Tema 18. Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ordinario, abreviado, juicio sobre delitos leves y de jurado. Especial mención a los Juicios Rápidos. Breve referencia al procedimiento restaurativo.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) prevé distintos cauces según la gravedad del delito: el procedimiento ordinario por delitos graves, articulado en sumario y juicio oral; el procedimiento abreviado, cauce ordinario para la generalidad de los delitos; el proceso ante el Tribunal del Jurado para delitos tasados; y el juicio sobre delitos leves y los Juicios Rápidos, de mayor agilidad. Desde el 3 de abril de 2025 rige la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce la audiencia preliminar en el abreviado, suprime el límite de seis años para la conformidad, amplía los Juicios Rápidos y regula la justicia restaurativa. Esta se incorpora como complemento, no sustituto, del proceso penal. El Cuerpo de Auxilio Judicial interviene practicando citaciones, notificaciones y órdenes de detención en todos estos procedimientos.
El principio del juez imparcial: separación de instrucción y enjuiciamiento
La doctrina constitucional exige que quien instruye una causa penal no sea quien la enjuicia y falla, para preservar su imparcialidad objetiva; se traduce en atribuir la instrucción a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia y el enjuiciamiento a un órgano distinto (Sección de lo Penal o Audiencia Provincial).
Principios del proceso penal
Rigen los principios de legalidad procesal, acusatorio (no hay condena sin acusación previa, correspondiendo acusar y juzgar a sujetos distintos), contradicción y defensa, presunción de inocencia, oficialidad (la acción penal se ejerce de oficio por el Fiscal en delitos públicos) e inmediación y oralidad en el juicio oral.
Competencia objetiva penal
La Sección de Instrucción instruye todos los delitos de su partido judicial; la Sección de lo Penal enjuicia los delitos con pena no superior a 5 años; la Audiencia Provincial enjuicia los delitos graves y conoce en apelación de las resoluciones de instancia; el Tribunal del Jurado conoce de los delitos de su competencia tasada.
El procedimiento ordinario por delitos graves (arts. 299-748 LECrim)
Se sigue para delitos con pena privativa de libertad superior a 9 años, con dos fases: instrucción o sumario (dirigida a averiguar el delito y sus circunstancias) y juicio oral ante la Audiencia Provincial.
El sumario: incoación
El proceso se inicia por denuncia, querella, atestado policial o de oficio; el Cuerpo de Auxilio Judicial puede intervenir en esta fase practicando citaciones y notificaciones urgentes derivadas de las primeras diligencias.
La Policía Judicial en la instrucción
Actúa bajo dependencia funcional de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, con obligación de averiguar los delitos, practicar diligencias y recoger efectos, instrumentos o pruebas con riesgo de desaparición, poniéndolos a disposición judicial.
El período intermedio: concepto y función
Es la fase que media entre la conclusión de la instrucción y la apertura del juicio oral, verificando si concurren indicios racionales de criminalidad suficientes o si procede el sobreseimiento.
El sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional
El sobreseimiento libre (inexistencia del hecho, atipicidad, exención de responsabilidad acreditada) produce efectos equiparables a cosa juzgada; el provisional (falta de justificación suficiente, o indicios sin motivos bastantes para acusar a persona determinada) permite reabrir la causa si aparecen nuevos elementos.
El auto de apertura del juicio oral
Determina el órgano competente, contra qué personas se abre el juicio y qué bienes deben quedar embargados o afianzados para responsabilidades pecuniarias, poniendo fin a la instrucción y dando paso al juicio oral.
Las calificaciones provisionales
Escritos en que las partes (acusaciones primero, defensa después) exponen su posición sobre hechos, calificación jurídica, participación, circunstancias modificativas, pena solicitada y proposición de prueba, fijando el marco fáctico y jurídico del juicio oral.
