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Tema 12. Extranjería. Inmigración.

Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil.

Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.

El régimen de extranjería en España se articula en torno a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX), desarrollada reglamentariamente desde noviembre de 2024 por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba un nuevo Reglamento de Extranjería y deroga el anterior RD 557/2011, con entrada en vigor el 20 de mayo de 2025. La LOEX regula las distintas situaciones administrativas de un extranjero en España (estancia, residencia temporal, residencia de larga duración), el régimen de entrada y salida del territorio, y un catálogo de infracciones -leves, graves y muy graves- cuya consecuencia más severa es la expulsión. Junto al régimen general conviven el régimen comunitario (Real Decreto 240/2007, para ciudadanos de la UE/EEE y sus familiares) y el sistema de protección internacional (Ley 12/2009, asilo y protección subsidiaria), que desde el 12 de junio de 2026 se inserta en el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Para el temario de la Guardia Civil interesa además la distribución competencial entre Cuerpos que fija el art. 12 de la Ley Orgánica 2/1986: al Cuerpo Nacional de Policía corresponde la competencia documental y sancionadora en materia de extranjería (control de entrada y salida, expedición de documentos, expulsión), mientras que a la Guardia Civil se le atribuye la custodia de vías de comunicación, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, lo que explica su papel central en la vigilancia de la inmigración irregular por vía marítima y terrestre, a través, entre otros, del Mando de Fronteras y Policía Marítima.

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La Ley Orgánica 4/2000 y su desarrollo reglamentario (RD 1155/2024)

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (BOE-A-2000-544), es la norma troncal en materia de extranjería, reformada en numerosas ocasiones desde su aprobación (entre otras, por las LO 8/2000, 11/2003, 14/2003, 2/2009 y 4/2015, esta última mediante la disposición adicional décima sobre el régimen especial de Ceuta y Melilla). Su desarrollo reglamentario ha cambiado recientemente: el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre (BOE-A-2024-24099), aprueba el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, publicado en el BOE de 20 de noviembre de 2024 y con entrada en vigor seis meses después, el 20 de mayo de 2025, sustituyendo al anterior Reglamento aprobado por el RD 557/2011, de 20 de abril. El nuevo reglamento reorganiza y simplifica el sistema de autorizaciones, reforma las figuras de arraigo, amplía las vías de acceso al mercado laboral de los extranjeros (incluidos los estudiantes) y modifica los procedimientos de reagrupación familiar. Es un tema con reforma muy reciente: conviene distinguir en examen entre las previsiones que están en la propia LOEX (nivel de ley orgánica, más estable) y las que dependen del reglamento (nivel reglamentario, sujeto a este cambio). Regla de oro del estudio: los umbrales y plazos más preguntados (90 días, cinco años, 60 días de internamiento, 72 horas de detención) están en la ley, no en el reglamento.

Derechos y libertades de los extranjeros (Título I LOEX)

La LOEX parte de que los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución, en los términos de los tratados internacionales, de la propia ley y de las que regulan el ejercicio de cada uno, y establece la interpretación de las normas conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales (art. 3). Algunos derechos pertenecen a todos los extranjeros con independencia de su situación administrativa: la educación básica (los menores de dieciocho años tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los españoles, con carácter obligatorio y gratuito en la enseñanza básica), la asistencia sanitaria (art. 12), con el alcance que establece la legislación sanitaria vigente, la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos en los que se enfrenten a denegación de entrada, devolución, expulsión o solicitud de protección internacional, y el derecho a ser asistidos por intérprete si no comprenden o hablan el castellano. Otros dependen de la situación: los de reunión, manifestación, asociación y sindicación se reconocen a los extranjeros que se encuentren en España, y el derecho al trabajo y a la Seguridad Social exigen la correspondiente autorización. Todo extranjero tiene el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad y su situación en España (art. 4). Los extranjeros residentes pueden ser titulares del derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales en los términos que establezcan los tratados con criterios de reciprocidad (art. 6).

