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Tema 4. Derecho Constitucional.

Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.

El Tema 4 aborda la Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), norma suprema del ordenamiento jurídico español, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Se trata del tema más extenso del bloque de Derecho Constitucional dentro del temario de Guardia Civil, ya que recorre los diez títulos del texto constitucional: desde el Título Preliminar, que fija los valores superiores y principios estructurales del Estado, pasando por el Título I (derechos y deberes fundamentales, con sus garantías y su régimen de suspensión), la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial y la organización territorial del Estado, hasta el Tribunal Constitucional y los procedimientos de reforma constitucional. Dada su densidad, este desarrollo prioriza los contenidos con mayor peso estadístico en los exámenes de la Escala de Cabos y Guardias: los valores superiores y principios del artículo 9.3, las garantías de los derechos fundamentales (art. 53) y su suspensión (art. 55), la Corona y la organización territorial del Estado. Desde 1978 la Constitución solo ha sido reformada tres veces por el procedimiento del art. 167: art. 13.2 (1992, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), art. 135 (2011, estabilidad presupuestaria) y art. 49 (febrero de 2024, para sustituir la referencia a los «disminuidos» por las personas con discapacidad).

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El Título Preliminar: valores superiores y principios estructurales (arts. 1 a 9)

El artículo 1 CE contiene la fórmula de cabecera de todo el texto: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (art. 1.1); añade que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2), y que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3). El artículo 2 proclama la indisoluble unidad de la Nación española y, a la vez, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. El artículo 3 fija el castellano como lengua oficial del Estado, sin perjuicio de la cooficialidad de otras lenguas españolas en sus respectivas Comunidades Autónomas. Los artículos 6 y 7 constitucionalizan, respectivamente, los partidos políticos (instrumento fundamental para la participación política) y los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. El artículo 8 encomienda a las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire (denominación literal que conserva el texto constitucional, nunca reformado en este punto), la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. El artículo 9.3, especialmente citado en examen, garantiza expresamente: el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El Título I: estructura de los derechos y deberes fundamentales (arts. 10 a 55)

El Título I, el más extenso de la Constitución, se abre con el artículo 10, que proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1), y remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales como criterio de interpretación de los derechos fundamentales (art. 10.2). Internamente se divide en cinco capítulos: el Capítulo I (arts. 11-13) regula los españoles y los extranjeros; el Capítulo II (arts. 14-38) recoge «los derechos y libertades», subdividido a su vez en la Sección 1.ª (arts. 15-29, «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas», con la máxima protección) y la Sección 2.ª (arts. 30-38, «De los derechos y deberes de los ciudadanos», con protección ordinaria); el Capítulo III (arts. 39-52) contiene los «principios rectores de la política social y económica», de naturaleza más programática; el Capítulo IV (arts. 53-54) fija las garantías de los derechos, incluyendo la figura del Defensor del Pueblo (art. 54); y el Capítulo V (art. 55) regula la suspensión de derechos y libertades. Esta estructura interna —y en particular saber en qué capítulo o sección se ubica cada derecho— es clave porque de ella depende directamente el nivel de garantía aplicable, como se desarrolla en el punto siguiente.

Las garantías del artículo 53 y la suspensión de derechos del artículo 55

El artículo 53 CE gradúa la protección de los derechos según dónde se ubiquen dentro del Título I. El artículo 53.1 dispone que los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos, y que solo por ley —que en todo caso deberá respetar su contenido esencial— podrá regularse su ejercicio. El artículo 53.2 reserva la máxima garantía a los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15 a 29) y al principio de igualdad del artículo 14: cualquier ciudadano puede recabar su tutela ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; este régimen alcanza también a la objeción de conciencia del art. 30.2. El artículo 53.3, en cambio, dispone que los principios rectores del Capítulo III (arts. 39 a 52) solo podrán alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, sin acceso directo al amparo. El artículo 55 regula la suspensión de derechos: el apartado 1 permite suspender un listado tasado de derechos (entre ellos los de los arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2) cuando se declare el estado de excepción o de sitio; el apartado 2 habilita, mediante ley orgánica y con intervención judicial y control parlamentario, la suspensión individual (no general) de los derechos de los arts. 17.2 y 18.2-18.3 para personas concretas investigadas por su relación con bandas armadas o elementos terroristas.

