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Tema 17. Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ejecución dineraria, no dineraria y supuestos especiales: nociones básicas. Las medidas cautelares. Diligencia de embargo, diligencia de lanzamiento, remociones y depósitos judiciales.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El Libro III de la LEC regula la ejecución forzosa, que se despacha mediante auto del Juez con la orden general de ejecución y se concreta en un decreto del Letrado de la Administración de Justicia con las medidas ejecutivas concretas. El tema desarrolla el título ejecutivo, la ejecución dineraria (embargo, averiguación patrimonial, apremio y subasta), las nociones básicas de la ejecución no dineraria y de los supuestos especiales (ejecución provisional, ejecución hipotecaria), y las medidas cautelares. Se detiene en las actuaciones materiales que corresponden al Cuerpo de Auxilio Judicial: la diligencia de embargo, la diligencia de lanzamiento, las remociones y los depósitos judiciales. La LO 1/2025 modificó, con efectos para las demandas ejecutivas presentadas desde el 3 de abril de 2025, aspectos relevantes de la subasta judicial.

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El título ejecutivo (art. 517 LEC)

Solo procede la ejecución en virtud de título ejecutivo. Son títulos judiciales: las sentencias de condena firmes, los laudos arbitrales firmes, las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos alcanzados en el proceso, y los acuerdos de mediación elevados a escritura pública o aprobados judicialmente. Son títulos no judiciales: las escrituras públicas, las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio o notario, los títulos cambiarios, certificaciones de saldo de entidades de crédito en los casos legales, y otros documentos a los que la ley atribuya fuerza ejecutiva. El acta de conciliación con avenencia también es título ejecutivo.

Plazo de la acción ejecutiva

La acción ejecutiva fundada en sentencia, resolución judicial o del LAJ o laudo caduca si la demanda ejecutiva no se interpone dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la resolución (art. 518 LEC).

El Título Ejecutivo Europeo

El Reglamento (CE) 805/2004 crea el Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados, permitiendo que una resolución certificada como tal circule y se ejecute en cualquier Estado miembro sin necesidad de exequátur ni de procedimiento intermedio de reconocimiento.

Competencia y demanda ejecutiva

La ejecución de sentencias y resoluciones judiciales corresponde al tribunal que conoció del asunto en primera instancia; la de títulos no judiciales, al que determina la ley (generalmente el del domicilio del ejecutado). La ejecución se inicia por demanda, que expresa el título, la cantidad reclamada y los bienes sobre los que se pide embargo, y se acompaña del título ejecutivo.

La orden general de ejecución: el auto (art. 551 LEC)

Presentada la demanda ejecutiva, si concurren los presupuestos y requisitos procesales, el Juez dicta auto con la orden general de ejecución y despacha ejecución, expresando las partes, la cantidad por la que se despacha y las precisiones sobre el título. Si falta alguno de los presupuestos, deniega el despacho. El auto es recurrible en apelación por el ejecutante cuando deniega el despacho.

El decreto de medidas ejecutivas concretas (art. 551.3 LEC)

Dictado el auto, el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto, el mismo día o el siguiente hábil, con el contenido de las medidas ejecutivas concretas (incluida la medida de embargo y las de averiguación patrimonial), el contenido del requerimiento de pago y la indicación de si el requerimiento y las demás diligencias las practica el Cuerpo de Auxilio Judicial o el procurador, si lo ha solicitado. En consecuencia: auto = Juez = orden general; decreto = LAJ = medidas concretas.

Oposición a la ejecución (arts. 556 y ss. LEC)

El ejecutado puede oponerse en el plazo de diez días hábiles desde la notificación del auto. En la ejecución de títulos judiciales los motivos de fondo son tasados (pago o cumplimiento, caducidad de la acción, pactos o transacciones posteriores); en la de títulos no judiciales son más amplios (art. 557). Se admiten además las causas procesales (falta de capacidad, defectos del título, etc.). Como regla, la oposición no suspende el curso de la ejecución. Contra el auto que la resuelve cabe apelación.

Ejecución provisional (arts. 524 y ss. LEC)

Permite ejecutar una sentencia de condena todavía no firme, a instancia de quien la obtuvo, sin necesidad de caución. Procede respecto de las sentencias de condena dictadas en primera instancia y, con matices, en apelación. El ejecutado puede oponerse alegando que sería imposible o de extrema dificultad restablecer la situación anterior si se revoca la sentencia. Si se revoca la sentencia, procede la restitución de lo percibido y el resarcimiento de daños.

