Cortes.
Las Cortes Generales (art. 66 CE) son inviolables, representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno; se componen de Congreso y Senado. No hay mandato imperativo (art. 67.2).
El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (350 según la LOREG), elegidos con representación proporcional (D'Hondt, barrera del 3%) y la provincia como circunscripción (mínimo 2 por provincia; Ceuta y Melilla, 1 cada una); mandato de 4 años.
El Senado es la cámara de representación territorial: 4 senadores por provincia peninsular por elección directa con voto limitado a 3 candidatos, 3 para Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, 1 para las demás islas con Cabildo o Consejo, 2 para Ceuta y para Melilla, más senadores designados por las Asambleas autonómicas (uno fijo por Comunidad más uno por cada millón de habitantes).
Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por opiniones en el ejercicio de sus funciones e inmunidad (solo detenibles en flagrante delito; inculpación o procesamiento sujetos a autorización de la Cámara); su causa penal corresponde a la Sala de lo Penal del TS.
Periodos de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. La Diputación Permanente tiene un mínimo de 21 miembros y vela por los poderes de la Cámara cuando no está reunida o ha sido disuelta.
La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) exige al menos 500.000 firmas y excluye las materias propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. TRAMPA: la planificación económica general no está entre las excluidas.
En la tramitación de leyes, el Senado dispone de dos meses (veinte días naturales si hay urgencia) para vetar o enmendar; el veto exige mayoría absoluta del Senado y se levanta por mayoría absoluta del Congreso o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses.
El Rey sanciona las leyes en 15 días; la ley entra en vigor, salvo disposición contraria, a los 20 días de su publicación completa en el BOE (art. 2.1 CC).
Las leyes orgánicas (art. 81 CE) exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto; se reservan a derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y otras materias previstas en la Constitución (p. ej. LOPJ).
Los decretos legislativos exigen delegación expresa, materia concreta y plazo (ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para textos refundidos); no cabe delegar materias de ley orgánica ni subdelegar.
Los decretos-leyes (art. 86 CE) exigen extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CC.AA. ni Derecho electoral general, y deben convalidarse o derogarse por el Congreso en 30 días.
El Tribunal Constitucional tiene 12 miembros (4 Congreso y 4 Senado por 3/5, 2 Gobierno, 2 CGPJ), juristas con más de 15 años de ejercicio, mandato de 9 años con renovación por terceras partes cada 3; su Presidente se elige entre los magistrados para un periodo de 3 años.
El recurso de inconstitucionalidad se interpone en 3 meses desde la publicación de la norma por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores u órganos de las CC.AA.; la cuestión de inconstitucionalidad la plantea de oficio cualquier Juez o Tribunal.
El recurso de amparo protege el art. 14 CE y los arts. 15-29 (más la objeción de conciencia del art. 30.2), no el resto de derechos del Título I; exige agotar la vía judicial previa (subsidiariedad) y especial trascendencia constitucional (LO 6/2007). Plazos: 3 meses (art. 42 LOTC), 20 días hábiles (art. 43) y 30 días hábiles (art. 44).
La impugnación del art. 161.2 CE de disposiciones autonómicas por el Gobierno produce suspensión automática de la norma impugnada, que el TC debe ratificar o levantar en un plazo máximo de 5 meses.
El TC no forma parte del Poder Judicial ni es una tercera instancia: es órgano constitucional, intérprete supremo de la Constitución, y sus sentencias no admiten recurso alguno (art. 164 CE).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuántos títulos numerados componen la Constitución española, sin contar el Título Preliminar?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Auxilio Judicial?
La Constitución de 1978 organiza el Estado en torno a una Monarquía parlamentaria: la Corona como magistratura simbólica sin poder de decisión efectivo, unas Cortes Generales bicamerales titulares de la potestad legislativa, presupuestaria y de control del Gobierno, y un Tribunal Constitucional como máximo garante de la propia norma fundamental frente a leyes, disposiciones y actos que pudieran contradecirla. El tema exige conocer la estructura del texto (Preámbulo, Título Preliminar y Títulos I a X), las atribuciones del Rey (Título II), la composición, el estatuto y el funcionamiento de Congreso y Senado (Título III), los procedimientos de elaboración de las normas con rango de ley (Título III, Capítulo II) y la composición, competencias y procesos del Tribunal Constitucional (Título IX y LO 2/1979).
