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La protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución española (la STC 292/2000 lo configuró como derecho autónomo, distinto de la intimidad) y en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hoy se desarrolla a través de tres normas que deben estudiarse por separado y sin confundirlas: el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), de aplicación directa en toda la Unión desde el 25 de mayo de 2018, sin necesidad de transposición; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que completa el RGPD en los aspectos que este remite a los Estados miembros y añade un catálogo propio de derechos digitales; y, para la Guardia Civil en su actividad policial, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que transpone la Directiva (UE) 2016/680 y tiene un régimen distinto del RGPD. La autoridad de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con autoridades autonómicas en Cataluña, País Vasco y Andalucía para el sector público de sus respectivas comunidades. El tema exige dominar: conceptos y principios, bases de licitud, derechos de los interesados, figuras (responsable, encargado, delegado de protección de datos), obligaciones (registro, seguridad, brechas, evaluación de impacto), régimen sancionador y el régimen especial de los tratamientos policiales.
El marco normativo: RGPD, LOPDGDD y el derecho fundamental del artículo 18.4 CE
El artículo 1 de la LOPDGDD fija su doble objeto: 'a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679... y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica; b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución'. Es clave distinguir la naturaleza de ambas normas: el RGPD es un Reglamento europeo, obligatorio en todos sus elementos y de aplicación directa en cada Estado miembro sin necesidad de una ley que lo transponga (a diferencia de una directiva); la LOPDGDD no lo 'transpone', lo completa y desarrolla, y regula además materias que el propio RGPD remite al Derecho nacional (edad del consentimiento de los menores, régimen de las autoridades de control, régimen sancionador interno) y un Título X de derechos digitales sin equivalente en el Reglamento europeo. La LOPDGDD (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018) derogó la anterior Ley Orgánica 15/1999 (LOPD); el Real Decreto 1720/2007, que la desarrollaba, solo sigue aplicándose en lo que no contradiga al RGPD y a la LOPDGDD. Estructura básica de la LOPDGDD: Título I (disposiciones generales), II (principios), III (derechos de las personas), IV (tratamientos concretos), V (responsable y encargado, incluido el delegado de protección de datos), VI (transferencias internacionales), VII (autoridades de protección de datos), VIII (procedimientos), IX (régimen sancionador) y X (garantía de los derechos digitales).
Del régimen de la LOPD 15/1999 al RGPD: cambios fundamentales
El RGPD sustituyó a la Directiva 95/46/CE y a un modelo basado en la notificación previa de ficheros y en medidas de seguridad tasadas, y lo cambió por un modelo de 'responsabilidad proactiva': cada responsable evalúa sus riesgos y decide qué medidas aplicar. Principales novedades: el consentimiento debe ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante declaración o acción afirmativa clara (no basta el consentimiento tácito ni las casillas premarcadas); se amplían los derechos (se añaden limitación del tratamiento y portabilidad a los tradicionales de acceso, rectificación, supresión y oposición, conocidos como ARCO); se crea el delegado de protección de datos obligatorio en ciertos casos; se imponen la notificación de brechas de seguridad, la evaluación de impacto y la protección de datos desde el diseño y por defecto; desaparece la inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos y se sustituye por el registro interno de actividades de tratamiento; y las multas se elevan hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio. Se aplica el mecanismo de 'ventanilla única': en tratamientos transfronterizos, la autoridad del establecimiento principal actúa como autoridad principal.
Ámbito de aplicación del RGPD (artículos 2 y 3) y conceptos básicos (artículo 4)
Ámbito material (art. 2): tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, y tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a un fichero. No se aplica, entre otros casos, a actividades no comprendidas en el Derecho de la Unión, a las actividades exclusivamente personales o domésticas, ni al tratamiento por las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, que se rige por la Directiva (UE) 2016/680 (en España, la LO 7/2021). Ámbito territorial (art. 3): se aplica a responsables o encargados establecidos en la Unión y, además, a los no establecidos cuando ofrezcan bienes o servicios a personas en la Unión o controlen su comportamiento. La LOPDGDD no protege los datos de personas fallecidas de la misma forma: sus herederos y personas vinculadas pueden solicitar acceso, rectificación o supresión (art. 3 LOPDGDD). Definiciones del art. 4 RGPD: dato personal (toda información sobre una persona física identificada o identificable: nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea, elementos de identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social; incluye dirección IP, matrícula o imagen reconocible); tratamiento (cualquier operación sobre datos: recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión...); fichero (conjunto estructurado de datos accesibles con arreglo a criterios); elaboración de perfiles; seudonimización; responsable; encargado; destinatario; tercero; consentimiento; violación de la seguridad de los datos; datos genéticos, biométricos y relativos a la salud. Quedan fuera del RGPD las personas jurídicas: protege solo a personas físicas.
Los principios del tratamiento de datos (artículo 5 RGPD)
El artículo 5.1 RGPD enumera los seis principios que deben presidir cualquier tratamiento de datos personales: a) licitud, lealtad y transparencia; b) limitación de la finalidad (recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, sin tratarse ulteriormente de forma incompatible con ellos); c) minimización de datos (adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario); d) exactitud (actualizados cuando sea necesario, suprimiendo o rectificando sin dilación los inexactos); e) limitación del plazo de conservación (solo el tiempo necesario para los fines del tratamiento); y f) integridad y confidencialidad (seguridad adecuada de los datos, incluida la protección contra tratamiento no autorizado, pérdida o daño). El artículo 5.2 añade la 'responsabilidad proactiva' (accountability): el responsable no solo debe cumplir estos principios, sino ser capaz de DEMOSTRAR que los cumple, lo que obliga a documentar decisiones, mantener registros de actividades de tratamiento y adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas. La LOPDGDD recoge el deber de confidencialidad (art. 5) y la exactitud (art. 4). El tratamiento ulterior con fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadísticos no se considera incompatible con la finalidad inicial.
