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Tema 4. Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas: Su constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La provincia y el municipio.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El Título VIII CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137). El llamado Estado de las Autonomías se articuló mediante dos vías de acceso al autogobierno (arts. 143 y 151, más las disposiciones transitorias) y un reparto competencial en dos listas (arts. 148 y 149), completado por los Estatutos como norma institucional básica de cada Comunidad (art. 147); la Administración Local, regulada en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), tiene en el municipio y la provincia sus entidades territoriales básicas. Para el Cuerpo de Auxilio Judicial es especialmente relevante saber que la legislación procesal y la Administración de Justicia son competencia estatal (art. 149.1.5ª y 6ª CE), mientras que las Comunidades Autónomas pueden asumir la gestión de los medios materiales y personales no judiciales.

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Fundamento constitucional de la autonomía (art. 2 CE)

El art. 2 CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El Estado español es un Estado compuesto, con una descentralización política y no una federación: el principio de unidad (soberanía nacional única, art. 1.2), el de autonomía y el de solidaridad (art. 138) se combinan. La Constitución no define el mapa autonómico, sino que lo deja a la decisión de los territorios (principio dispositivo).

Los tres niveles territoriales (art. 137 CE)

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan; todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses: autonomía administrativa en los entes locales, autonomía política en el caso de las CC.AA., sin llegar en ningún caso a la soberanía. España se compone hoy de 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla), 50 provincias y numerosos municipios.

Solidaridad y equilibrio económico territorial (art. 138 CE)

El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no pueden implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2) sirve a este fin.

Igualdad de derechos y libre circulación (art. 139 CE)

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado; ninguna autoridad puede adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Los arts. 145 y 147 completan este marco: se prohíbe la federación de Comunidades Autónomas (art. 145.1) y los convenios entre ellas requieren comunicación a las Cortes Generales (art. 145.2).

La vía ordinaria de acceso a la autonomía (art. 143 CE)

La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica pueden acceder a la autonomía. El techo competencial inicial es el del art. 148, ampliable transcurridos 5 años mediante reforma del Estatuto (art. 148.2 CE). El plazo para ejercer la iniciativa es de seis meses desde el primer acuerdo (art. 143.2).

La vía agravada de acceso a la autonomía (art. 151 CE)

Exige iniciativa reforzada (acuerdo de las Diputaciones y de las 3/4 partes de los municipios de cada provincia afectada que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una) y ratificación mediante referéndum por mayoría absoluta de los electores de cada provincia; permite el acceso directo al techo competencial máximo del art. 149. Fue empleada por Andalucía (referéndum del 28 de febrero de 1980, con carácter excepcional) y, sin necesidad de ratificar la iniciativa, por Cataluña, País Vasco y Galicia en virtud de la Disposición Transitoria 2ª CE (territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten al tiempo de promulgarse la Constitución con regímenes provisionales de autonomía). Navarra accedió mediante la Disposición Transitoria 4ª y la Ley Orgánica 13/1982 (LORAFNA, Amejoramiento del Fuero).

El supuesto especial del art. 144 CE y los territorios singulares

Permite que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, por motivos de interés nacional, autoricen la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1 (caso de Madrid), autoricen o acuerden un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial, o sustituyan la iniciativa de las Corporaciones locales. Ceuta y Melilla accedieron a la autonomía en virtud de la Disposición Transitoria 5ª CE, con los Estatutos aprobados por la LO 1/1995 y la LO 2/1995, de 13 de marzo. La Disposición Adicional 1ª CE ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales (concierto económico vasco y convenio económico navarro).

Contenido de los Estatutos de Autonomía (art. 147 CE)

Los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Deben contener necesariamente: la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

Aprobación y reforma de los Estatutos

Se aprueban mediante ley orgánica de las Cortes Generales (art. 81.1 CE); su reforma se ajusta al procedimiento establecido en los propios Estatutos y requiere, en todo caso, aprobación final por las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3), no bastando el mero acuerdo de la Asamblea autonómica. Tras las reformas de los años 2006-2007 (p. ej. Estatuto de Cataluña, LO 6/2006, de 19 de julio, parcialmente anulado por la STC 31/2010; Estatuto de Andalucía, LO 2/2007, de 19 de marzo), todos los Estatutos han sido reformados al menos una vez. Se aprobaron entre 1979 y 1983: País Vasco (LO 3/1979) y Cataluña (LO 4/1979), Galicia (LO 1/1981), Andalucía (LO 6/1981), Asturias (LO 7/1981), Cantabria (LO 8/1981), La Rioja (LO 3/1982), Región de Murcia (LO 4/1982), Comunidad Valenciana (LO 5/1982), Aragón (LO 8/1982), Castilla-La Mancha (LO 9/1982), Canarias (LO 10/1982), Navarra (LO 13/1982), Extremadura (LO 1/1983), Illes Balears (LO 2/1983), Madrid (LO 3/1983) y Castilla y León (LO 4/1983).

