Tema 19. Los procedimientos contencioso-administrativos: ordinario, abreviado y especiales.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), permite impugnar la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho administrativo. Prevé un procedimiento ordinario, un procedimiento abreviado más ágil ante los órganos unipersonales, y procedimientos especiales para la protección de derechos fundamentales, la cuestión de ilegalidad, la garantía de la unidad de mercado y la suspensión de acuerdos de Entidades Locales. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reformado la LJCA (organización en Tribunales de Instancia, tramitación electrónica y procedimiento abreviado, con sentencia oral) para los procedimientos iniciados desde el 3 de abril de 2025.
Son impugnables la actividad de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la ley, los decretos legislativos cuando excedan la delegación, la inactividad de la Administración y las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho.
Organización de la jurisdicción: órganos
Se estructura en Juzgados/Secciones de lo Contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales (unipersonales), y Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (colegiados).
Competencia de los Juzgados/Secciones y Juzgados Centrales
Los Juzgados (hoy Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia) conocen en primera o única instancia de los supuestos del art. 8 LJCA: básicamente actos de las Entidades locales y de las Comunidades Autónomas en materias como personal, tributos de cuantía limitada, sanciones y extranjería, con los límites que fija la ley. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Madrid y competencia en toda España (art. 9 LJCA), conocen de actos de órganos centrales de la Administración General del Estado de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado, en los supuestos previstos por la ley.
Competencia de las Salas de los TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
Las Salas de los TSJ conocen en única instancia de actos autonómicos/locales no atribuidos a los Juzgados y en apelación de sus sentencias; la de la Audiencia Nacional, de actos ministeriales de ámbito nacional; la Sala Tercera del TS, de actos del Consejo de Ministros y de la casación con interés casacional objetivo.
Competencia territorial y agotamiento de la vía administrativa previa
Por regla general, es competente el órgano de la sede de la autoridad que dictó el acto. En materias como personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante puede elegir entre el órgano del lugar de su domicilio y el de la sede del autor del acto (art. 14 LJCA). Son recurribles los actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 25 LJCA), de modo que el recurso administrativo contra los que no la agotan (alzada) es previo; la reposición es potestativa.
La legitimación activa: el interés legítimo
Está legitimada cualquier persona que ostente un interés legítimo, entendido como cualquier ventaja o utilidad jurídica actual o potencial derivada de la estimación de la pretensión, concepto más amplio que el antiguo interés directo, sin exigir haber sido destinatario del acto.
Legitimación colectiva y acción popular
Corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos están legitimados para defender intereses colectivos coincidentes con su objeto estatutario; en materias tasadas (urbanismo, costas, patrimonio histórico) existe acción popular sin necesidad de acreditar interés legítimo específico.
La declaración de lesividad
Cuando una Administración quiere impugnar un acto propio favorable a un particular que considera ilegal, no puede revocarlo de oficio: debe declararlo lesivo para el interés público (arts. 43 LJCA y 107 LPAC) y luego recurrirlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto, y el recurso se interpone en el plazo de dos meses desde la declaración.
Representación y defensa de las partes
Es preceptiva la intervención de abogado; el procurador no es preceptivo ante Juzgados unipersonales; la Administración se representa por Abogados del Estado (AGE) o por letrados de sus propios servicios jurídicos (CCAA y entidades locales).
Actos expresos, presuntos y disposiciones generales impugnables
Son impugnables los actos expresos y los presuntos derivados del silencio administrativo, así como las disposiciones generales, ya sea directamente o indirectamente a través de sus actos de aplicación.
El silencio administrativo desestimatorio
El interesado puede esperar a la resolución expresa (que la Administración sigue obligada a dictar) o recurrir contra el acto presunto. Cuando el acto no es expreso, el plazo para recurrir es de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 LJCA); la jurisprudencia constitucional entiende que el silencio negativo es una ficción en beneficio del administrado, que no le obliga a recurrir en ese plazo y le permite impugnar la resolución expresa tardía.