La Corona (Título II, arts. 56 a 65)

El artículo 56 define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales; su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3). El artículo 62 enumera sus principales funciones: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum en los casos previstos en la Constitución; proponer al candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones; ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros a petición del Presidente del Gobierno; ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin poder autorizar indultos generales. El artículo 64 establece la exigencia de refrendo para la validez de los actos del Rey (por el Presidente del Gobierno o los Ministros competentes, y en su caso por el Presidente del Congreso), refrendo del que responden las autoridades que lo prestan al ser el Rey irresponsable.

Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial (Títulos III, IV y VI)

Las Cortes Generales (Título III) son bicamerales y representan al pueblo español. El Congreso de los Diputados (art. 68) se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con la provincia como circunscripción electoral y mandato de cuatro años. El Senado (art. 69) es la Cámara de representación territorial: cada provincia elige 4 senadores por sufragio universal, y las Comunidades Autónomas designan además senadores propios (uno por cada Comunidad y otro más por cada millón de habitantes de su territorio); las provincias insulares y Ceuta y Melilla tienen un régimen específico de circunscripciones. El Gobierno (Título IV) dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97); responde solidariamente ante el Congreso de su gestión política (relaciones desarrolladas en el Título V, con instrumentos como la cuestión de confianza, la moción de censura o la disolución anticipada). El Poder Judicial (Título VI) se articula sobre el principio de unidad jurisdiccional (art. 117), con el Consejo General del Poder Judicial (art. 122) como órgano de gobierno de los jueces y magistrados, y el Ministerio Fiscal (art. 124) con misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.

La organización territorial del Estado (Título VIII)

El artículo 137 CE dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses; se trata de autonomía política y administrativa, no de soberanía, que sigue residiendo en el conjunto del pueblo español (art. 2). La Constitución previó dos vías principales de acceso a la autonomía: la vía ordinaria o lenta del artículo 143 (iniciativa de diputaciones y municipios, con un techo competencial inicial más limitado) y la vía rápida o agravada del artículo 151 (reservada, entre otros supuestos, a los territorios que ya habían plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía antes de 1978, y que exige ratificación por referéndum). El Estatuto de Autonomía es, conforme al artículo 147, la «norma institucional básica» de cada Comunidad Autónoma, aprobado como ley orgánica. Los artículos 148 y 149 distribuyen competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: el artículo 149.1 enumera las materias de competencia exclusiva del Estado, entre las que destaca, por su relevancia directa para el Cuerpo, el apartado 29.ª, «Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica» (la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).

El Tribunal Constitucional y la reforma constitucional (Títulos IX y X)

El Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159 a 165) se compone, conforme al artículo 159.1, de 12 miembros nombrados por el Rey, de los cuales cuatro son propuestos por el Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro por el Senado con la misma mayoría, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial; son nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, por un mandato de nueve años, renovándose por terceras partes cada tres. La reforma constitucional se regula en el Título X con dos procedimientos de distinta rigidez. La reforma ordinaria (art. 167) exige la aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara (o, en caso de desacuerdo, mediante comisión mixta paritaria y, si aun así no se alcanza esa mayoría, por dos tercios del Congreso si el Senado ha aprobado el texto por mayoría absoluta); puede someterse a referéndum si lo solicita, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los diputados o senadores. La reforma agravada (art. 168) se reserva para la revisión total de la Constitución o de su Título Preliminar, la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29) o el Título II (la Corona): exige aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión y estudio del nuevo texto por las Cámaras salientes de las nuevas elecciones, nueva aprobación por dos tercios de ambas Cámaras y referéndum de ratificación obligatorio (no facultativo, a diferencia del art. 167).

La soberanía nacional y la forma política del Estado (art. 1.2 y 1.3 CE)

El art. 1.2 CE dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El art. 1.3 CE declara que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria: el Rey reina pero no gobierna, y la confianza que sostiene al Gobierno procede de las Cortes Generales, no de la Corona.

Unidad de la Nación y derecho a la autonomía (art. 2 CE)

El art. 2 CE equilibra dos principios: la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, junto con la solidaridad entre ellas. Es el precepto matriz del Estado autonómico desarrollado en el Título VIII.

El régimen lingüístico constitucional (art. 3 CE)

El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (el art. 3 formula a la vez un derecho y un deber; también lo hacen el art. 30.1 sobre la defensa de España y el art. 35.1 sobre el trabajo). Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas conforme a sus Estatutos, siendo la riqueza lingüística patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección.

Bandera, capital y símbolos del Estado (arts. 4 y 5 CE)

La bandera de España es la roja y gualda, de tres franjas horizontales roja-amarilla-roja, siendo la amarilla de doble anchura. Los Estatutos pueden reconocer banderas propias de las CCAA, usadas junto a la de España en edificios y actos oficiales. El art. 5 CE fija la capital del Estado en Madrid, precepto cerrado sin remisión a desarrollo legal.

Partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales (arts. 6 y 7 CE)

Los partidos políticos expresan el pluralismo político y son instrumento fundamental de participación; los sindicatos y asociaciones empresariales defienden intereses económicos y sociales. Ambos tienen creación y actividad libres dentro del respeto a la Constitución y la ley, debiendo tener estructura interna y funcionamiento democráticos.

Las Fuerzas Armadas (art. 8 CE)

El texto literal del artículo 8 CE, no modificado desde 1978, las define como constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, con la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. El Real Decreto 524/2022, de 27 de junio, cambió la denominación administrativa de ese tercer ejército a «Ejército del Aire y del Espacio», pero se trata de un cambio de nombre por norma con rango reglamentario, sin reforma constitucional: el artículo 8 CE sigue hablando literalmente de «Ejército del Aire». Trampa de examen: si la pregunta cita el texto literal del art. 8 CE, la respuesta correcta es «Ejército del Aire», no «Ejército del Aire y del Espacio». Una ley orgánica regula las bases de la organización militar. El mando supremo simbólico corresponde al Rey (art. 62.h CE); la dirección efectiva de la Administración militar, al Gobierno (art. 97 CE).

Los siete principios del artículo 9.3 CE

Distintos de los valores superiores del art. 1.1, el art. 9.3 garantiza: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es habitual que los exámenes mezclen ambos preceptos para comprobar que no se confunden.

Españoles y extranjeros (Capítulo I, arts. 11 a 13 CE)

El art. 11 regula la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad, remitidas a la ley. El art. 12 fija la mayoría de edad en 18 años. El art. 13 reconoce a los extranjeros en España las libertades públicas del Título I en los términos de los tratados y la ley, con reserva de tratado o ley para el sufragio en elecciones municipales y exclusión, salvo tratado, de la extradición por delitos políticos.

Los derechos fundamentales de la Sección 1ª en detalle (arts. 15 a 29 CE)

Tras la igualdad del art. 14, la Sección 1ª agrupa: vida e integridad (15), libertad ideológica y religiosa (16), libertad y seguridad (17), honor e intimidad (18), libertad de residencia y circulación (19), libertad de expresión e información (20), reunión (21), asociación (22), participación política (23), tutela judicial efectiva (24), legalidad penal (25), educación (27), libertad sindical y huelga (28) y petición (29).

Derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª (arts. 30 a 38 CE)

Comprende el deber de defender a España y la objeción de conciencia (30), el deber de contribuir a los gastos públicos (31), el derecho a contraer matrimonio (32), a la propiedad privada y herencia (33), de fundación (34), al trabajo (35), los colegios profesionales (36), la negociación colectiva (37) y la libertad de empresa (38). A diferencia de la Sección 1ª, no exigen ley orgánica para su desarrollo.

Los principios rectores de la política social y económica (Cap. III, arts. 39-52)

Desarrollan el mandato de Estado social del art. 1.1 CE: protección de la familia (39), pleno empleo (40), Seguridad Social (41), salud (43), medio ambiente (45), vivienda digna (47), personas con discapacidad (49, reformado en 2024) y tercera edad (50). Conforme al art. 53.3 CE, solo informan la legislación positiva y son alegables ante tribunales según lo que dispongan las leyes de desarrollo.

El recurso de amparo constitucional

Mecanismo extraordinario y subsidiario ante el Tribunal Constitucional frente a violaciones del art. 14 CE y de la Sección 1ª (arts. 15-29), más la objeción de conciencia (art. 30.2). Es subsidiario: exige agotar la vía judicial ordinaria. Pueden interponerlo la persona afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, contra disposiciones, actos o vías de hecho de los poderes públicos.

La reserva de ley orgánica (art. 81 CE)

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª más art. 14), los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto.

Composición y mandato del Tribunal Constitucional (art. 159 CE)

Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado (mayoría de 3/5 en ambos), 2 a propuesta del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial. Mandato de 9 años, renovándose por terceras partes cada 3. Deben ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

Las competencias del Tribunal Constitucional (art. 161 CE y LOTC)

El recurso y la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y normas con rango de ley; el recurso de amparo; los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA o de estas entre sí; los conflictos entre órganos constitucionales del Estado; y el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales.