La conformidad del acusado
Acto por el que el acusado, asistido de letrado, admite los hechos y acepta la pena solicitada, permitiendo terminar el proceso mediante sentencia sin práctica de prueba; el tribunal puede rechazarla si los hechos no son delito o la pena resulta improcedente. La LO 1/2025 suprimió el antiguo límite de seis años de prisión para la conformidad en los procedimientos ordinario y abreviado (arts. 655, 688 y 787 LECrim) y reguló la conformidad al inicio del juicio oral en el art. 787 ter, con audiencia previa de la víctima o perjudicado aunque no estén personados.
El procedimiento abreviado: ámbito de aplicación
Se aplica a los delitos con pena privativa de libertad no superior a 9 años, o con cualesquiera otras penas, constituyendo el cauce ordinario de la generalidad de los delitos; la instrucción se denomina diligencias previas.
Información de derechos e instrucción del abreviado
Desde el primer momento, el investigado tiene derecho a ser informado de la atribución y de sus derechos, con entrega de documento escrito; las diligencias previas concluyen con auto de sobreseimiento o de transformación en procedimiento abreviado.
La sentencia oral en el procedimiento abreviado
Cuando todas las partes anuncian que no recurrirán, el tribunal puede dictar sentencia oralmente en el propio acto del juicio, adquiriendo firmeza inmediata sin necesidad de aguardar al plazo ordinario de recursos.
Recursos en el procedimiento abreviado
Contra la sentencia del Juzgado de lo Penal cabe apelación (no casación directa) ante la Audiencia Provincial; contra decretos del LAJ, reposición y revisión.
La justicia restaurativa: concepto
Permite, con consentimiento libre e informado de víctima e investigado y supervisión de un facilitador especializado, un proceso de mediación penal orientado a reparar el daño y facilitar la reinserción, sin sustituir al proceso penal.
Efectos procesales de la justicia restaurativa
El acuerdo puede valorarse como atenuante de reparación del daño (art. 21.5 CP), incidir en la suspensión de la ejecución de la pena condicionada a la reparación, o en la conformidad procesal con reducción de pena.
El proceso ante el Tribunal del Jurado: fuentes y competencia
Regulado por la LO 5/1995, de 22 de mayo, en desarrollo del art. 125 CE; se aplica supletoriamente el procedimiento abreviado. La competencia es tasada y cerrada (art. 1.2 LOTJ): entre otros, homicidio y asesinato, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y varios delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo (infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas, infidelidad en la custodia de presos). La LOTJ excluye expresamente algunos supuestos, por lo que no basta con recordar la lista: la competencia es siempre de interpretación estricta.
Composición del Tribunal del Jurado
Se compone de 9 jurados titulares y 2 suplentes, presididos por un Magistrado-Presidente que no participa en la deliberación ni en la votación del veredicto, reservándose para él la dirección del proceso y el dictado de la sentencia.
Selección de los jurados: doble sorteo y recusación
Se realiza mediante doble sorteo: uno bienal, sobre el censo electoral, que forma la lista de candidatos de cada provincia, y otro específico para cada causa, del que salen los candidatos convocados al juicio. En el acto de constitución del Jurado las partes pueden recusar con causa (sin límite) o sin alegar causa, en este caso hasta cuatro la acusación y cuatro la defensa (si hay varios acusadores o acusados deben actuar de común acuerdo; el actor civil y el tercero civilmente responsable no pueden recusar sin causa).
El objeto del veredicto y las instrucciones al Jurado
El Magistrado-Presidente redacta el objeto del veredicto, con los hechos que el Jurado debe declarar probados o no, e instruye al Jurado sobre presunción de inocencia, valoración de la prueba y reglas de deliberación y votación.
Lectura del veredicto y sentencia del Magistrado-Presidente
El Magistrado-Presidente controla la legalidad del acta de votación, pudiendo devolverla para subsanar defectos; proclamado el veredicto de culpabilidad, dicta sentencia individualizando la pena sobre la base fáctica ya fijada, sin poder alterarla.
El Ministerio Fiscal en el proceso penal
Actúa conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, promoviendo la acción de la justicia tanto de oficio como a instancia de parte, correspondiéndole velar por las garantías del investigado y solicitar la absolución si de la instrucción no resultan indicios suficientes.