La inactividad y la vía de hecho como objeto de recurso
Frente a la inactividad (art. 29 LJCA) el interesado debe reclamar a la Administración el cumplimiento de la obligación; si transcurridos tres meses no la cumple, puede recurrir. Frente a la vía de hecho (art. 30 LJCA) cabe requerimiento previo de cese; si no se atiende, el plazo de recurso es de diez días y, sin requerimiento, de veinte desde el inicio de la vía de hecho.
Interposición del recurso y plazos
El plazo general es de dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto que agota la vía administrativa (art. 46 LJCA); frente a actos presuntos por silencio, seis meses desde que se produce el acto presunto; frente a disposiciones generales, dos meses desde su publicación. El plazo se cuenta de fecha a fecha y el mes de agosto es inhábil para interponer el recurso.
El escrito de interposición y la reclamación del expediente
El escrito de interposición es sucinto (identifica recurrente, acto y órgano), reservándose la fundamentación jurídica para la demanda; admitido, se reclama a la Administración el expediente administrativo completo, que debe remitirse en 20 días.
Emplazamiento de demandados, codemandados e interesados
Se emplaza a la Administración demandada y a los interesados identificados en el expediente, que disponen de nueve días para personarse; transcurridos sin comparecer, se les tiene por parte solo a efectos de notificarles la sentencia.
Causas de inadmisibilidad del recurso
Falta de jurisdicción o competencia, falta de legitimación, acto no susceptible de impugnación, extemporaneidad, y existencia de cosa juzgada o litispendencia.
La demanda y la contestación
El plazo para formular la demanda y para contestarla es de veinte días en cada caso; la falta de contestación de la Administración no equivale a allanamiento tácito, dado el carácter de orden público del control de legalidad.
Las alegaciones previas
Antes de contestar, la parte demandada puede plantear alegaciones previas sobre incompetencia o inadmisibilidad, resolviéndose antes de entrar en el fondo, para evitar una tramitación completa innecesaria.
Prueba, vista y conclusiones
Se recibe el pleito a prueba si hay disconformidad sobre hechos relevantes no acreditados en el expediente; concluida, las partes optan por vista oral o conclusiones escritas, sin poder introducir en estas últimas hechos o motivos nuevos.
El principio de plena jurisdicción en la sentencia
La sentencia estimatoria puede limitarse a anular el acto o, además, reconocer una situación jurídica individualizada con medidas de restablecimiento (incluida indemnización), o condenar a una prestación concreta si el recurso era por inactividad.
Otros medios de terminación del procedimiento
Desistimiento del recurrente, allanamiento de la Administración (controlado judicialmente frente a fraude o perjuicio a terceros), satisfacción extraprocesal, reconocimiento total en vía administrativa y conciliación judicial en materias transigibles.
El procedimiento abreviado contencioso-administrativo: ámbito
Se tramitan por este cauce (art. 78 LJCA) los asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y, con independencia de la cuantía, las cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas que no afecten al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, las de extranjería, la inadmisión de peticiones de asilo y la disciplina deportiva en materia de dopaje, siempre que el asunto sea competencia de los Juzgados.
Tramitación concentrada del procedimiento abreviado
El procedimiento se inicia mediante demanda sucinta; el LAJ reclama el expediente administrativo y convoca a las partes a la vista, en la que se concentran alegaciones previas, contestación, prueba y conclusiones orales. La sentencia se dicta en el plazo de diez días desde la vista. La LO 1/2025 ha permitido dictar sentencia oral al concluir la vista (con fallo y motivación sucinta, firme en el acto si todas las partes presentes renuncian a recurrir) y regula la posibilidad de resolver sin vista (tramitación escrita) cuando el actor así lo pida y el juez no aprecie hechos controvertidos que requieran prueba; en ese caso, tras la contestación, se abre un trámite de conclusiones por cinco días sucesivos.
Incomparecencia de las partes en el procedimiento abreviado
Si el recurrente no comparece sin justa causa, se le tiene por desistido; si no comparece la Administración, se celebra el acto en su ausencia, sin estimación automática del recurso.
El recurso de apelación contencioso-administrativo
Procede contra las sentencias y autos de los Juzgados, salvo las sentencias de cuantía inferior a 30.000 euros (con las excepciones legales, como los derechos fundamentales), que son firmes. El plazo es de quince días y permite revisar hechos y derecho con más amplitud que la casación, correspondiendo a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ (o de la Audiencia Nacional para los Juzgados Centrales).