Diferencia entre recurso y cuestión de inconstitucionalidad

El recurso es un control abstracto y directo, promovido por el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, el Defensor del Pueblo o los órganos de las CCAA, en los 3 meses siguientes a la publicación de la norma. La cuestión la plantea un órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, cuando la validez de la norma aplicable condiciona el fallo de un litigio concreto.

Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

Tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación en el BOE, no cabe recurso alguno contra ellas y vinculan a todos los poderes públicos. Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos erga omnes, salvo que el fallo disponga otra cosa respecto de situaciones jurídicas ya consolidadas.

El Defensor del Pueblo: designación y estatuto (art. 54 CE y LO 3/1981)

Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, elegido por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5 en cada Cámara, para un mandato de 5 años. Goza de inviolabilidad, no está sujeto a mandato imperativo, y cuenta con dos Adjuntos que le auxilian y en los que puede delegar sus funciones.

Funciones y legitimación procesal del Defensor del Pueblo

Supervisa la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes mediante informe anual. Puede iniciar de oficio o a instancia de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos de la Administración; está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo; y la interposición de una queja no suspende los plazos de otras acciones o recursos.

Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981)

El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto (15 días, prorrogable con autorización del Congreso) para catástrofes o crisis sanitarias, sin suspender derechos fundamentales. El estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, ante una alteración grave del orden público; dura como máximo 30 días, prorrogables por otro plazo igual, y permite la suspensión de derechos del art. 55.1. Mientras duran los tres estados no puede disolverse el Congreso (art. 116.5) y no se interrumpe el funcionamiento de los poderes constitucionales. En 2021 el Tribunal Constitucional (SSTC 148/2021 y 183/2021) declaró inconstitucionales parte de las medidas adoptadas durante el estado de alarma de la pandemia por suponer una suspensión de derechos que no podía hacerse por esa vía. El estado de sitio, autorizado por mayoría absoluta, se reserva a insurrección o amenaza a la integridad territorial.

La suspensión individual de derechos en investigaciones antiterroristas (art. 55.2 CE)

Distinta de la suspensión general, permite que una ley orgánica autorice, individualmente, con intervención judicial y control parlamentario, la suspensión de los derechos de los arts. 17.2 (plazo de detención) y 18.2 y 3 (domicilio y comunicaciones) respecto de personas investigadas por bandas armadas o terroristas. Su utilización injustificada genera responsabilidad penal por violación de derechos.

La sucesión a la Corona (art. 57 CE)

La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, prefiriéndose la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Extinguidas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España.

Funciones del Rey (art. 62 CE)

Entre otras: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum; proponer el candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo, así como poner fin a sus funciones; expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley.

El refrendo de los actos del Rey (art. 64 CE)

Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución de las Cortes cuando no prospere ninguna investidura, serán refrendados por el Presidente del Congreso. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, no el propio Rey, cuya persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3 CE).

Las Cortes Generales: composición del Congreso y del Senado (arts. 68-69 CE)

El Congreso de los Diputados tiene entre 300 y 400 diputados (actualmente 350), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante escrutinio proporcional en circunscripción provincial, con mandato de 4 años. El Senado es la Cámara de representación territorial: senadores elegidos por provincia (4 por provincia peninsular) y designados por las Asambleas Legislativas de las CCAA.

El procedimiento legislativo ordinario

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno (proyectos de ley), al Congreso y al Senado (proposiciones de ley), a las Asambleas de las CCAA y a la iniciativa popular (mínimo 500.000 firmas, con materias excluidas como las orgánicas o tributarias). Los proyectos se debaten primero en el Congreso y después en el Senado, que puede vetar o enmendar, con un plazo de dos meses (veinte días en urgencia) para vetar o enmendar. El veto exige mayoría absoluta del Senado; el Congreso puede levantarlo por mayoría absoluta o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición (art. 90).

El Gobierno: composición y funciones (arts. 97-98 CE)

El Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE). Sus miembros no pueden ejercer otras funciones representativas ni actividad profesional o mercantil alguna.

La moción de censura y la cuestión de confianza (arts. 113-114 CE)

La moción de censura, de carácter constructivo, exige la propuesta de al menos una décima parte de los Diputados y la inclusión de un candidato alternativo a la Presidencia, requiriendo mayoría absoluta del Congreso para su aprobación. La cuestión de confianza la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o una declaración de política general, bastando mayoría simple para su otorgamiento.

El Poder Judicial: el Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE)

Órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.2 CE), compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y 20 vocales nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. Según el art. 122.3 CE, 12 vocales se eligen entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica (LOPJ), y 8 son elegidos por las Cortes Generales (4 por el Congreso y 4 por el Senado, por mayoría de 3/5 de cada Cámara) entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Le corresponden los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de la carrera judicial. La renovación de su composición se produjo en julio de 2024, tras un largo periodo de mandato prorrogado.