Cuestiones de competencia territorial: inhibitoria y declinatoria
Pueden plantearse mediante inhibitoria (ante el órgano que se estima competente, para que requiera de inhibición al que conoce) o declinatoria (ante el propio órgano que conoce); en caso de discrepancia entre órganos, resuelve el superior jerárquico común.
El juicio sobre delitos leves: concepto y ámbito
Los delitos leves sustituyeron a las antiguas faltas tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015; se castigan con penas leves (art. 33.4 CP: multa de hasta tres meses, localización permanente de hasta tres meses, trabajos en beneficio de la comunidad de hasta treinta días, privación del derecho a conducir de tres meses a un año, etc.). Se tramitan por los arts. 962 a 977 LECrim y su conocimiento corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (antes Juzgado de Instrucción).
Citación y convocatoria inmediata de la vista
El LAJ cita a las partes con expresión de los hechos, lugar, día y hora, advirtiendo de que el juicio podrá celebrarse aunque no asistan; es frecuente la celebración inmediata ante el propio Juzgado de guardia.
Desarrollo de la vista y sentencia en delitos leves
Se practica en acto único: alegaciones, prueba (testifical y documental fundamentalmente) y breves conclusiones; la sentencia debe dictarse en tres días, pudiendo pronunciarse oralmente si las partes no manifiestan intención de recurrir.
Los Juicios Rápidos: ámbito de aplicación
Modalidad especial del abreviado (arts. 795 a 803 LECrim) para delitos con pena privativa de libertad no superior a 5 años, u otras penas de hasta 10 años cualquiera que sea su cuantía, incoados por atestado policial con detenido o citado ante el Juzgado de guardia, siempre que concurra alguna de estas circunstancias: delito flagrante; delito de un catálogo tasado (entre otros lesiones, coacciones, amenazas, violencia habitual en el ámbito familiar, hurto, robo, daños, delitos contra la seguridad vial, contra la propiedad intelectual e industrial y ciertos delitos de tráfico de drogas); o instrucción sencilla. Desde la LO 1/2025 el catálogo incluye también el allanamiento de morada (art. 202 CP) y la usurpación de inmuebles (art. 245 CP).
Actuaciones de la Policía Judicial y citación para el servicio de guardia
La Policía Judicial cita directamente al investigado, víctima, testigos y peritos para comparecer ante el Juzgado de guardia, remitiendo el atestado con la mayor celeridad.
Las diligencias urgentes: plazos
Las diligencias urgentes constituyen la modalidad de instrucción de este procedimiento y se practican en el servicio de guardia, de forma concentrada. La Policía Judicial, tras el atestado, detiene al investigado o lo cita para comparecer ante el Juzgado de guardia en el plazo breve que la ley fija (hasta 72 horas); en todo caso se respetan los límites constitucionales de la detención (art. 17 CE: puesta a disposición judicial en el plazo máximo de 72 horas).
Señalamiento del juicio y enjuiciamiento inmediato por el Juzgado de guardia
El Juzgado de guardia procura el señalamiento del juicio ante el Juzgado de lo Penal (Sección de lo Penal) dentro de los 15 días siguientes; puede enjuiciar y fallar de forma inmediata en la propia guardia si la pena solicitada no excede de 3 años de prisión, 10 años de otra naturaleza, o es de multa, y hay conformidad del acusado (art. 801 LECrim).
Reducción de pena por conformidad en el enjuiciamiento rápido
La conformidad ante el Juzgado de guardia (art. 801 LECrim) da derecho a una reducción de un tercio de la pena solicitada, siempre que se cumplan los requisitos del precepto. Es un beneficio propio del juicio rápido: en la conformidad del procedimiento ordinario o del abreviado no existe una reducción automática de la pena.
La ejecución en el proceso penal: disposiciones generales
Firme la sentencia condenatoria, se abre la ejecutoria, correspondiendo al órgano sentenciador (o a la Sección de Vigilancia Penitenciaria para las penas privativas de libertad) la liquidación de condena, los requerimientos de ingreso en prisión y el seguimiento de multas y trabajos en beneficio de la comunidad.