La licitud del tratamiento y el consentimiento (artículos 6 y 7 RGPD; artículos 6 a 8 LOPDGDD)
El artículo 6.1 RGPD enumera seis bases de licitud alternativas (basta con que concurra una): a) consentimiento del interesado; b) ejecución de un contrato (o medidas precontractuales); c) cumplimiento de una obligación legal; d) protección de intereses vitales; e) cumplimiento de una misión de interés público o ejercicio de poderes públicos; f) interés legítimo del responsable o de un tercero. El último párrafo del art. 6.1 contiene una restricción muy preguntada: la base del 'interés legítimo' (letra f) 'no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones'. El artículo 7 regula las condiciones del consentimiento: el responsable debe poder demostrar que el interesado consintió (apdo. 1); si se solicita junto con otros asuntos, debe distinguirse claramente y presentarse en lenguaje claro y sencillo (apdo. 2); y el interesado puede retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo, siendo 'tan fácil retirar el consentimiento como darlo' (apdo. 3). Los artículos 6 a 8 LOPDGDD completan el régimen: el consentimiento debe referirse a todas las finalidades (art. 6.2); la ejecución de un contrato no puede condicionarse a consentir tratamientos no necesarios para él; y el art. 8.1 exige que el tratamiento por obligación legal o por misión de interés público derive de una norma con rango de ley (en el caso del interés público o poderes públicos, 'competencia atribuida por una norma con rango de ley', art. 8.2).
Categorías especiales de datos y datos de condenas penales (artículos 9 y 10 RGPD; artículos 9 y 10 LOPDGDD)
El artículo 9.1 RGPD prohíbe, como regla general, el tratamiento de datos que revelen origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas o afiliación sindical, así como los datos genéticos, los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, los datos relativos a la salud y los datos relativos a la vida sexual u orientación sexual. El apdo. 2 enumera las excepciones que levantan la prohibición (consentimiento explícito, obligaciones en materia laboral y de seguridad social, intereses vitales, datos manifiestamente públicos, reclamaciones, interés público esencial, medicina preventiva o laboral, salud pública, archivo, investigación y estadística...). El artículo 9 LOPDGDD añade una restricción propia: a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición del tratamiento cuya principal finalidad sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Los tratamientos de estas categorías basados en razones de interés público esencial, salud o investigación deben ampararse en una norma con rango de ley. El artículo 10 RGPD solo permite el tratamiento de datos de condenas e infracciones penales bajo el control de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el art. 10 LOPDGDD lo limita a los casos en que lo permita una norma de Derecho de la Unión o una ley, y al registro completo de antecedentes penales solo bajo el control de las autoridades públicas.
La edad de consentimiento digital de los menores (artículo 8 RGPD y artículo 7 LOPDGDD)
El RGPD establece que, en la oferta directa de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento basado en el consentimiento de un menor es lícito si este tiene al menos 16 años, y permite a los Estados miembros reducir esa edad hasta un mínimo de 13. La LOPDGDD (art. 7.1) la fija en 14 años; por debajo de esa edad se exige el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela, y el responsable debe hacer esfuerzos razonables para verificarlo. Trampa de examen: no confundir los 14 años de la LOPDGDD con los 16 del RGPD (que es solo la edad por defecto) ni con los 13 que es el mínimo que permite el RGPD. La LOPDGDD protege además a los menores en internet (arts. 84 y 92) y su derecho al olvido en servicios de redes sociales (art. 94).
Transparencia e información al interesado (artículos 12 a 14 RGPD; artículo 11 LOPDGDD)
El responsable debe facilitar la información en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con lenguaje claro y sencillo. Los artículos 13 (datos obtenidos del interesado) y 14 (datos no obtenidos del interesado) enumeran el contenido: identidad y contacto del responsable y del delegado de protección de datos, fines y base jurídica, destinatarios, transferencias internacionales, plazo de conservación, derechos, derecho a retirar el consentimiento y a reclamar ante la autoridad de control, y existencia de decisiones automatizadas. El art. 11 LOPDGDD admite el cumplimiento del deber de información 'por capas' o niveles: una primera capa con la información básica (identidad del responsable, finalidad, posibilidad de ejercer derechos) y una segunda con el resto, accesible de forma sencilla e inmediata. Cuando los datos no se obtienen del interesado, la información se facilita en un plazo razonable, como máximo un mes. La información debe darse antes de recoger los datos.