El recurso de casación contencioso-administrativo
Tras la reforma de la LO 7/2015, se articula en torno al interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, filtrado por una Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sustituyendo al antiguo sistema basado en la cuantía. Se prepara ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de treinta días, y se interpone ante el TS tras el auto de admisión. Existe además la casación autonómica ante las Salas de los TSJ, por infracción de Derecho autonómico.
Recursos no devolutivos: reposición y súplica
La reposición procede contra providencias y autos no apelables ni casables, resuelta por el mismo órgano; la súplica es su equivalente cuando la resolución procede de un órgano colegiado.
Procedimiento especial de protección de derechos fundamentales: principios y plazo
Se rige por preferencia (prioridad sobre cualquier otro asunto salvo el habeas corpus) y sumariedad; el plazo de interposición es de diez días, frente a los dos meses generales.
Legitimación e intervención del Ministerio Fiscal en este procedimiento
Están legitimados los afectados, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, que es siempre parte con independencia de quién promoviera el recurso, velando por la efectiva protección del derecho invocado.
Relación con el recurso de amparo constitucional
La tramitación de este procedimiento forma parte de la vía judicial previa cuya utilización es necesaria para poder acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 43 LOTC), en aplicación del principio de subsidiariedad, cuando la vulneración proviene de una Administración Pública.
Medidas cautelares en el procedimiento de derechos fundamentales
Se otorgan con criterios más flexibles que en el procedimiento ordinario, pudiendo suspenderse con especial facilidad la ejecución del acto recurrido dada la trascendencia del derecho en juego.
La cuestión de ilegalidad: concepto y presupuestos
Mecanismo de control indirecto de disposiciones generales: cuando un órgano no competente para el recurso directo estima un recurso indirecto por apreciar la ilegalidad de una norma, remite la cuestión al órgano sí competente para el directo.
Efectos de la sentencia sobre la cuestión de ilegalidad
La sentencia que la resuelve tiene efectos generales (erga omnes) y se publica en el mismo diario oficial que la disposición anulada, a diferencia de la sentencia del recurso indirecto, cuyos efectos se limitan a las partes.
Suspensión administrativa de acuerdos de Entidades Locales por interés general
Si una Entidad local adopta actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Corporación para que los anule (plazo del requerimiento no superior a cinco días), puede suspenderlos y adoptar las medidas necesarias para proteger ese interés (art. 67 LBRL). Debe impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de diez días desde la suspensión.
Suspensión de acuerdos locales por atentado al orden público
El requerimiento de anulación debe efectuarse dentro de los diez días siguientes a la recepción del acuerdo, y la facultad de suspensión ejercerse en diez días contados desde el fin del plazo de requerimiento o desde la respuesta del Presidente si es anterior (art. 67 LBRL). Se trata de un control de legalidad que, tras la suspensión, queda en manos del órgano judicial.
Ratificación o levantamiento judicial de la suspensión
Presentada la impugnación, el órgano judicial, tras oír a la Entidad local afectada, resuelve ratificando o levantando la suspensión ya acordada administrativamente, con tramitación preferente. La suspensión por el Delegado del Gobierno solo es posible en los casos legalmente previstos (art. 67 LBRL), no es una facultad general.
Capacidad procesal y capacidad para ser parte en este orden jurisdiccional
Tienen capacidad para ser parte, además de personas físicas y jurídicas, los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes cuando la ley les reconozca expresamente esta capacidad.
Extensión de efectos de sentencias firmes en materia tributaria y de personal
En estas materias existe un mecanismo específico para extender los efectos de una sentencia firme que reconozca una situación jurídica individualizada a otras personas en idéntica situación, sin necesidad de haber sido parte en el proceso original.
El anuncio de la interposición del recurso
Cuando el recurso afecta a una pluralidad indeterminada de personas, o se dirige contra una disposición general, es preceptiva la publicación del anuncio de la interposición en el diario oficial correspondiente.
