Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.
El Derecho Civil español se articula sobre el Código Civil de 1889 (Real Decreto de 24 de julio de 1889), texto que, pese a su antigüedad, ha sido reformado en profundidad en las últimas décadas (nacionalidad, filiación, matrimonio igualitario, guarda y custodia, apoyos a la discapacidad). Para un guardia civil su conocimiento es relevante en el día a día operativo: identificación de personas y su capacidad jurídica, actuación ante menores o personas con discapacidad, gestión de conflictos familiares y de pareja, o simplemente la correcta interpretación de conceptos jurídicos básicos que atraviesan todo el ordenamiento. Este tema se centra en el Título Preliminar (fuentes del Derecho, eficacia e interpretación de las normas), la persona física (capacidad, nacionalidad, vecindad civil), las instituciones familiares esenciales (matrimonio, filiación, patria potestad, guarda y custodia) y una introducción muy básica a las obligaciones y los contratos.
El Título Preliminar del Código Civil: fuentes del Derecho y eficacia de las normas
El artículo 1 del Código Civil establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable y siempre que no sea contraria a la moral o al orden público; los principios generales del Derecho se aplican en defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento. La jurisprudencia, dice el propio artículo 1, complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley: no es, por tanto, fuente autónoma del Derecho, sino un elemento complementario. El artículo 3 fija los criterios de interpretación de las normas: según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de aplicarse, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma; la equidad podrá ponderarse en la aplicación de las normas, pero las sentencias solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. El artículo 6 recoge dos reglas clásicas: la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, y los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que la norma establezca un efecto distinto para el caso de contravención. El artículo 7 introduce las cláusulas generales de buena fe en el ejercicio de los derechos y prohibición del abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.
Ámbito de aplicación del Código Civil y vecindad civil
El artículo 13 del Código Civil precisa que las disposiciones del Título Preliminar tienen aplicación general y directa en toda España, mientras que en lo demás el Código rige como derecho supletorio en defecto del que lo sea en las Comunidades Autónomas con Derecho civil, foral o especial propio (entre otras, Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia y Baleares). La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil (art. 14 CC). Regla de la filiación (art. 14.3): si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, la del lugar de nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común. Los padres, o el que ejerza la patria potestad, pueden atribuir al hijo la vecindad de cualquiera de ellos mientras no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción. El hijo, desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después de su emancipación, puede optar por la vecindad del lugar de su nacimiento o por la última vecindad de cualquiera de sus padres. El matrimonio no altera la vecindad, pero cualquiera de los cónyuges no separados puede optar en todo momento por la vecindad del otro. Por residencia: se gana la vecindad tras dos años de residencia continuada si el interesado manifiesta esa voluntad, o tras diez años sin declaración en contrario. El artículo 15 CC regula la vecindad del extranjero que adquiere la nacionalidad española, que debe optar, al inscribir la adquisición, por la del lugar de residencia, la del lugar de nacimiento, la última vecindad de sus progenitores o adoptantes o la del cónyuge. El artículo 16 CC remite, para los conflictos de leyes internos, a las normas de conflicto del Derecho internacional privado (arts. 9 a 12 CC), con la particularidad de que la ley personal se determina por la vecindad civil. La vecindad civil se inscribe en el Registro Civil, regulado por la Ley 20/2011.
La persona física: nacimiento, personalidad y extinción
El artículo 29 del Código Civil dispone que el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que exige el artículo siguiente. El artículo 30 CC, en la redacción dada por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, establece que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno; la reforma eliminó los antiguos requisitos de figura humana y de supervivencia de veinticuatro horas. La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas (art. 32 CC). El artículo 33 CC regula la conmoriencia: si se duda quién de dos o más personas llamadas a sucederse murió primero, quien sostenga la muerte anterior debe probarla y, a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no hay transmisión de derechos entre ellas. La capacidad jurídica (aptitud para ser titular de derechos y obligaciones) se tiene desde el nacimiento y hasta la muerte, sin graduaciones, y es distinta de la capacidad de obrar (aptitud para ejercitar los derechos por uno mismo), que admite matices según la edad o las circunstancias personales.
