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Tema 13. Seguridad pública y seguridad privada.

Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.

Este tema estudia dos normas que regulan, desde ángulos distintos, la seguridad en España: la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que sustituyó a la antigua Ley Orgánica 1/1992 y regula las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la ciudadanía (identificaciones, registros, reuniones y manifestaciones) y el régimen sancionador administrativo en esta materia; y la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que regula la actividad complementaria -nunca sustitutiva- que prestan las empresas y el personal de seguridad privada, y su coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Ambas leyes comparten un principio común: la seguridad privada nunca sustituye a la seguridad pública, sino que la complementa bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Como marco, la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29ª CE), sin perjuicio de las policías autonómicas y locales previstas en los Estatutos y en la LO 2/1986; se distingue de la seguridad nacional (Ley 36/2015), de la protección civil (Ley 17/2015) y de la protección de infraestructuras críticas (Ley 8/2011).

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Seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad nacional y orden público: conceptos y marco competencial

El art. 104.1 CE encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El art. 149.1.29ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que establezcan sus Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica; el art. 148.1.22ª CE permite a las CCAA asumir la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación de las policías locales. El Tribunal Constitucional (STC 104/1989) define la seguridad pública como la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano; la seguridad ciudadana es el contenido esencial de la seguridad pública. Conviene distinguir: la seguridad nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre) es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales; la protección civil (Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil); y las infraestructuras críticas (Ley 8/2011, de 28 de abril). Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981) son los instrumentos extraordinarios.

La Ley Orgánica 4/2015: objeto, naturaleza y estructura

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE-A-2015-3442), sustituyó a la antigua Ley Orgánica 1/1992, de Seguridad Ciudadana (conocida como 'ley Corcuera'). Se aprueba como ley orgánica porque afecta al ejercicio de derechos fundamentales -la libertad, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, entre otros- y se estructura en cinco capítulos: disposiciones generales; documentación e identificación personal; actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana; potestades especiales de policía administrativa de seguridad; y régimen sancionador. Su objeto es regular, en el marco de la cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas, el ejercicio de las competencias sobre protección de la seguridad ciudadana, entendida como uno de los presupuestos del libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. La ley se sitúa por debajo de la Constitución y de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero por encima de los reglamentos de desarrollo, y comparte con esta última la exigencia de que toda actuación policial se rija por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Es la norma que popularmente se conoce como 'ley mordaza'.

Fines, principios rectores y deber de colaboración (Capítulo I LO 4/2015)

La actuación en materia de seguridad ciudadana se orienta a proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; garantizar el normal funcionamiento de instituciones y servicios esenciales; asegurar la convivencia ciudadana; prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas; y velar por la protección y seguridad de las víctimas. Entre sus principios rectores figuran la legalidad, la igualdad de trato y no discriminación, la proporcionalidad, la protección de los derechos y la mínima intervención posible. La actuación de las FCS se rige además por los principios generales del art. 5 LO 2/1986 (congruencia, oportunidad y proporcionalidad). Todas las autoridades y funcionarios, dentro de sus competencias, así como los ciudadanos, tienen el deber de colaborar con las FCS en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad ciudadana, proporcionando el auxilio que resulte necesario cuando sean requeridos, sin perjuicio del régimen de responsabilidad que corresponda por su incumplimiento.

El Documento Nacional de Identidad y el pasaporte (Capítulo II LO 4/2015)

El DNI es un documento público y oficial que acredita, salvo prueba en contrario, la identidad y los datos personales de su titular, y es suficiente por sí solo para acreditar la identidad de las personas, así como su nacionalidad española. Es obligatorio a partir de los 14 años, y su expedición corresponde al Ministerio del Interior (Policía Nacional); se regula en el Real Decreto 1553/2005, modificado por el Real Decreto 414/2015, de 29 de mayo. El pasaporte es el documento público y oficial expedido por el Ministerio del Interior (o por las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España) que acredita, fuera de España, la identidad y nacionalidad de los españoles; se regula en el Real Decreto 896/2003, de 11 de julio. Dentro del territorio español, la identidad se acredita primordialmente con el DNI. Los extranjeros acreditan su identidad con los documentos que establece la normativa de extranjería (pasaporte, tarjeta de identidad de extranjero).