El reparto competencial: materias asumibles por las CC.AA. (art. 148.1 CE)

Enumera 22 materias que las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus Estatutos, entre ellas: la organización de sus instituciones de autogobierno; las alteraciones de los términos municipales; la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; las obras públicas de interés de la Comunidad; los ferrocarriles y carreteras en su territorio; la agricultura y ganadería; los montes; la protección del medio ambiente; la pesca en aguas interiores; las ferias interiores; el fomento del desarrollo económico; los museos, bibliotecas y conservatorios; el patrimonio monumental; el fomento de la cultura y de la lengua propia; la promoción del turismo y del deporte; la asistencia social; la sanidad e higiene; y la vigilancia y protección de sus edificios, así como la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales.

El reparto competencial: materias reservadas al Estado (art. 149.1 CE)

Reserva a la competencia exclusiva del Estado 32 materias, entre otras: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles (1ª); nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo (2ª); relaciones internacionales (3ª); Defensa y Fuerzas Armadas (4ª); Administración de Justicia (5ª); legislación mercantil, penal y penitenciaria, y procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades derivadas de las particularidades del derecho sustantivo autonómico (6ª); legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las CC.AA. (7ª); legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles forales o especiales (8ª); Hacienda general y Deuda del Estado (14ª); bases y coordinación general de la sanidad (16ª); legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (17ª); bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del estatuto de sus funcionarios (18ª); seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas (29ª).

La legislación procesal y la Administración de Justicia como competencia estatal (art. 149.1.5ª y 6ª CE)

Solo el Estado puede aprobar normas de naturaleza estrictamente procesal (LEC, LECrim, LJCA, LRJS); las Comunidades Autónomas con Derecho civil, foral o especial propio pueden introducir las especialidades procesales que deriven necesariamente de las particularidades de ese Derecho sustantivo, pero no innovar el régimen procesal común. La Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado (estatuto de Jueces y Magistrados, CGPJ, planta y organización de los Juzgados y Tribunales), pero los Estatutos de Autonomía pueden asumir, mediante la llamada cláusula subrogatoria, las facultades que la LOPJ reconoce al Gobierno del Estado sobre los medios personales (funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia) y materiales de la Administración de Justicia en su territorio, así como participar en la demarcación y planta.

La cláusula de cierre y la supletoriedad (art. 149.3 CE)

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las CC.AA., en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las CC.AA. en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las CC.AA.

Mecanismos de ampliación y control (arts. 150, 153 y 155 CE)

El art. 150 permite al Estado atribuir a las CC.AA., mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal susceptibles de transferencia o delegación (150.2) y dictar leyes marco (150.1) y leyes de armonización (150.3, apreciada la necesidad por la mayoría absoluta de cada Cámara). El control de la actividad de los órganos de las CC.AA. se ejerce por el Tribunal Constitucional (disposiciones con fuerza de ley), el Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado (ejercicio de funciones delegadas), la jurisdicción contencioso-administrativa (administración autónoma y sus normas reglamentarias) y el Tribunal de Cuentas (art. 153). Si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso o a la protección del interés general (art. 155 CE).

Organización institucional de las CC.AA. (art. 152.1 CE)

En las CC.AA. que accedieron por el art. 151, y en la práctica en todas, la organización se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal conforme a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, con funciones de dirección del Consejo de Gobierno, de suprema representación de la Comunidad y de representación ordinaria del Estado en ella. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno son políticamente responsables ante la Asamblea.

El Tribunal Superior de Justicia como culminación judicial autonómica

El art. 152.1, párrafo 2º, CE prevé que un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma; principio desarrollado por la LOPJ (art. 70). Los sucesivos recursos se agotan ante los órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

Financiación autonómica (arts. 156-158 CE)

Las CC.AA. gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (art. 156.1). Sus recursos se componen de impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, rendimientos del patrimonio y operaciones de crédito (art. 157.1). La LO 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), desarrolla este régimen. Los regímenes de concierto económico (País Vasco) y convenio (Navarra) se basan en los derechos históricos reconocidos en la Disposición Adicional 1ª.