Mayoría de edad y capacidad de obrar: la renumeración de 2021
El artículo 240 del Código Civil establece que la mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos, incluyendo en el cómputo el día completo del nacimiento. El artículo 246 CC reconoce que el mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por la ley. Trampa de examen: estos preceptos se encontraban antes en los artículos 315 y 322 CC, numeración que sigue apareciendo en manuales desfasados; fueron reubicados por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (en vigor desde el 3 de septiembre de 2021). Esta reforma suprimió la tutela y la incapacitación de los mayores de edad y las sustituyó por un sistema de apoyos (guarda de hecho, curatela, defensor judicial, poderes preventivos) centrado en la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, conforme a la Convención de Nueva York de 2006. La emancipación (que se regula tras la mayoría de edad en el Libro I) permite al menor, a partir de los dieciséis años, regir su persona y bienes como si fuera mayor de edad, por concesión de quienes ejerzan la patria potestad con consentimiento del menor, por concesión judicial o por vida independiente con consentimiento de los progenitores; mientras no alcance la mayoría de edad el emancipado necesita el consentimiento de sus progenitores (o de su curador) para tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor. El matrimonio ya no emancipa: los menores no emancipados no pueden contraerlo.
La nacionalidad española: adquisición, opción y pérdida
El artículo 17 del Código Civil regula la nacionalidad española de origen: son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles (ius sanguinis); los nacidos en España de padres extranjeros si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España (salvo hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España); los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieran de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuyera al hijo una nacionalidad; y los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada, presumiéndose nacidos en España los menores cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. La nacionalidad derivativa se adquiere por opción (art. 20), carta de naturaleza (art. 21.1) o residencia (arts. 21.2 y 22). El artículo 22 CC fija los plazos de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición: con carácter general, diez años; cinco años para quienes hayan obtenido la condición de refugiado; dos años para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y para los sefardíes; y un año para supuestos tasados, como haber nacido en territorio español, no haber ejercitado a tiempo la opción, haber estado sujeto legalmente a tutela, guarda o acogimiento de un español durante dos años consecutivos, llevar un año casado con español o española sin separación legal o de hecho, o ser viudo o viuda de español. Es requisito general justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. El artículo 24 CC regula la pérdida: los españoles emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad pierden la española una vez transcurridos tres años, salvo que declaren su voluntad de conservarla; no se pierde si se adquiere la de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. También pierden la nacionalidad los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra y residen habitualmente en el extranjero.
Matrimonio, filiación y patria potestad
El artículo 44 del Código Civil, tras la Ley 13/2005, reconoce el derecho de toda persona a contraer matrimonio, con los mismos requisitos y efectos cuando los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. El artículo 45 CC exige el consentimiento matrimonial, sin admitir condición, término o modo. El artículo 46 CC establece los impedimentos: los menores de edad no emancipados y quienes estén ligados por vínculo matrimonial anterior. El artículo 49 CC permite a cualquier español contraer matrimonio, dentro o fuera de España, en la forma civil regulada en el Código o en la forma religiosa legalmente prevista. En materia de filiación, el artículo 108 CC establece que puede tener lugar por naturaleza o por adopción, y que la filiación matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva surten los mismos efectos. El artículo 154 CC regula la patria potestad, que corresponde a los progenitores sobre los hijos no emancipados y debe ejercerse siempre en interés de estos, con respeto a su integridad física y psicológica; comprende velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, y representarlos y administrar sus bienes; los hijos con suficiente madurez deben ser oídos antes de adoptar decisiones que les afecten. El artículo 92 CC dispone que la separación, nulidad y divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos; se acordará la guarda y custodia compartida cuando lo soliciten ambos padres en la propuesta de convenio regulador o lleguen a ese acuerdo durante el procedimiento (art. 92.5), y excepcionalmente a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, si solo así se protege adecuadamente el interés superior del menor (art. 92.8). No procede la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge o de los hijos (art. 92.7).