La identificación de personas (artículo 16 LO 4/2015)

El artículo 16 regula la identificación de personas, una de las diligencias policiales más habituales en examen. Los agentes pueden requerirla en dos supuestos: a) cuando existan indicios de que la persona ha podido participar en la comisión de una infracción, o b) cuando, atendidas las circunstancias, sea razonablemente necesario para prevenir la comisión de un delito; en ambos casos, incluida la identificación de quienes oculten el rostro para dificultarla. En la práctica de la identificación deben respetarse estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación (art. 16.1). Cuando no sea posible identificar a la persona por ningún medio, incluidos el telemático o telefónico, o esta se niegue a hacerlo, los agentes pueden requerirle que les acompañe a las dependencias policiales más próximas, únicamente a efectos de identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso puede superar las seis horas (art. 16.2). En esas dependencias debe llevarse un libro-registro donde solo se practican asientos relacionados con la seguridad ciudadana, y a la persona trasladada se le debe expedir un volante acreditativo del tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes. Trampa de examen: las seis horas son el límite del traslado para identificar, no una detención propiamente dicha, que se rige por otro régimen distinto (art. 17.2 CE, máximo 72 horas). La negativa a identificarse o la alegación de datos falsos puede constituir infracción grave.

Entrada y registro en domicilio (artículo 15 LO 4/2015 y artículo 18.2 CE)

El domicilio es inviolable, no pudiendo entrar en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito (art. 18.2 CE). La LO 4/2015 se remite a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, y permite a los agentes de la autoridad proceder a la entrada y registro sin mandamiento judicial cuando sea necesario para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Antecedente histórico: la STC 341/1993 declaró inconstitucional el art. 21.2 de la LO 1/1992, que permitía entrar en un domicilio sin mandamiento judicial por flagrancia de delitos de tráfico de drogas, al considerar que la flagrancia exige una evidencia del delito.

Registros corporales externos y medidas de seguridad extraordinarias

El artículo 20 LO 4/2015 regula los registros corporales externos: pueden practicarse cuando existan indicios racionales de que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para las funciones de indagación y prevención de las FCSE (apartado 1). Salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, el registro debe realizarlo un agente del mismo sexo que la persona registrada, y si exige dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, debe practicarse en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros, dejando constancia escrita de la diligencia, sus causas y la identidad del agente (apartado 2). El apartado 3 exige respetar los mismos principios del art. 16.1 y, además, el de injerencia mínima, causando el menor perjuicio posible a la intimidad y dignidad de la persona, que debe ser informada de modo inmediato y comprensible de las razones del registro. El apartado 4 permite practicarlo contra la voluntad del afectado, con las medidas de compulsión indispensables conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Distintas de estos registros son las medidas de seguridad extraordinarias del Capítulo III (cierre o desalojo de locales, prohibición de paso, evacuación de inmuebles, controles en vías públicas, comprobaciones y registros en lugares públicos), que las autoridades competentes pueden acordar ante riesgos graves para personas o bienes. Los registros corporales internos no los regula esta ley: requieren intervención judicial.

Reuniones y manifestaciones: la disolución como último recurso (artículo 23 LO 4/2015)

El artículo 23 LO 4/2015 regula la actuación policial ante reuniones y manifestaciones. Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para proteger su celebración, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana; pero también pueden acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión (apartado 1), así como disolver concentraciones de vehículos u obstáculos que impidan o dificulten la circulación. El apartado 2 fija el principio esencial de esta materia: las medidas de intervención deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias, y la disolución constituye 'el último recurso'. Antes de disolver, las unidades actuantes deben avisar de las medidas a los afectados, pudiendo hacerlo verbalmente si la urgencia lo exige (apartado 3); solo cuando se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos, pueden actuar sin previo aviso. El artículo 24 cierra este bloque recordando que, en estos casos, las FCSE colaborarán mutuamente conforme a su ley orgánica reguladora (la LO 2/1986).