El Tribunal Supremo y la organización judicial ordinaria

El Tribunal Supremo, con sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE), organizado en cinco Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar). Por debajo se sitúan la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de cada CCAA, las Audiencias Provinciales y los Juzgados de distintos órdenes.

El Ministerio Fiscal (art. 124 CE)

Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, velando por la independencia de los Tribunales y procurando ante estos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a los de legalidad e imparcialidad.

La organización territorial: vías de acceso a la autonomía (arts. 143 y 151 CE)

La vía ordinaria del art. 143 permitía a provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes acceder al autogobierno con un techo competencial inicial más limitado. La vía agravada del art. 151, utilizada por las llamadas «nacionalidades históricas» (Cataluña, País Vasco y Galicia, que habían plebiscitado Estatutos en la República, disposición transitoria 2.ª) y por Andalucía (referéndum de 28 de febrero de 1980), exigía mayor consenso pero permitía acceder directamente al máximo nivel competencial.

La distribución de competencias entre el Estado y las CCAA (arts. 148-149 CE)

El art. 148 enumera las materias que pueden asumir las CCAA (ordenación del territorio, urbanismo, agricultura, sanidad, entre otras). El art. 149.1 reserva al Estado las competencias exclusivas (relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, régimen aduanero). El art. 149.3 fija la cláusula de cierre: las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las CCAA según sus Estatutos.

Los Estatutos de Autonomía: naturaleza y contenido

Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147 CE), aprobados mediante ley orgánica de las Cortes Generales. Deben contener la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas.

La Administración Local: municipio y provincia (arts. 140-141 CE)

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, con personalidad jurídica plena, cuyo gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por el Alcalde y los Concejales: los Concejales son elegidos por los vecinos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos, en los términos que establezca la ley (art. 140). La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, cuyo gobierno y administración autónoma corresponde a la Diputación.

La iniciativa y el límite temporal de la reforma constitucional (art. 169 CE)

La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las CCAA, quedando excluida la iniciativa popular. El art. 169 prohíbe iniciar la reforma en tiempo de guerra o vigente alguno de los estados de alarma, excepción o sitio del art. 116 CE, como garantía frente a reformas impuestas en contextos de excepcionalidad.

El referéndum facultativo del procedimiento ordinario de reforma (art. 167.3 CE)

Aprobada la reforma por el procedimiento ordinario del art. 167 CE (mayoría de 3/5 en cada Cámara), deberá someterse a referéndum de ratificación cuando lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, tratándose por tanto de un referéndum facultativo, a diferencia del obligatorio del procedimiento agravado del art. 168 CE.

Estructura de la Constitución y reformas realizadas

La Constitución de 1978 consta de un Preámbulo, 169 artículos, un Título Preliminar y diez títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Distribución: Título Preliminar (arts. 1-9), I (10-55), II (56-65, Corona), III (66-96, Cortes Generales), IV (97-107, Gobierno y Administración), V (108-116, relaciones Gobierno-Cortes), VI (117-127, Poder Judicial), VII (128-136, Economía y Hacienda), VIII (137-158, organización territorial), IX (159-165, Tribunal Constitucional) y X (166-169, reforma constitucional). Hasta hoy se ha reformado tres veces: art. 13.2 (agosto de 1992, para permitir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, tras el Tratado de Maastricht), art. 135 (septiembre de 2011, estabilidad presupuestaria) y art. 49 (febrero de 2024, para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reforzar su protección). Nunca se ha utilizado el procedimiento agravado del art. 168. Trampa de examen: la aprobación fue en referéndum el 6 de diciembre de 1978, la sanción del Rey el 27 de diciembre de 1978 y la publicación en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor.

Fuentes y jerarquía normativa: Constitución, tratados, leyes y reglamentos

La Constitución es la norma suprema. Por debajo se sitúan los tratados internacionales publicados (art. 96), que no pueden contradecirla (art. 95 exige reforma previa de la Constitución si un tratado la contiene) y prevalecen sobre las leyes; después las leyes orgánicas y ordinarias, que no tienen jerarquía entre sí sino distinto ámbito material; las normas con rango de ley del Gobierno (decreto legislativo, arts. 82-85, por delegación de las Cortes; y decreto-ley, art. 86) y, finalmente, los reglamentos (art. 97). El decreto-ley solo puede dictarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad, no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, y debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días. El principio de jerarquía normativa es una de las garantías del art. 9.3.