Introducción a las obligaciones y los contratos
El Libro IV del Código Civil, dedicado a las obligaciones y contratos, arranca con una definición muy sencilla en el artículo 1088 CC: toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. El artículo 1089 CC señala las fuentes de las obligaciones: la ley, los contratos y cuasicontratos, y los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. El artículo 1091 CC contiene una de las reglas más citadas de todo el Derecho de obligaciones: las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos, principio conocido doctrinalmente como pacta sunt servanda. Ya en la regulación específica de los contratos, el artículo 1254 CC ofrece su definición legal: el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. El artículo 1255 CC consagra el principio de autonomía de la voluntad, permitiendo a los contratantes establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Para las oposiciones de acceso a la Guardia Civil no se exige un dominio exhaustivo de esta materia, pero sí conocer estos conceptos básicos, que sirven de base para entender instituciones posteriores como la responsabilidad civil derivada de delito o los efectos patrimoniales de las medidas cautelares.
Concepto y clases de persona jurídica (art. 35 CC)
La persona jurídica es una entidad a la que el Derecho atribuye personalidad propia, distinta de la de sus miembros, para ser titular de derechos y obligaciones y actuar en el tráfico jurídico. El art. 35 CC distingue las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público (Derecho público) de las asociaciones de interés particular, civiles, mercantiles o industriales (Derecho privado). Adquiere personalidad al quedar válidamente constituida, normalmente mediante inscripción registral; desde 2010 puede incurrir en responsabilidad penal (art. 31 bis CP).
Concepto de capacidad jurídica
Aptitud abstracta y genérica para ser titular de derechos y obligaciones. Es inherente a toda persona, se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte, sin admitir grados ni renuncia: corresponde por igual a todas las personas físicas, con independencia de su edad o de sus facultades intelectivas (un recién nacido tiene plena capacidad jurídica, aunque carezca de capacidad de obrar).
Concepto de capacidad de obrar y diferencia con la capacidad jurídica
Es la aptitud para ejercitar por sí mismo, con eficacia, los derechos y obligaciones de los que se es titular. A diferencia de la capacidad jurídica (única e igual para todos), admite grados según la edad o la existencia de una discapacidad, pudiendo requerir medidas de apoyo. Se puede tener capacidad jurídica sin capacidad de obrar plena, pero no al revés: la capacidad de obrar presupone siempre la jurídica.
Causas modificativas de la capacidad de obrar: minoría de edad y discapacidad
La minoría de edad limita progresivamente la capacidad de obrar, ejercitándose con representación o asistencia de quienes ostenten la patria potestad o tutela. La discapacidad, tras la reforma de la Ley 8/2021, ha abandonado el antiguo sistema de incapacitación y sustitución en la toma de decisiones, sustituyéndolo por un sistema de apoyos que respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona, conforme a la Convención de Nueva York de 2006.
El sistema de apoyos a personas con discapacidad tras la Ley 8/2021
Sustituye a la incapacitación judicial y a la tutela de adultos por medidas de apoyo proporcionadas a las necesidades de la persona: la guarda de hecho (situación fáctica de asistencia sin nombramiento formal), los poderes y mandatos preventivos (otorgados por la propia persona previendo una futura pérdida de capacidad) y la curatela (medida de apoyo formal, de naturaleza asistencial y no representativa salvo excepción), como medida de apoyo de mayor intensidad.
La emancipación del menor (Título X del Libro I CC, arts. 239 a 248, tras la Ley 8/2021)
Permite a un menor de edad acceder anticipadamente a una capacidad de obrar equiparable, en gran medida, a la del mayor de edad. La Ley 8/2021, de 2 de junio, en vigor desde el 3 de septiembre de 2021, reordenó y renumeró el Título X del Libro Primero del Código Civil, «De la mayor edad y de la emancipación» (arts. 239 a 248 CC), que sustituyó a los antiguos arts. 314 y siguientes: la mayoría de edad se regula en el art. 240 CC, y la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad en el art. 241 CC (exige que el menor tenga dieciséis años cumplidos y la consienta, otorgándose por escritura pública o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil); el art. 242 CC declara su irrevocabilidad. La emancipación también puede producirse por concesión judicial o por vida independiente consentida por los progenitores. El emancipado conserva limitaciones patrimoniales: necesita el complemento de capacidad de sus progenitores o curador para tomar dinero a préstamo y para gravar o enajenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor.
Adquisición originaria de la nacionalidad: ius sanguinis e ius soli (art. 17 CC)
Son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles (ius sanguinis, criterio predominante), y, de forma subsidiaria para evitar la apatridia, los nacidos en España de padres extranjeros si al menos uno de ellos nació también en España, los nacidos en España de padres extranjeros que carezcan ambos de nacionalidad, y los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada (ius soli).
