Este temario corresponde a la Escala de Cabos y Guardias (acceso libre, con ESO o Bachillerato), la vía de acceso masiva y la que coincide con el banco de preguntas ya existente en el sitio. La Escala de Oficiales tiene un temario distinto, no cubierto aquí.
El Derecho Penal español se regula en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, norma que ha sido reformada de manera muy intensa desde su aprobación, destacando la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (que suprimió las faltas y las reconvirtió en delitos leves) y numerosas reformas posteriores en materias como los delitos contra la libertad sexual o el patrimonio. Este tema aborda la parte general del Código Penal, esto es, las reglas comunes aplicables a todos los delitos: el concepto legal de delito, sus elementos estructurales (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), las circunstancias que eximen, atenúan o agravan la responsabilidad criminal, y el sistema de penas. Se completa con una introducción a tres bloques de la parte especial de especial relevancia práctica para la Guardia Civil: los delitos contra el patrimonio, contra la seguridad vial y contra el orden público.
El artículo 10 del Código Penal define el delito de forma escueta: son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, suprimió el Libro III (las faltas) y la histórica distinción entre delitos y faltas; las antiguas faltas se reconvirtieron en su mayoría en delitos leves, mientras que otras se despenalizaron y pasaron a sancionarse por vía administrativa. El sistema vigente distingue tres clases de delitos según la gravedad de la pena (arts. 13 y 33 CP): graves, menos graves y leves. Del artículo 10 CP se extraen dos elementos: la acción u omisión (comportamiento humano, positivo o de no hacer algo debido) y la exigencia de dolo o imprudencia, es decir, la exclusión de la responsabilidad puramente objetiva por el resultado (versari in re illicita). Trampa de examen: aún se cita la antigua distinción entre delitos y faltas como si estuviera vigente, cuando desapareció el 1 de julio de 2015, con la entrada en vigor de la reforma.
Los elementos del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad
La dogmática penal española, sobre la base del artículo 10 CP, construye el concepto de delito a partir de tres elementos o categorías que deben concurrir sucesivamente. La tipicidad supone que la conducta encaje exactamente en la descripción que hace la ley penal de un determinado delito (el llamado tipo penal): sin una norma previa que describa la conducta como delito no hay delito posible, en aplicación del principio de legalidad penal. La antijuridicidad exige que esa conducta típica sea, además, contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto; una conducta típica puede dejar de ser antijurídica cuando concurre alguna causa de justificación, como la legítima defensa o el estado de necesidad, reguladas ambas en el artículo 20 CP entre las causas de exención de la responsabilidad criminal. La culpabilidad, por último, es el juicio de reproche personal que se dirige al autor por haber actuado de forma contraria a Derecho pudiendo haber actuado conforme a ella; presupone la imputabilidad (capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión), la ausencia de causas de exculpación y el conocimiento, al menos potencial, de la antijuridicidad de la conducta. Las circunstancias del artículo 20 CP, según cuál sea el elemento que afectan, pueden excluir la antijuridicidad (legítima defensa, estado de necesidad) o excluir la culpabilidad (anomalía o alteración psíquica, alteraciones en la percepción).
Las circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal (artículo 20 CP)
El artículo 20 del Código Penal enumera las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal: 1.ª la anomalía o alteración psíquica que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión (el trastorno mental transitorio no exime si fue provocado por el sujeto para delinquir o si debió prever su comisión); 2.ª la intoxicación plena por alcohol, drogas u otras sustancias, o el síndrome de abstinencia, siempre que no haya sido buscada con el propósito de cometer el delito; 3.ª las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia que alteren gravemente la conciencia de la realidad; 4.ª la legítima defensa, con tres requisitos: agresión ilegítima (en defensa de bienes, que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes; en defensa de la morada, la entrada indebida), necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del defensor; 5.ª el estado de necesidad, que permite lesionar un bien jurídico ajeno o infringir un deber para evitar un mal propio o ajeno, siempre que el mal causado no sea mayor que el que se evita, que la situación no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse; 6.ª el miedo insuperable; 7.ª el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
Circunstancias atenuantes, agravantes y mixta de parentesco (artículos 21 a 23 CP)
El artículo 21 CP recoge las circunstancias atenuantes: las eximentes incompletas (cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir totalmente de responsabilidad), actuar a causa de grave adicción a sustancias, el arrebato u obcecación por causas o estímulos poderosos, la confesión de la infracción a las autoridades antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el culpable, la reparación del daño a la víctima antes del juicio oral, la dilación extraordinaria e indebida del procedimiento no atribuible al propio inculpado, y una cláusula analógica residual. El artículo 22 CP enumera las agravantes: la alevosía (emplear medios que aseguren la ejecución sin riesgo derivado de la posible defensa del ofendido), el disfraz o el abuso de superioridad, el precio o recompensa, el ensañamiento (aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima), el abuso de confianza, el prevalimiento del carácter público del culpable, y la reincidencia, que exige que el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código y de la misma naturaleza, sin computar antecedentes penales cancelados o que debieran estarlo, ni los correspondientes a delitos leves, salvo lo previsto para los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves tras la LO 1/2026. La Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia (BOE-A-2026-7966, en vigor desde el 10 de abril de 2026), modificó los arts. 22, 66 y 80 CP y los tipos de hurto y estafa, para reforzar la respuesta frente a la reiteración delictiva en delitos patrimoniales de escasa cuantía. El artículo 23 CP regula la circunstancia mixta de parentesco: ser o haber sido cónyuge o pareja de hecho, o ser ascendiente, descendiente o hermano del ofensor, puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito; es una trampa de examen habitual asumir que el parentesco siempre agrava, cuando en realidad la ley permite ambos efectos.