Requisitos de entrada en territorio español y tipos de visado (arts. 25 y 25 bis LOEX)

El art. 25 LOEX exige que el extranjero que pretenda entrar en España lo haga por los puestos habilitados al efecto, provisto de pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad y se considere válido, sin estar sujeto a prohibiciones expresas, y presentando los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de su estancia y que acrediten los medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer. Con carácter general se exige además un visado, salvo que el extranjero disponga ya de tarjeta de identidad de extranjero o esté exento por convenio. El art. 25 bis clasifica los visados: de tránsito, de estancia (que permite permanecer hasta 90 días por semestre), de residencia, de residencia y trabajo, de residencia y trabajo de temporada, de estudios y de investigación, entre otros. La denegación de entrada a quien no cumple los requisitos se formaliza mediante resolución motivada, con información sobre el derecho a recurrir, asistencia letrada e intérprete, y el extranjero será devuelto a su punto de origen (art. 60). En el control de fronteras se aplica además el Código de Fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399, reformado por el Reglamento (UE) 2024/1717): un nacional de tercer país puede permanecer hasta 90 días en un período de 180 días.

Las situaciones administrativas de los extranjeros: estancia, residencia temporal y residencia de larga duración (arts. 29 a 32)

El art. 29 LOEX enumera las situaciones en que puede encontrarse un extranjero en España: estancia o residencia. El art. 30 define la estancia como la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, transcurrido el cual es preciso obtener una prórroga de estancia o una autorización de residencia. El art. 31 define la residencia temporal como la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años, renovable a petición del interesado; las autorizaciones pueden ser de residencia sin actividad laboral, de residencia y trabajo por cuenta ajena o propia, y de situaciones excepcionales (arraigo, razones humanitarias, colaboración con autoridades, víctimas de violencia de género o de trata). El art. 32 regula la residencia de larga duración, que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles; se accede a ella tras cinco años continuados de residencia legal (temporal). Existe también la residencia de larga duración-UE, que permite desplazarse a otros Estados miembros. Trampa de examen: los umbrales exactos (90 días, cinco años) son de los datos más preguntados de este bloque.

Infracciones leves y graves en materia de extranjería (arts. 52 y 53 LOEX)

El Título III de la LOEX tipifica las infracciones y sanciones. Son infracciones leves (art. 52) las de menor entidad, como la falta de comunicación de ciertos cambios que afecten a la situación del extranjero (por ejemplo, de domicilio o estado civil) o la omisión de determinados deberes de documentación. Son infracciones graves (art. 53) varias conductas, entre las que destaca el art. 53.1.a): encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, siempre que el interesado no hubiera solicitado su renovación en el plazo previsto reglamentariamente. Trampa recurrente: esta conducta es GRAVE, no muy grave. También es grave encontrarse trabajando en España sin haber obtenido permiso de trabajo o autorización de residencia y trabajo (art. 53.1.b). El hecho de que la conducta sea grave tiene consecuencias importantes: es una de las que puede sancionarse con expulsión en lugar de multa.

Infracciones muy graves (art. 54 LOEX)

El art. 54.1 reserva la calificación de MUY GRAVE a conductas de mayor gravedad, entre las que destacan: participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicado en actividades contrarias al orden público tipificadas como muy graves (art. 54.1.a); e inducir, promover, favorecer o facilitar, formando parte de una organización con ánimo de lucro, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español, o su tránsito desde este a otro Estado, siempre que el hecho no constituya delito (art. 54.1.b, el tráfico de personas en su vertiente administrativa). Las conductas que sean constitutivas de delito (por ejemplo, el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis del Código Penal) se persiguen en la vía penal y no en la administrativa. Importante: no basta con memorizar la calificación; hay que conocer la consecuencia, que en las muy graves incluye multa de 10.001 a 100.000 euros o, en su caso, expulsión.