Los derechos del interesado: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición (artículos 15 a 22 RGPD; artículos 12 a 18 LOPDGDD)
El RGPD regula directamente, en sus artículos 15 a 22, el catálogo de derechos del interesado (el acrónimo ARCO de la legislación anterior se ha ampliado). El derecho de acceso (art. 15) permite confirmar si se tratan datos propios y acceder a ellos y a información asociada (fines, categorías, destinatarios, plazo de conservación); la primera copia es gratuita, y solo por copias adicionales puede cobrarse un canon razonable basado en costes administrativos (art. 15.3). El derecho de rectificación (art. 16) permite corregir datos inexactos o completar los incompletos. El derecho de supresión (art. 17), que el propio RGPD titula entre paréntesis 'el derecho al olvido', obliga a suprimir los datos sin dilación indebida cuando concurra alguna causa tasada (los datos ya no son necesarios, se retira el consentimiento, hay oposición sin motivos legítimos prevalentes, o el tratamiento fue ilícito), con excepciones también tasadas (libertad de expresión e información, obligación legal, interés público en salud, archivo e investigación, defensa de reclamaciones). El derecho a la limitación (art. 18) no borra los datos, solo 'congela' su uso salvo consentimiento o defensa de reclamaciones. La portabilidad (art. 20) exige que el tratamiento se base en consentimiento o contrato Y sea automatizado, por lo que nunca se aplica a tratamientos basados en el ejercicio de poderes públicos. El derecho de oposición (art. 21) admite que el responsable siga tratando si acredita motivos legítimos imperiosos, salvo que la oposición sea a mercadotecnia directa, caso en que es absoluta y sin excepciones. Procedimiento (art. 12 RGPD): el responsable debe responder en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable otros dos meses por complejidad o número de solicitudes (informando de la prórroga en el primer mes); el ejercicio es, en general, gratuito. La LOPDGDD (arts. 12 a 18) desarrolla las condiciones de ejercicio de cada derecho.
Decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles (artículo 22 RGPD)
El interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Se permite si es necesaria para un contrato, está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros con medidas adecuadas, o se basa en el consentimiento explícito; en esos casos el interesado conserva al menos el derecho a obtener intervención humana, expresar su punto de vista e impugnar la decisión. Las decisiones automatizadas no pueden basarse en categorías especiales de datos salvo consentimiento explícito o interés público esencial con salvaguardas. La elaboración de perfiles es toda forma de tratamiento automatizado para evaluar aspectos personales (rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias, comportamiento...). Esta materia enlaza con el Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial, que se aplica de forma escalonada.
Responsable, encargado y corresponsables del tratamiento (artículos 24, 26 y 28 RGPD)
El responsable del tratamiento es quien decide los fines y medios del tratamiento (por ejemplo, la Dirección General de la Guardia Civil respecto de sus ficheros de personal); debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas y poder demostrar que el tratamiento es conforme al RGPD (art. 24). El encargado del tratamiento es quien trata datos personales por cuenta del responsable, en virtud de un contrato o acto jurídico que lo vincule (art. 28 RGPD), sin poder decidir sobre la finalidad del tratamiento ni tratarlos para fines propios; el responsable solo debe recurrir a encargados que ofrezcan garantías suficientes, y el encargado no puede recurrir a otro encargado (subencargado) sin autorización del responsable. Si el encargado determina fines y medios, se considera responsable. Cuando dos o más responsables determinan conjuntamente los fines y medios, son corresponsables (art. 26), y deben fijar de modo transparente, mediante un acuerdo, sus responsabilidades respectivas, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y el deber de información; el interesado puede ejercer sus derechos frente a cada uno de ellos. Trampa de examen: la diferencia entre responsable y encargado no es el tamaño ni el carácter público o privado, sino quién decide el 'para qué' y el 'cómo' del tratamiento.
Protección de datos desde el diseño y por defecto (artículo 25 RGPD)
El responsable debe aplicar, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas (como la seudonimización) concebidas para aplicar los principios de protección de datos, en particular la minimización (protección de datos desde el diseño). Además, debe garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales necesarios para cada fin específico, en cuanto a cantidad, extensión, plazo de conservación y accesibilidad (protección de datos por defecto): por ejemplo, que los datos no sean accesibles a un número indeterminado de personas sin intervención del interesado. Ambos conceptos son una manifestación del principio de responsabilidad proactiva.
El Registro de Actividades de Tratamiento (artículo 30 RGPD y artículo 31 LOPDGDD)
Documento que todo responsable y encargado del tratamiento debe llevar, con el contenido de sus operaciones de tratamiento (fines, categorías de interesados y de datos, destinatarios, transferencias internacionales, plazos previstos de supresión y descripción general de las medidas de seguridad), a disposición de la autoridad de control. Sustituyó al antiguo sistema de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD, propio de la legislación anterior. Están exentas, en principio, las organizaciones con menos de 250 empleados, salvo que el tratamiento pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades, no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos o datos penales. El artículo 31 LOPDGDD obliga a los sujetos del art. 77.1 (entre ellos las Administraciones Públicas) a hacer público, por medios electrónicos, un inventario de sus actividades de tratamiento, con indicación de su base legal.
Medidas de seguridad técnicas y organizativas (artículo 32 RGPD) y Esquema Nacional de Seguridad
El responsable y el encargado deben aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes y la naturaleza, alcance, contexto y fines del tratamiento. Entre otras, el art. 32 menciona la seudonimización y el cifrado, la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos tras un incidente, y un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas. A diferencia de la legislación anterior, ya no existe un catálogo de niveles de seguridad (básico, medio, alto) obligatorio: las medidas se deciden mediante análisis de riesgos. En el sector público, la disposición adicional primera de la LOPDGDD obliga a aplicar las medidas del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo).
