Tema 23. Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las comisiones rogatorias.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Cuando un órgano judicial necesita comunicarse con otras autoridades u órganos, o practicar actuaciones fuera de su circunscripción, la LEC articula los oficios y mandamientos, el auxilio judicial mediante exhortos y la cooperación jurídica internacional mediante comisiones rogatorias; la LECrim regula paralelamente los suplicatorios, exhortos y mandamientos en el proceso penal (Título VIII del Libro I). En el ámbito internacional rigen la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil, los Reglamentos de la UE y los convenios, hoy en proceso de digitalización (Reglamento (UE) 2023/2844). La práctica material de las diligencias ordenadas por exhorto —notificaciones, embargos, lanzamientos— en el partido judicial exhortado es tarea central del Cuerpo de Auxilio Judicial, aunque la expedición y autorización del exhorto correspondan siempre al Letrado de la Administración de Justicia.
Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: concepto (art. 149 LEC)
El art. 149 LEC enumera seis clases de actos de comunicación: notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos, dirigidos a las partes y demás intervinientes en el proceso, y mandamientos y oficios, que se emplean para la comunicación con Registradores, Notarios, funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y otras autoridades y funcionarios. Los actos de comunicación con otros tribunales se articulan mediante exhortos (arts. 169 y ss. LEC).
Los mandamientos (art. 149.5ª LEC)
El mandamiento (art. 149.5ª LEC) ordena el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques y de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a los Notarios o a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Se emplea, por ejemplo, para solicitar la anotación preventiva de una demanda en el Registro de la Propiedad o el testimonio de una escritura pública.
Los oficios (art. 149.6ª LEC)
El oficio (art. 149.6ª LEC) se emplea para las comunicaciones con autoridades no judiciales y con funcionarios distintos de los que reciben mandamientos, como autoridades administrativas u otros organismos públicos, cuando se les requiere información o la práctica de una actuación que no constituye propiamente auxilio judicial.
Forma y remisión de oficios y mandamientos
Tanto los oficios como los mandamientos son firmados por el Letrado de la Administración de Justicia, salvo que la ley disponga otra cosa, y se remiten directamente por medios telemáticos entre las Administraciones y organismos que dispongan de sistemas de interconexión, sin perjuicio de que las partes puedan diligenciarlos personalmente si lo solicitan, corriendo en tal caso con los gastos que ocasionen.
El auxilio judicial: concepto y fundamento (art. 169 LEC)
El auxilio judicial es el deber que tienen los tribunales civiles de prestarse mutuamente colaboración en aquellas actuaciones que, ordenadas por uno de ellos, requieran la práctica de diligencias fuera de su propia circunscripción territorial, garantizando así la eficacia del proceso con independencia del ámbito territorial en que deban realizarse las actuaciones.
Supuestos de procedencia del auxilio judicial
Procede el auxilio judicial para las actuaciones que deban practicarse fuera de la circunscripción del tribunal, cuando no sea posible o conveniente el desplazamiento del propio tribunal ni la utilización de medios de videoconferencia u otro sistema similar, así como para actuaciones que, aun dentro del mismo partido judicial, deban practicarse fuera del término municipal en que tenga su sede el órgano.
Órgano exhortante y órgano exhortado
El órgano exhortante es el que ordena la práctica de la actuación y dirige el exhorto; el órgano exhortado es aquel al que se dirige la solicitud de colaboración, correspondiéndole comprobar únicamente su propia competencia territorial para llevar a cabo la diligencia interesada, sin poder entrar a valorar la procedencia de fondo de la actuación solicitada.
Contenido del exhorto (art. 171.1 LEC)
El exhorto debe contener la designación de los tribunales exhortante y exhortado, el asunto que motiva la expedición, la identificación de las partes y de sus representantes o defensores, las actuaciones cuya práctica se interesa, el plazo, si lo hubiere, para llevarlas a cabo, y los documentos que, en su caso, deban acompañarse.
Expedición y autorización del exhorto (art. 171.2 LEC)
La expedición y autorización del exhorto corresponde siempre al Letrado de la Administración de Justicia, con independencia de que su tramitación material —redacción, preparación de la documentación y anexos, remisión— la realicen los Cuerpos Generales de la Oficina judicial bajo su dirección; recibido el exhorto en el órgano exhortado, es el Cuerpo de Auxilio Judicial quien practica materialmente la diligencia ordenada (notificación, embargo, lanzamiento) y la devuelve cumplimentada dentro de plazo.
