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Tema 26. Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación vigente en materia de archivos judiciales. Formas de remisión de documentación judicial y relaciones documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo de la documentación judicial.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El archivo judicial es el conjunto organizado de documentos generados por los órganos judiciales, conservados para garantizar su valor jurídico-probatorio, informativo e histórico. El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, distingue tres clases de archivos —de gestión, territoriales y central— y regula el expurgo como mecanismo controlado de eliminación de documentación sin valor, a cargo de las Juntas de Expurgo. La tramitación electrónica (Ley 18/2011 y Real Decreto-ley 6/2023) ha reducido el archivo en papel. La ordenación material, la custodia diaria y el traslado físico de la documentación entre archivos son cometidos habituales del Cuerpo de Auxilio Judicial.

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Concepto de documentación judicial

La documentación judicial comprende el conjunto de expedientes, autos, piezas de convicción y demás documentos generados o recibidos por Juzgados, Tribunales y Fiscalías en el ejercicio de sus funciones, tanto en soporte papel —progresivamente residual tras la generalización del expediente judicial electrónico— como en soporte electrónico, hoy predominante en la práctica totalidad de la actividad procesal.

Concepto de archivo judicial

El archivo judicial es la organización, con arreglo a los principios de procedencia y de orden original propios de la archivística, encargada de recibir, conservar, clasificar y facilitar el acceso a la documentación judicial, garantizando su valor jurídico-probatorio mientras el procedimiento esté vivo o pueda reabrirse, y su valor histórico transcurrido el tiempo de utilidad administrativa.

Marco normativo: el Real Decreto 937/2003 y la legislación autonómica

El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, constituye la norma estatal básica de referencia en la materia, sin perjuicio de las especialidades introducidas por la normativa autonómica de desarrollo en aquellas Comunidades Autónomas que ostentan competencias transferidas en materia de archivos y patrimonio documental.

Principios archivísticos: procedencia y orden original

El principio de procedencia exige mantener agrupada la documentación de un mismo órgano productor sin mezclarla con la de otros, mientras que el principio de orden original impone respetar la estructura y secuencia con que la documentación fue generada dentro de cada procedimiento, garantizando así su correcta identificación y localización posterior.

El Archivo de Gestión: características

El Archivo de Gestión, ubicado en el propio órgano judicial, custodia la documentación en tramitación activa y la recientemente terminada, siendo el nivel de archivo de manejo más frecuente para el personal de la Oficina Judicial en su trabajo diario de tramitación de expedientes.

Responsable del Archivo de Gestión: el Letrado de la Administración de Justicia

La responsabilidad del correcto funcionamiento del Archivo de Gestión corresponde al Letrado de la Administración de Justicia, sin perjuicio de que las tareas materiales de ordenación, custodia diaria y preparación de la documentación para su remisión al archivo territorial correspondan habitualmente al Cuerpo de Auxilio Judicial, en coordinación con el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (art. 478 LOPJ).

El Archivo Judicial Territorial: características y plazos de remisión

El Archivo Judicial Territorial, de ámbito provincial o superior, recibe la documentación ya concluida en el Archivo de Gestión. Según el RD 937/2003, los asuntos terminados por sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso se remiten al archivo territorial transcurrido un año desde su firmeza (plazo prudencial para que se inicie la ejecución, si procede); los asuntos paralizados por imposibilidad de continuar la tramitación se remiten transcurridos cinco años desde su incoación. En el archivo territorial se conserva la documentación hasta que transcurren los plazos de prescripción o caducidad, momento en que el responsable del archivo solicita al órgano judicial que confirme esa circunstancia y eleva a la Junta de Expurgo la relación de expedientes.

El Archivo Judicial Central y la conservación permanente

El tercer nivel es el Archivo Judicial Central, que conserva la documentación que por su valor deba custodiarse de forma permanente. La documentación que, tras el expurgo, se considera de valor histórico, cultural o de investigación se integra en el sistema de archivos históricos y, según los casos, se transfiere a los Archivos Históricos Provinciales o Autonómicos (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y normativa de archivos).