La notificación de brechas de seguridad (artículos 33 y 34 RGPD)
Una violación de la seguridad de los datos personales es toda violación que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos, o la comunicación o acceso no autorizados. El responsable del tratamiento debe notificarla a la autoridad de control (la AEPD) sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas; si no se hace en 72 horas, debe explicarse el motivo del retraso. El encargado debe notificar al responsable sin dilación indebida. La notificación debe describir la naturaleza de la violación, las categorías y número aproximado de afectados, los datos del delegado de protección de datos, las posibles consecuencias y las medidas adoptadas. Si es probable que entrañe un alto riesgo, debe comunicarse también a los propios interesados afectados sin dilación indebida (art. 34), salvo que los datos estuvieran cifrados, se hayan adoptado medidas posteriores que eliminen el riesgo o suponga un esfuerzo desproporcionado (comunicación pública). Todas las violaciones deben documentarse, se notifiquen o no.
La Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y la consulta previa (artículos 35 y 36 RGPD)
Análisis previo obligatorio, exigido por el art. 35 RGPD, cuando un tipo de tratamiento entrañe probablemente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. El art. 35.3 lo exige en particular en tres supuestos: a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en tratamiento automatizado (incluida la elaboración de perfiles) con efectos jurídicos significativos; b) tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos penales; y c) observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público (videovigilancia masiva). Las autoridades de control publican listas de tratamientos que requieren o no EIPD. La EIPD contiene, como mínimo, una descripción de las operaciones y fines, una evaluación de la necesidad y proporcionalidad, una evaluación de los riesgos y las medidas previstas para afrontarlos. Si, tras la evaluación, el riesgo sigue siendo alto pese a las medidas, el responsable debe realizar una consulta previa a la autoridad de control (art. 36), que tiene un plazo de ocho semanas (prorrogable seis semanas más) para asesorar por escrito.
El delegado de protección de datos (artículos 37 a 39 RGPD; artículos 34 a 37 LOPDGDD)
El art. 37.1 RGPD exige designar un delegado de protección de datos (DPO) cuando: a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público (salvo los tribunales en ejercicio de su función judicial); b) las actividades principales consistan en operaciones que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala; o c) las actividades principales consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos penales. El artículo 34.1 LOPDGDD obliga a designar un DPO en esos supuestos y, en todo caso, a determinadas entidades enumeradas expresamente, como los colegios profesionales y sus consejos generales, los centros docentes y las universidades públicas y privadas, las entidades de crédito, las aseguradoras o los centros sanitarios obligados a conservar historias clínicas. El artículo 34.3 fija en diez días el plazo para comunicar a la AEPD (o a la autoridad autonómica competente) la designación, nombramiento o cese del DPO, tanto si la designación es obligatoria como si es voluntaria. Funciones (art. 39 RGPD): informar y asesorar al responsable, al encargado y a los empleados; supervisar el cumplimiento; asesorar sobre la EIPD; cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto. El artículo 36.2 LOPDGDD protege su independencia: no puede ser removido ni sancionado por desempeñar sus funciones, salvo que incurra en dolo o negligencia grave, y el apartado 3 impide que se le oponga cualquier deber de confidencialidad para negarle el acceso a datos y procesos de tratamiento. El artículo 37 regula sus plazos de respuesta ante reclamaciones: si el afectado se dirige directamente al DPO antes de reclamar ante la AEPD, este debe comunicar su decisión en un máximo de dos meses (apdo. 1); si es la propia AEPD quien traslada la reclamación al DPO, debe responder en un mes (apdo. 2), un contraste de plazos muy preguntado en examen. El DPO puede ser interno o externo (contrato de servicios) y no responde personalmente del incumplimiento del RGPD: el responsable sigue siendo el obligado.
Seudonimización y anonimización de datos
La seudonimización sustituye los datos identificativos por un código, de forma que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional conservada por separado y sujeta a medidas técnicas y organizativas; sigue siendo dato personal a efectos del RGPD (aunque reduce riesgos). La anonimización elimina toda posibilidad razonable de reidentificación, de forma irreversible; los datos anonimizados quedan fuera del ámbito de aplicación del RGPD. Trampa de examen: seudonimizado no es lo mismo que anónimo.
Códigos de conducta y certificación (artículos 40 a 43 RGPD)
Los códigos de conducta son instrumentos de autorregulación de asociaciones y organismos representativos de categorías de responsables o encargados, aprobados por la autoridad de control y supervisados por un organismo acreditado. Los mecanismos de certificación, sellos y marcas de protección de datos permiten demostrar el cumplimiento del RGPD, pero no reducen la responsabilidad del responsable. Ambos son herramientas voluntarias que contribuyen a acreditar la responsabilidad proactiva y a ofrecer garantías en transferencias internacionales.
Transferencias internacionales de datos (artículos 44 a 50 RGPD; Título VI LOPDGDD)
La regla general es que solo pueden transferirse datos a un tercer país u organización internacional si se garantiza un nivel de protección esencialmente equivalente al de la Unión. Mecanismos, por orden de preferencia: 1) decisión de adecuación de la Comisión Europea (art. 45), que no requiere autorización específica; 2) garantías adecuadas (art. 46): cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes (art. 47), códigos de conducta o certificaciones, instrumentos jurídicamente vinculantes entre autoridades públicas; 3) excepciones para situaciones específicas (art. 49): consentimiento explícito informado, ejecución de un contrato, razones importantes de interés público, formulación o defensa de reclamaciones, protección de intereses vitales. En materia jurisprudencial, la sentencia Schrems II del Tribunal de Justicia de la UE (C-311/18, de 16 de julio de 2020) invalidó el 'Escudo de la privacidad' UE-EE. UU. y exigió evaluar caso por caso las cláusulas tipo. La Comisión adoptó el 10 de julio de 2023 una nueva decisión de adecuación para el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. (Data Privacy Framework), que el Tribunal General de la UE confirmó en su sentencia de 3 de septiembre de 2025 (asunto T-553/23, Latombe), pendiente de recurso ante el Tribunal de Justicia.