Derechos del Título I de especial relevancia para la función policial: arts. 15 a 25

Art. 15: vida e integridad física y moral; prohibición de tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes; abolición de la pena de muerte. Art. 17: libertad y seguridad; la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, un máximo de 72 horas, dentro del cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial; el detenido debe ser informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no puede ser obligado a declarar y tiene derecho a la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales; la ley regula el procedimiento de habeas corpus. Art. 18: derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; el domicilio es inviolable y no puede entrarse o registrarse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito; se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. Art. 19: libertad de residencia y circulación. Art. 20: libertad de expresión e información, sin censura previa; el secuestro de publicaciones solo procede por resolución judicial. Art. 21: derecho de reunión pacífica y sin armas, que no necesita autorización previa; en lugares de tránsito público se requiere comunicación previa a la autoridad. Art. 24: tutela judicial efectiva, juez ordinario predeterminado por la ley y presunción de inocencia. Art. 25: principio de legalidad penal y orientación de las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social.

El Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (arts. 103, 104 y 126 CE)

El art. 103 CE establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El art. 104.1 dispone que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; su estatuto se regula por ley orgánica (art. 104.2), la LO 2/1986. El art. 126 establece que la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. El art. 149.1.26.ª reserva al Estado el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos, y el 149.1.29.ª la seguridad pública. Trampa de examen: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del Gobierno (art. 104), pero en el ejercicio de funciones de policía judicial dependen funcionalmente de jueces, tribunales y fiscales (art. 126).

La investidura, la responsabilidad política del Gobierno y la disolución (arts. 99, 112-115 CE)

Tras las elecciones, el Rey, previa consulta con los representantes de los grupos políticos y con refrendo del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 99). El candidato expone su programa y solicita la confianza del Congreso: si obtiene la mayoría absoluta en la primera votación es nombrado por el Rey; si no, se repite la votación 48 horas después y basta la mayoría simple. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ninguno ha obtenido la confianza, el Rey disuelve las Cortes y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. La cuestión de confianza (art. 112) la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se entiende otorgada por mayoría simple; la moción de censura (art. 113) es constructiva y exige mayoría absoluta; si se aprueba, el candidato propuesto es nombrado Presidente. La disolución anticipada (art. 115) corresponde al Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros; no puede proponerse mientras esté en trámite una moción de censura ni antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, salvo lo previsto en el art. 99.

El estatuto de los parlamentarios y los órganos de las Cortes (arts. 66 a 80 CE)

El art. 66 atribuye a las Cortes Generales el ejercicio de la potestad legislativa, la aprobación de los Presupuestos y el control de la acción del Gobierno; son inviolables. Los Diputados y Senadores no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2). El art. 71 les reconoce inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones e inmunidad durante su mandato: solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización de la Cámara respectiva; las causas contra ellos corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Congreso se elige conforme a la LOREG (Ley Orgánica 5/1985), con 350 diputados, un mínimo inicial de dos por provincia (uno en Ceuta y Melilla) y reparto proporcional (sistema D'Hondt, con barrera del 3 % por circunscripción). En el Senado se eligen 208 senadores por sufragio directo, además de los designados por las Comunidades Autónomas. Los Presidentes del Congreso y del Senado dirigen los debates, y las Mesas son sus órganos de gobierno.

Los principios del Poder Judicial (arts. 117 a 127 CE)

El art. 117 declara que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Establece la unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los tribunales y prohíbe los Tribunales de excepción. Los jueces no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos (art. 127). El art. 119 consagra la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos, el art. 120 la publicidad de las actuaciones judiciales y la motivación de las sentencias, y el art. 125 la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985) desarrolla este título. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4).

Competencias exclusivas del Estado más relevantes (art. 149.1 CE) y mecanismos de coordinación

Además de la seguridad pública (149.1.29.ª) y de las armas y explosivos (149.1.26.ª), corresponden en exclusiva al Estado la nacionalidad, la inmigración, la extranjería y el derecho de asilo (149.1.2.ª), las relaciones internacionales (149.1.3.ª), la defensa y las Fuerzas Armadas (149.1.4.ª), la Administración de Justicia (149.1.5.ª), la legislación mercantil, penal y penitenciaria (149.1.6.ª) y el tráfico y circulación de vehículos de motor, sin perjuicio de las competencias transferidas (149.1.21.ª). Cuando una competencia no esté atribuida expresamente al Estado, puede corresponder a las Comunidades Autónomas (149.3), y las normas estatales prevalecen en caso de conflicto y son supletorias. El art. 150 permite a las Cortes atribuir facultades legislativas mediante leyes marco, transferir o delegar competencias estatales mediante ley orgánica y dictar leyes de armonización.