Las sanciones, la expulsión y la prohibición de entrada (arts. 55 a 58 LOEX)

El art. 55.1 LOEX gradúa las multas: hasta 500 euros para infracciones leves, de 501 a 10.000 euros para las graves, y de 10.001 a 100.000 euros para las muy graves. El art. 57.1 permite sustituir la multa por la expulsión del territorio español cuando el infractor haya cometido conductas muy graves, o graves de las previstas en las letras a), b), c), d) y f) del art. 53.1, previo expediente y resolución motivada. El art. 57.2 permite también la expulsión de quien haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena de privación de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. El art. 57.3 es tajante: en ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa. El art. 57.5 protege frente a la expulsión (salvo excepciones tasadas) a determinados colectivos: residentes de larga duración, nacidos en España con residencia legal en los últimos cinco años, quienes hayan sido españoles de origen y hayan perdido la nacionalidad, y beneficiarios de determinadas prestaciones por incapacidad. El art. 56 fija los plazos de prescripción de las infracciones: tres años las muy graves, dos las graves y seis meses las leves. La expulsión conlleva la prohibición de entrada en España, por regla general por un máximo de cinco años (que puede alcanzar diez años cuando el extranjero constituya una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional), conforme al art. 58 y a la Directiva 2008/115/CE (Directiva de retorno).

La devolución y la denegación de entrada: diferencias con la expulsión (arts. 58 y 60 LOEX)

La expulsión es una sanción que se impone mediante expediente a quien está en territorio español y ha cometido determinadas infracciones. La devolución (art. 58.3) es una medida de control, sin expediente sancionador, aplicable a los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país (se consideran incluidos los interceptados en la frontera o en sus inmediaciones) y a los que contravengan una prohibición de entrada; la acuerda el Subdelegado del Gobierno (o el Delegado en comunidades uniprovinciales), con garantías de asistencia letrada e intérprete, y debe ejecutarse en el plazo de 72 horas; si no es posible, la autoridad solicitará al juez de instrucción el ingreso en un centro de internamiento. La denegación de entrada (art. 60) se produce en el puesto fronterizo respecto de quien no cumple los requisitos, mediante resolución motivada con información del derecho a recurrir. El rechazo en frontera de Ceuta y Melilla se regula en la disposición adicional décima de la LOEX (añadida por la LO 4/2015): los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados para impedir su entrada ilegal en España; el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, y las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados. El Tribunal Constitucional (STC 172/2020) validó la disposición con una interpretación conforme y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (N.D. y N.T. c. España, Gran Sala, 13 de febrero de 2020) no apreció violación del Convenio en las circunstancias del caso.

La salida del territorio y las prohibiciones de entrada (arts. 26 a 28 LOEX)

El art. 28.1 LOEX consagra la libertad de salida del territorio español, salvo en los casos previstos en el Código Penal y en la propia ley. El art. 28.2 permite al Ministro del Interior prohibir excepcionalmente la salida por razones de seguridad nacional o de salud pública, con carácter siempre individual. El art. 28.3 enumera los supuestos de salida obligatoria: expulsión por orden judicial, expulsión o devolución acordada por resolución administrativa, denegación administrativa de las solicitudes de permanencia, o cumplimiento del plazo comprometido en un programa de retorno voluntario. Por su parte, no pueden entrar en España, ni obtener visado, los extranjeros que hayan sido expulsados mientras dure la prohibición de entrada, así como quienes tengan la entrada prohibida por otra causa legal o por convenio internacional. Estas dos vertientes -salida obligatoria y prohibición de entrada- son las que dan efectividad práctica a la expulsión como sanción administrativa. Un extranjero sentenciado a pena de prisión superior a un año puede ver sustituida esa pena por la expulsión, con prohibición de entrada de cinco a diez años, conforme al art. 89 del Código Penal.