La liquidación de condena y el abono de la prisión preventiva
Determina las fechas de inicio y fin del cumplimiento, computando los abonos que procedan; el tiempo de prisión provisional sufrido se abona a la pena de esa causa o, en su defecto, a otra en que también hubiera existido prisión provisional.
La pieza de responsabilidad civil: concepto (arts. 589 y ss. LECrim)
Toda persona penalmente responsable lo es también civilmente, salvo renuncia o reserva expresa; se forma pieza separada desde las diligencias previas para asegurar las responsabilidades pecuniarias mediante fianza, embargo de bienes suficientes o medidas cautelares reales.
Ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito
Firme la sentencia, se ejecuta conforme a las normas de la LEC (orden general de ejecución y decreto de medidas ejecutivas concretas); si el penado resulta insolvente, cabe reanudar la ejecución si mejora su fortuna.
Las fases del procedimiento ordinario: del sumario al juicio oral
El sumario (arts. 299 y ss.) comprende las diligencias para averiguar y hacer constar la perpetración del delito y la persona responsable. Concluido, el juez dicta auto de conclusión del sumario y lo eleva a la Audiencia Provincial, que lo revisa; si hay indicios racionales contra una persona se dicta auto de procesamiento (condición de procesado). Sigue el período intermedio (calificaciones, artículos de previo pronunciamiento, auto de apertura del juicio oral) y el juicio oral (práctica de la prueba, conclusiones definitivas, informe y última palabra del acusado), que termina con la sentencia dictada por la Sección de la Audiencia Provincial.
Artículos de previo pronunciamiento
En el procedimiento ordinario, la defensa puede plantear como cuestiones previas la declinatoria de jurisdicción, la cosa juzgada, la prescripción del delito, la amnistía o indulto y la falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria. Se resuelven antes del juicio oral y, si se estiman, pueden poner fin al proceso.
El plazo de instrucción: art. 324 LECrim
La instrucción tiene un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa, prorrogable por el juez, a instancia del Ministerio Fiscal y oídas las partes, por períodos sucesivos de hasta seis meses (reforma de la Ley 2/2020, de 27 de julio). Transcurrido el plazo sin prórroga, las diligencias practicadas después pueden ser declaradas inválidas a efectos de prueba. Los plazos no corren si la causa es declarada compleja o está secreta.
La Policía Judicial y el atestado
El atestado es el documento en que la Policía Judicial consigna las diligencias practicadas, sus resultados y las pruebas recogidas. Tiene valor de denuncia, y sus declaraciones solo valen como prueba si se reproducen en el juicio oral con las garantías de contradicción. La Policía Judicial debe informar al detenido de sus derechos (art. 520 LECrim) y poner a disposición judicial al detenido en el plazo máximo de 72 horas (art. 17.2 CE), que debe ser el mínimo imprescindible.
La LO 1/2025 en el procedimiento abreviado: la audiencia preliminar
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero (BOE-A-2025-76), en vigor desde el 3 de abril de 2025 para los procedimientos iniciados después de esa fecha, crea en el abreviado la audiencia preliminar (arts. 785 y 786 LECrim). Se celebra una vez dictado el auto de apertura de juicio oral y presentados los escritos de acusación y defensa, con el fin de preparar el juicio: las partes pueden plantear la posible conformidad, la competencia, la vulneración de derechos fundamentales, la nulidad de actuaciones o de pruebas, los artículos de previo pronunciamiento, las causas de suspensión del juicio y el contenido y finalidad de la prueba propuesta. La Fiscalía General del Estado la ha desarrollado en su Circular 2/2025, de 7 de noviembre (BOE-A-2025-25117).
Estructura orgánica penal tras la LO 1/2025
La Ley Orgánica 1/2025 consolida la organización en Tribunales de Instancia: los antiguos Juzgados de Instrucción, de lo Penal y de Violencia sobre la Mujer pasan a ser Secciones dentro de cada Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción, Sección de lo Penal, Sección de Violencia sobre la Mujer). Los procedimientos se tramitan igual, pero las referencias legales a Juzgado se entienden hechas a la Sección correspondiente.