Remisión del exhorto: medios telemáticos
El exhorto se remite directamente al órgano exhortado, preferentemente por medios electrónicos a través de los sistemas de comunicación judicial existentes entre órganos, sin necesidad de intervención de otras instancias intermedias, lo que agiliza notablemente su tramitación frente al sistema tradicional de remisión en papel por correo o mensajería.
Cumplimiento del exhorto por el órgano exhortado (art. 173 LEC)
El tribunal exhortado tiene el deber legal de dar cumplimiento al exhorto sin poder entrar a valorar la procedencia de la actuación solicitada, limitándose a comprobar su propia competencia territorial; este principio de auxilio judicial obligatorio garantiza la eficacia del sistema y evita que el órgano exhortado revise el fondo de lo acordado por el exhortante.
Plazo de cumplimentación del exhorto (art. 165 LEC)
El plazo general para cumplimentar los actos de comunicación por auxilio judicial es de veinte días desde la recepción del despacho, sin perjuicio de que el propio exhorto pueda señalar un plazo distinto cuando la naturaleza de la actuación así lo requiera, en particular en supuestos de urgencia justificada.
Devolución del exhorto cumplimentado (art. 175.2 LEC)
Una vez cumplimentado el exhorto, su resultado se comunica al órgano exhortante por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema que garantice la constancia de la recepción. Las actuaciones de auxilio judicial practicadas se remiten por correo certificado o se entregan al litigante o procurador al que se hubiese encomendado la gestión del exhorto, que debe presentarlas en el órgano exhortante dentro de los diez días siguientes (art. 175 LEC).
Corrección disciplinaria por demora injustificada (art. 176 LEC)
El litigante que, sin justa causa, demore la presentación del exhorto al órgano exhortado o la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido confiada puede ser corregido con multa de 30 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido (art. 176 LEC, en relación con los arts. 172.2 y 175.2), sanción que busca evitar que la diligenciación por las propias partes se convierta en un instrumento de dilación del proceso.
El órgano que presta el auxilio (art. 170 LEC)
Corresponde prestar el auxilio a la Oficina Judicial del Juzgado o Sección correspondiente al lugar donde deba practicarse la actuación; si en dicho lugar solo existe un Juzgado de Paz y el auxilio consiste en un acto de comunicación o en una intervención por videoconferencia, la prestación del auxilio corresponde a este último.
Los exhortos y mandamientos en el proceso penal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el auxilio judicial en el Título VIII del Libro I (suplicatorios, exhortos y mandamientos, arts. 183 y ss.): cuando una diligencia deba ser ejecutada por un juez o tribunal distinto del que la haya ordenado, éste la encomienda mediante suplicatorio (si se dirige a un juez o tribunal superior en grado), exhorto (si es de igual grado) o mandamiento o carta-orden (si se dirige a un subordinado). El órgano que lo recibe acuerda su cumplimiento, sin perjuicio de reclamar la competencia que estime corresponderle, y dispone lo necesario para que las diligencias se practiquen dentro del plazo fijado o lo más pronto posible. Los mandamientos y oficios se dirigen también a la Policía Judicial y otras autoridades para detenciones, entradas y registros o remisión de información.
Urgencia en las comunicaciones penales: medios telemáticos y telefónicos
La urgencia propia de muchas diligencias penales, especialmente en fase de instrucción y en el servicio de guardia, justifica que estos actos de comunicación puedan cursarse por medios telemáticos o incluso telefónicos con posterior ratificación documental, sin perjuicio del control judicial posterior de su regularidad y de la incorporación formal al procedimiento de la diligencia practicada.
Cooperación jurídica internacional: marco normativo (Ley 29/2015)
Cuando la actuación deba practicarse fuera de España, la cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil se rige por los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y, en su defecto, por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que regula el régimen de las solicitudes de cooperación activas (España solicita a otro Estado) y pasivas (otro Estado solicita a España). Se aplica con carácter supletorio respecto de los tratados y normas de la UE.
Las comisiones rogatorias: concepto
La comisión rogatoria, o carta rogatoria, es el instrumento clásico de cooperación jurídica internacional por el cual un tribunal español solicita de la autoridad judicial de otro Estado la práctica de un acto procesal concreto —notificación, obtención de prueba, embargo— que no puede realizar directamente por carecer de jurisdicción extraterritorial.
Tramitación de comisiones rogatorias: vía diplomática y comunicación directa
La comisión rogatoria se tramita conforme a los tratados y convenios internacionales aplicables (por ejemplo, el Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil) o, en su defecto, por el principio de reciprocidad, canalizándose generalmente a través de la autoridad central de cada Estado y, en su caso, por vía diplomática, aunque los instrumentos más modernos de cooperación permiten la comunicación directa entre las autoridades judiciales requirente y requerida.