El procedimiento sancionador: ordinario y preferente (arts. 63 y ss. LOEX)

El procedimiento preferente, más ágil y de plazos reducidos, se aplica cuando la infracción puede sancionarse con expulsión y concurren determinadas circunstancias (riesgo de incomparecencia, evitación o dificultad de la expulsión, o riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional); en él el plazo de alegaciones es de 48 horas. El procedimiento ordinario, con plazos más amplios, se aplica al resto de infracciones, con las garantías generales del procedimiento administrativo sancionador. En todos los casos el extranjero tiene derecho a la asistencia letrada y a intérprete, y a recibir información en un idioma que comprenda. Contra las resoluciones son posibles los recursos administrativos y el recurso contencioso-administrativo; la interposición del recurso no suspende automáticamente la ejecución, pudiendo solicitarse su suspensión cautelar.

Medidas cautelares en el procedimiento sancionador (art. 61 LOEX)

Durante la tramitación del expediente pueden adoptarse medidas cautelares: presentación periódica ante las autoridades competentes, residencia obligatoria en determinado lugar, retirada del pasaporte o del documento acreditativo de la nacionalidad, detención cautelar por la Policía hasta un máximo de 72 horas (antes de solicitar el internamiento al juez), internamiento preventivo en un Centro de Internamiento de Extranjeros previa autorización judicial, y cualquier otra que el juez estime necesaria. Las medidas deben ser proporcionadas y motivadas.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y su plazo máximo (art. 62 LOEX)

Los CIE son establecimientos de carácter no penitenciario destinados al internamiento cautelar de extranjeros sometidos a expediente de expulsión o devolución, cuando resulte necesario para asegurar la ejecución de la medida acordada. El internamiento exige autorización judicial previa del juez de instrucción competente y solo procede cuando otras medidas cautelares menos gravosas resulten insuficientes. La LOEX fija en 60 días el plazo máximo de internamiento (art. 62.2), no pudiendo acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. Transcurrido dicho plazo sin haberse ejecutado la expulsión o devolución, el extranjero debe ser puesto en libertad. Los internos tienen derecho, entre otros, a la asistencia letrada, a intérprete, a atención sanitaria y a comunicarse con sus familiares y con su representación diplomática. El régimen interior se regula en el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE. Los menores no pueden ser internados.

El papel de la Guardia Civil en el control de fronteras y la inmigración irregular

La distribución de competencias entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de extranjería está fijada en el art. 12 de la Ley Orgánica 2/1986. El apartado A) atribuye al Cuerpo Nacional de Policía el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros (A.b) y las funciones previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración (A.c), es decir, la vertiente documental y sancionadora. El apartado B) atribuye a la Guardia Civil la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran (B.d), es decir, la vertiente de vigilancia física del territorio fronterizo. Esta distinción explica por qué es la Guardia Civil, a través de unidades como el Servicio Marítimo, el Servicio Aéreo, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y los puestos fronterizos terrestres, quien realiza la vigilancia y detección de embarcaciones y entradas irregulares, mientras que la tramitación de expedientes de expulsión y el control documental de fronteras aeroportuarias corresponde con carácter general al Cuerpo Nacional de Policía. En la estructura de la Dirección General de la Guardia Civil, estas funciones se encuadran en el Mando de Fronteras y Policía Marítima, dependiente de la Dirección Adjunta Operativa. La Guardia Civil participa también en operaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex, Reglamento (UE) 2019/1896). Las personas interceptadas en la costa o en la frontera son atendidas en dependencias habilitadas, y su detención no puede superar las 72 horas (art. 17.2 CE).