Los actos de trámite cualificados
Aunque los actos de trámite no son impugnables autónomamente, sí lo son cuando deciden directa o indirectamente el fondo, imposibilitan continuar el procedimiento, o producen indefensión o un perjuicio irreparable.
El plazo para dictar sentencia en el procedimiento ordinario
El tribunal debe dictar sentencia dentro de los diez días siguientes a que el pleito quede concluso para sentencia, plazo de naturaleza ordenatoria cuyo incumplimiento no invalida la resolución finalmente dictada.
La caducidad del procedimiento contencioso-administrativo
Puede declararse caducado cuando, por causa imputable al recurrente, se paraliza su tramitación sin realizar las actuaciones que le correspondan, terminando el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, sin equivaler necesariamente a la prescripción de la acción sustantiva.
Diligencias preliminares entre Administraciones
Cuando una Administración pretende impugnar un acto de otra distinta, debe requerirla previamente para que lo derogue, anule o modifique, entendiéndose rechazado el requerimiento si no se contesta en el plazo de un mes.
Medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo
El interesado puede pedir en cualquier estado del proceso las medidas que aseguren la efectividad de la sentencia (arts. 129 a 136 LJCA). Se adoptan si la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso (periculum in mora), previa ponderación de los intereses en conflicto. Las medidas cautelarísimas (art. 135) pueden acordarse inaudita parte cuando concurra especial urgencia, con audiencia posterior de la parte contraria. Puede exigirse caución para responder de los daños.
La ejecución de sentencias: corresponde a los órganos judiciales
La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional (art. 103 LJCA). Firme la sentencia, el LAJ la comunica en diez días al órgano que realizó la actividad impugnada, que debe cumplirla; el plazo general para la ejecución voluntaria es de dos meses (art. 104). Si no se cumple, a instancia de parte el órgano judicial puede acordar la ejecución forzosa (art. 108), imponer multas coercitivas y deducir testimonio por desobediencia.
Plazos procesales y cómputo en el orden contencioso-administrativo
Los plazos se cuentan desde el día siguiente al de la notificación; los plazos señalados en meses se cuentan de fecha a fecha. El mes de agosto es inhábil salvo para el procedimiento de derechos fundamentales. Los plazos de interposición se cuentan en días hábiles o meses según el caso, y el presentado dentro de los plazos legales (con el período de gracia del art. 135 LEC) es válido.
Los recursos contra resoluciones: sistema
Los recursos son: reposición (contra providencias y autos no apelables; cinco días ante el mismo órgano), súplica (órgano colegiado), apelación (quince días), casación (treinta días para prepararla) y revisión (contra sentencias firmes en los casos tasados del art. 102). Contra los decretos del LAJ cabe reposición ante el propio LAJ y revisión ante el órgano judicial.
Costas procesales
Rige el criterio del vencimiento (art. 139 LJCA): se imponen a la parte que ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el órgano judicial aprecie serias dudas de hecho o de derecho, y puede fijarse un límite máximo de cuantía. En los demás casos cada parte abona las suyas y las comunes por mitad.
Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
Introducido por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre (arts. 127 bis a 127 quáter LJCA), permite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impugnar ante la Audiencia Nacional las disposiciones, actos o inactividades que obstaculicen la unidad de mercado. Los operadores económicos pueden acudir también a la CNMC para que ejerza la legitimación. Tiene carácter preferente y plazo de resolución breve.
El régimen electrónico de la Justicia
La presentación de escritos y las notificaciones a las Administraciones, profesionales y personas jurídicas se realizan por medios electrónicos; el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y la LO 1/2025 refuerzan la tramitación electrónica del proceso contencioso-administrativo, incluida la comparecencia telemática. Para el Cuerpo de Auxilio Judicial implica que la comunicación presencial se reserva a quienes no están obligados a relacionarse electrónicamente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Son impugnables ante lo contencioso-administrativo la actividad administrativa sujeta a Derecho administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la ley, la inactividad de la Administración y la vía de hecho.
La jurisdicción se organiza en Juzgados/Secciones de lo Contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales (unipersonales), y Salas de los TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (colegiados).