Clases de ejecución

La LEC distingue la ejecución dineraria (obtener una cantidad líquida del patrimonio del ejecutado), la ejecución por deberes de entregar cosas (genéricas, determinadas, bienes inmuebles), la ejecución por deberes de hacer o no hacer, y la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados. En todos los casos se parte del mismo título, auto y decreto, con particularidades de cada modalidad.

Ejecución dineraria: concepto y requisitos

Es la actividad dirigida a obtener, con el patrimonio del ejecutado, el pago de una cantidad líquida reconocida en el título. Es la más frecuente, ya que la mayoría de los títulos tienen por objeto una prestación pecuniaria. Cuando el título no determina de forma líquida la cantidad, hay que hacer previamente una liquidación.

El requerimiento de pago (art. 580 LEC)

No es necesario requerir de pago al ejecutado cuando el título es una resolución judicial o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, pudiendo despacharse la ejecución con embargo inmediato; sí lo es cuando el título no ha sido objeto de proceso judicial previo (escrituras públicas, pólizas, títulos cambiarios, etc.), salvo que ya se haya practicado un requerimiento notarial.

Averiguación patrimonial (arts. 589 a 591 LEC)

Cuando el ejecutante no conoce bienes suficientes, puede pedir que se requiera al ejecutado para que manifieste relación de sus bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, bajo apercibimiento de multas coercitivas y de las responsabilidades penales por desobediencia. El LAJ puede dirigir mandamientos y oficios a registros públicos y entidades (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registro de la Propiedad, entidades de crédito) a través del Punto Neutro Judicial, y las personas y entidades requeridas tienen el deber de colaborar.

El embargo: concepto y orden legal (art. 592 LEC)

El embargo es la actuación ejecutiva que afecta bienes concretos del ejecutado a la satisfacción del crédito; no priva de la propiedad, que sigue siendo del ejecutado hasta la realización. Salvo que el ejecutante señale otros bienes de modo justificado, el embargo debe recaer en este orden: dinero o cuentas corrientes; créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y valores o instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado oficial; joyas y objetos de arte; rentas en dinero; intereses, rentas y frutos de toda especie; bienes muebles o semovientes; bienes inmuebles; y, a continuación, sueldos, pensiones e ingresos profesionales y créditos o derechos realizables a medio y largo plazo. Se debe procurar que el embargo sea suficiente y no excesivo.

Bienes inembargables

Son absolutamente inembargables los bienes que la ley declara así (art. 605 LEC), como los declarados inalienables, los derechos accesorios no enajenables con independencia del principal y los bienes materialmente indispensables para la subsistencia del ejecutado y su familia, entre otros. Son relativamente inembargables (art. 606) los que solo se embargan a falta de otros bienes suficientes. Los ingresos por salarios, pensiones y prestaciones se embargan solo en la parte que supere el salario mínimo interprofesional, con la escala del art. 607.

Embargo de sueldos y pensiones: escala del art. 607 LEC

Es inembargable la cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional. Sobre el exceso se aplica una escala progresiva por tramos equivalentes a un SMI: 30% para la primera cuantía adicional hasta el importe de un segundo SMI; 50% hasta un tercero; 60% hasta un cuarto; 75% hasta un quinto; y 90% para cualquier cantidad que exceda de lo anterior. El tribunal puede reducir los porcentajes atendiendo a las cargas familiares. Las deudas por alimentos tienen un régimen más favorable al acreedor (art. 608).

Embargo de dinero y cuentas bancarias

Se ordena mediante diligencia o mandamiento a la entidad de crédito, que retiene el saldo hasta el límite de la cantidad reclamada, sin perjuicio de las limitaciones del art. 607 cuando se trate de ingresos por salarios o pensiones. La entidad pone el importe a disposición del tribunal, mediante transferencia a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del órgano.

Embargo de bienes inmuebles y bienes muebles

Los inmuebles se embargan mediante mandamiento al Registro de la Propiedad para la anotación preventiva del embargo y la certificación de dominio y cargas. Los muebles se embargan mediante aprehensión material, con diligencia que los describe, y quedan en depósito de la persona que se designe como depositario (arts. 622 a 628 LEC). Cuando el embargo supone entrar en un domicilio, se requiere consentimiento del titular o autorización judicial (art. 18.2 CE).