Las autoridades de control: la AEPD, las autoridades autonómicas y el Comité Europeo de Protección de Datos
El Título VII de la LOPDGDD regula la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y plena independencia; su Estatuto se aprobó por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio. La Presidencia y la Adjuntía tienen un mandato de cinco años. Existen autoridades autonómicas de protección de datos (Cataluña, País Vasco y Andalucía), competentes respecto de los ficheros de la Administración autonómica y local de su ámbito; la coordinación entre ellas y con la AEPD se articula a través del Consejo Consultivo y de mecanismos de cooperación. El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) es el órgano de la Unión, con sede en Bruselas, integrado por el jefe de una autoridad de control de cada Estado miembro (en España, la AEPD) y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, encargado de garantizar la aplicación coherente del RGPD mediante directrices, recomendaciones y, en su caso, decisiones vinculantes en procedimientos de resolución de litigios con dimensión transfronteriza (mecanismo de coherencia).
El procedimiento de reclamación ante la AEPD y los recursos
Cualquier interesado que considere vulnerados sus derechos puede presentar una reclamación ante la AEPD (art. 77 RGPD), previa o no ante el responsable o el delegado de protección de datos. El Título VIII de la LOPDGDD regula los procedimientos: la AEPD decide sobre la admisión a trámite de la reclamación en el plazo de tres meses; puede realizar actuaciones previas de investigación; el procedimiento sancionador se inicia mediante acuerdo de inicio y tiene una duración máxima de nueve meses; subsidiariamente se aplica la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Las resoluciones de la AEPD ponen fin a la vía administrativa y son recurribles potestativamente en reposición y directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, el art. 82 RGPD reconoce a toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales por una infracción el derecho a ser indemnizada por el responsable o el encargado; cuando intervienen varios, responden solidariamente frente al perjudicado.
El régimen sancionador: sujetos, infracciones y prescripción (Título IX LOPDGDD)
El artículo 70 enumera los sujetos responsables: los responsables y encargados del tratamiento, los representantes de los no establecidos en la UE, las entidades de certificación y las entidades acreditadas de supervisión de códigos de conducta; el artículo 70.2 excluye expresamente al propio delegado de protección de datos, que no es sujeto responsable. Las infracciones se clasifican en muy graves (art. 72), graves (art. 73) y leves (art. 74). El artículo 72.1 clasifica como muy graves, entre otras, las infracciones que vulneren los principios del art. 5 RGPD o las condiciones de licitud del art. 6, y fija su prescripción en tres años; las graves prescriben a los dos años (art. 73) y las leves al año (art. 74). El artículo 75 dispone que la prescripción se interrumpe con el inicio del procedimiento sancionador, y que el plazo se reinicia (no simplemente continúa) si el expediente queda paralizado más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. El artículo 76 regula las sanciones y medidas correctivas y sus criterios de graduación; el artículo 76.4 exige tres requisitos acumulativos para publicar en el BOE la identidad del infractor, la infracción y el importe de la sanción: que sancione la AEPD, que la sanción supere un millón de euros y que el infractor sea persona jurídica. Prescripción de las sanciones (art. 78): un año las de importe igual o inferior a 40.000 euros, dos años las comprendidas entre 40.001 y 300.000 euros, y tres años las superiores a 300.000 euros.
Cuantía de las multas del RGPD y régimen especial de las Administraciones Públicas (artículos 83 RGPD y 77 LOPDGDD)
El artículo 83 RGPD clasifica las infracciones en dos escalones: multas de hasta 10 millones de euros o, tratándose de una empresa, el 2 % del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior, optando por la de mayor cuantía (incumplimiento de las obligaciones del responsable y encargado: seguridad, registro, notificación de brechas, protección desde el diseño, DPO, certificación); y de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio (vulneración de los principios básicos del tratamiento, de las condiciones del consentimiento, de los derechos de los interesados, de las transferencias internacionales, o incumplimiento de una orden de la autoridad de control). El artículo 77 LOPDGDD establece un régimen especial para los órganos constitucionales, jurisdiccionales y las Administraciones Públicas (AGE, comunidades autónomas, Administración Local, organismos públicos, autoridades administrativas independientes, universidades públicas, consorcios, fundaciones del sector público, grupos parlamentarios, entre otros): cuando infringen la norma, la autoridad de control dicta una resolución declarativa de la infracción con las medidas para que cese o se corrijan sus efectos, quedando excluida la multa administrativa del art. 58.2.i) RGPD; la resolución se notifica al responsable, al órgano del que dependa y a los afectados, y la autoridad puede proponer la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios de responsabilidad de autoridades y directivos.
Los derechos digitales del Título X de la LOPDGDD (artículos 79 a 97)
El Título X reconoce un catálogo sin equivalente en el RGPD: neutralidad de internet (art. 80), acceso universal a internet (art. 81), seguridad digital (art. 82), educación digital (art. 83), protección de los menores en internet (art. 84), rectificación en internet (art. 85), actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (art. 86), intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87), desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88), intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89), intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (art. 90), derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91), protección de datos de los menores en internet (art. 92), derecho al olvido en búsquedas de internet (art. 93) y en servicios de redes sociales (art. 94), portabilidad en servicios de redes sociales (art. 95), derecho al testamento digital (art. 96) y políticas de impulso de los derechos digitales (art. 97).