La autoridad central en materia de cooperación jurídica internacional
En España, la autoridad central designada con carácter general para canalizar las solicitudes de cooperación jurídica internacional es el Ministerio de Justicia, sin perjuicio de la comunicación directa entre órganos judiciales que permiten determinados instrumentos, en particular los de la Unión Europea.
El Reglamento (UE) 2020/1783 sobre obtención de pruebas
En el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2020/1783 (refundición) relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil sustituye el sistema de comisión rogatoria por la comunicación directa entre el órgano jurisdiccional requirente y el requerido, con un sistema informático descentralizado. El Reglamento (UE) 2020/1784 regula del mismo modo la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales. Ambos son aplicables desde el 1 de julio de 2022.
Diferencias entre exhorto, comisión rogatoria y auxilio judicial en la Unión Europea
El exhorto es el instrumento de auxilio judicial interno entre órganos judiciales españoles; la comisión rogatoria es el instrumento clásico de cooperación con Estados no pertenecientes a la Unión Europea o sin instrumento de comunicación directa aplicable; en el espacio judicial europeo, los reglamentos de la Unión (obtención de pruebas, notificación de documentos) sustituyen ambos por mecanismos de comunicación directa entre autoridades judiciales de los Estados miembros.
Función del Cuerpo de Auxilio Judicial en estos actos de comunicación
Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial la práctica material del exhorto, mandamiento u oficio conforme a lo ordenado por el Letrado de la Administración de Justicia: desplazarse al lugar señalado, identificar al destinatario, practicar la diligencia y extender el acta o diligencia acreditativa de su resultado, positiva o negativa, para su devolución al órgano exhortante.
El auxilio judicial en la LOPJ (arts. 273 a 278)
La LOPJ establece que los Jueces y Tribunales se prestarán mutuamente el auxilio judicial que se soliciten para el cumplimiento de sus resoluciones. El auxilio judicial se solicita al órgano que deba prestarlo y se cursa siguiendo las normas de las leyes procesales; el órgano requerido solo puede denegarlo en los casos legalmente previstos (por ejemplo, falta de competencia territorial). Las solicitudes entre órganos judiciales se cursan por medios electrónicos cuando es posible.
Trámite del exhorto civil: expedición, remisión y cumplimiento
El LAJ expide y autoriza el exhorto; este se remite al órgano exhortado preferentemente por medios electrónicos y, si se encomienda su gestión al litigante o su procurador, la parte debe presentarlo ante el órgano exhortado en un plazo de diez días (art. 172.2 LEC). El órgano exhortado debe cumplimentar los actos de comunicación en el plazo máximo de veinte días (art. 165 LEC), expresando en su caso las causas de la dilación. Ni el exhortante ni el exhortado pueden valorar el fondo de la actuación más allá de lo que a cada uno compete.
Oficios y mandamientos: forma y práctica diaria
El oficio y el mandamiento se firman por el LAJ y deben expresar con claridad el órgano que los emite, el procedimiento, la resolución que los motiva y la actuación solicitada o el plazo. Es habitual su remisión por medios electrónicos (LexNET) a organismos con interconexión; los destinatarios que no la tengan, o las partes que lo pidan, recibirán el original en papel. El Cuerpo de Auxilio Judicial puede encargarse de su entrega y de recabar el acuse.
Ley 29/2015: ejes de la cooperación jurídica internacional civil
La Ley 29/2015 regula los actos de comunicación y de obtención de pruebas en el extranjero, el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras (exequátur) y la información sobre derecho extranjero. Las solicitudes activas deben redactarse en el idioma del Estado requerido o acompañarse de traducción, y se tramitan a través de la autoridad central o de la vía directa prevista por el tratado aplicable. El Ministerio de Justicia es la autoridad central de cooperación jurídica internacional en materia civil.
Convenios internacionales de cooperación judicial civil
Entre los convenios más relevantes figuran el Convenio de La Haya de 1965 sobre notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, y el Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil. Se complementan con convenios bilaterales y con los Reglamentos de la UE, que prevalecen en las relaciones intracomunitarias.
Cooperación jurídica internacional en materia penal
En el proceso penal, la asistencia judicial se articula mediante comisiones rogatorias internacionales y los convenios de asistencia (como el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 1959, y el Convenio de la UE de 2000). En el espacio de la Unión rige el principio de reconocimiento mutuo regulado en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (modificada por la Ley 3/2018, que incorporó la Orden Europea de Investigación), que incluye la Orden Europea de Detención y Entrega y permite la comunicación directa entre autoridades judiciales.