Adquisición derivativa de la nacionalidad: opción, carta de naturaleza y residencia
La opción (art. 20 CC) está reservada, entre otros supuestos tasados, a quienes están o han estado sujetos a la patria potestad de un español y a aquellos cuya filiación o nacimiento en España se determine después de los dieciocho años. La carta de naturaleza (art. 21.1 CC) se otorga discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto ante circunstancias excepcionales. La adquisición por residencia (art. 21.2 CC) exige concesión por el Ministerio de Justicia, a solicitud del interesado, tras el periodo legal de residencia, y es la vía más habitual de naturalización. En el caso de la nacionalidad por residencia, la adquisición exige además jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, y renunciar a la nacionalidad anterior (salvo los países exceptuados), y debe inscribirse en el Registro Civil.
Plazos de residencia legal para la nacionalidad por residencia (art. 22 CC)
El plazo general es de diez años. Se reduce a cinco para refugiados; a dos para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes originarios de España; y a un año en supuestos de especial arraigo (nacido en España, un año casado con español sin separación, sujeto a tutela o acogimiento de español durante dos años, entre otros).
Conservación y pérdida de la nacionalidad española (art. 24 CC)
El español emancipado que adquiere voluntariamente otra nacionalidad y reside habitualmente en el extranjero pierde la española una vez transcurridos tres años desde la adquisición, salvo que antes declare su voluntad de conservarla ante el Registro Civil; no la pierde si la adquirida es la de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. También se pierde por renuncia expresa de los emancipados que tengan otra nacionalidad y residan habitualmente en el extranjero. Los españoles que no lo sean de origen pueden ser privados de la nacionalidad por sentencia firme (art. 25 CC), por ejemplo cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. Los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad (art. 11.2 CE).
Recuperación de la nacionalidad española (art. 26 CC)
Exige ser residente legal en España (requisito dispensable por el Gobierno a emigrantes o hijos de emigrantes), declarar ante el encargado del Registro Civil la voluntad de recuperarla e inscribir la recuperación en el Registro Civil. Quien fue privado de la nacionalidad por sentencia solo puede recuperarla previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno.
Concepto y clases de domicilio (art. 40 CC)
El domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, que determina el fuero competente y el lugar de notificaciones. Se distingue el domicilio real (fijado libremente, residencia habitual efectiva), el domicilio legal (impuesto por ley para menores o tutelados, coincidente con el de sus representantes), el domicilio electivo (pactado en un contrato) y el domicilio procesal (a efectos de notificaciones judiciales).
Adquisición de la vecindad civil (art. 14 CC)
Por filiación: el hijo tiene la vecindad de sus padres; si difiere, la del progenitor respecto del cual la filiación se determinó antes; en su defecto, la del lugar de nacimiento y, en último término, la común; los padres pueden atribuir la de cualquiera de ellos en los seis meses siguientes al nacimiento o adopción. Por opción: el hijo desde los catorce años y hasta un año después de su emancipación, y cualquier cónyuge no separado, en todo momento, respecto de la vecindad del otro. Por residencia: dos años de residencia continuada con declaración de voluntad, o diez años sin declaración en contrario.
El matrimonio: requisitos y formas de celebración
Institución regulada en los arts. 42 y siguientes CC, que exige capacidad matrimonial (los menores no emancipados no pueden casarse) y consentimiento libre, prestado ante la autoridad competente: Juez de paz, Alcalde o Concejal, Letrado de la Administración de Justicia, Notario o funcionario consular, o, en la forma religiosa, ministro de culto de una confesión con acuerdo de cooperación con el Estado. Desde la Ley 13/2005, el matrimonio puede celebrarse entre personas del mismo o de distinto sexo, con idénticos requisitos y efectos.
Los regímenes económicos matrimoniales
A falta de capitulaciones matrimoniales, rige en Derecho común la sociedad de gananciales (art. 1344 CC), en la que se hacen comunes las ganancias obtenidas durante el matrimonio, correspondiendo por mitad a ambos cónyuges al disolverse. Los cónyuges pueden pactar en capitulaciones matrimoniales el régimen de separación de bienes (cada cónyuge conserva la titularidad y gestión de su propio patrimonio) o el de participación, menos frecuente en la práctica.