La neutralidad de internet (artículo 80 LOPDGDD)
Los proveedores de servicios de internet deben tratar de forma equivalente y sin discriminación el tráfico, con independencia del contenido, origen, destino, servicio o aplicación, sin perjuicio de medidas razonables de gestión del tráfico que sean transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Tiene desarrollo fundamentalmente comunitario (Reglamento (UE) 2015/2120).
El derecho al testamento digital (artículo 96 LOPDGDD)
Permite a las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como a sus herederos, dirigirse a los prestadores de servicios de internet para acceder a los contenidos gestionados por sus cuentas activas o dar instrucciones sobre su utilización, conforme a lo que hubiera dispuesto el fallecido en vida o, en su defecto, según las instrucciones habilitadas por el propio proveedor. El fallecido puede haber prohibido expresamente el acceso. Los menores y las personas con discapacidad se rigen por reglas específicas.
El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (artículo 88 LOPDGDD)
Garantiza que los trabajadores y empleados públicos tengan derecho a la desconexión digital para garantizar el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido. Las modalidades de ejercicio se sujetarán a la negociación colectiva y el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna. La disposición final decimocuarta de la LOPDGDD añadió al Estatuto Básico del Empleado Público (art. 14.j bis) el derecho de los empleados públicos a la desconexión digital; su concreta aplicación al personal de los Cuerpos policiales depende de su normativa específica.
El derecho a la protección de menores en internet (artículos 84 y 92 LOPDGDD)
El art. 84 obliga a quienes ejerzan la patria potestad o tutela a procurar que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y derechos fundamentales; la utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en redes sociales que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos determinará la intervención del Ministerio Fiscal. El art. 92 protege los datos de los menores en los centros educativos y en las actividades en que participen menores, con deber de garantizar el consentimiento de los titulares de la patria potestad para la publicación de datos o imágenes.
La videovigilancia en el tratamiento privado: artículo 22 LOPDGDD
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Los datos se suprimirán en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. La obligación de informar se cumple mediante un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible que identifique la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercer los derechos. Con carácter general no se pueden captar imágenes de la vía pública, salvo lo imprescindible para la finalidad de seguridad, y el uso de cámaras por empleadores se rige además por el art. 89 LOPDGDD y por el Estatuto de los Trabajadores.
La videovigilancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos: LO 4/1997
El uso de videocámaras fijas o móviles por las FCS en lugares públicos, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, se rige por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto (desarrollada por el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril), que exige autorización: para las cámaras fijas, resolución del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe de una comisión presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia; para las móviles, autorización del responsable orgánico regional de las FCS, con comunicación posterior a la Comisión. Rigen los principios de proporcionalidad (idoneidad e intervención mínima) y las grabaciones deben destruirse en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o con una investigación en curso. El tratamiento de los datos obtenidos por las FCS queda sometido al régimen de protección de datos de carácter penal (LO 7/2021).
La LO 7/2021 y la Directiva (UE) 2016/680: ámbito, autoridades competentes y relación con el RGPD
Cuando la Guardia Civil trata datos personales en el ejercicio de sus funciones de policía judicial o de seguridad pública -no en su gestión administrativa ordinaria de personal o contratación- no se aplican el RGPD ni la LOPDGDD, sino la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo (BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021), que transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680. Su artículo 1 fija el objeto: establecer las normas de protección de las personas físicas en el tratamiento de sus datos por las 'autoridades competentes', con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 'incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública'. El artículo 2 extiende ese ámbito al tratamiento total o parcialmente automatizado, así como al no automatizado contenido en un fichero. El ámbito se define por dos elementos: subjetivo (autoridad competente: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades judiciales penales y el Ministerio Fiscal, la Administración Penitenciaria y otros órganos con competencias penales o de investigación, como el servicio de vigilancia aduanera o el SEPBLAC) y finalista (fines penales). Si un cuerpo policial trata datos con fines administrativos no penales se aplica en su lugar la LO 3/2018. La autoridad de control sigue siendo la AEPD.
Principios y garantías del tratamiento en el ámbito penal (LO 7/2021)
Análogos a los del art. 5 RGPD, con matices: licitud (el tratamiento solo es lícito si es necesario para el cumplimiento de una función encomendada por ley a la autoridad competente), lealtad, limitación de la finalidad, minimización, exactitud y limitación del plazo de conservación, exigiendo la propia ley establecer plazos apropiados de supresión o de revisión periódica de la necesidad de conservar los datos, dada la sensibilidad de los datos vinculados a investigaciones que finalmente no prosperan. Siguiendo la Directiva, la ley exige distinguir, en la medida de lo posible, entre diferentes categorías de interesados (sospechosos e investigados, personas condenadas, víctimas o posibles víctimas, y testigos u otras personas que puedan aportar información), con un tratamiento diferenciado y proporcionado, y distinguir los datos basados en hechos de los basados en apreciaciones personales. El tratamiento de categorías especiales de datos solo es posible cuando sea estrictamente necesario, con garantías adecuadas y amparado en una norma, y se limitan las decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado. Se exigen también registro de actividades, evaluación de impacto, protección desde el diseño, delegado de protección de datos y notificación de brechas a la AEPD (sin dilación indebida y, de ser posible, en 72 horas).