Transferencia entre niveles: las relaciones de entrega

El traslado de documentación entre niveles de archivo, o desde un órgano judicial a los archivos territoriales o históricos, se realiza mediante relaciones de entrega, documentos normalizados que identifican los expedientes remitidos, permitiendo el control y la trazabilidad de la documentación transferida a lo largo de todo su ciclo de vida.

Contenido de las relaciones de entrega

Las relaciones de entrega deben identificar cada expediente remitido por su número, año, tipo de procedimiento, partes y estado de conservación, elaborándose conforme a los cuadros de clasificación archivística aprobados para la documentación judicial y siendo verificadas por el archivo receptor antes de aceptar el traslado.

El cuadro de clasificación archivística

El cuadro de clasificación archivística es el instrumento técnico que organiza sistemáticamente las series documentales judiciales según su naturaleza y procedencia, garantizando que la documentación se clasifique de forma homogénea en todos los órganos y niveles de archivo, facilitando su localización posterior.

Comprobación de integridad antes de la remisión

Antes de remitir la documentación al archivo territorial correspondiente, debe comprobarse la integridad de cada expediente —foliación completa, ausencia de piezas separadas pendientes de unir, correspondencia con la relación de entrega elaborada— tarea que corresponde habitualmente al Cuerpo de Auxilio Judicial bajo la supervisión del Letrado de la Administración de Justicia.

Coordinación con el Cuerpo de Auxilio Judicial en el traslado físico

Mientras subsista documentación en soporte papel, el traslado físico de los expedientes entre el Archivo de Gestión y el Archivo Judicial Territorial se coordina entre el Cuerpo de Tramitación Procesal, responsable de la preparación documental, y el Cuerpo de Auxilio Judicial, que materializa el desplazamiento y la entrega física de la documentación.

El expediente judicial electrónico y su incidencia en el archivo físico

La generalización del expediente judicial electrónico ha reducido sustancialmente la necesidad de archivo físico, al integrar la remisión y conservación documental directamente en los sistemas de gestión procesal, sin necesidad de traslado material de los soportes, simplificando notablemente las tareas tradicionales de archivo.

Garantías del expediente electrónico: integridad, autenticidad, disponibilidad

El expediente judicial electrónico debe conservarse con garantías de integridad (no alteración del contenido), autenticidad (certeza sobre su origen) y disponibilidad (acceso garantizado durante todo el periodo de conservación exigido), requisitos que condicionan el diseño técnico de los sistemas de gestión procesal empleados en cada Administración.

Esquema Nacional de Seguridad y Esquema Nacional de Interoperabilidad

Los sistemas de gestión procesal electrónica deben cumplir las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad, en cuanto a la protección de la información y los servicios, y del Esquema Nacional de Interoperabilidad, en cuanto a la compatibilidad de formatos y sistemas entre los distintos órganos y Administraciones que intervienen en el proceso.

Sellado de tiempo y firma electrónica

La conservación del expediente electrónico incorpora mecanismos de sellado de tiempo, que acreditan de forma fehaciente el momento en que se incorporó un documento, y de firma electrónica de las resoluciones judiciales, que garantiza su autenticidad e integridad frente a manipulaciones posteriores.

Copias de seguridad y recuperación ante desastres

Los sistemas de archivo digital de gestión procesal incorporan políticas de copia de seguridad periódica y planes de recuperación ante desastres, orientados a evitar la pérdida irreparable de documentación judicial en caso de fallo técnico, ciberataque o catástrofe física en las instalaciones donde se alojan los servidores.

Trazabilidad de accesos (auditoría)

Todo acceso al expediente judicial electrónico queda registrado mediante sistemas de auditoría que permiten conocer en todo momento quién ha accedido a la documentación, cuándo y con qué finalidad, garantía adicional frente a accesos indebidos y herramienta de control en caso de incidencias de seguridad o de protección de datos.