Justicia restaurativa: regulación vigente
La LO 1/2025 introdujo en la LECrim una disposición adicional novena que regula el procedimiento de justicia restaurativa en el ámbito penal. Cabe en cualquier tipo de delito salvo las exclusiones legales, en cualquier fase del proceso y también tras la condena. El órgano judicial deriva el asunto al servicio de justicia restaurativa fijando un plazo máximo de tres meses, prorrogable otros tres. La participación es voluntaria, requiere consentimiento libre e informado de víctima y encausado, es confidencial y la realizan facilitadores especializados. Si hay acuerdo, el órgano judicial puede decretar el archivo en delitos leves o delitos privados; en los delitos leves, la derivación suspende el cómputo de la prescripción. Se conecta con el Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015).
El Ministerio Fiscal y la acusación particular y popular
La acción penal se ejercita por el Ministerio Fiscal (acusación pública), por el ofendido o perjudicado (acusación particular) y por cualquier ciudadano español (acusación popular, art. 125 CE y arts. 101 y 270 LECrim), salvo en delitos privados (injuria y calumnia entre particulares, que exigen querella del ofendido). La acusación popular está sometida a fianza. El Fiscal no puede ser recusado.
Derecho de defensa: LO 5/2024
La Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, desarrolla el art. 24 CE: regula las garantías de la asistencia letrada, el secreto profesional, la confidencialidad de las comunicaciones y la actuación del abogado en los procedimientos, y afecta a la información de derechos al investigado en el proceso penal.
Recursos más relevantes en el proceso penal
Contra la sentencia del Juzgado de lo Penal (Sección de lo Penal) cabe apelación ante la Audiencia Provincial. Contra las sentencias de la Audiencia Provincial dictadas en primera instancia cabe apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y, contra esta, casación ante el Tribunal Supremo. En el procedimiento de Jurado, la sentencia del Magistrado-Presidente se recurre en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. Contra los autos del juez de instrucción cabe reforma y apelación; contra los decretos del LAJ, reposición y revisión.
Jurado: requisitos y fases del juicio
Para ser jurado se exige ser español mayor de edad, en pleno ejercicio de derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia donde se cometió el delito y no tener impedimento físico, psíquico o sensorial. Tras la constitución del Jurado y la audiencia preliminar, se practica la prueba en juicio oral, el Magistrado-Presidente entrega el objeto del veredicto, el Jurado delibera a puerta cerrada y vota. Para declarar un hecho probado perjudicial al acusado, y para la culpabilidad, se exigen siete votos de nueve; para hechos favorables y para la no culpabilidad bastan cinco.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La separación entre instrucción y enjuiciamiento (quien instruye no puede enjuiciar) preserva la imparcialidad objetiva del juzgador, distribuyendo esas funciones entre la Sección de Instrucción y la Sección de lo Penal o la Audiencia Provincial.
El proceso penal se rige por los principios de legalidad, acusatorio (no hay condena sin acusación previa), contradicción y defensa, presunción de inocencia, oficialidad e inmediación y oralidad en el juicio oral.
El criterio de deslinde entre ordinario y abreviado es la pena: más de 9 años de privación de libertad → ordinario (sumario + juicio ante Audiencia Provincial); hasta 9 años u otras penas → abreviado (diligencias previas).
Dentro del abreviado, el enjuiciamiento corresponde a la Sección de lo Penal si la pena no excede de 5 años, y a la Audiencia Provincial si la excede.
El sobreseimiento libre (inexistencia del hecho, atipicidad) equivale a cosa juzgada; el provisional (falta de indicios suficientes) permite reabrir la causa si aparecen nuevos elementos.
La conformidad del acusado permite terminar el proceso sin prueba mediante sentencia, salvo que el tribunal la rechace por atipicidad o pena improcedente; en el procedimiento abreviado cabe además sentencia oral en el propio juicio si nadie va a recurrir.