La legitimación activa exige interés legítimo (ventaja o utilidad jurídica actual o potencial), concepto más amplio que el antiguo interés directo; en materias tasadas (urbanismo, costas, patrimonio histórico) existe acción popular sin necesidad de interés específico.
El plazo general de interposición es de dos meses desde la notificación o publicación del acto; frente a actos presuntos por silencio, seis meses desde que se produce el acto presunto (art. 46.1 LJCA).
El límite de cuantía para el procedimiento abreviado ante los Juzgados/Secciones de lo Contencioso-Administrativo es de 30.000 euros, y también se tramitan por este cauce, con independencia de la cuantía, personal, extranjería y asilo.
El recurso de casación contencioso-administrativo se articula, tras la LO 7/2015, en torno al interés casacional objetivo, filtrado por la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
El procedimiento para la protección de derechos fundamentales tiene carácter preferente y sumario, con plazo de interposición de 10 días e intervención preceptiva del Ministerio Fiscal; es presupuesto previo obligado para el recurso de amparo constitucional cuando la vulneración proviene de una Administración Pública.
La cuestión de ilegalidad se plantea cuando un órgano que estima un recurso contra un acto de aplicación de un reglamento considera ilegal la disposición y no es competente para anularla con carácter general (a diferencia de la cuestión de inconstitucionalidad, que se refiere a normas con rango de ley ante el TC); su sentencia tiene efectos erga omnes.
El Delegado del Gobierno puede suspender acuerdos de Entidades Locales que atenten gravemente contra el interés general de España (art. 67 LBRL), previo requerimiento de anulación al Presidente de la Corporación (plazo no superior a cinco días), y debe impugnarlos ante lo contencioso-administrativo en diez días desde la suspensión.
La declaración de lesividad es el trámite obligado para que una Administración pueda impugnar ante lo contencioso-administrativo un acto propio favorable a un particular que considera ilegal, sin poder revocarlo de oficio.
La ejecución de sentencias contencioso-administrativas corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden (art. 103 LJCA); la Administración debe cumplirlas, y el órgano judicial puede imponer ejecución forzosa y multas coercitivas.
La sentencia estimatoria, en aplicación del principio de plena jurisdicción, puede anular el acto y además reconocer una situación jurídica individualizada con medidas de restablecimiento, incluida indemnización.
La LO 1/2025 reformó la LJCA: sentencia oral al concluir la vista del procedimiento abreviado, posible tramitación escrita sin vista y refuerzo de la tramitación electrónica, para procedimientos iniciados desde el 3 de abril de 2025.
Plazos a memorizar: 2 meses (general); 6 meses (acto presunto); 10 días (derechos fundamentales); 15 días (apelación); 30 días (preparación de la casación); 20 días (demanda y contestación); 9 días (emplazamiento de demandados).
Trampa: la ejecución de sentencias no corresponde a la Administración autora del acto, sino exclusivamente a los órganos judiciales (art. 103 LJCA).
Trampa: los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo no son 'juzgados de domicilio': conocen de actos de órganos centrales de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado.
La declaración de lesividad solo puede adoptarse en cuatro años desde que se dictó el acto; el recurso se interpone en dos meses desde la declaración.
Las medidas cautelarísimas (art. 135 LJCA) se adoptan inaudita parte, por razones de especial urgencia.
Fuera de la LJCA: art. 67 LBRL regula la suspensión de acuerdos locales por el Delegado del Gobierno (interés general de España); no confundir con la impugnación por la Administración del Estado o autonómica de actos locales (art. 65 LBRL).
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Pregunta 1 de 110 aciertos
¿A quién corresponde ejecutar las sentencias del orden contencioso-administrativo según el art. 103 LJCA?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 19 de Auxilio Judicial?
La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), permite impugnar la actuación de las Administraciones Públicas sujeta a Derecho administrativo. Prevé un procedimiento ordinario, un procedimiento abreviado más ágil ante los órganos unipersonales, y procedimientos especiales para la protección de derechos fundamentales, la cuestión de ilegalidad, la garantía de la unidad de mercado y la suspensión de acuerdos de Entidades Locales. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reformado la LJCA (organización en Tribunales de Instancia, tramitación electrónica y procedimiento abreviado, con sentencia oral) para los procedimientos iniciados desde el 3 de abril de 2025.
¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?
Son impugnables ante lo contencioso-administrativo la actividad administrativa sujeta a Derecho administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la ley, la inactividad de la Administración y la vía de hecho. La jurisdicción se organiza en Juzgados/Secciones de lo Contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales (unipersonales), y Salas de los TSJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (colegiados). La legitimación activa exige interés legítimo (ventaja o utilidad jurídica actual o potencial), concepto más amplio que el antiguo interés directo; en materias tasadas (urbanismo, costas, patrimonio histórico) existe acción popular sin necesidad de interés específico. El plazo general de interposición es de dos meses desde la notificación o publicación del acto; frente a actos presuntos por silencio, seis meses desde que se produce el acto presunto (art. 46.1 LJCA). El límite de cuantía para el procedimiento abreviado ante los Juzgados/Secciones de lo Contencioso-Administrativo es de 30.000 euros, y también se tramitan por este cauce, con independencia de la cuantía, personal, extranjería y asilo. El recurso de casación contencioso-administrativo se articula, tras la LO 7/2015, en torno al interés casacional objetivo, filtrado por la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El procedimiento para la protección de derechos fundamentales tiene carácter preferente y sumario, con plazo de interposición de 10 días e intervención preceptiva del Ministerio Fiscal; es presupuesto previo obligado para el recurso de amparo constitucional cuando la vulneración proviene de una Administración Pública. La cuestión de ilegalidad se plantea cuando un órgano que estima un recurso contra un acto de aplicación de un reglamento considera ilegal la disposición y no es competente para anularla con carácter general (a diferencia de la cuestión de inconstitucionalidad, que se refiere a normas con rango de ley ante el TC); su sentencia tiene efectos erga omnes. El Delegado del Gobierno puede suspender acuerdos de Entidades Locales que atenten gravemente contra el interés general de España (art. 67 LBRL), previo requerimiento de anulación al Presidente de la Corporación (plazo no superior a cinco días), y debe impugnarlos ante lo contencioso-administrativo en diez días desde la suspensión. La declaración de lesividad es el trámite obligado para que una Administración pueda impugnar ante lo contencioso-administrativo un acto propio favorable a un particular que considera ilegal, sin poder revocarlo de oficio. La ejecución de sentencias contencioso-administrativas corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden (art. 103 LJCA); la Administración debe cumplirlas, y el órgano judicial puede imponer ejecución forzosa y multas coercitivas. La sentencia estimatoria, en aplicación del principio de plena jurisdicción, puede anular el acto y además reconocer una situación jurídica individualizada con medidas de restablecimiento, incluida indemnización. La LO 1/2025 reformó la LJCA: sentencia oral al concluir la vista del procedimiento abreviado, posible tramitación escrita sin vista y refuerzo de la tramitación electrónica, para procedimientos iniciados desde el 3 de abril de 2025. Plazos a memorizar: 2 meses (general); 6 meses (acto presunto); 10 días (derechos fundamentales); 15 días (apelación); 30 días (preparación de la casación); 20 días (demanda y contestación); 9 días (emplazamiento de demandados). Trampa: la ejecución de sentencias no corresponde a la Administración autora del acto, sino exclusivamente a los órganos judiciales (art. 103 LJCA). Trampa: los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo no son 'juzgados de domicilio': conocen de actos de órganos centrales de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado. La declaración de lesividad solo puede adoptarse en cuatro años desde que se dictó el acto; el recurso se interpone en dos meses desde la declaración. Las medidas cautelarísimas (art. 135 LJCA) se adoptan inaudita parte, por razones de especial urgencia. Fuera de la LJCA: art. 67 LBRL regula la suspensión de acuerdos locales por el Delegado del Gobierno (interés general de España); no confundir con la impugnación por la Administración del Estado o autonómica de actos locales (art. 65 LBRL).
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Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE-A-1998-16718), arts. 1-14, 25-30, 43-78, 103-113, 114-127 quáter.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76).
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 67.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 107.
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la LOPJ (casación contencioso-administrativa).
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación (digitalización del servicio público de Justicia).
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