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y los sistemas europeos de control (novedades 2026)

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (Reglamentos (UE) 2024/1347 -cualificación-, 2024/1348 -procedimiento común de asilo-, 2024/1349 -procedimiento de retorno en frontera-, 2024/1351 -gestión de la migración y el asilo-, 2024/1356 -control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores-, 2024/1358 -Eurodac-, 2024/1359 -situaciones de crisis- y la Directiva (UE) 2024/1346 sobre acogida) es aplicable desde el 12 de junio de 2026. Sustituye, entre otras normas, al Reglamento de Dublín III (Reglamento (UE) 604/2013) por un nuevo reglamento de gestión, con un sistema de solidaridad obligatoria entre Estados y un control (screening) previo a la entrada de las personas que llegan de forma irregular. En la gestión de fronteras exteriores, el Sistema de Entradas y Salidas (EES, Reglamento (UE) 2017/2226) registra electrónicamente las entradas y salidas de nacionales de terceros países y ha ido sustituyendo el sellado manual del pasaporte, y el sistema ETIAS (Reglamento (UE) 2018/1240) exigirá una autorización de viaje previa a los nacionales de terceros países exentos de visado. La adaptación de la normativa española (en particular la Ley 12/2009) a este marco debe consultarse en su versión vigente.

El régimen comunitario: RD 240/2007 y su fundamento

El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, transpone la Directiva 2004/38/CE y regula un régimen especial, mucho más favorable que el general, para los ciudadanos de la UE y del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega, y por acuerdo bilateral, Suiza), fundamentado en la libertad de circulación de personas (art. 21 TFUE) y en el estatuto de la ciudadanía de la Unión. Se aplica también, en los términos que establece, a determinados familiares de ciudadanos españoles.

Ámbito de aplicación del régimen comunitario: familiares no comunitarios

Se extiende, con independencia de su nacionalidad, a los familiares del ciudadano comunitario que le acompañen o se reúnan con él: cónyuge o pareja registrada, descendientes menores de 21 años o mayores a su cargo, y ascendientes a su cargo, permitiendo que un nacional de un tercer Estado se beneficie de este régimen ágil por su vínculo familiar, en lugar del régimen general.

Derecho de entrada y de residencia hasta tres meses

Los ciudadanos comunitarios entran en España con la simple presentación del documento de identidad o pasaporte válido, sin necesidad de visado. Sus familiares no comunitarios deben presentar pasaporte y, si su nacionalidad lo exige, visado, salvo que ya sean titulares de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. La denegación de entrada solo puede fundarse en razones tasadas de orden público, seguridad o salud pública, nunca económicas. Todo ciudadano de la UE o del EEE tiene derecho a residir en España hasta tres meses con la sola posesión de documento de identidad o pasaporte válido, sin necesidad de tarjeta ni trámite adicional. Sus familiares no comunitarios gozan del mismo derecho durante ese periodo si le acompañan y poseen pasaporte válido.

Derecho de residencia superior a tres meses: supuestos e inscripción en el Registro Central de Extranjeros

Exige encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: ser trabajador por cuenta ajena o propia; disponer de recursos económicos suficientes y seguro de enfermedad; ser estudiante matriculado con seguro y recursos suficientes; o ser familiar que acompañe a un ciudadano de la Unión en alguno de los supuestos anteriores. La inscripción en el Registro Central de Extranjeros es obligatoria para el ciudadano comunitario que resida más de tres meses, y debe solicitarse ante la Oficina de Extranjeros o Comisaría de Policía en los tres meses siguientes a la entrada. Se expide inmediatamente un certificado de registro con nombre, nacionalidad, domicilio, NIE y fecha de registro, sin vigencia temporal limitada ni renovación periódica. El carácter de la inscripción es declarativo, no constitutivo.

La tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión y la residencia permanente

Documento que deben solicitar los familiares no comunitarios de un ciudadano de la UE, con validez de 5 años (o el periodo de residencia previsto si es inferior), que acredita su derecho de residencia y les exime de visado para entradas futuras. La residencia permanente se reconoce a ciudadanos de la UE/EEE y sus familiares que hayan residido legalmente en España 5 años continuados, sin que se vea afectada por ausencias temporales no superiores a 6 meses al año. Adquirido, no está sujeto a las condiciones de recursos o actividad laboral, y solo se pierde por ausencia superior a 2 años consecutivos.