El municipio: elementos esenciales (art. 11 LRBRL)

Entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades (art. 1 LRBRL). Goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; son elementos del municipio el territorio, la población (integrada por las personas inscritas en el Padrón municipal, art. 15) y la organización. Son vecinos los españoles y extranjeros que residen habitualmente en el municipio y figuran empadronados en él (art. 15). La creación y supresión de municipios y la alteración de términos municipales competen a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.2ª CE).

Órganos de gobierno municipal

El gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales (art. 140 CE). Los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes son elegidos por los Concejales o por los vecinos. Órganos necesarios en todos los municipios: el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno; en municipios de más de 5.000 habitantes (y en los de menos cuando lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno) existe además, con carácter obligatorio, la Junta de Gobierno Local (art. 20 LRBRL). Funcionan en régimen de Concejo abierto los municipios con menos de 100 habitantes y los que tradicionalmente cuenten con este régimen (art. 29 LRBRL).

Número de concejales y elección del Alcalde (LOREG)

El número de concejales depende de la población (art. 179 LOREG): hasta 100 residentes, 3; de 101 a 250, 5; de 251 a 1.000, 7; de 1.001 a 2.000, 9; de 2.001 a 5.000, 11; de 5.001 a 10.000, 13; de 10.001 a 20.000, 17; de 20.001 a 50.000, 21; de 50.001 a 100.000, 25; y a partir de 100.001, un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par. El Alcalde es elegido por mayoría absoluta de concejales de entre los cabezas de lista; si ninguno la obtiene, es proclamado el cabeza de la lista más votada (art. 196). Las elecciones locales se celebran cada cuatro años, el cuarto domingo de mayo.

Competencias propias de los municipios (art. 25 LRBRL)

Tras la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), el municipio ejerce como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las CC.AA.: urbanismo; medio ambiente urbano; abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales; infraestructura viaria; evaluación e información de situaciones de necesidad social; policía local, protección civil y prevención y extinción de incendios; tráfico, estacionamiento y movilidad; ferias, mercados y comercio ambulante; protección de la salubridad pública; cementerios; promoción del deporte e instalaciones deportivas; promoción de la cultura; y participación en la programación de la enseñanza.

Servicios mínimos obligatorios (art. 26 LRBRL)

Los municipios deben prestar, en todo caso: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas, y control de alimentos y bebidas. Además, los municipios con población superior a 5.000 habitantes deben prestar parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos; los de más de 20.000, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; y los de más de 50.000, transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente urbano.

Municipios de gran población y regímenes especiales

El Título X LRBRL (introducido por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local) establece un régimen específico de organización para los municipios de gran población: los de más de 250.000 habitantes, las capitales de provincia con más de 175.000, las capitales de provincia, autonómicas o sedes de instituciones autonómicas y otros municipios de más de 75.000 con circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Madrid y Barcelona cuentan además con regímenes especiales (Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y Carta Municipal de Barcelona).

La provincia: doble naturaleza (art. 141 CE y art. 31 LRBRL)

La provincia es, de un lado, una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y de otro, una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; toda alteración de los límites provinciales requiere ley orgánica (art. 141.1 CE). Sus fines propios y específicos son garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y en particular asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado (art. 31.2 LRBRL).

El gobierno provincial: la Diputación Provincial

El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden, con carácter general, a la Diputación Provincial u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2 CE). Son órganos necesarios el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno (art. 32 LRBRL). Los diputados provinciales son elegidos indirectamente por los concejales de la provincia, por partidos judiciales: 25 diputados en provincias de hasta 500.000 residentes, 27 de 500.001 a 1.000.000, 31 de 1.000.001 a 3.500.000 y 51 a partir de 3.500.001 (art. 204 LOREG). Sus competencias propias incluyen la coordinación de los servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social (art. 36 LRBRL).

Regímenes insulares especiales

En los archipiélagos, las islas cuentan además con su propia Administración en forma de Cabildos (Canarias) o Consejos Insulares (Baleares), que asumen el gobierno, la administración y la representación de cada isla, y ejercen las competencias propias de la Diputación Provincial, entre otras (art. 141.4 CE). En Baleares existen el Consell de Mallorca, el de Menorca y el Consell d'Eivissa y el Consell de Formentera.