La diligencia de embargo de bienes muebles (art. 624 LEC)

En el acta de la diligencia de embargo se incluye una relación de los bienes embargados con su descripción detallada (forma, aspecto, características principales, estado de uso y conservación y existencia de defectos o taras que puedan influir en una disminución de su valor); las manifestaciones de quienes hayan intervenido en el embargo, en especial las referentes a la titularidad de las cosas embargadas y a eventuales derechos de terceros; y la persona a quien se designa depositario y el lugar en que se depositan los bienes. Es la actuación práctica típica en que el Cuerpo de Auxilio Judicial (art. 478 LOPJ) actúa como agente de la autoridad, con la documentación del acta a cargo del Cuerpo de Gestión (art. 476 LOPJ).

Depósito, depositario y remociones (arts. 625 a 628 LEC)

Desde su depósito o retención, el dinero y los demás bienes embargados tienen la consideración de efectos o caudales públicos (art. 625). Se nombra depositario al ejecutado si viene destinando los bienes a una actividad productiva o si son de difícil o costoso transporte o almacenamiento; en otro caso, a la persona o entidad que el tribunal designe. El depositario judicial está obligado a conservar los bienes con la debida diligencia a disposición del tribunal, a exhibirlos en las condiciones que indique el LAJ y a entregarlos a quien éste designe (art. 626). La remoción es el traslado de bienes embargados desde el lugar donde se encuentran al depósito, con documentación de su estado, y los gastos del depósito se rigen por el art. 628.

Embargo de créditos frente a terceros

Se practica mediante notificación de la traba al tercero deudor del ejecutado (por ejemplo, el empleador o un arrendatario), que queda obligado a poner a disposición del tribunal las cantidades adeudadas a medida que venzan y no puede ya pagar válidamente al ejecutado.

Reembargo y prelación de embargos

El reembargo (nuevo embargo sobre bienes ya embargados) es válido, pero el reembargante solo cobra con el sobrante tras satisfacerse al primer embargante. La prelación se determina, en general, por la fecha de la traba.

Las tercerías

La tercería de dominio permite a quien afirma ser propietario de un bien embargado alzar el embargo; no se admite a trámite sin principio de prueba por escrito (art. 597 LEC), se tramita por el juicio verbal y, admitida, suspende la ejecución respecto del bien discutido. La tercería de mejor derecho la plantea el titular de un crédito preferente al del ejecutante; no suspende la ejecución, y se retiene el importe obtenido hasta resolver.

El procedimiento de apremio: valoración y modos de realización

Comprende las actuaciones dirigidas a la realización forzosa de los bienes embargados: valoración (por perito tasador cuando procede), y realización por alguno de los modos legales: convenio de realización aprobado judicialmente, enajenación por persona o entidad especializada, subasta judicial, o administración para pago cuando se trata de bienes productivos. El precio obtenido se aplica al pago del ejecutante, intereses y costas, y el sobrante se entrega al ejecutado o, si existen embargos posteriores, a esos acreedores por orden de traba.

La subasta electrónica de bienes (Portal de Subastas)

Las subastas judiciales se celebran por vía electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, con una duración de veinte días naturales, durante los cuales cualquier interesado puede consultar la información y presentar pujas telemáticas, y se anuncian en el Portal. Para pujar hay que constituir depósito previo (consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o aval bancario).

Novedades de la LO 1/2025 en la subasta judicial

Para las ejecuciones con demanda presentada desde el 3 de abril de 2025: (a) se eleva el depósito exigido a los postores del 5% anterior al 10% del valor de los bienes muebles y al 20% de los inmuebles, con un mínimo de 1.000 euros; (b) se acorta a veinte días el plazo para consignar el resto del precio en las subastas de inmuebles (antes, cuarenta); (c) el ejecutante que quiera adjudicarse el bien debe participar en la subasta y su postura ser la más alta; (d) se elimina la posibilidad de solicitar la adjudicación tras una subasta desierta, pasando la iniciativa al ejecutado, que puede instar el alzamiento del embargo, proponer un tercero adjudicatario o acordar con el ejecutante; y (e) se mantiene una especial protección de la vivienda habitual del deudor con porcentajes mínimos del valor de subasta para aprobar el remate. El Portal del BOE convive con ambos regímenes según la fecha de la demanda.

Aprobación del remate y adjudicación

Finalizada la subasta, el LAJ aprueba el remate por decreto a favor del mejor postor si su postura cumple los requisitos legales. El rematante consigna el resto del precio en el plazo legal y obtiene el testimonio del decreto de adjudicación, título que sirve para inscribir la propiedad en el Registro.