La justicia restaurativa es un complemento del proceso penal, no un sustituto: exige consentimiento libre e informado de víctima e investigado y está regulada desde la LO 1/2025 en la disposición adicional novena de la LECrim; su acuerdo puede valorarse como atenuante de reparación (art. 21.5 CP) o incidir en la suspensión de la pena.
El Tribunal del Jurado (LO 5/1995) tiene competencia tasada (entre otros, homicidio y asesinato, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y determinados delitos de funcionarios como cohecho o malversación) y se compone de 9 jurados legos y 2 suplentes que deciden sobre los hechos y la culpabilidad; la sentencia (con la pena) la dicta el Magistrado-Presidente, no el Jurado.
Los delitos leves (que sustituyeron a las faltas tras la LO 1/2015) se enjuician en acto único con sentencia en tres días, frecuentemente ante el propio Juzgado de guardia.
Los Juicios Rápidos exigen incoación por atestado policial y delito flagrante, de catálogo o de instrucción sencilla, con pena no superior a 5 años de prisión (u otra pena no superior a 10 años); la LO 1/2025 añadió el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles al catálogo.
El Juzgado de guardia puede enjuiciar y fallar de forma inmediata en Juicios Rápidos si la pena no excede de 3 años de prisión (o 10 de otra naturaleza, o multa) y hay conformidad, con reducción de un tercio de la pena solicitada (art. 801).
Firme la sentencia condenatoria se abre la ejecutoria; la pieza de responsabilidad civil (arts. 589 y ss. LECrim) asegura las responsabilidades pecuniarias mediante fianza o embargo desde las diligencias previas.
Ojo a la LO 1/2025: audiencia preliminar en el abreviado (arts. 785-786), supresión del límite de 6 años en la conformidad, conformidad al inicio del juicio en el art. 787 ter y disposición adicional novena sobre justicia restaurativa. Se aplica a procedimientos iniciados desde el 3 de abril de 2025.
Trampa frecuente: la reducción de un tercio de la pena por conformidad es propia del juicio rápido ante el Juzgado de guardia (art. 801); en el abreviado y en el ordinario la conformidad no lleva reducción automática.
Mayorías del Jurado: 7 de 9 votos para hechos desfavorables y culpabilidad; 5 de 9 para hechos favorables y no culpabilidad. Recusación sin causa: 4 para la acusación y 4 para la defensa.
Juicio rápido: pena hasta 5 años de prisión u otras penas hasta 10 años; enjuiciamiento inmediato en guardia con conformidad hasta 3 años de prisión, 10 de otra naturaleza o multa.
Plazo de instrucción: 12 meses prorrogables por períodos de hasta 6 (art. 324 LECrim, tras la Ley 2/2020).
La acusación popular no cabe en los delitos privados (injuria y calumnia contra particulares, que exigen querella del ofendido); en los delitos públicos el Fiscal acusa de oficio.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué procedimiento se sigue para delitos castigados con pena privativa de libertad superior a 9 años?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 18 de Auxilio Judicial?
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) prevé distintos cauces según la gravedad del delito: el procedimiento ordinario por delitos graves, articulado en sumario y juicio oral; el procedimiento abreviado, cauce ordinario para la generalidad de los delitos; el proceso ante el Tribunal del Jurado para delitos tasados; y el juicio sobre delitos leves y los Juicios Rápidos, de mayor agilidad. Desde el 3 de abril de 2025 rige la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce la audiencia preliminar en el abreviado, suprime el límite de seis años para la conformidad, amplía los Juicios Rápidos y regula la justicia restaurativa. Esta se incorpora como complemento, no sustituto, del proceso penal. El Cuerpo de Auxilio Judicial interviene practicando citaciones, notificaciones y órdenes de detención en todos estos procedimientos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?