Digitalización retrospectiva de expedientes en papel

La digitalización retrospectiva de expedientes en papel conservados en archivos territoriales o históricos constituye una línea de trabajo en desarrollo, orientada a facilitar el acceso remoto y la conservación a largo plazo de documentación judicial generada antes de la generalización del expediente electrónico.

El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (art. 230.6 LOPJ)

El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) garantiza la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal empleados en los distintos territorios entre los diferentes órganos judiciales y Administraciones con competencias en materia de Justicia, conforme a lo previsto en el art. 230.6 LOPJ y en la Ley 18/2011.

Las Juntas de Expurgo: composición

La Junta de Expurgo es el órgano colegiado encargado de decidir sobre la conservación o eliminación de la documentación judicial. En las Juntas adscritas al Ministerio de Justicia la preside un Magistrado designado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con voto dirimente en caso de empate, e integran la Junta un Fiscal designado por el Fiscal Jefe del TSJ y el Gerente Territorial del Ministerio. En las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, la preside un Magistrado y la integran, en todo caso, un miembro de la carrera fiscal, un Letrado de la Administración de Justicia (antes secretario judicial) y un técnico superior especialista en archivos designado por la Administración competente en patrimonio histórico.

Procedimiento de expurgo: tablas de valoración documental y dictamen técnico

El expurgo exige un procedimiento reglado: el responsable del archivo eleva a la Junta de Expurgo la relación de expedientes cuyos plazos han vencido, y ésta, a la vista de la valoración de las series documentales, decide entre su conservación permanente, su conservación por un plazo determinado o su eliminación. Solo tras la resolución favorable de la Junta puede procederse a la destrucción física, que debe garantizar la confidencialidad de los datos.

Documentación excluida del expurgo

Se excluyen del régimen del RD 937/2003 los libros de sentencias, los libros de registro, otros libros de preceptiva llevanza y los expedientes del Registro Civil. En el expurgo, la Junta decide conservar con carácter permanente la documentación con valor histórico, social o jurisprudencial relevante y la sujeta a obligaciones legales de conservación; las piezas de convicción y los efectos judiciales pendientes de resolución sobre su destino final no pueden destruirse sin la correspondiente resolución judicial.

Ciclo de vida de la documentación judicial: esquema

Ciclo: tramitación activa y firmeza (archivo de gestión, en el propio órgano) → remisión al Archivo Judicial Territorial (un año tras la firmeza; cinco años si el asunto está paralizado) → conservación en el territorial hasta que vencen los plazos de prescripción o caducidad → relación de expedientes elevada a la Junta de Expurgo → decisión de conservación permanente, temporal o eliminación → destrucción o transferencia a archivos históricos.

Formas de remisión de documentación judicial

La remisión de documentación entre órganos y a otras instituciones adopta varias formas: remisión de autos originales o de testimonio de los mismos al tribunal superior para resolver recursos; envío de oficios, mandamientos y testimonios o certificaciones, que expide el LAJ como depositario de la fe pública judicial; remisión de expedientes a archivos mediante relaciones de entrega; y envío electrónico a través de LexNET y del expediente judicial electrónico. Siempre debe quedar constancia fehaciente de la fecha y de quien recibe.

Relaciones documentales: tipos y contenido

Las relaciones documentales son listados normalizados que identifican los expedientes o documentos que se envían o conservan: relación de entrega al archivo (número, año, tipo de procedimiento, partes, estado de conservación), relación de expedientes sujetos a expurgo elevada a la Junta, y registros internos de remisiones y devoluciones. Permiten el control, la localización y la trazabilidad de la documentación a lo largo de su ciclo de vida.

Documento electrónico, copia electrónica y código seguro de verificación

El documento judicial electrónico es información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Las copias electrónicas de documentos en papel (digitalización) tienen el mismo valor que el original si se realizan conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad; el código seguro de verificación permite comprobar la autenticidad del documento firmado.

Protección de datos en los archivos judiciales

El tratamiento de datos personales en la actividad judicial se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 y la LO 3/2018 y, en materia penal, por la LO 7/2021; la LOPJ (arts. 236 bis y ss.) regula la protección de datos con fines jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En la custodia de expedientes en papel o electrónicos hay que garantizar el acceso solo a quien tenga legitimación y evitar la difusión de datos de menores, víctimas o procesos reservados.