Ejecución sobre bienes hipotecados (arts. 681 y ss. LEC)

La ejecución directa sobre bienes hipotecados exige que la escritura fije el precio en que los interesados tasan la finca para que sirva de tipo en la subasta y un domicilio para requerimientos y notificaciones. Se dirige contra el bien hipotecado, con causas de oposición tasadas (art. 695): extinción de la garantía o de la obligación, error en la determinación de la cantidad exigible, existencia de otra prenda o hipoteca inscrita con anterioridad, y carácter abusivo de una cláusula que fundamente la ejecución o determine la cantidad exigible.

Control de oficio de cláusulas abusivas

En línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Directiva 93/13/CEE), el tribunal debe examinar de oficio si una cláusula que fundamenta la ejecución o determina la cantidad exigible es abusiva, pudiendo decretar la improcedencia de la ejecución o su continuación sin aplicar la cláusula. La Ley 5/2019, de contratos de crédito inmobiliario, reforzó las condiciones del vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios.

Ejecución no dineraria: nociones básicas

En la ejecución por deberes de entregar cosas, si la cosa es determinada y no se entrega voluntariamente, se procede a su entrega forzosa; si es genérica, se adquiere a costa del ejecutado; cuando la cosa a entregar es un inmueble, se procede al lanzamiento de sus ocupantes (arts. 703 y 704). En la ejecución de deberes de hacer, el ejecutado puede ser requerido para cumplir en un plazo; si no cumple, el ejecutante puede pedir que se haga a su costa por un tercero o se sustituya por una indemnización de daños y perjuicios. En los de no hacer, se deshace lo mal hecho si es posible o se indemniza.

La diligencia de lanzamiento (arts. 703 y 704 LEC)

El lanzamiento es el acto de desalojo de un inmueble. En los desahucios por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración del plazo, para evitar demoras, previa autorización del LAJ, basta la presencia de un único funcionario con categoría de Gestor, que puede solicitar, en su caso, el auxilio de la fuerza pública (art. 703.1 LEC). Si el inmueble es vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el LAJ les da un plazo de un mes para desalojarlo, prorrogable un mes más por motivo fundado; transcurridos los plazos, se procede de inmediato al lanzamiento, fijando día y hora exacta tanto en la resolución inicial como en la prórroga (art. 704.1 LEC). Los bienes muebles que queden en el inmueble se retiran y se depositan conforme a las reglas del depósito, y se levanta diligencia del acto. Las medidas de protección de hogares vulnerables (suspensiones del lanzamiento) deben consultarse en su normativa vigente.

Las medidas cautelares: concepto y fundamento (arts. 721 y ss. LEC)

Son resoluciones judiciales instrumentales y provisionales dirigidas a asegurar la efectividad de la tutela judicial que pueda otorgarse en la sentencia futura, evitando que la duración del proceso frustre el resultado práctico del pleito. Se adoptan a instancia de parte (no de oficio) salvo los casos que la ley prevé.

Presupuestos de las medidas cautelares (art. 728 LEC)

Concurren acumulativamente: periculum in mora (peligro de que, por la mora procesal, la sentencia sea ineficaz), fumus boni iuris (apariencia de buen derecho, sin prejuzgar el fondo) y caución que garantice los daños y perjuicios que pudiera causar la medida. El solicitante debe justificar documentalmente los dos primeros.

Caracteres de las medidas cautelares

Son instrumentales (dependen de un proceso principal), provisionales (vigentes hasta la sentencia firme), variables (pueden modificarse o alzarse si cambian las circunstancias) y jurisdiccionales (las adopta el órgano judicial). Los daños que causen cuando se acuerdan injustificadamente se reparan con cargo a la caución.

Momento de solicitud (art. 730 LEC)

Pueden solicitarse antes de la demanda (por urgencia o necesidad), con la demanda o después, mientras el proceso esté pendiente, incluso en segunda instancia. Si se acuerdan antes de la demanda, ésta debe presentarse en el plazo de veinte días desde su adopción; si no, se alzan automáticamente y el solicitante responde de los daños.

Catálogo de medidas (art. 727 LEC)

El art. 727 recoge medidas específicas: embargo preventivo de bienes; intervención o administración judicial de bienes productivos; depósito de cosa mueble; formación de inventarios de bienes; anotación preventiva de la demanda y otras anotaciones registrales; orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad o de abstenerse de conducta; intervención y depósito de ingresos; y la cláusula abierta de las medidas que, a juicio del tribunal, sean necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia.