La separación y el divorcio: régimen tras la Ley 15/2005
La Ley 15/2005, de 8 de julio, suprimió las causas legales de separación y divorcio: basta la voluntad de uno o de ambos cónyuges de no continuar casados, sin necesidad de separación previa, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio (plazo que no se exige si existe riesgo para la vida, integridad, libertad o indemnidad sexual del cónyuge o de los hijos). Puede tramitarse judicialmente o, si hay acuerdo y no existen hijos menores de edad o con discapacidad que precisen medidas de apoyo, ante Letrado de la Administración de Justicia o Notario, conforme a la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria.
La filiación: por naturaleza y por adopción
El art. 108 CC distingue la filiación por naturaleza, que puede ser matrimonial (los progenitores están casados entre sí) o no matrimonial, y la filiación adoptiva. Ambas producen los mismos efectos, conforme al principio de igualdad de los hijos con independencia de su filiación, consagrado en el art. 39.2 CE, que proscribe cualquier referencia discriminatoria sobre el origen de la filiación.
Determinación de la filiación matrimonial y no matrimonial
La filiación matrimonial se determina, respecto de la madre, por el parto, y respecto del padre, por la presunción de paternidad del marido (art. 116 CC) sobre los hijos nacidos durante el matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho. La filiación no matrimonial se determina, respecto de la madre, por el parto, y respecto del padre, por el reconocimiento ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento público, o por resolución judicial (art. 120 CC). Los hijos adoptivos y los de filiación por naturaleza tienen los mismos derechos, y la filiación puede reclamarse judicialmente mediante las acciones de reclamación e impugnación.
La adopción: requisitos y efectos
Regulada en los arts. 175 y siguientes CC, exige que el adoptante sea mayor de veinticinco años (basta que lo sea uno de los adoptantes si son dos cónyuges o pareja) y una diferencia de edad con el adoptado de al menos dieciséis años y, como norma general, no superior a cuarenta y cinco (art. 175.1 CC, tras la Ley 26/2015), con las excepciones tasadas del art. 176.2 CC (entre otras, adopción de grupos de hermanos o de menores con necesidades especiales, o cuando sean dos los adoptantes y solo uno de ellos supere ese margen). Se constituye por resolución judicial, previa propuesta de la entidad pública competente en la mayoría de los casos, y produce la extinción de los vínculos jurídicos con la familia de origen (con excepciones, como la adopción del hijo del cónyuge) y la plena integración en la familia adoptiva, con los mismos derechos que la filiación por naturaleza.
La patria potestad: titularidad y contenido
Es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los progenitores respecto de los hijos menores no emancipados, ejercida conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro (art. 156 CC). Comprende, entre otros, velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes.
La guarda y custodia de los hijos menores
En caso de crisis matrimonial o de pareja, se determina judicialmente el régimen de guarda y custodia de los hijos menores, que puede ser individual (a favor de uno de los progenitores, con régimen de visitas para el otro) o compartida (ambos progenitores se turnan periodos de convivencia con los hijos), primando siempre el interés superior del menor como criterio determinante conforme a la Ley Orgánica 1/1996.
La tutela, la curatela y el defensor judicial
La tutela es la institución de guarda y protección de los menores no sujetos a patria potestad (huérfanos o en desamparo). La curatela, tras la reforma de la Ley 8/2021, es la principal medida de apoyo formal para personas mayores de edad con discapacidad que lo precisen. El defensor judicial se nombra para casos puntuales en que exista conflicto de intereses entre el menor o la persona con discapacidad y su representante legal.
Concepto de obligación y sus elementos
La obligación es un vínculo jurídico por el que una persona (deudor) queda constreñida a dar, hacer o no hacer alguna cosa a favor de otra (acreedor). Sus elementos son los sujetos (acreedor y deudor), el objeto (la prestación debida: dar, hacer o no hacer) y el vínculo jurídico que une a ambos, cuyo incumplimiento faculta al acreedor para exigir su cumplimiento forzoso o la indemnización de daños y perjuicios.