Derechos de los interesados en el ámbito penal y sus limitaciones (LO 7/2021)
La LO 7/2021 reconoce derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento. Su ejercicio puede limitarse total o parcialmente cuando resulte necesario y proporcionado para evitar obstaculizar investigaciones o procedimientos judiciales, no perjudicar la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, proteger la seguridad pública o la seguridad nacional, o proteger los derechos y libertades de terceros. En esos casos el responsable puede denegar la información o el acceso de forma motivada (o no confirmar siquiera si existen datos) y el interesado puede ejercitar sus derechos de forma indirecta, a través de la AEPD, que comprueba la legalidad del tratamiento. En los procesos penales, el ejercicio de estos derechos se rige por la normativa procesal aplicable.
Transferencias internacionales de datos con fines policiales (LO 7/2021)
La LO 7/2021 regula un régimen específico, adaptado a la necesidad de cooperación policial internacional, para transferir datos a países terceros u organizaciones internacionales (por ejemplo, Interpol): solo cuando sea necesaria para los fines penales de la ley, los datos se transfieran a una autoridad competente de un tercer país y exista una decisión de adecuación de la Comisión o, en su defecto, garantías adecuadas; y, excepcionalmente, en situaciones concretas (proteger intereses vitales, salvaguardar intereses legítimos del interesado, prevenir una amenaza grave e inmediata para la seguridad pública, casos individuales con fines penales), previa documentación. Las transferencias a destinatarios no policiales de terceros países tienen condiciones más estrictas. La cooperación policial en la Unión se apoya además en sistemas como el Sistema de Información de Schengen (SIS) y en Europol (Reglamento (UE) 2016/794).
La base jurídica del tratamiento por las Administraciones Públicas y la comunicación de datos
El art. 6.1.e) RGPD legitima el tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, base habitualmente aplicable a la actuación administrativa ordinaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (gestión de personal, tramitación de expedientes), y que el art. 8.2 LOPDGDD exige que derive de una competencia atribuida por norma con rango de ley. Es distinta de la base específica del régimen penal de la LO 7/2021 para su actividad de investigación criminal. Toda comunicación de datos personales a un tercero distinto del interesado constituye un tratamiento que exige, con carácter general, una base jurídica propia, salvo habilitación legal expresa (por ejemplo, la comunicación de datos entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras autoridades competentes en el marco de una investigación penal conforme a la LO 7/2021). La conservación de datos de comunicaciones electrónicas para fines de investigación de delitos graves se regula en la Ley 25/2007, que solo permite su cesión a los agentes facultados previa autorización judicial.
Los ficheros policiales y las cámaras corporales de la Guardia Civil
Las bases de datos con fines policiales (identificación de personas, antecedentes, requisitorias) se rigen por el régimen específico de la LO 7/2021 cuando su finalidad sea penal, con medidas de seguridad reforzadas, acceso restringido a personal autorizado y registro de accesos, distinguiéndose de los ficheros administrativos ordinarios de personal o de gestión, sujetos al régimen general de la LOPDGDD. El uso de cámaras individuales portadas por los agentes durante sus intervenciones plantea un tratamiento de datos personales sujeto a los principios de proporcionalidad, minimización y limitación del plazo de conservación de las grabaciones, y exige determinar con claridad los supuestos de activación, el acceso a las grabaciones y su plazo de conservación.
Jurisprudencia básica: STC 254/1993, STC 292/2000 y TJUE
El art. 18.4 CE encomienda a la ley limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. La STC 254/1993 reconoció por primera vez la 'libertad informática'; la STC 292/2000, de 30 de noviembre, declaró la protección de datos como un derecho fundamental autónomo, distinto del derecho a la intimidad del art. 18.1 CE, con un contenido propio: la facultad de control del interesado sobre sus propios datos, que comprende el consentimiento previo, el derecho a ser informado y los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Esa sentencia declaró inconstitucionales y nulas determinadas excepciones de la LOPD 1999 que permitían a la Administración ceder datos sin consentimiento. En el ámbito europeo, la sentencia Google Spain del TJUE (C-131/12, de 13 de mayo de 2014) consagró el derecho al olvido frente a los buscadores, y Schrems II (C-311/18, de 16 de julio de 2020) fijó los límites de las transferencias a terceros países.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El RGPD es un Reglamento europeo de aplicación directa (no se 'transpone'); la LOPDGDD lo completa y añade derechos digitales propios (Título X) sin equivalente en el RGPD (art. 1 LOPDGDD).
Art. 5 RGPD: seis principios del tratamiento (licitud-lealtad-transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad-confidencialidad) más la responsabilidad proactiva (art. 5.2).
Art. 6.1, último párrafo, RGPD: la base de licitud del 'interés legítimo' no puede invocarla una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
Art. 9 LOPDGDD: para datos cuya principal finalidad sea identificar ideología, sindicación, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico, el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición de tratamiento.
Edad de consentimiento: 16 años por defecto en el RGPD (art. 8), mínimo 13 que pueden fijar los Estados; la LOPDGDD la fija en 14 años (art. 7).
Art. 34.3 LOPDGDD: diez días para comunicar a la AEPD el nombramiento o cese del delegado de protección de datos; art. 37: dos meses si se acude primero al DPO, un mes si es la AEPD quien le traslada la reclamación.
Brechas de seguridad: notificación a la AEPD sin dilación y, si es posible, en 72 horas (art. 33 RGPD); comunicación a los afectados solo si hay alto riesgo (art. 34).
Respuesta a derechos del interesado: un mes, prorrogable dos meses más (art. 12.3 RGPD). Videovigilancia privada: supresión en un mes (art. 22 LOPDGDD).