Tramitación con y sin audiencia del demandado (arts. 733 y 734 LEC)

La regla general es que las medidas se adopten previa audiencia del demandado, mediante comparecencia con alegaciones y prueba. Excepcionalmente, cuando el solicitante lo justifique por razones de urgencia o porque la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida, se adoptan inaudita parte por auto, y el demandado puede formular oposición posterior, que se sustancia en vista sin suspender por sí sola la medida.

Recursos y caución sustitutoria

Contra el auto que resuelve sobre medidas cautelares cabe recurso de apelación, que no suspende, con carácter general, la efectividad de la medida acordada. El demandado puede evitar la adopción o conseguir el alzamiento de la medida ofreciendo caución sustitutoria suficiente, salvo las medidas incompatibles con la sustitución por su propia naturaleza.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Solo procede la ejecución con título ejecutivo (art. 517 LEC): judiciales (sentencias firmes, laudos, transacciones y mediaciones aprobadas) y no judiciales (escrituras públicas, pólizas, títulos cambiarios). La acción ejecutiva basada en sentencia o laudo caduca a los cinco años desde la firmeza (art. 518).
  • El Título Ejecutivo Europeo (Reglamento CE 805/2004) permite ejecutar en cualquier Estado miembro, sin exequátur, una resolución sobre créditos no impugnados.
  • Dos resoluciones: auto del Juez con la orden general de ejecución (art. 551) y decreto del LAJ, el mismo día o el siguiente hábil, con las medidas ejecutivas concretas y la indicación de quién practica el requerimiento (Auxilio Judicial o procurador).
  • Oposición a la ejecución: 10 días; en títulos judiciales los motivos son tasados (pago, caducidad, pactos); no suspende la ejecución como regla general.
  • No hace falta requerimiento de pago cuando el título es resolución judicial o arbitral de condena; sí en escrituras, pólizas y títulos cambiarios (art. 580).
  • Orden del embargo (art. 592): dinero y cuentas, créditos y valores realizables en el acto, joyas, rentas, intereses y frutos, muebles, inmuebles, y después sueldos y pensiones y créditos a medio y largo plazo.
  • Sueldos y pensiones (art. 607): inembargable el SMI; sobre el exceso, 30%, 50%, 60%, 75% y 90% por tramos de un SMI, reducibles por cargas familiares.
  • Diligencia de embargo de muebles (art. 624): relación detallada de bienes, manifestaciones sobre titularidad y derechos de terceros, y depositario con lugar de depósito. Auxilio Judicial actúa como agente de la autoridad (art. 478 LOPJ); Gestión documenta embargos y lanzamientos (art. 476).
  • Los bienes embargados tienen, desde su depósito o retención, la consideración de efectos o caudales públicos (art. 625). Se nombra depositario al ejecutado si los bienes se destinan a actividad productiva o son de difícil transporte o almacenamiento (art. 626).
  • Lanzamiento (art. 703.1 LEC): en desahucios por falta de pago o expiración del plazo, basta un único funcionario con categoría de Gestor, previa autorización del LAJ, que puede pedir auxilio de la fuerza pública. Vivienda habitual: plazo de un mes, prorrogable un mes más por motivo fundado (art. 704.1).
  • Tercería de dominio: se tramita por verbal y suspende la ejecución solo respecto del bien; tercería de mejor derecho: no suspende la ejecución.
  • Subasta judicial electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE; LO 1/2025 (demandas desde el 3-4-2025): depósito del 10% (muebles) y 20% (inmuebles), resto del precio en 20 días, y el ejecutante ya no puede pedir la adjudicación tras una subasta desierta.
  • Ejecución hipotecaria: causas de oposición tasadas (art. 695), incluido el carácter abusivo de una cláusula, que el tribunal controla de oficio.
  • Medidas cautelares: periculum in mora, fumus boni iuris y caución (art. 728); instrumentales, provisionales y variables; antes de la demanda, ésta debe presentarse en 20 días o caducan (art. 730); regla general con audiencia, excepcionalmente inaudita parte (art. 733); apelación sin efecto suspensivo.
  • Ejecución provisional (arts. 524 y ss.): sentencias no firmes, sin caución; si se revoca, restitución y resarcimiento.
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Según el art. 624 LEC, ¿qué debe recoger el acta de la diligencia de embargo de bienes muebles?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 17 de Auxilio Judicial?