Limitaciones por orden público, seguridad y salud pública en el régimen comunitario

El art. 15 RD 240/2007 exige que la conducta personal constituya una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, sin que basten condenas penales anteriores; nunca por razones económicas; debiendo ponderarse la duración de residencia, edad, salud, situación familiar e integración, con resolución motivada y notificada.

Diferencia entre el régimen comunitario y el régimen general de extranjería

El régimen comunitario (RD 240/2007), aplicable a ciudadanos de la UE/EEE y sus familiares, es mucho más ágil: entrada sin visado, residencia sin autorización previa hasta 3 meses, mero registro declarativo. El régimen general (LOEX), aplicable a extracomunitarios sin ese vínculo, exige autorización previa constitutiva (visado, autorización de residencia) para cada situación administrativa.

La reagrupación familiar (arts. 16 a 19 LOEX)

Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar, y pueden reagrupar a determinados familiares si cumplen los requisitos de residencia previa y de medios económicos y alojamiento. Pueden ser reagrupados, con carácter general, el cónyuge o pareja análoga, los hijos menores de dieciocho años o con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, los hijos del cónyuge en determinadas condiciones y los ascendientes a cargo del reagrupante o de su cónyuge, estos últimos con requisitos reforzados (mayores de 65 años, razones humanitarias y residencia de larga duración del reagrupante). El reagrupante debe acreditar medios económicos suficientes y vivienda adecuada. El reglamento de 2024 modificó los plazos y los requisitos de procedimiento; conviene consultar su versión vigente.

El procedimiento de solicitud de protección internacional

La solicitud puede presentarse en territorio español (en las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio, en comisarías de Policía, en cualquier puesto fronterizo o en un CIE), formalizándose mediante entrevista personal. En las representaciones diplomáticas españolas en el exterior no se tramita la solicitud como tal, pero los embajadores pueden promover el traslado a España de quien esté en peligro para que formule su solicitud. Presentada la solicitud, se examina su admisibilidad, y si es admitida a trámite, se instruye el expediente hasta su resolución, con posibilidad de tramitación por el procedimiento de urgencia en determinados supuestos. En el procedimiento ordinario el plazo de resolución es de seis meses; en el procedimiento en frontera los plazos son muy breves (la solicitud en un puesto fronterizo se resuelve en pocos días y cabe reexamen en dos días). Mientras se tramita, el solicitante no puede ser devuelto o expulsado y obtiene un documento acreditativo.

Marco normativo de la protección internacional: la Ley 12/2009

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, desarrolla el art. 13.4 CE y regula el estatuto de las personas necesitadas de protección internacional en España, distinguiendo dos figuras: el derecho de asilo (para quienes reúnen la condición de refugiado) y la protección subsidiaria (para quienes, sin ser refugiados, corren riesgo real de sufrir daños graves si regresan a su país). El art. 13.4 CE remite a la ley el establecimiento de los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Concepto de refugiado: la Convención de Ginebra de 1951

Conforme a la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de Nueva York de 1967, es refugiada toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país.

Concepto de protección subsidiaria

Se reconoce a quienes, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidos como refugiados, existen motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir daños graves (condena a pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes, o amenazas graves contra su vida por violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado), y no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren acogerse a la protección de dicho país.

El principio de no devolución (non-refoulement)

Principio esencial del Derecho internacional de los refugiados, recogido en el art. 33 de la Convención de Ginebra de 1951, que prohíbe a los Estados devolver, expulsar o extraditar a una persona a un territorio donde su vida o libertad peligre por las causas de persecución tasadas, o donde corra riesgo de sufrir tortura o tratos inhumanos, constituyendo el pilar de todo el sistema de protección internacional. Este principio también se deriva del art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la CIAR

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, instruye los expedientes de protección internacional. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), órgano colegiado con representación de varios departamentos ministeriales y con presencia del ACNUR, formula la propuesta de resolución que eleva al Ministro del Interior, a quien corresponde resolver. Contra la resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Causas de inadmisión a trámite de la solicitud de protección internacional

Entre otras: que se formule por persona que ya tenga reconocida protección internacional en otro Estado; que corresponda a otro Estado miembro de la UE su examen conforme al Reglamento de Dublín (a partir de junio de 2026, conforme al nuevo reglamento de gestión del Pacto Europeo); que la persona proceda de un tercer país seguro; o que se trate de una solicitud reiterativa sin datos nuevos relevantes, correspondiendo a la Administración resolver motivadamente sobre la inadmisión.