Piezas de convicción y efectos judiciales en el archivo

Las piezas de convicción son objetos relacionados con el delito que se conservan a disposición judicial. Su custodia, conservación y destino final (devolución, destrucción o enajenación) se rige por la LECrim (arts. 367 bis y ss.) y por la resolución firme del procedimiento. No se archivan junto con el expediente: se depositan en los lugares habilitados y se anotan en el registro correspondiente.

El Sistema Español de Archivos y la legislación de patrimonio documental

Los documentos judiciales forman parte del patrimonio documental español protegido por la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. El Real Decreto 1708/2011 establece el Sistema Español de Archivos, en el que se integran los archivos de las Administraciones. Las Comunidades Autónomas con competencias en archivos regulan su propia red y colaboran con el Ministerio en la gestión de los archivos judiciales territoriales.

Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión

Los sistemas de gestión procesal (como Minerva, y otros según el territorio) permiten registrar cada procedimiento, generar las relaciones de entrega, localizar expedientes y controlar plazos de archivo. Se complementan con escáneres y sistemas de digitalización, almacenamiento seguro, firma electrónica, sellado de tiempo y respaldo en copias de seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) fijan los requisitos técnicos.

Actuaciones del Cuerpo de Auxilio Judicial en el archivo de gestión

Comprobar la integridad del expediente (foliación, piezas separadas, documentos originales), preparar las cajas y relaciones de entrega, realizar el traslado físico, registrar el movimiento de expedientes (salidas y devoluciones) y colaborar en la localización de documentos solicitados. Todo ello bajo la dirección del LAJ, que es el responsable del archivo de gestión.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El archivo judicial se organiza conforme a los principios archivísticos de procedencia (documentación de un mismo órgano agrupada sin mezclar) y de orden original (respeto a la secuencia en que se generó).
  • El sistema de archivos judiciales tiene tres clases: de Gestión (en el propio órgano, bajo responsabilidad del LAJ), Territorial (provincial; los asuntos terminados por resolución firme se remiten tras un año, los paralizados tras cinco años desde la incoación) y Central, con conservación permanente y transferencia a archivos históricos tras el expurgo.
  • El Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, es la norma estatal básica de referencia, sin perjuicio de la normativa autonómica de desarrollo donde exista competencia transferida.
  • La custodia diaria, ordenación y traslado físico de expedientes entre niveles de archivo es función típica del Cuerpo de Auxilio Judicial, en coordinación con el Cuerpo de Tramitación Procesal, bajo supervisión del LAJ.
  • Las relaciones de entrega son los documentos normalizados que identifican los expedientes remitidos entre niveles de archivo, permitiendo control y trazabilidad; se elaboran conforme al cuadro de clasificación archivística.
  • El expediente judicial electrónico ha reducido sustancialmente el archivo físico, exigiendo garantías de integridad, autenticidad y disponibilidad, conforme al Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad.
  • El sellado de tiempo, la firma electrónica de resoluciones, las copias de seguridad y la trazabilidad de accesos (auditoría) son garantías propias de la conservación del expediente electrónico.
  • El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) garantiza la compatibilidad de los sistemas de gestión procesal entre territorios (art. 230.6 LOPJ).
  • La Junta de Expurgo, presidida por un Magistrado y con un Fiscal, un LAJ o Gerente Territorial y un técnico de archivos según el caso, decide sobre conservación o eliminación de documentación.
  • Quedan fuera del RD 937/2003 los libros de sentencias, los libros de registro y otros libros de preceptiva llevanza y los expedientes del Registro Civil; las piezas de convicción no se destruyen sin resolución judicial.
  • Cifras del RD 937/2003 a memorizar: 1 año tras la firmeza para remitir al archivo territorial; 5 años desde la incoación para los asuntos paralizados.
  • Las Juntas de Expurgo están presididas por un Magistrado (voto dirimente), con un Fiscal, un LAJ o Gerente Territorial y un técnico de archivos según el ámbito.
  • El RD 937/2003 excluye los libros de sentencias, los libros de registro y los expedientes del Registro Civil.
  • Las clases de archivo son tres: gestión, territorial y central (el histórico es el destino de la documentación que se conserva).
  • El CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica) valida la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal.
  • Normas de seguridad: ENS (Real Decreto 311/2022) y ENI (Real Decreto 4/2010).
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¿Qué instrumento se utiliza para trasladar documentación del archivo de gestión al archivo territorial?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 26 de Auxilio Judicial?