Digitalización de la cooperación judicial: Reglamento (UE) 2023/2844
El Reglamento (UE) 2023/2844, de 13 de diciembre de 2023, sobre digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, establece el marco para la comunicación electrónica entre autoridades mediante un sistema informático descentralizado y es aplicable desde el 1 de mayo de 2025, con aplicación progresiva a los distintos instrumentos de cooperación.
El Punto Neutro Judicial y otras vías de colaboración
El Punto Neutro Judicial es la plataforma que permite a órganos judiciales y Oficinas judiciales consultar información de organismos públicos (domicilios, registros, patrimonio) sin necesidad de librar oficios individualmente. Su uso reduce los oficios en papel y evita repetir diligencias de localización.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 149 LEC distingue 6 clases de actos de comunicación: notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios.
El mandamiento se dirige a Registradores (de la Propiedad, Mercantiles, de Buques y de Venta a Plazos de Bienes Muebles), Notarios o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; el oficio, a autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los anteriores (art. 149.5ª y 6ª LEC).
El auxilio judicial (art. 169 LEC) es el deber de los tribunales de colaborar mutuamente para actuaciones fuera de su circunscripción cuando no procede el desplazamiento propio ni la videoconferencia.
El órgano exhortado solo comprueba su propia competencia territorial, sin poder valorar la procedencia de fondo de la actuación solicitada (art. 173 LEC).
La expedición y autorización de los exhortos corresponde siempre al Letrado de la Administración de Justicia (art. 171.2 LEC), nunca directamente al Juez, aunque la práctica material de la diligencia (notificación, embargo, lanzamiento) en el órgano exhortado corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial.
El plazo general para cumplimentar los actos de comunicación por auxilio judicial es de 20 días desde su recepción (art. 165 LEC); el litigante o procurador al que se encomienda el exhorto debe presentarlo en el órgano exhortado y devolver lo actuado en el plazo de 10 días (arts. 172.2 y 175.2 LEC).
El litigante que demore sin justa causa la presentación o devolución del exhorto puede ser corregido con multa de 30 euros por cada día de retraso (art. 176 LEC).
Si en el lugar donde debe prestarse el auxilio solo existe un Juzgado de Paz, y se trata de un acto de comunicación o videoconferencia, corresponde a este prestar el auxilio (art. 170 LEC).
En el proceso penal, los exhortos solicitan diligencias de instrucción a otro órgano judicial, y los mandamientos/oficios se dirigen a la Policía Judicial y otras autoridades; la urgencia justifica su curso por medios telemáticos o telefónicos con posterior ratificación documental.
La cooperación jurídica internacional en materia civil se rige por la Ley 29/2015, con carácter supletorio respecto de tratados y normas de la UE; el Ministerio de Justicia es la autoridad central general.
Las comisiones rogatorias son el instrumento clásico de cooperación internacional cuando no existe un mecanismo más ágil (como los Reglamentos de la UE de obtención de pruebas o notificación de documentos, que sustituyen la comisión rogatoria por comunicación directa entre autoridades judiciales).
Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial la práctica material del exhorto, mandamiento u oficio: desplazarse, identificar al destinatario, practicar la diligencia y extender el acta de resultado, positivo o negativo.
Trampa: el mandamiento no se dirige a cualquier autoridad: sus destinatarios son Registradores, Notarios y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; para el resto de autoridades no judiciales se emplea el oficio.
LECrim: suplicatorio (a órgano superior), exhorto (a igual grado) y mandamiento o carta-orden (a subordinado); regulados en el Título VIII del Libro I.
Los Reglamentos (UE) 2020/1783 (pruebas) y 2020/1784 (notificaciones) se aplican desde el 1 de julio de 2022; el Reglamento (UE) 2023/2844 digitaliza la cooperación judicial desde el 1 de mayo de 2025.
La orden europea de investigación se introdujo en la Ley 23/2014 mediante la Ley 3/2018; no es una ley independiente de reconocimiento mutuo.
Plazos de memoria: 20 días (cumplimentar actos por auxilio), 10 días (presentar y devolver el exhorto el litigante), 30 euros diarios de multa por demora.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué Reglamento europeo regula la cooperación en la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, aplicable desde el 1 de julio de 2022?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 23 de Auxilio Judicial?