El derecho de reunión (LO 9/1983): comunicación previa, prohibición y disolución

Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones deben ser comunicadas por escrito a la autoridad competente con una antelación mínima de diez días naturales y máxima de treinta, salvo causas extraordinarias y graves que justifiquen su convocatoria con menor antelación (en todo caso, con al menos veinticuatro horas), permitiendo a la autoridad conocer con la debida anticipación su celebración para adoptar las medidas de seguridad necesarias. No se exige autorización previa: la comunicación no equivale a una autorización. Las reuniones en lugares cerrados no requieren comunicación. La autoridad solo puede prohibir la reunión o proponer su modificación cuando existan razones fundadas de que puede producirse una alteración del orden público con peligro para personas o bienes; en tal caso debe resolver motivadamente en el plazo de 72 horas y cabe recurso contencioso-administrativo por procedimiento preferente. Las reuniones pueden ser suspendidas y disueltas (art. 5 LO 9/1983) cuando se consideren ilícitas conforme a las leyes penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, o cuando se haga uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Principios rectores de la actuación policial en materia de seguridad ciudadana

La actuación de las FCS en materia de seguridad ciudadana se rige por los principios generales del art. 5 LO 2/1986 (congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de sus facultades) y por los principios específicos de la LO 4/2015: legalidad, igualdad de trato, respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales, y adecuación al fin de garantizar la seguridad ciudadana con la menor injerencia posible en los derechos de las personas.

Garantías en las identificaciones practicadas en dependencias policiales

Cuando no sea posible la identificación por otros medios en el lugar en que se practique el requerimiento, y resulte necesario el traslado a dependencias policiales, este debe limitarse al tiempo imprescindible (máximo seis horas), documentarse en el libro-registro de la dependencia, y dar lugar a un volante acreditativo del tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes. Los asientos de este libro solo pueden referirse a la seguridad ciudadana y no sustituyen a los de detenidos.

La videovigilancia en espacios públicos y las medidas de seguridad extraordinarias

Las FCS pueden utilizar cámaras y otros medios de vigilancia técnica para garantizar la seguridad ciudadana, así como para el esclarecimiento de delitos, la localización y aprehensión de las personas presuntamente responsables y la recogida de elementos probatorios. El uso de videocámaras por las FCS en lugares públicos se rige por la Ley Orgánica 4/1997 y por la normativa de protección de datos (LO 7/2021), con sujeción a los principios de idoneidad, proporcionalidad y limitación temporal. En establecimientos e instalaciones que lo requieran por razón de peligrosidad, riesgo de comisión de infracciones penales u otras causas relacionadas con la seguridad ciudadana, la autoridad gubernativa puede imponer la adopción de medidas de seguridad extraordinarias, entre ellas la videovigilancia, la contratación de servicios de vigilancia privada, o la instalación de sistemas de detección.

Potestades de policía administrativa: armas, explosivos y artículos pirotécnicos (Capítulo IV)

El Capítulo IV regula las potestades especiales de policía administrativa de seguridad: registros administrativos de actividades relevantes para la seguridad ciudadana (alojamientos, compraventa de joyas, etc.), el control de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos y las medidas sobre determinados establecimientos. Corresponde a las autoridades competentes la intervención, ocupación, suspensión de actividades, cierre de locales y demás medidas cautelares necesarias respecto de armas, municiones, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, así como respecto de los establecimientos que se dediquen a su fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio o utilización. La normativa de desarrollo es el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero) y el Reglamento de Explosivos (Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero); la competencia de la Guardia Civil en esta materia procede del art. 12.1.B de la LO 2/1986 (Intervención Central de Armas y Explosivos).

El régimen sancionador de la LO 4/2015: infracciones muy graves, graves y leves (artículos 35 a 37)

El Capítulo V de la LO 4/2015 clasifica las infracciones en tres grados. Son infracciones muy graves (art. 35), entre otras, las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras que prestan servicios básicos a la comunidad cuando generan riesgo para la vida o la integridad física, y la fabricación, comercio o utilización de armas y explosivos incumpliendo la normativa. Son infracciones graves (art. 36) la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos o reuniones numerosas cuando no sea delito, la perturbación grave frente a las sedes del Congreso, el Senado o las asambleas legislativas autonómicas, la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes cuando no sea delito (incluida la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos), el consumo o la tenencia ilícita de drogas en lugares públicos, y el uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las FCS que ponga en peligro la seguridad de los agentes. Son infracciones leves (art. 37), entre otras, la celebración de reuniones o manifestaciones incumpliendo los requisitos de comunicación previa de la LO 9/1983, y las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las FCS en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de infracción penal.