Fuentes de las obligaciones (art. 1089 CC)
El art. 1089 CC enumera las fuentes de las obligaciones: la ley (obligaciones legales, que nacen directamente de un precepto), los contratos (obligaciones convencionales, nacidas del acuerdo de voluntades), los cuasicontratos (hechos lícitos y puramente voluntarios de los que resulta obligado su autor frente a un tercero, como la gestión de negocios ajenos), y los actos u omisiones ilícitos en que intervenga culpa o negligencia (responsabilidad extracontractual, art. 1902 CC).
El contrato: concepto y elementos esenciales (art. 1261 CC)
El contrato es el acuerdo de voluntades por el que dos o más personas se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El art. 1261 CC exige, para su validez, tres elementos esenciales: el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato, y la causa de la obligación que se establezca. La ausencia de cualquiera de ellos determina la nulidad del contrato.
La autonomía de la voluntad y sus límites (art. 1255 CC)
El art. 1255 CC consagra el principio de autonomía de la voluntad: los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Es el fundamento de la libertad contractual propia del Derecho de obligaciones, límite frente al carácter imperativo de otras ramas del ordenamiento como el Derecho penal o administrativo.
Los contratos más habituales: compraventa, arrendamiento y donación
La compraventa (art. 1445 CC) es el contrato por el que uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto. El arrendamiento cede el uso de una cosa, obra o servicio a cambio de un precio. La donación es un acto de liberalidad por el que una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta (art. 618 CC), rigiéndose además por normas específicas sobre forma y revocación.
El derecho de propiedad: concepto y límites (art. 348 CC)
El art. 348 CC define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, atribuyendo a su titular la acción reivindicatoria contra el poseedor o detentador de la cosa para reclamarla. La propiedad no es absoluta: está limitada por su función social (art. 33.2 CE), por las relaciones de vecindad, y por las servidumbres y demás limitaciones legales.
La posesión: concepto y clases (art. 430 CC)
La posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona; la posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyos (art. 430 CC). Según el artículo 432 CC, la posesión puede tenerse en concepto de dueño o en concepto de tenedor, esto es, en concepto distinto del de dueño (por ejemplo, el arrendatario, que reconoce el dominio en otro). La posesión de buena fe genera efectos protegidos por las acciones posesorias.
La prescripción: adquisitiva y extintiva
La prescripción adquisitiva o usucapión (art. 1930 CC y siguientes) permite adquirir el dominio y otros derechos reales por la posesión continuada durante el tiempo y con las condiciones legales: en los bienes muebles, tres años con buena fe y seis sin ella; en los inmuebles, diez años entre presentes y veinte entre ausentes con buena fe y justo título, y treinta años sin necesidad de buena fe ni título. La prescripción extintiva es el modo de extinción de derechos y acciones por su no ejercicio durante el plazo legal; la acción personal sin plazo especial prescribe a los cinco años (art. 1964 CC, tras la Ley 42/2015). A diferencia de la caducidad, admite interrupción (reclamación extrajudicial, ejercicio judicial de la acción o reconocimiento de la deuda, art. 1973 CC).
Las sucesiones: herencia, testamento y legítima
La sucesión mortis causa puede ser testada (conforme a un testamento válidamente otorgado, acto personalísimo, unilateral y revocable) o intestada o legal (a falta de testamento, con el orden de llamamiento: descendientes, ascendientes, cónyuge viudo, colaterales hasta el cuarto grado y, en último término, el Estado). Pueden testar los mayores de catorce años que puedan conformar y expresar su voluntad, aun con apoyos; el testamento ológrafo solo puede otorgarse por mayores de edad. La legítima (art. 806 CC) es la porción de bienes de la que el testador no puede disponer libremente por haberla reservado la ley a los herederos forzosos: los hijos y descendientes, en su defecto los padres y ascendientes, y el cónyuge viudo, que tiene derecho a una cuota en usufructo. La legítima de los hijos es de dos tercios del haber hereditario, de los cuales uno puede destinarse a mejorar a algunos de ellos (tercio de mejora) y el otro, de libre disposición, es el tercio restante.