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La CE fue aprobada por las Cortes el 31-10-1978, ratificada en referéndum el 6-12-1978, sancionada el 27-12-1978 y publicada en el BOE el 29-12-1978; solo se ha reformado dos veces (art. 13.2 en 1992 y art. 135 en 2011), ambas por el art. 167. La CE consta de Preámbulo, Título Preliminar (arts. 1-9) y diez títulos numerados (I a X), con 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. No confundir los valores superiores del art. 1.1 CE (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) con los siete principios del art. 9.3 CE (legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad). El art. 9.1 CE consagra la eficacia normativa directa e inmediata de la Constitución, sin necesidad de desarrollo legislativo previo. Reforma ordinaria (art. 167 CE): mayoría de 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión Paritaria; y, subsidiariamente, mayoría absoluta del Senado más 2/3 del Congreso. Referéndum solo facultativo si lo pide una décima parte de los miembros de una Cámara en los 15 días siguientes. TRAMPA: no es 2/3 del Senado. Reforma agravada (art. 168 CE): para revisión total o de Título Preliminar, Sección 1ª Capítulo II Título I o Título II; exige 2/3 de cada Cámara, disolución de las Cortes, ratificación de las nuevas Cámaras por 2/3 y referéndum obligatorio (el único preceptivo). El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3 CE); sus actos requieren refrendo del Presidente del Gobierno o Ministro competente (art. 64 CE), salvo la distribución de la cuantía global de la Casa Real y el nombramiento de su personal (art. 65); el refrendo de la propuesta de Presidente del Gobierno y de la disolución del art. 99 lo realiza el Presidente del Congreso. La sucesión (art. 57 CE) sigue el orden de primogenitura y representación: línea anterior sobre posteriores, grado más próximo, varón sobre mujer en igual grado y mayor sobre menor en igual sexo. El juramento del Rey ante las Cortes está en el art. 61. Entre las atribuciones del Rey (art. 62 CE): sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver Cortes, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, mando supremo de las Fuerzas Armadas y derecho de gracia sin poder autorizar indultos generales. Declarar la guerra y hacer la paz (art. 63.3) exige autorización previa de las Cortes. Las Cortes Generales (art. 66 CE) son inviolables, representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos y controlan la acción del Gobierno; se componen de Congreso y Senado. No hay mandato imperativo (art. 67.2). El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (350 según la LOREG), elegidos con representación proporcional (D'Hondt, barrera del 3%) y la provincia como circunscripción (mínimo 2 por provincia; Ceuta y Melilla, 1 cada una); mandato de 4 años. El Senado es la cámara de representación territorial: 4 senadores por provincia peninsular por elección directa con voto limitado a 3 candidatos, 3 para Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, 1 para las demás islas con Cabildo o Consejo, 2 para Ceuta y para Melilla, más senadores designados por las Asambleas autonómicas (uno fijo por Comunidad más uno por cada millón de habitantes). Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por opiniones en el ejercicio de sus funciones e inmunidad (solo detenibles en flagrante delito; inculpación o procesamiento sujetos a autorización de la Cámara); su causa penal corresponde a la Sala de lo Penal del TS. Periodos de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. La Diputación Permanente tiene un mínimo de 21 miembros y vela por los poderes de la Cámara cuando no está reunida o ha sido disuelta. La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) exige al menos 500.000 firmas y excluye las materias propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. TRAMPA: la planificación económica general no está entre las excluidas. En la tramitación de leyes, el Senado dispone de dos meses (veinte días naturales si hay urgencia) para vetar o enmendar; el veto exige mayoría absoluta del Senado y se levanta por mayoría absoluta del Congreso o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses. El Rey sanciona las leyes en 15 días; la ley entra en vigor, salvo disposición contraria, a los 20 días de su publicación completa en el BOE (art. 2.1 CC). Las leyes orgánicas (art. 81 CE) exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto; se reservan a derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y otras materias previstas en la Constitución (p. ej. LOPJ). Los decretos legislativos exigen delegación expresa, materia concreta y plazo (ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para textos refundidos); no cabe delegar materias de ley orgánica ni subdelegar. Los decretos-leyes (art. 86 CE) exigen extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CC.AA. ni Derecho electoral general, y deben convalidarse o derogarse por el Congreso en 30 días. El Tribunal Constitucional tiene 12 miembros (4 Congreso y 4 Senado por 3/5, 2 Gobierno, 2 CGPJ), juristas con más de 15 años de ejercicio, mandato de 9 años con renovación por terceras partes cada 3; su Presidente se elige entre los magistrados para un periodo de 3 años. El recurso de inconstitucionalidad se interpone en 3 meses desde la publicación de la norma por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores u órganos de las CC.AA.; la cuestión de inconstitucionalidad la plantea de oficio cualquier Juez o Tribunal. El recurso de amparo protege el art. 14 CE y los arts. 15-29 (más la objeción de conciencia del art. 30.2), no el resto de derechos del Título I; exige agotar la vía judicial previa (subsidiariedad) y especial trascendencia constitucional (LO 6/2007). Plazos: 3 meses (art. 42 LOTC), 20 días hábiles (art. 43) y 30 días hábiles (art. 44). La impugnación del art. 161.2 CE de disposiciones autonómicas por el Gobierno produce suspensión automática de la norma impugnada, que el TC debe ratificar o levantar en un plazo máximo de 5 meses. El TC no forma parte del Poder Judicial ni es una tercera instancia: es órgano constitucional, intérprete supremo de la Constitución, y sus sentencias no admiten recurso alguno (art. 164 CE).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229): Título Preliminar, Título II (La Corona), Título III (Las Cortes Generales), Título IX (Tribunal Constitucional) y Título X (Reforma constitucional).
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE-A-1979-23709).
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular (modificada por la LO 4/2006).
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, y Texto Refundido del Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994.
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