Multas RGPD (art. 83): hasta 10 millones o 2 % del volumen de negocio; hasta 20 millones o 4 %, optando por la mayor cuantía. Prescripción de infracciones LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año (arts. 72 a 74).
Art. 76.4 LOPDGDD: publicación en el BOE solo si sanciona la AEPD, la sanción supera un millón de euros y el infractor es persona jurídica (tres requisitos acumulativos). El DPO no es sujeto responsable (art. 70.2).
Art. 77 LOPDGDD: las Administraciones Públicas no reciben multa por infringir la norma, sino una resolución declarativa de la infracción con medidas correctoras.
La seudonimización no es anonimización: los datos seudonimizados siguen siendo personales; los anonimizados quedan fuera del RGPD. El RGPD solo protege a personas físicas.
La LO 7/2021 (transpone la Directiva UE 2016/680) regula el tratamiento de datos de las FCSE con fines penales y de seguridad pública; es una norma distinta y paralela al RGPD/LOPDGDD, aplicable cuando la Guardia Civil actúa en funciones policiales, no en su gestión administrativa ordinaria.
La portabilidad exige base de consentimiento o contrato Y tratamiento automatizado; la oposición a mercadotecnia directa es absoluta; el derecho al olvido es el de supresión (art. 17 RGPD).
STC 292/2000: la protección de datos es un derecho fundamental autónomo, distinto de la intimidad (art. 18.1 CE).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Si el afectado se dirige al delegado de protección de datos antes de reclamar ante la AEPD, el delegado debe comunicarle su decisión, según el artículo 37.1 de la LOPDGDD, en el plazo máximo de...
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 11 de Guardia Civil?
La protección de datos personales es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución española (la STC 292/2000 lo configuró como derecho autónomo, distinto de la intimidad) y en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hoy se desarrolla a través de tres normas que deben estudiarse por separado y sin confundirlas: el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), de aplicación directa en toda la Unión desde el 25 de mayo de 2018, sin necesidad de transposición; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que completa el RGPD en los aspectos que este remite a los Estados miembros y añade un catálogo propio de derechos digitales; y, para la Guardia Civil en su actividad policial, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que transpone la Directiva (UE) 2016/680 y tiene un régimen distinto del RGPD. La autoridad de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con autoridades autonómicas en Cataluña, País Vasco y Andalucía para el sector público de sus respectivas comunidades. El tema exige dominar: conceptos y principios, bases de licitud, derechos de los interesados, figuras (responsable, encargado, delegado de protección de datos), obligaciones (registro, seguridad, brechas, evaluación de impacto), régimen sancionador y el régimen especial de los tratamientos policiales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?
El RGPD es un Reglamento europeo de aplicación directa (no se 'transpone'); la LOPDGDD lo completa y añade derechos digitales propios (Título X) sin equivalente en el RGPD (art. 1 LOPDGDD). Art. 5 RGPD: seis principios del tratamiento (licitud-lealtad-transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad-confidencialidad) más la responsabilidad proactiva (art. 5.2). Art. 6.1, último párrafo, RGPD: la base de licitud del 'interés legítimo' no puede invocarla una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Art. 9 LOPDGDD: para datos cuya principal finalidad sea identificar ideología, sindicación, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico, el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición de tratamiento. Edad de consentimiento: 16 años por defecto en el RGPD (art. 8), mínimo 13 que pueden fijar los Estados; la LOPDGDD la fija en 14 años (art. 7). Art. 34.3 LOPDGDD: diez días para comunicar a la AEPD el nombramiento o cese del delegado de protección de datos; art. 37: dos meses si se acude primero al DPO, un mes si es la AEPD quien le traslada la reclamación. Brechas de seguridad: notificación a la AEPD sin dilación y, si es posible, en 72 horas (art. 33 RGPD); comunicación a los afectados solo si hay alto riesgo (art. 34). Respuesta a derechos del interesado: un mes, prorrogable dos meses más (art. 12.3 RGPD). Videovigilancia privada: supresión en un mes (art. 22 LOPDGDD). Multas RGPD (art. 83): hasta 10 millones o 2 % del volumen de negocio; hasta 20 millones o 4 %, optando por la mayor cuantía. Prescripción de infracciones LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año (arts. 72 a 74). Art. 76.4 LOPDGDD: publicación en el BOE solo si sanciona la AEPD, la sanción supera un millón de euros y el infractor es persona jurídica (tres requisitos acumulativos). El DPO no es sujeto responsable (art. 70.2). Art. 77 LOPDGDD: las Administraciones Públicas no reciben multa por infringir la norma, sino una resolución declarativa de la infracción con medidas correctoras. La seudonimización no es anonimización: los datos seudonimizados siguen siendo personales; los anonimizados quedan fuera del RGPD. El RGPD solo protege a personas físicas. La LO 7/2021 (transpone la Directiva UE 2016/680) regula el tratamiento de datos de las FCSE con fines penales y de seguridad pública; es una norma distinta y paralela al RGPD/LOPDGDD, aplicable cuando la Guardia Civil actúa en funciones policiales, no en su gestión administrativa ordinaria. La portabilidad exige base de consentimiento o contrato Y tratamiento automatizado; la oposición a mercadotecnia directa es absoluta; el derecho al olvido es el de supresión (art. 17 RGPD). STC 292/2000: la protección de datos es un derecho fundamental autónomo, distinto de la intimidad (art. 18.1 CE).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673)
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (BOE-A-2021-8806)
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, que la desarrolla
Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
Constitución Española, art. 18.4 (BOE-A-1978-31229); STC 292/2000, de 30 de noviembre
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