Las sanciones: multas, sanciones accesorias y graduación (artículo 39)

El artículo 39 fija las multas: las muy graves se sancionan con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, de 601 a 30.000 euros; y las leves, de 100 a 600 euros, pudiendo llevar aparejadas sanciones accesorias como la retirada de armas y licencias o el comiso de bienes o instrumentos empleados en la infracción. Las sanciones se graduarán atendiendo a la gravedad y trascendencia del hecho, el posible peligro, la reincidencia, la reiteración y la capacidad económica del infractor. Las denuncias de los agentes de la autoridad, formalizadas con los requisitos legales, constituyen base de prueba de los hechos (presunción de veracidad) sin perjuicio de las pruebas de descargo del denunciado. Las sanciones se imponen por la vía del procedimiento administrativo sancionador (Ley 39/2015), con recurso contencioso-administrativo.

Órganos competentes para sancionar, prescripción y comiso

La competencia sancionadora corresponde, según la gravedad de la infracción, la cuantía y el órgano territorial, al Delegado del Gobierno, al Subdelegado del Gobierno, al Ministro del Interior o al Consejo de Ministros para las sanciones de mayor cuantía, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales conforme a su normativa propia en el ámbito de sus competencias. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por graves a los dos años y las impuestas por leves al año, computándose desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora. Como sanción accesoria, cabe el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción, así como de los efectos procedentes de esta, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de la infracción. Con carácter cautelar, los agentes pueden proceder a la aprehensión de dichos instrumentos y efectos desde el momento en que se detecte la infracción.

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada: objeto, finalidades y relación con la seguridad pública

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE-A-2014-3649), regula en su artículo 1 su objeto, dejando claro que 'todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública' (art. 1.1), y que la propia ley 'establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios' (art. 1.2). El artículo 4 detalla sus finalidades: satisfacer las necesidades legítimas de seguridad de sus usuarios, contribuir a garantizar la seguridad pública aportando información útil a las investigaciones, y 'complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública' (art. 4.c). La seguridad privada, cuya titularidad y responsabilidad última corresponde en exclusiva al Estado (art. 149.1.29ª CE), nunca puede sustituir a la seguridad pública, sino solo complementarla. El reglamento de desarrollo vigente transitoriamente es el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, en lo que no se oponga a la Ley 5/2014.

Coordinación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Título I de la Ley 5/2014 regula la coordinación entre la seguridad privada y la pública: el personal de seguridad privada debe comunicar a las FCSE cualquier circunstancia o información relevante para la seguridad ciudadana tan pronto como sea posible, y el Ministerio del Interior (o el órgano autonómico competente) adopta las medidas organizativas de coordinación, pudiendo constituir comisiones mixtas de seguridad privada, de carácter consultivo, entre las Administraciones Públicas y los representantes del sector. El personal de seguridad privada tiene obligación de poner inmediatamente a disposición de las FCS a los delincuentes sorprendidos en flagrante delito, sin poder investigar los hechos, función reservada a la Policía Judicial. Cuando actúen en cooperación y bajo el mando de las FCSE, gozan de una protección jurídica reforzada.

La Comisión Nacional de Seguridad Privada y los órganos de coordinación

Órgano colegiado de ámbito estatal, adscrito al Ministerio del Interior, que canaliza la colaboración entre la AGE, las Administraciones autonómicas con competencias ejecutivas en la materia y el sector de la seguridad privada, informando los proyectos normativos y formulando propuestas para la mejora de la regulación y la coordinación entre seguridad pública y privada. En el ámbito territorial funcionan también comisiones mixtas de coordinación entre las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, las autoridades autonómicas competentes y el sector, en materias como la programación de inspecciones o el seguimiento de medidas de seguridad obligatorias.