Los menores extranjeros no acompañados (art. 35 LOEX)

Nacionales de terceros Estados o apátridas menores de 18 años que llegan a territorio español sin estar acompañados de un adulto responsable de ellos, o que quedan desamparados tras su entrada. Se rigen por el principio del interés superior del menor, correspondiendo su tutela a la entidad pública de protección de menores competente (las comunidades autónomas), con garantías específicas: cuando la mayoría de edad no pueda establecerse con seguridad, la determinación de la edad corresponde al Ministerio Fiscal, que dispone la práctica de las pruebas necesarias; mientras tanto se les considera menores. No pueden ser objeto de expulsión, y su repatriación solo procede si se estima que favorece su interés.

Concepto de apátrida y su estatuto de reconocimiento

Es apátrida toda persona que no sea considerada nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación (Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Nueva York, 1954). España cuenta con un procedimiento específico de reconocimiento del Estatuto de Apátrida, distinto del procedimiento de asilo, que otorga a quien lo obtiene un documento de identidad y autorización de residencia y trabajo, con derechos análogos, aunque no idénticos, a los del estatuto de refugiado.

La protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas

La protección temporal es un mecanismo excepcional, regulado por la Directiva 2001/55/CE (en España, por el Real Decreto 1325/2003), activado por decisión del Consejo de la Unión Europea ante afluencias masivas de personas desplazadas que no pueden regresar a su país de origen, que ofrece protección inmediata y colectiva sin necesidad de tramitar individualmente cada solicitud de asilo, con derechos de residencia, trabajo y asistencia social durante su vigencia. Se activó por primera vez tras la invasión de Ucrania (Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022), con prórrogas sucesivas del Consejo que la han mantenido hasta el 4 de marzo de 2027.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LOEX: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE-A-2000-544).
  • Nuevo Reglamento de Extranjería: Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre (BOE-A-2024-24099), en vigor desde el 20 de mayo de 2025; deroga el RD 557/2011.
  • Estancia (art. 30 LOEX): hasta 90 días. Residencia temporal (art. 31): superior a 90 días e inferior a 5 años. Residencia de larga duración (art. 32): indefinida, tras 5 años continuados de residencia.
  • Trampa de examen: el art. 53.1.a) LOEX castiga encontrarse irregularmente en territorio español como infracción GRAVE, no muy grave.
  • Art. 55.1 LOEX: multas de hasta 500 euros (leves), de 501 a 10.000 euros (graves) y de 10.001 a 100.000 euros (muy graves).
  • Art. 57.3 LOEX: la expulsión y la multa NUNCA pueden imponerse conjuntamente; la expulsión sustituye a la multa.
  • Plazos de memoria: detención cautelar hasta 72 horas; devolución a ejecutar en 72 horas; internamiento en CIE máximo 60 días con autorización judicial; prescripción de infracciones: 3 años (muy graves), 2 años (graves), 6 meses (leves).
  • Devolución (art. 58.3) = sin expediente sancionador, para quien intenta entrar ilegalmente; expulsión = sanción tras expediente; denegación de entrada (art. 60) = en el puesto fronterizo.
  • Art. 12 LO 2/1986: al Cuerpo Nacional de Policía corresponde la legislación de extranjería y el control de entrada y salida (art. 12.A.b y c); a la Guardia Civil, la custodia física de fronteras, costas, puertos y aeropuertos (art. 12.B.d).
  • Pacto Europeo sobre Migración y Asilo: aplicable desde el 12 de junio de 2026; sustituye el sistema de Dublín III.
  • Régimen comunitario (RD 240/2007): entrada sin visado, residencia sin trámite hasta 3 meses, inscripción obligatoria a partir de 3 meses, residencia permanente a los 5 años, pérdida por ausencia superior a 2 años.
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¿Cuál es el plazo máximo de internamiento de un extranjero en un Centro de Internamiento de Extranjeros según el art. 62 de la LOEX?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Guardia Civil?