El control estatal sobre las Comunidades Autónomas: el art. 155 CE y los estatutos de Ceuta y Melilla

El art. 155 CE prevé que, si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o atenta gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento. Hoy existen diecisiete Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, cuyos Estatutos se aprobaron mediante las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995. Navarra tiene su régimen propio de Amejoramiento del Fuero (Ley Orgánica 13/1982), y la Comunidad Valenciana y Canarias accedieron a mayores competencias mediante una ley orgánica de transferencia (art. 150.2).

El Presidente del Tribunal Constitucional y el control de constitucionalidad (arts. 160 a 164 CE)

El Presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el Rey entre sus miembros, a propuesta del Pleno, por un periodo de tres años (art. 160). Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares, si los hay, y tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación, sin que quepa recurso alguno contra ellas (art. 164). El Tribunal conoce del recurso de inconstitucionalidad, de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163), del recurso de amparo, de los conflictos de competencia, de los conflictos entre órganos constitucionales, de los conflictos en defensa de la autonomía local y del control previo de tratados (art. 95.2). La declaración de inconstitucionalidad de una ley no afecta, por sí sola, a los procesos con sentencia firme en los que se haya hecho aplicación de la ley inconstitucional, salvo en materia penal o sancionadora, cuando resulte una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (art. 40 LOTC).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 1 CE: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; forma política: Monarquía parlamentaria (art. 1.3).
  • Art. 8 CE: el texto literal (no reformado) sigue diciendo «Ejército del Aire»; la denominación «Ejército del Aire y del Espacio» es un cambio de nombre de 2022 (RD 524/2022), de rango reglamentario, no una reforma constitucional.
  • Art. 9.3 CE: garantiza legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
  • Art. 53.2 CE: solo los derechos fundamentales de la Sección 1.ª del Cap. II (arts. 15-29) y el art. 14 tienen recurso de amparo ante el TC; los principios rectores del Cap. III (arts. 39-52) no.
  • Art. 55 CE: suspensión general de derechos en estado de excepción/sitio (art. 55.1) frente a suspensión individual por ley orgánica para casos de terrorismo, con control judicial y parlamentario (art. 55.2).
  • Art. 62 CE: funciones del Rey (sancionar leyes, convocar/disolver Cortes, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, mando supremo de las FAS, derecho de gracia sin indultos generales); sus actos requieren refrendo (art. 64). Congreso: 300-400 diputados, circunscripción provincia (art. 68); Senado: cámara de representación territorial, 4 senadores por provincia más los designados por las CCAA (art. 69).
  • Art. 149.1.29.ª CE: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de las policías autonómicas reguladas por ley orgánica (LO 2/1986).
  • Tribunal Constitucional: 12 miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 (art. 159). Reforma ordinaria (art. 167, 3/5 de cada Cámara) vs. reforma agravada (art. 168, para Título Preliminar, Sección 1.ª del Cap. II del Título I y Título II: 2/3, disolución de Cortes, nuevas elecciones y referéndum obligatorio).
  • Art. 17.2 CE: detención preventiva por el tiempo estrictamente necesario y máximo de 72 horas, tras las cuales el detenido debe ser liberado o puesto a disposición judicial. Art. 126: la policía judicial depende de jueces, tribunales y fiscales en la investigación del delito.
  • Art. 104 CE: las Fuerzas y Cuerpos de seguridad dependen del Gobierno; misión: proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Estatuto por ley orgánica (LO 2/1986).
  • La Constitución se ha reformado tres veces: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011) y art. 49 (2024). Nunca por el procedimiento del art. 168.
  • Veto del Senado (art. 90): mayoría absoluta del Senado; el Congreso lo levanta por mayoría absoluta o por mayoría simple tras dos meses.
  • Investidura (art. 99): mayoría absoluta en primera votación; mayoría simple 48 horas después; si en dos meses nadie es investido, disolución de las Cortes.
  • Tribunal Constitucional: nueve años, no reelegibles de forma inmediata; presidente por tres años. Consejo General del Poder Judicial: Presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales (12 jueces y magistrados, 8 elegidos por las Cortes por 3/5), cinco años.
  • Estado de alarma: 15 días, prorrogables con autorización del Congreso. Excepción: 30 días + 30, con autorización previa del Congreso. Sitio: mayoría absoluta del Congreso. En los tres estados no se puede disolver el Congreso.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional y quién los propone, según el artículo 159 CE?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Guardia Civil?