Los modos de adquirir la propiedad y los derechos reales
Los modos de adquirir la propiedad según el art. 609 CC son la ocupación, la donación, la sucesión testada e intestada y ciertos contratos mediante la tradición; la prescripción también adquiere dominio. Teoría del título y el modo: el contrato es el título, la entrega (tradición) el modo. Los derechos reales (propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipoteca, prenda) otorgan un poder directo sobre la cosa oponible a terceros, a diferencia de los derechos de crédito, que solo vinculan al deudor. El Registro de la Propiedad da publicidad a los derechos reales sobre inmuebles.
Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones
El art. 1157 y siguientes CC regula el pago o cumplimiento, que debe ser íntegro e idéntico a lo debido. El deudor que incumple responde con todos sus bienes presentes y futuros (art. 1911 CC, responsabilidad patrimonial universal). El art. 1101 CC obliga a indemnizar los daños y perjuicios a quienes incurran en dolo, negligencia o morosidad. Formas de extinción (art. 1156): pago, pérdida de la cosa debida, condonación, confusión, compensación y novación. La responsabilidad extracontractual del art. 1902 CC exige acción u omisión culposa, daño y relación de causalidad; el art. 1903 regula la responsabilidad por hecho ajeno (padres, tutores, empresarios).
Esquema de diferencias que se confunden en el examen
Capacidad jurídica (inherente, igual para todos) frente a capacidad de obrar (admite grados). Nacionalidad de origen (art. 17) frente a derivativa (opción, carta de naturaleza, residencia). Vecindad civil (derecho civil aplicable dentro de España) frente a nacionalidad (pertenencia a un Estado). Domicilio (art. 40: lugar de residencia habitual) frente a residencia. Patria potestad (hijos menores no emancipados) frente a curatela (apoyo a mayores con discapacidad). Filiación matrimonial, no matrimonial y adoptiva: mismos efectos (art. 108). Prescripción (admite interrupción) frente a caducidad (no la admite).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Las fuentes del Derecho según el art. 1 CC son ley, costumbre y principios generales; la jurisprudencia complementa el ordenamiento pero no es fuente autónoma.
El Título Preliminar del CC tiene aplicación general y directa en toda España (art. 13 CC); el resto del Código es derecho supletorio en los territorios con Derecho foral propio.
Trampa de examen: la mayoría de edad (18 años) y la capacidad de obrar plena ya NO están en los arts. 315 y 322 CC, sino en los arts. 240 y 246 CC, tras la renumeración de la Ley 8/2021.
Desde la Ley 20/2011, la personalidad se adquiere con el nacimiento con vida y el entero desprendimiento del seno materno (art. 30 CC); ya no se exigen figura humana ni 24 horas de vida.
Nacionalidad por residencia (art. 22 CC): 10 años con carácter general, 5 para refugiados, 2 para iberoamericanos/Andorra/Filipinas/Guinea Ecuatorial/Portugal/sefardíes, 1 año en supuestos tasados (nacido en España, casado con español/a, etc.).
La filiación matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva producen los mismos efectos (art. 108 CC): no hay jerarquía entre tipos de filiación.
La guarda y custodia compartida se acuerda cuando ambos progenitores lo pidan de mutuo acuerdo o lleguen a ese acuerdo durante el procedimiento (art. 92 CC), no de oficio por el juez salvo supuestos excepcionales.
Vecindad civil de los hijos (art. 14 CC): la del progenitor cuya filiación se determinó antes; en su defecto, el lugar de nacimiento y, en último término, la común; los padres pueden atribuir la de cualquiera en los seis meses siguientes al nacimiento o adopción.
Art. 430 CC distingue posesión natural y civil; la distinción entre posesión en concepto de dueño y en concepto de tenedor está en el art. 432 CC.
Los menores no emancipados no pueden contraer matrimonio (art. 46 CC); el matrimonio ya no emancipa.
Pueden testar los mayores de catorce años (con apoyos si los necesitan); el testamento ológrafo, solo los mayores de edad. Legítima de los hijos: dos tercios (tercio de mejora y tercio de legítima estricta).
Prescripción extintiva de la acción personal sin plazo especial: cinco años (art. 1964 CC, Ley 42/2015). Usucapión: bienes muebles 3 años (buena fe) o 6; inmuebles 10-20 años (buena fe y justo título) o 30.
La pérdida de nacionalidad (art. 24 CC) afecta a españoles emancipados residentes en el extranjero que adquieren voluntariamente otra nacionalidad: se produce a los tres años salvo declaración de conservarla; los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad (art. 11.2 CE).