La separación entre instrucción y enjuiciamiento (quien instruye no puede enjuiciar) preserva la imparcialidad objetiva del juzgador, distribuyendo esas funciones entre la Sección de Instrucción y la Sección de lo Penal o la Audiencia Provincial. El proceso penal se rige por los principios de legalidad, acusatorio (no hay condena sin acusación previa), contradicción y defensa, presunción de inocencia, oficialidad e inmediación y oralidad en el juicio oral. El criterio de deslinde entre ordinario y abreviado es la pena: más de 9 años de privación de libertad → ordinario (sumario + juicio ante Audiencia Provincial); hasta 9 años u otras penas → abreviado (diligencias previas). Dentro del abreviado, el enjuiciamiento corresponde a la Sección de lo Penal si la pena no excede de 5 años, y a la Audiencia Provincial si la excede. El sobreseimiento libre (inexistencia del hecho, atipicidad) equivale a cosa juzgada; el provisional (falta de indicios suficientes) permite reabrir la causa si aparecen nuevos elementos. La conformidad del acusado permite terminar el proceso sin prueba mediante sentencia, salvo que el tribunal la rechace por atipicidad o pena improcedente; en el procedimiento abreviado cabe además sentencia oral en el propio juicio si nadie va a recurrir. La justicia restaurativa es un complemento del proceso penal, no un sustituto: exige consentimiento libre e informado de víctima e investigado y está regulada desde la LO 1/2025 en la disposición adicional novena de la LECrim; su acuerdo puede valorarse como atenuante de reparación (art. 21.5 CP) o incidir en la suspensión de la pena. El Tribunal del Jurado (LO 5/1995) tiene competencia tasada (entre otros, homicidio y asesinato, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y determinados delitos de funcionarios como cohecho o malversación) y se compone de 9 jurados legos y 2 suplentes que deciden sobre los hechos y la culpabilidad; la sentencia (con la pena) la dicta el Magistrado-Presidente, no el Jurado. Los delitos leves (que sustituyeron a las faltas tras la LO 1/2015) se enjuician en acto único con sentencia en tres días, frecuentemente ante el propio Juzgado de guardia. Los Juicios Rápidos exigen incoación por atestado policial y delito flagrante, de catálogo o de instrucción sencilla, con pena no superior a 5 años de prisión (u otra pena no superior a 10 años); la LO 1/2025 añadió el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles al catálogo. El Juzgado de guardia puede enjuiciar y fallar de forma inmediata en Juicios Rápidos si la pena no excede de 3 años de prisión (o 10 de otra naturaleza, o multa) y hay conformidad, con reducción de un tercio de la pena solicitada (art. 801). Firme la sentencia condenatoria se abre la ejecutoria; la pieza de responsabilidad civil (arts. 589 y ss. LECrim) asegura las responsabilidades pecuniarias mediante fianza o embargo desde las diligencias previas. Ojo a la LO 1/2025: audiencia preliminar en el abreviado (arts. 785-786), supresión del límite de 6 años en la conformidad, conformidad al inicio del juicio en el art. 787 ter y disposición adicional novena sobre justicia restaurativa. Se aplica a procedimientos iniciados desde el 3 de abril de 2025. Trampa frecuente: la reducción de un tercio de la pena por conformidad es propia del juicio rápido ante el Juzgado de guardia (art. 801); en el abreviado y en el ordinario la conformidad no lleva reducción automática. Mayorías del Jurado: 7 de 9 votos para hechos desfavorables y culpabilidad; 5 de 9 para hechos favorables y no culpabilidad. Recusación sin causa: 4 para la acusación y 4 para la defensa. Juicio rápido: pena hasta 5 años de prisión u otras penas hasta 10 años; enjuiciamiento inmediato en guardia con conformidad hasta 3 años de prisión, 10 de otra naturaleza o multa. Plazo de instrucción: 12 meses prorrogables por períodos de hasta 6 (art. 324 LECrim, tras la Ley 2/2020). La acusación popular no cabe en los delitos privados (injuria y calumnia contra particulares, que exigen querella del ofendido); en los delitos públicos el Fiscal acusa de oficio.
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Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036), en su redacción vigente, arts. 299 y ss., 324, 757-794, 795-803 y 962-977.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76).
Circular 2/2025, de 7 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la audiencia preliminar del procedimiento abreviado (BOE-A-2025-25117).
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 13, 21.5 y 33.
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