El Libro III de la LEC regula la ejecución forzosa, que se despacha mediante auto del Juez con la orden general de ejecución y se concreta en un decreto del Letrado de la Administración de Justicia con las medidas ejecutivas concretas. El tema desarrolla el título ejecutivo, la ejecución dineraria (embargo, averiguación patrimonial, apremio y subasta), las nociones básicas de la ejecución no dineraria y de los supuestos especiales (ejecución provisional, ejecución hipotecaria), y las medidas cautelares. Se detiene en las actuaciones materiales que corresponden al Cuerpo de Auxilio Judicial: la diligencia de embargo, la diligencia de lanzamiento, las remociones y los depósitos judiciales. La LO 1/2025 modificó, con efectos para las demandas ejecutivas presentadas desde el 3 de abril de 2025, aspectos relevantes de la subasta judicial.

¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?

Solo procede la ejecución con título ejecutivo (art. 517 LEC): judiciales (sentencias firmes, laudos, transacciones y mediaciones aprobadas) y no judiciales (escrituras públicas, pólizas, títulos cambiarios). La acción ejecutiva basada en sentencia o laudo caduca a los cinco años desde la firmeza (art. 518). El Título Ejecutivo Europeo (Reglamento CE 805/2004) permite ejecutar en cualquier Estado miembro, sin exequátur, una resolución sobre créditos no impugnados. Dos resoluciones: auto del Juez con la orden general de ejecución (art. 551) y decreto del LAJ, el mismo día o el siguiente hábil, con las medidas ejecutivas concretas y la indicación de quién practica el requerimiento (Auxilio Judicial o procurador). Oposición a la ejecución: 10 días; en títulos judiciales los motivos son tasados (pago, caducidad, pactos); no suspende la ejecución como regla general. No hace falta requerimiento de pago cuando el título es resolución judicial o arbitral de condena; sí en escrituras, pólizas y títulos cambiarios (art. 580). Orden del embargo (art. 592): dinero y cuentas, créditos y valores realizables en el acto, joyas, rentas, intereses y frutos, muebles, inmuebles, y después sueldos y pensiones y créditos a medio y largo plazo. Sueldos y pensiones (art. 607): inembargable el SMI; sobre el exceso, 30%, 50%, 60%, 75% y 90% por tramos de un SMI, reducibles por cargas familiares. Diligencia de embargo de muebles (art. 624): relación detallada de bienes, manifestaciones sobre titularidad y derechos de terceros, y depositario con lugar de depósito. Auxilio Judicial actúa como agente de la autoridad (art. 478 LOPJ); Gestión documenta embargos y lanzamientos (art. 476). Los bienes embargados tienen, desde su depósito o retención, la consideración de efectos o caudales públicos (art. 625). Se nombra depositario al ejecutado si los bienes se destinan a actividad productiva o son de difícil transporte o almacenamiento (art. 626). Lanzamiento (art. 703.1 LEC): en desahucios por falta de pago o expiración del plazo, basta un único funcionario con categoría de Gestor, previa autorización del LAJ, que puede pedir auxilio de la fuerza pública. Vivienda habitual: plazo de un mes, prorrogable un mes más por motivo fundado (art. 704.1). Tercería de dominio: se tramita por verbal y suspende la ejecución solo respecto del bien; tercería de mejor derecho: no suspende la ejecución. Subasta judicial electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE; LO 1/2025 (demandas desde el 3-4-2025): depósito del 10% (muebles) y 20% (inmuebles), resto del precio en 20 días, y el ejecutante ya no puede pedir la adjudicación tras una subasta desierta. Ejecución hipotecaria: causas de oposición tasadas (art. 695), incluido el carácter abusivo de una cláusula, que el tribunal controla de oficio. Medidas cautelares: periculum in mora, fumus boni iuris y caución (art. 728); instrumentales, provisionales y variables; antes de la demanda, ésta debe presentarse en 20 días o caducan (art. 730); regla general con audiencia, excepcionalmente inaudita parte (art. 733); apelación sin efecto suspensivo. Ejecución provisional (arts. 524 y ss.): sentencias no firmes, sin caución; si se revoca, restitución y resarcimiento.

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Libro III (arts. 517-720): arts. 517, 518, 524 y ss., 551, 556 y ss., 580, 589-592, 597, 605-608, 622-628, 681 y ss., 695, 699-720; y Libro III, Título VI (medidas cautelares, arts. 721-747).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (reforma de la subasta judicial; BOE-A-2025-76).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 476 y 478 (funciones de Gestión Procesal y de Auxilio Judicial en embargos y lanzamientos).
  • Reglamento (CE) núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.
  • Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
  • Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (desahucios de vivienda habitual).

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