Otras entidades locales (art. 3.2 LRBRL)

Gozan también de la condición de entidades locales las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios instituidas por las Comunidades Autónomas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios, éstas con personalidad y capacidad jurídica propias para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia.

Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local: función

Desarrolla el marco constitucional de la Administración Local (arts. 137, 140 y 141 CE), estableciendo el régimen de organización y competencias de los entes locales, su régimen de funcionamiento, la autonomía local (garantía institucional frente al legislador estatal y autonómico) y el sistema de controles. Ha sido reformada, entre otras, por la Ley 57/2003 (gobierno local) y por la Ley 27/2013 (LRSAL). Se completa con el Real Decreto Legislativo 781/1986 (texto refundido en materia de régimen local) y con la Carta Europea de la Autonomía Local (1985), ratificada por España.

Autonomía local frente a autonomía política autonómica

La autonomía municipal y provincial (arts. 140-141 CE) es autonomía administrativa para la gestión de los propios intereses, garantizada institucionalmente pero sin potestad legislativa propia; la autonomía de las CC.AA. es de naturaleza política, incluyendo potestad legislativa dentro de su ámbito competencial, sin alcanzar tampoco la soberanía. Las entidades locales cuentan con potestad reglamentaria, de autoorganización, tributaria y financiera, de planificación, expropiatoria, sancionadora y de ejecución forzosa, entre otras (art. 4 LRBRL).

Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

Accedieron a un régimen de autonomía mediante los respectivos Estatutos aprobados por Ley Orgánica 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, al amparo de la Disposición Transitoria 5ª CE; su régimen jurídico combina elementos de la organización municipal con determinadas competencias de naturaleza autonómica, sin llegar al nivel de autogobierno de las CC.AA. plenas ni poder legislativo. Son ciudades con Estatuto de autonomía, no Comunidades Autónomas.

CCAA uniprovinciales

Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Madrid, Illes Balears y Navarra (esta última como Comunidad Foral) coinciden territorialmente con una sola provincia, lo que determina que las funciones de la Diputación Provincial sean asumidas por los propios órganos autonómicos (en Baleares por los Consejos Insulares), sin perjuicio de las peculiaridades del régimen foral navarro.