Empresas de seguridad privada, reserva de actividad y Registro Nacional de Seguridad Privada

Las empresas de seguridad son personas jurídicas que, previa autorización administrativa e inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada (o en el registro autonómico competente), prestan servicios de seguridad privada en las modalidades tasadas por la ley. La actividad tiene reserva legal a favor de estas empresas autorizadas: ninguna otra persona puede prestarla sin esa habilitación específica, incurriendo en su caso en infracción de intrusismo. El Registro Nacional de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior, recoge las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad habilitado, así como las incidencias relevantes (sanciones, suspensiones, revocaciones), permitiendo el control administrativo del sector y la coordinación con las FCS. La inspección y control del sector corresponde a la Policía Nacional (art. 12.1.A LO 2/1986) y, en cuanto a armas y explosivos, a la Guardia Civil.

Actividades de seguridad privada (artículo 5 Ley 5/2014)

Las actividades de seguridad privada son: la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos; la protección de personas (escoltas); el depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico, requieran vigilancia y protección especial; el transporte y distribución de estos objetos; la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas; la explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma y su comunicación a las FCS; y la investigación privada en relación con personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte. Otras actividades, como la planificación, el asesoramiento y la formación, se consideran compatibles.

El personal de seguridad privada: clases

La ley distingue: vigilantes de seguridad y sus especialidades (vigilantes de explosivos), escoltas privados, guardas rurales y sus especialidades (guardas de caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados, cada categoría con requisitos propios de habilitación, formación y funciones. Para ejercer es necesario obtener la habilitación o acreditación del Ministerio del Interior, tras superar las pruebas y reunir requisitos como la mayoría de edad, la aptitud física y psicofísica, la ausencia de antecedentes penales por delitos dolosos y la formación específica. El personal acreditado dispone de una tarjeta de identidad profesional (TIP).

Los vigilantes de seguridad: funciones y límites

Vigilancia y protección de bienes y establecimientos, control de accesos, prevención de delitos e infracciones en el ámbito de su protección mediante vigilancia y disuasión, comprobaciones y registros necesarios, y puesta inmediata a disposición de las FCS de los delincuentes sorprendidos, junto con los instrumentos y efectos del delito. Los controles de identidad en el acceso a inmuebles no permiten retener la documentación personal. Los vigilantes no pueden interrogar ni investigar delitos. Cuando el servicio lo exija y cuenten con la autorización pertinente, pueden prestar servicio con arma.

Los guardas rurales y sus especialidades

Categoría especializada en la vigilancia y protección de la propiedad en el ámbito rural, con dos especialidades: guardas de caza (vigilancia de cotos y terrenos cinegéticos) y guardapescas marítimos (vigilancia de instalaciones de acuicultura y zonas de pesca marítima), exigiendo formación específica adaptada a las peculiaridades de su ámbito rural o marítimo de actuación.

Jefes y directores de seguridad; escoltas privados

Los jefes de seguridad organizan, dirigen e inspeccionan el personal y servicios de seguridad de su propia empresa de seguridad. Los directores de seguridad, de mayor cualificación, diseñan y controlan la seguridad integral de la entidad para la que trabajan directamente; su presencia es obligatoria en los supuestos legales (por ejemplo, empresas de seguridad con determinadas actividades y entidades con obligación de contar con un departamento de seguridad) y actúan como interlocutores cualificados con las FCS. Los escoltas privados protegen a personas determinadas, con arma si cuentan con la autorización correspondiente.

Los despachos de detectives privados

Los detectives privados prestan servicios de investigación privada: obtención de información y pruebas sobre hechos privados relativos a asuntos civiles, mercantiles o laborales, o sobre delitos solo perseguibles a instancia de parte, por encargo de personas con interés legítimo. No pueden investigar delitos perseguibles de oficio y, si durante su actividad tuvieran conocimiento de hechos delictivos, deben ponerlos en conocimiento de la autoridad competente. Deben guardar reserva sobre sus investigaciones y elaborar un informe para el cliente.

La formación del personal de seguridad privada

Se imparte en centros de formación autorizados, con programas diferenciados según la categoría profesional, incluyendo contenidos jurídicos, técnicos, físicos y, en su caso, de tiro para las categorías habilitadas para portar armas. Debe actualizarse periódicamente mediante cursos de actualización, siendo requisito para mantener la habilitación en vigor.