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Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Quiénes no pueden contraer matrimonio, según el artículo 46 del Código Civil?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Guardia Civil?
El Derecho Civil español se articula sobre el Código Civil de 1889 (Real Decreto de 24 de julio de 1889), texto que, pese a su antigüedad, ha sido reformado en profundidad en las últimas décadas (nacionalidad, filiación, matrimonio igualitario, guarda y custodia, apoyos a la discapacidad). Para un guardia civil su conocimiento es relevante en el día a día operativo: identificación de personas y su capacidad jurídica, actuación ante menores o personas con discapacidad, gestión de conflictos familiares y de pareja, o simplemente la correcta interpretación de conceptos jurídicos básicos que atraviesan todo el ordenamiento. Este tema se centra en el Título Preliminar (fuentes del Derecho, eficacia e interpretación de las normas), la persona física (capacidad, nacionalidad, vecindad civil), las instituciones familiares esenciales (matrimonio, filiación, patria potestad, guarda y custodia) y una introducción muy básica a las obligaciones y los contratos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Las fuentes del Derecho según el art. 1 CC son ley, costumbre y principios generales; la jurisprudencia complementa el ordenamiento pero no es fuente autónoma. El Título Preliminar del CC tiene aplicación general y directa en toda España (art. 13 CC); el resto del Código es derecho supletorio en los territorios con Derecho foral propio. Trampa de examen: la mayoría de edad (18 años) y la capacidad de obrar plena ya NO están en los arts. 315 y 322 CC, sino en los arts. 240 y 246 CC, tras la renumeración de la Ley 8/2021. Desde la Ley 20/2011, la personalidad se adquiere con el nacimiento con vida y el entero desprendimiento del seno materno (art. 30 CC); ya no se exigen figura humana ni 24 horas de vida. Nacionalidad por residencia (art. 22 CC): 10 años con carácter general, 5 para refugiados, 2 para iberoamericanos/Andorra/Filipinas/Guinea Ecuatorial/Portugal/sefardíes, 1 año en supuestos tasados (nacido en España, casado con español/a, etc.). La filiación matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva producen los mismos efectos (art. 108 CC): no hay jerarquía entre tipos de filiación. La guarda y custodia compartida se acuerda cuando ambos progenitores lo pidan de mutuo acuerdo o lleguen a ese acuerdo durante el procedimiento (art. 92 CC), no de oficio por el juez salvo supuestos excepcionales. Vecindad civil de los hijos (art. 14 CC): la del progenitor cuya filiación se determinó antes; en su defecto, el lugar de nacimiento y, en último término, la común; los padres pueden atribuir la de cualquiera en los seis meses siguientes al nacimiento o adopción. Art. 430 CC distingue posesión natural y civil; la distinción entre posesión en concepto de dueño y en concepto de tenedor está en el art. 432 CC. Los menores no emancipados no pueden contraer matrimonio (art. 46 CC); el matrimonio ya no emancipa. Pueden testar los mayores de catorce años (con apoyos si los necesitan); el testamento ológrafo, solo los mayores de edad. Legítima de los hijos: dos tercios (tercio de mejora y tercio de legítima estricta). Prescripción extintiva de la acción personal sin plazo especial: cinco años (art. 1964 CC, Ley 42/2015). Usucapión: bienes muebles 3 años (buena fe) o 6; inmuebles 10-20 años (buena fe y justo título) o 30. La pérdida de nacionalidad (art. 24 CC) afecta a españoles emancipados residentes en el extranjero que adquieren voluntariamente otra nacionalidad: se produce a los tres años salvo declaración de conservarla; los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad (art. 11.2 CE).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889), texto consolidado, arts. 1, 3, 6, 7, 13-17, 20-26, 29-33, 40, 44-46, 49, 92, 108, 116, 120, 154, 156, 175, 240, 246, 348, 430, 432, 609, 663, 806, 1088-1091, 1254-1255, 1261, 1902, 1930 y 1964 (BOE-A-1889-4763)
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (BOE-A-2021-9233)
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE-A-2011-12628)
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (BOE-A-2005-11364)
Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (plazo del art. 1964 CC)
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (nueva redacción del art. 175 CC)
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