Cuando un órgano judicial necesita comunicarse con otras autoridades u órganos, o practicar actuaciones fuera de su circunscripción, la LEC articula los oficios y mandamientos, el auxilio judicial mediante exhortos y la cooperación jurídica internacional mediante comisiones rogatorias; la LECrim regula paralelamente los suplicatorios, exhortos y mandamientos en el proceso penal (Título VIII del Libro I). En el ámbito internacional rigen la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil, los Reglamentos de la UE y los convenios, hoy en proceso de digitalización (Reglamento (UE) 2023/2844). La práctica material de las diligencias ordenadas por exhorto —notificaciones, embargos, lanzamientos— en el partido judicial exhortado es tarea central del Cuerpo de Auxilio Judicial, aunque la expedición y autorización del exhorto correspondan siempre al Letrado de la Administración de Justicia.
¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?
El art. 149 LEC distingue 6 clases de actos de comunicación: notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios. El mandamiento se dirige a Registradores (de la Propiedad, Mercantiles, de Buques y de Venta a Plazos de Bienes Muebles), Notarios o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; el oficio, a autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los anteriores (art. 149.5ª y 6ª LEC). El auxilio judicial (art. 169 LEC) es el deber de los tribunales de colaborar mutuamente para actuaciones fuera de su circunscripción cuando no procede el desplazamiento propio ni la videoconferencia. El órgano exhortado solo comprueba su propia competencia territorial, sin poder valorar la procedencia de fondo de la actuación solicitada (art. 173 LEC). La expedición y autorización de los exhortos corresponde siempre al Letrado de la Administración de Justicia (art. 171.2 LEC), nunca directamente al Juez, aunque la práctica material de la diligencia (notificación, embargo, lanzamiento) en el órgano exhortado corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial. El plazo general para cumplimentar los actos de comunicación por auxilio judicial es de 20 días desde su recepción (art. 165 LEC); el litigante o procurador al que se encomienda el exhorto debe presentarlo en el órgano exhortado y devolver lo actuado en el plazo de 10 días (arts. 172.2 y 175.2 LEC). El litigante que demore sin justa causa la presentación o devolución del exhorto puede ser corregido con multa de 30 euros por cada día de retraso (art. 176 LEC). Si en el lugar donde debe prestarse el auxilio solo existe un Juzgado de Paz, y se trata de un acto de comunicación o videoconferencia, corresponde a este prestar el auxilio (art. 170 LEC). En el proceso penal, los exhortos solicitan diligencias de instrucción a otro órgano judicial, y los mandamientos/oficios se dirigen a la Policía Judicial y otras autoridades; la urgencia justifica su curso por medios telemáticos o telefónicos con posterior ratificación documental. La cooperación jurídica internacional en materia civil se rige por la Ley 29/2015, con carácter supletorio respecto de tratados y normas de la UE; el Ministerio de Justicia es la autoridad central general. Las comisiones rogatorias son el instrumento clásico de cooperación internacional cuando no existe un mecanismo más ágil (como los Reglamentos de la UE de obtención de pruebas o notificación de documentos, que sustituyen la comisión rogatoria por comunicación directa entre autoridades judiciales). Corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial la práctica material del exhorto, mandamiento u oficio: desplazarse, identificar al destinatario, practicar la diligencia y extender el acta de resultado, positivo o negativo. Trampa: el mandamiento no se dirige a cualquier autoridad: sus destinatarios son Registradores, Notarios y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; para el resto de autoridades no judiciales se emplea el oficio. LECrim: suplicatorio (a órgano superior), exhorto (a igual grado) y mandamiento o carta-orden (a subordinado); regulados en el Título VIII del Libro I. Los Reglamentos (UE) 2020/1783 (pruebas) y 2020/1784 (notificaciones) se aplican desde el 1 de julio de 2022; el Reglamento (UE) 2023/2844 digitaliza la cooperación judicial desde el 1 de mayo de 2025. La orden europea de investigación se introdujo en la Ley 23/2014 mediante la Ley 3/2018; no es una ley independiente de reconocimiento mutuo. Plazos de memoria: 20 días (cumplimentar actos por auxilio), 10 días (presentar y devolver el exhorto el litigante), 30 euros diarios de multa por demora.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 149, 165-177.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 273-278.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Título VIII del Libro I (arts. 183 y ss.).
Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil.
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, modificada por la Ley 3/2018, de 11 de junio (Orden Europea de Investigación).
Reglamento (UE) 2020/1783 (obtención de pruebas), Reglamento (UE) 2020/1784 (notificación de documentos) y Reglamento (UE) 2023/2844 (digitalización de la cooperación judicial).
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