Las medidas de seguridad: organizativas, físicas y electrónicas

Dispositivos destinados a proteger determinados establecimientos, de implantación voluntaria u obligatoria (entidades de crédito, joyerías, gasolineras). Se clasifican en medidas organizativas (procedimientos internos), físicas o mecánicas (cajas fuertes, puertas blindadas) y electrónicas (videovigilancia, detección de intrusión, control de accesos), combinadas en los planes de seguridad de cada establecimiento. Los sistemas de videovigilancia privados se rigen además por la normativa de protección de datos: en particular, las imágenes se conservan como máximo un mes (art. 22 LOPDGDD), y no pueden captar el espacio público salvo lo imprescindible.

El uso de armas por el personal de seguridad privada

Régimen restrictivo, reservado a determinadas categorías y servicios (vigilantes en determinados servicios como el transporte de fondos o la protección de ciertos establecimientos, escoltas) y condicionado a licencia específica y formación periódica de tiro. Debe ajustarse a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y solo en legítima defensa o estado de necesidad. El personal de seguridad privada no es autoridad ni, con carácter general, agente de la autoridad; no obstante, la ley prevé una protección jurídica reforzada cuando actúan en cooperación y bajo el mando de las FCSE.

El régimen sancionador de la seguridad privada

La Ley 5/2014 clasifica las infracciones (empresariales y del personal) en muy graves, graves y leves, con sanciones que van de la multa (hasta 3.000 euros las leves, de 3.001 a 30.000 las graves y de 30.001 a 300.000 las muy graves) a la revocación de la autorización o habilitación, pasando por la suspensión temporal. Entre las más graves: el intrusismo profesional, la extralimitación de funciones (detener fuera de flagrante delito) y el uso indebido de armas o medios de coacción.

Esquema comparativo: seguridad pública frente a seguridad privada

Seguridad pública: titularidad exclusiva del Estado, prestada por las FCS (estatales, autonómicas y locales) cuyos miembros son agentes de la autoridad (art. 7 LO 2/1986), con potestad de identificación, registro, uso proporcionado de la fuerza y denuncia con presunción de veracidad. Seguridad privada: actividad de empresas y personal habilitados por el Ministerio del Interior, complementaria y subordinada; sus miembros no ejercen potestades públicas, deben limitarse a prevención y disuasión en el objeto de su protección, y han de comunicar de inmediato a las FCS cualquier información relevante y entregarles a los delincuentes sorprendidos. La coordinación entre ambas se canaliza a través de la Policía Nacional (Unidad Central de Seguridad Privada) y de la Guardia Civil en su ámbito, y los servicios de seguridad privada no pueden prestarse en espacios públicos salvo autorización expresa en los supuestos legalmente previstos.

Errores típicos de examen en este tema

Confundir las seis horas de la identificación (art. 16.2 LO 4/2015) con las 72 horas de la detención (art. 17.2 CE). Creer que las reuniones y manifestaciones requieren autorización previa (solo comunicación, LO 9/1983). Mezclar las escalas de multas de la LO 4/2015 (100-600, 601-30.000, 30.001-600.000 euros) con las de la Ley 5/2014 (hasta 3.000, 3.001-30.000, 30.001-300.000 euros). Atribuir al vigilante de seguridad funciones de investigación o la condición general de agente de la autoridad. Confundir la antigua LO 1/1992 (derogada) con la LO 4/2015 vigente. Olvidar que el registro corporal externo requiere un agente del mismo sexo salvo urgencia por riesgo grave e inminente.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 16 LO 4/2015: identificación por indicios de infracción o necesidad razonable de prevenir un delito; traslado a dependencias máximo 6 horas para identificar, con libro-registro y volante.
  • Art. 20 LO 4/2015: registros corporales externos por agente del mismo sexo, en lugar reservado si procede, con injerencia mínima.
  • Art. 23 LO 4/2015: la disolución de reuniones/manifestaciones es el último recurso, gradual y proporcionada, con aviso previo salvo armas o explosivos.
  • LO 9/1983: comunicación previa de 10 a 30 días naturales (24 horas en causas extraordinarias y graves); no es autorización; prohibición solo por razones fundadas de orden público, resolución en 72 horas.
  • Arts. 35, 36, 37 y 39 LO 4/2015: infracciones muy graves (multa 30.001-600.000 euros), graves (601-30.000 euros) y leves (100-600 euros).
  • Prescripción en LO 4/2015: infracciones 3 años (muy graves), 2 años (graves), 6 meses (leves); sanciones 3 años, 2 años y 1 año.
  • Art. 1 Ley 5/2014: la seguridad privada es complementaria y subordinada a la seguridad pública, nunca sustitutiva.
  • La Ley 5/2014 reconoce las clases de personal: vigilantes (y vigilantes de explosivos), escoltas, guardas rurales (caza y pesca marítima), jefes y directores de seguridad y detectives privados; el detective no puede investigar delitos perseguibles de oficio.
  • Ley 5/2014: multas de hasta 3.000 euros (leves), 3.001-30.000 euros (graves) y 30.001-300.000 euros (muy graves).
  • Distinguir: seguridad pública (competencia exclusiva del Estado, art. 149.1.29ª CE) / seguridad nacional (Ley 36/2015) / protección civil (Ley 17/2015) / infraestructuras críticas (Ley 8/2011).
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Según la Ley 5/2014, las infracciones graves en materia de seguridad privada se sancionan con multa de...