El principio dispositivo en el Estado autonómico

El Estado de las Autonomías se caracteriza por el principio dispositivo: la Constitución no impone un mapa autonómico cerrado ni un nivel competencial homogéneo, sino que son los propios territorios, a través de sus Estatutos, quienes deciden constituirse en Comunidad Autónoma y qué competencias, dentro del marco constitucional, asumen. Este carácter explica la diferencia entre CC.AA. de primer y segundo nivel competencial, que se ha ido atenuando a través de los pactos autonómicos y de las reformas estatutarias.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 2 CE reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la indisoluble unidad de la Nación española, con solidaridad entre todas ellas.
  • El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y CC.AA., todas con autonomía para gestionar sus intereses, sin llegar nunca a la soberanía. España tiene 17 CC.AA. y 2 Ciudades Autónomas.
  • El art. 139 CE garantiza igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio, prohibiendo obstáculos a la libre circulación de personas y bienes.
  • Vía ordinaria (art. 143 CE): iniciada por Diputaciones y 2/3 de municipios (mayoría del censo); techo competencial inicial del art. 148, ampliable a los 5 años mediante reforma estatutaria.
  • Vía agravada (art. 151 CE): iniciativa reforzada (3/4 de municipios) y referéndum de ratificación por mayoría absoluta de electores de cada provincia; acceso directo al techo del art. 149. Andalucía accedió por el art. 151; Cataluña, País Vasco y Galicia por la Disposición Transitoria 2ª CE. TRAMPA: Andalucía no accedió por la DT 2ª.
  • El art. 144 CE permite constituir CC.AA. mediante ley orgánica de las Cortes cuando el territorio no supera una provincia (Madrid) o para territorios no integrados en la organización provincial. Ceuta y Melilla accedieron por la Disposición Transitoria 5ª CE (LO 1/1995 y 2/1995).
  • Los Estatutos de Autonomía (art. 147 CE) son norma institucional básica de cada Comunidad, aprobados y reformados siempre mediante ley orgánica de las Cortes Generales.
  • El art. 148.1 CE enumera 22 materias asumibles por las CC.AA.; el art. 149.1 CE reserva al Estado 32 materias, entre ellas nacionalidad y extranjería, relaciones internacionales, Defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil/penal/penitenciaria/procesal, legislación laboral y Hacienda general.
  • La legislación procesal es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª CE); las CC.AA. con Derecho civil, foral o especial propio solo pueden introducir las especialidades procesales que deriven necesariamente de ese Derecho sustantivo. Las CC.AA. pueden asumir la gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia por la cláusula subrogatoria.
  • El art. 149.3 CE fija la cláusula de cierre: lo no asumido por los Estatutos corresponde al Estado, cuyo Derecho es en todo caso supletorio del Derecho autonómico y cuyas normas prevalecen en caso de conflicto.
  • El art. 155 CE permite al Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado y previo requerimiento al Presidente de la Comunidad, adoptar medidas para obligar a una CA al cumplimiento forzoso o proteger el interés general.
  • En las CC.AA. (art. 152.1 CE) la organización institucional se basa en Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey. El TSJ culmina la organización judicial en el territorio de cada CA, sin perjuicio de la jurisdicción del TS.
  • El municipio (art. 11 LRBRL) tiene territorio, población (Padrón municipal) y organización como elementos esenciales; su gobierno corresponde al Ayuntamiento (Alcalde y Concejales). En municipios de más de 5.000 habitantes es obligatoria la Junta de Gobierno Local; funcionan en Concejo abierto los de menos de 100 habitantes.
  • Servicios mínimos del art. 26 LRBRL: todos los municipios, alumbrado, cementerio, residuos, etc.; más de 5.000 habitantes, parque, biblioteca y tratamiento de residuos; más de 20.000, protección civil, incendios, servicios sociales e instalaciones deportivas; más de 50.000, transporte colectivo y medio ambiente urbano.
  • Número de concejales (art. 179 LOREG): 3 hasta 100 habitantes; 5 hasta 250; 7 hasta 1.000; 9 hasta 2.000; 11 hasta 5.000; 13 hasta 10.000; 17 hasta 20.000; 21 hasta 50.000; 25 hasta 100.000.
  • La provincia (art. 141 CE) tiene doble naturaleza: entidad local (agrupación de municipios) y división territorial para la actividad del Estado; su alteración de límites exige ley orgánica.
  • El gobierno provincial corresponde a la Diputación Provincial, cuyos diputados se eligen indirectamente por los concejales por partidos judiciales; en los archipiélagos esa función la asumen los Cabildos (Canarias) o Consejos Insulares (Baleares).
  • Son CC.AA. uniprovinciales Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Madrid, Illes Balears y Navarra (esta como Comunidad Foral), donde las funciones de Diputación las asumen los propios órganos autonómicos.
  • Ceuta y Melilla son Ciudades Autónomas con Estatuto aprobado por LO 1/1995 y 2/1995 (13 de marzo), no Comunidades Autónomas; sin potestad legislativa.
  • El Estado autonómico se rige por el principio dispositivo: la Constitución no impone un mapa ni nivel competencial cerrado, sino que cada territorio decide vía Estatuto qué competencias asume.
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Según el art. 137 CE, el Estado se organiza territorialmente en:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Auxilio Judicial?

El Título VIII CE organiza el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137). El llamado Estado de las Autonomías se articuló mediante dos vías de acceso al autogobierno (arts. 143 y 151, más las disposiciones transitorias) y un reparto competencial en dos listas (arts. 148 y 149), completado por los Estatutos como norma institucional básica de cada Comunidad (art. 147); la Administración Local, regulada en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), tiene en el municipio y la provincia sus entidades territoriales básicas. Para el Cuerpo de Auxilio Judicial es especialmente relevante saber que la legislación procesal y la Administración de Justicia son competencia estatal (art. 149.1.5ª y 6ª CE), mientras que las Comunidades Autónomas pueden asumir la gestión de los medios materiales y personales no judiciales.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