El archivo judicial es el conjunto organizado de documentos generados por los órganos judiciales, conservados para garantizar su valor jurídico-probatorio, informativo e histórico. El Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, distingue tres clases de archivos —de gestión, territoriales y central— y regula el expurgo como mecanismo controlado de eliminación de documentación sin valor, a cargo de las Juntas de Expurgo. La tramitación electrónica (Ley 18/2011 y Real Decreto-ley 6/2023) ha reducido el archivo en papel. La ordenación material, la custodia diaria y el traslado físico de la documentación entre archivos son cometidos habituales del Cuerpo de Auxilio Judicial.

¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?

El archivo judicial se organiza conforme a los principios archivísticos de procedencia (documentación de un mismo órgano agrupada sin mezclar) y de orden original (respeto a la secuencia en que se generó). El sistema de archivos judiciales tiene tres clases: de Gestión (en el propio órgano, bajo responsabilidad del LAJ), Territorial (provincial; los asuntos terminados por resolución firme se remiten tras un año, los paralizados tras cinco años desde la incoación) y Central, con conservación permanente y transferencia a archivos históricos tras el expurgo. El Real Decreto 937/2003, de modernización de los archivos judiciales, es la norma estatal básica de referencia, sin perjuicio de la normativa autonómica de desarrollo donde exista competencia transferida. La custodia diaria, ordenación y traslado físico de expedientes entre niveles de archivo es función típica del Cuerpo de Auxilio Judicial, en coordinación con el Cuerpo de Tramitación Procesal, bajo supervisión del LAJ. Las relaciones de entrega son los documentos normalizados que identifican los expedientes remitidos entre niveles de archivo, permitiendo control y trazabilidad; se elaboran conforme al cuadro de clasificación archivística. El expediente judicial electrónico ha reducido sustancialmente el archivo físico, exigiendo garantías de integridad, autenticidad y disponibilidad, conforme al Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. El sellado de tiempo, la firma electrónica de resoluciones, las copias de seguridad y la trazabilidad de accesos (auditoría) son garantías propias de la conservación del expediente electrónico. El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) garantiza la compatibilidad de los sistemas de gestión procesal entre territorios (art. 230.6 LOPJ). La Junta de Expurgo, presidida por un Magistrado y con un Fiscal, un LAJ o Gerente Territorial y un técnico de archivos según el caso, decide sobre conservación o eliminación de documentación. Quedan fuera del RD 937/2003 los libros de sentencias, los libros de registro y otros libros de preceptiva llevanza y los expedientes del Registro Civil; las piezas de convicción no se destruyen sin resolución judicial. Cifras del RD 937/2003 a memorizar: 1 año tras la firmeza para remitir al archivo territorial; 5 años desde la incoación para los asuntos paralizados. Las Juntas de Expurgo están presididas por un Magistrado (voto dirimente), con un Fiscal, un LAJ o Gerente Territorial y un técnico de archivos según el ámbito. El RD 937/2003 excluye los libros de sentencias, los libros de registro y los expedientes del Registro Civil. Las clases de archivo son tres: gestión, territorial y central (el histórico es el destino de la documentación que se conserva). El CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica) valida la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal. Normas de seguridad: ENS (Real Decreto 311/2022) y ENI (Real Decreto 4/2010).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales (BOE-A-2003-15237).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 230.6, 236 bis y ss. y 478.
  • Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad; Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos.
  • Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (convalidado: BOE-A-2024-665).

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