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Guardia Civil?

Este tema estudia dos normas que regulan, desde ángulos distintos, la seguridad en España: la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que sustituyó a la antigua Ley Orgánica 1/1992 y regula las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la ciudadanía (identificaciones, registros, reuniones y manifestaciones) y el régimen sancionador administrativo en esta materia; y la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que regula la actividad complementaria -nunca sustitutiva- que prestan las empresas y el personal de seguridad privada, y su coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Ambas leyes comparten un principio común: la seguridad privada nunca sustituye a la seguridad pública, sino que la complementa bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Como marco, la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29ª CE), sin perjuicio de las policías autonómicas y locales previstas en los Estatutos y en la LO 2/1986; se distingue de la seguridad nacional (Ley 36/2015), de la protección civil (Ley 17/2015) y de la protección de infraestructuras críticas (Ley 8/2011).

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

Art. 16 LO 4/2015: identificación por indicios de infracción o necesidad razonable de prevenir un delito; traslado a dependencias máximo 6 horas para identificar, con libro-registro y volante. Art. 20 LO 4/2015: registros corporales externos por agente del mismo sexo, en lugar reservado si procede, con injerencia mínima. Art. 23 LO 4/2015: la disolución de reuniones/manifestaciones es el último recurso, gradual y proporcionada, con aviso previo salvo armas o explosivos. LO 9/1983: comunicación previa de 10 a 30 días naturales (24 horas en causas extraordinarias y graves); no es autorización; prohibición solo por razones fundadas de orden público, resolución en 72 horas. Arts. 35, 36, 37 y 39 LO 4/2015: infracciones muy graves (multa 30.001-600.000 euros), graves (601-30.000 euros) y leves (100-600 euros). Prescripción en LO 4/2015: infracciones 3 años (muy graves), 2 años (graves), 6 meses (leves); sanciones 3 años, 2 años y 1 año. Art. 1 Ley 5/2014: la seguridad privada es complementaria y subordinada a la seguridad pública, nunca sustitutiva. La Ley 5/2014 reconoce las clases de personal: vigilantes (y vigilantes de explosivos), escoltas, guardas rurales (caza y pesca marítima), jefes y directores de seguridad y detectives privados; el detective no puede investigar delitos perseguibles de oficio. Ley 5/2014: multas de hasta 3.000 euros (leves), 3.001-30.000 euros (graves) y 30.001-300.000 euros (muy graves). Distinguir: seguridad pública (competencia exclusiva del Estado, art. 149.1.29ª CE) / seguridad nacional (Ley 36/2015) / protección civil (Ley 17/2015) / infraestructuras críticas (Ley 8/2011).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE-A-2015-3442)
  • Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE-A-2014-3649)
  • Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (BOE-A-1983-19946)
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (BOE-A-1986-6859)
  • Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional; Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas
  • Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (aplicable en lo que no se oponga a la Ley 5/2014)
  • Constitución Española, arts. 18.2, 21, 104 y 149.1.29ª (BOE-A-1978-31229)

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