El régimen de extranjería en España se articula en torno a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX), desarrollada reglamentariamente desde noviembre de 2024 por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba un nuevo Reglamento de Extranjería y deroga el anterior RD 557/2011, con entrada en vigor el 20 de mayo de 2025. La LOEX regula las distintas situaciones administrativas de un extranjero en España (estancia, residencia temporal, residencia de larga duración), el régimen de entrada y salida del territorio, y un catálogo de infracciones -leves, graves y muy graves- cuya consecuencia más severa es la expulsión. Junto al régimen general conviven el régimen comunitario (Real Decreto 240/2007, para ciudadanos de la UE/EEE y sus familiares) y el sistema de protección internacional (Ley 12/2009, asilo y protección subsidiaria), que desde el 12 de junio de 2026 se inserta en el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Para el temario de la Guardia Civil interesa además la distribución competencial entre Cuerpos que fija el art. 12 de la Ley Orgánica 2/1986: al Cuerpo Nacional de Policía corresponde la competencia documental y sancionadora en materia de extranjería (control de entrada y salida, expedición de documentos, expulsión), mientras que a la Guardia Civil se le atribuye la custodia de vías de comunicación, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, lo que explica su papel central en la vigilancia de la inmigración irregular por vía marítima y terrestre, a través, entre otros, del Mando de Fronteras y Policía Marítima.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

LOEX: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE-A-2000-544). Nuevo Reglamento de Extranjería: Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre (BOE-A-2024-24099), en vigor desde el 20 de mayo de 2025; deroga el RD 557/2011. Estancia (art. 30 LOEX): hasta 90 días. Residencia temporal (art. 31): superior a 90 días e inferior a 5 años. Residencia de larga duración (art. 32): indefinida, tras 5 años continuados de residencia. Trampa de examen: el art. 53.1.a) LOEX castiga encontrarse irregularmente en territorio español como infracción GRAVE, no muy grave. Art. 55.1 LOEX: multas de hasta 500 euros (leves), de 501 a 10.000 euros (graves) y de 10.001 a 100.000 euros (muy graves). Art. 57.3 LOEX: la expulsión y la multa NUNCA pueden imponerse conjuntamente; la expulsión sustituye a la multa. Plazos de memoria: detención cautelar hasta 72 horas; devolución a ejecutar en 72 horas; internamiento en CIE máximo 60 días con autorización judicial; prescripción de infracciones: 3 años (muy graves), 2 años (graves), 6 meses (leves). Devolución (art. 58.3) = sin expediente sancionador, para quien intenta entrar ilegalmente; expulsión = sanción tras expediente; denegación de entrada (art. 60) = en el puesto fronterizo. Art. 12 LO 2/1986: al Cuerpo Nacional de Policía corresponde la legislación de extranjería y el control de entrada y salida (art. 12.A.b y c); a la Guardia Civil, la custodia física de fronteras, costas, puertos y aeropuertos (art. 12.B.d). Pacto Europeo sobre Migración y Asilo: aplicable desde el 12 de junio de 2026; sustituye el sistema de Dublín III. Régimen comunitario (RD 240/2007): entrada sin visado, residencia sin trámite hasta 3 meses, inscripción obligatoria a partir de 3 meses, residencia permanente a los 5 años, pérdida por ausencia superior a 2 años.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE-A-2000-544)
  • Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (BOE-A-2024-24099)
  • Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
  • Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 12 (BOE-A-1986-6859)
  • Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros
  • Reglamento (UE) 2024/1351 y demás reglamentos del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (aplicables desde el 12 de junio de 2026); Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen)

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