El art. 2 CE reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la indisoluble unidad de la Nación española, con solidaridad entre todas ellas. El art. 137 CE organiza el Estado en municipios, provincias y CC.AA., todas con autonomía para gestionar sus intereses, sin llegar nunca a la soberanía. España tiene 17 CC.AA. y 2 Ciudades Autónomas. El art. 139 CE garantiza igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio, prohibiendo obstáculos a la libre circulación de personas y bienes. Vía ordinaria (art. 143 CE): iniciada por Diputaciones y 2/3 de municipios (mayoría del censo); techo competencial inicial del art. 148, ampliable a los 5 años mediante reforma estatutaria. Vía agravada (art. 151 CE): iniciativa reforzada (3/4 de municipios) y referéndum de ratificación por mayoría absoluta de electores de cada provincia; acceso directo al techo del art. 149. Andalucía accedió por el art. 151; Cataluña, País Vasco y Galicia por la Disposición Transitoria 2ª CE. TRAMPA: Andalucía no accedió por la DT 2ª. El art. 144 CE permite constituir CC.AA. mediante ley orgánica de las Cortes cuando el territorio no supera una provincia (Madrid) o para territorios no integrados en la organización provincial. Ceuta y Melilla accedieron por la Disposición Transitoria 5ª CE (LO 1/1995 y 2/1995). Los Estatutos de Autonomía (art. 147 CE) son norma institucional básica de cada Comunidad, aprobados y reformados siempre mediante ley orgánica de las Cortes Generales. El art. 148.1 CE enumera 22 materias asumibles por las CC.AA.; el art. 149.1 CE reserva al Estado 32 materias, entre ellas nacionalidad y extranjería, relaciones internacionales, Defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil/penal/penitenciaria/procesal, legislación laboral y Hacienda general. La legislación procesal es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª CE); las CC.AA. con Derecho civil, foral o especial propio solo pueden introducir las especialidades procesales que deriven necesariamente de ese Derecho sustantivo. Las CC.AA. pueden asumir la gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia por la cláusula subrogatoria. El art. 149.3 CE fija la cláusula de cierre: lo no asumido por los Estatutos corresponde al Estado, cuyo Derecho es en todo caso supletorio del Derecho autonómico y cuyas normas prevalecen en caso de conflicto. El art. 155 CE permite al Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado y previo requerimiento al Presidente de la Comunidad, adoptar medidas para obligar a una CA al cumplimiento forzoso o proteger el interés general. En las CC.AA. (art. 152.1 CE) la organización institucional se basa en Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey. El TSJ culmina la organización judicial en el territorio de cada CA, sin perjuicio de la jurisdicción del TS. El municipio (art. 11 LRBRL) tiene territorio, población (Padrón municipal) y organización como elementos esenciales; su gobierno corresponde al Ayuntamiento (Alcalde y Concejales). En municipios de más de 5.000 habitantes es obligatoria la Junta de Gobierno Local; funcionan en Concejo abierto los de menos de 100 habitantes. Servicios mínimos del art. 26 LRBRL: todos los municipios, alumbrado, cementerio, residuos, etc.; más de 5.000 habitantes, parque, biblioteca y tratamiento de residuos; más de 20.000, protección civil, incendios, servicios sociales e instalaciones deportivas; más de 50.000, transporte colectivo y medio ambiente urbano. Número de concejales (art. 179 LOREG): 3 hasta 100 habitantes; 5 hasta 250; 7 hasta 1.000; 9 hasta 2.000; 11 hasta 5.000; 13 hasta 10.000; 17 hasta 20.000; 21 hasta 50.000; 25 hasta 100.000. La provincia (art. 141 CE) tiene doble naturaleza: entidad local (agrupación de municipios) y división territorial para la actividad del Estado; su alteración de límites exige ley orgánica. El gobierno provincial corresponde a la Diputación Provincial, cuyos diputados se eligen indirectamente por los concejales por partidos judiciales; en los archipiélagos esa función la asumen los Cabildos (Canarias) o Consejos Insulares (Baleares). Son CC.AA. uniprovinciales Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Madrid, Illes Balears y Navarra (esta como Comunidad Foral), donde las funciones de Diputación las asumen los propios órganos autonómicos. Ceuta y Melilla son Ciudades Autónomas con Estatuto aprobado por LO 1/1995 y 2/1995 (13 de marzo), no Comunidades Autónomas; sin potestad legislativa. El Estado autonómico se rige por el principio dispositivo: la Constitución no impone un mapa ni nivel competencial cerrado, sino que cada territorio decide vía Estatuto qué competencias asume.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título VIII (arts. 137-158), Disposiciones Transitorias 2ª, 4ª y 5ª y Disposición Adicional 1ª.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) (BOE-A-1985-5392), modificada, entre otras, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, arts. 179, 196 y 204.
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
  • Estatutos de Autonomía (leyes orgánicas citadas), entre ellos: Ley Orgánica 1/1995 y Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatutos de Autonomía de Ceuta y de Melilla.

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