El Tema 4 aborda la Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), norma suprema del ordenamiento jurídico español, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Se trata del tema más extenso del bloque de Derecho Constitucional dentro del temario de Guardia Civil, ya que recorre los diez títulos del texto constitucional: desde el Título Preliminar, que fija los valores superiores y principios estructurales del Estado, pasando por el Título I (derechos y deberes fundamentales, con sus garantías y su régimen de suspensión), la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial y la organización territorial del Estado, hasta el Tribunal Constitucional y los procedimientos de reforma constitucional. Dada su densidad, este desarrollo prioriza los contenidos con mayor peso estadístico en los exámenes de la Escala de Cabos y Guardias: los valores superiores y principios del artículo 9.3, las garantías de los derechos fundamentales (art. 53) y su suspensión (art. 55), la Corona y la organización territorial del Estado. Desde 1978 la Constitución solo ha sido reformada tres veces por el procedimiento del art. 167: art. 13.2 (1992, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), art. 135 (2011, estabilidad presupuestaria) y art. 49 (febrero de 2024, para sustituir la referencia a los «disminuidos» por las personas con discapacidad).

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

Art. 1 CE: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; forma política: Monarquía parlamentaria (art. 1.3). Art. 8 CE: el texto literal (no reformado) sigue diciendo «Ejército del Aire»; la denominación «Ejército del Aire y del Espacio» es un cambio de nombre de 2022 (RD 524/2022), de rango reglamentario, no una reforma constitucional. Art. 9.3 CE: garantiza legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Art. 53.2 CE: solo los derechos fundamentales de la Sección 1.ª del Cap. II (arts. 15-29) y el art. 14 tienen recurso de amparo ante el TC; los principios rectores del Cap. III (arts. 39-52) no. Art. 55 CE: suspensión general de derechos en estado de excepción/sitio (art. 55.1) frente a suspensión individual por ley orgánica para casos de terrorismo, con control judicial y parlamentario (art. 55.2). Art. 62 CE: funciones del Rey (sancionar leyes, convocar/disolver Cortes, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, mando supremo de las FAS, derecho de gracia sin indultos generales); sus actos requieren refrendo (art. 64). Congreso: 300-400 diputados, circunscripción provincia (art. 68); Senado: cámara de representación territorial, 4 senadores por provincia más los designados por las CCAA (art. 69). Art. 149.1.29.ª CE: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de las policías autonómicas reguladas por ley orgánica (LO 2/1986). Tribunal Constitucional: 12 miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ), mandato de 9 años, renovación por tercios cada 3 (art. 159). Reforma ordinaria (art. 167, 3/5 de cada Cámara) vs. reforma agravada (art. 168, para Título Preliminar, Sección 1.ª del Cap. II del Título I y Título II: 2/3, disolución de Cortes, nuevas elecciones y referéndum obligatorio). Art. 17.2 CE: detención preventiva por el tiempo estrictamente necesario y máximo de 72 horas, tras las cuales el detenido debe ser liberado o puesto a disposición judicial. Art. 126: la policía judicial depende de jueces, tribunales y fiscales en la investigación del delito. Art. 104 CE: las Fuerzas y Cuerpos de seguridad dependen del Gobierno; misión: proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Estatuto por ley orgánica (LO 2/1986). La Constitución se ha reformado tres veces: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011) y art. 49 (2024). Nunca por el procedimiento del art. 168. Veto del Senado (art. 90): mayoría absoluta del Senado; el Congreso lo levanta por mayoría absoluta o por mayoría simple tras dos meses. Investidura (art. 99): mayoría absoluta en primera votación; mayoría simple 48 horas después; si en dos meses nadie es investido, disolución de las Cortes. Tribunal Constitucional: nueve años, no reelegibles de forma inmediata; presidente por tres años. Consejo General del Poder Judicial: Presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales (12 jueces y magistrados, 8 elegidos por las Cortes por 3/5), cinco años. Estado de alarma: 15 días, prorrogables con autorización del Congreso. Excepción: 30 días + 30, con autorización previa del Congreso. Sitio: mayoría absoluta del Congreso. En los tres estados no se puede disolver el Congreso.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), con las reformas de 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49)
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  • Real Decreto 524/2022, de 27 de junio, por el que se dispone el cambio de denominación del Ejército del Aire por la de Ejército del Aire y del Espacio (BOE-A-2022-10787)

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