Clases de penas: privativas de libertad, privativas de derechos y multa
El artículo 32 CP clasifica las penas en privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. El artículo 33 CP las divide por su gravedad en graves (entre otras, la prisión permanente revisable y la prisión superior a cinco años), menos graves (prisión de tres meses hasta cinco años, multa superior a tres meses) y leves (multa de hasta tres meses, localización permanente de hasta tres meses). Las penas privativas de libertad (art. 35 CP) son la prisión permanente revisable, la prisión (duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo que otros preceptos dispongan otra cosa), la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Las penas privativas de derechos (art. 39 CP) incluyen la inhabilitación absoluta, las inhabilitaciones especiales (empleo o cargo público, profesión, oficio, patria potestad, tutela, curatela, etc.), la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la privación del derecho a residir en determinados lugares, la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella y los trabajos en beneficio de la comunidad. La multa (art. 50 CP) se impone por el sistema de días-multa: extensión de diez días a dos años (cinco años para personas jurídicas) y cuota diaria de 2 a 400 euros para personas físicas (30 a 5.000 euros para personas jurídicas), según la situación económica del reo.
Delitos contra el patrimonio: hurto y robo (artículos 234 y 237 CP)
El artículo 234 CP define el hurto: quien, con ánimo de lucro, toma las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño comete hurto; se castiga con prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros, y con multa de uno a tres meses si no excede de esa cantidad (delito leve), salvo que concurran las circunstancias agravadas del artículo 235 CP o que el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por al menos tres delitos de la misma naturaleza. El umbral de 400 euros es la frontera clásica entre el hurto con pena de prisión y el hurto leve. El robo (art. 237 CP) exige apoderarse con ánimo de lucro de cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde se encuentran o violencia o intimidación en las personas. Se distingue el robo con fuerza en las cosas (arts. 238 y ss.) del robo con violencia o intimidación (art. 242). La distinción entre hurto y robo, y dentro de este entre fuerza en las cosas y violencia o intimidación, es una de las más preguntadas por su relevancia práctica.
Delitos contra la seguridad vial y el orden público
En los delitos contra la seguridad vial, el artículo 379.2 CP castiga conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas; en todo caso se considera delito conducir con una tasa de alcohol superior a 0,60 miligramos por litro en aire espirado o a 1,2 gramos por litro en sangre. Estas tasas penales son únicas (no varían para conductores profesionales o noveles) y no deben confundirse con los límites administrativos, más bajos (0,25 mg/l en aire espirado con carácter general). El artículo 384 CP castiga conducir tras la pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de puntos, tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso por decisión judicial, o sin haber obtenido nunca permiso. En el orden público, el artículo 550 CP castiga el atentado: agredir, o con intimidación grave o violencia oponer resistencia grave, o acometer a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, con prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si es contra autoridad, y con prisión de seis meses a tres años en los demás casos (agentes o funcionarios). El artículo 556 CP castiga, de forma residual cuando no concurre atentado, la resistencia y la desobediencia graves a la autoridad o sus agentes con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses; su apartado 2 castiga con multa de uno a tres meses la falta de respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Concepto de Derecho Penal
Rama del Derecho público que define delitos y establece las penas o medidas de seguridad correspondientes, con la finalidad de proteger los bienes jurídicos más importantes para la convivencia social. Recurre a la sanción más grave que puede imponer el Estado, lo que justifica garantías reforzadas y su configuración como Derecho de última ratio, aplicable solo cuando otras ramas del ordenamiento resultan insuficientes.
El principio de legalidad penal (art. 25.1 CE y arts. 1-2 CP)
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente (nullum crimen, nulla poena sine lege). Se desdobla en garantía criminal (solo la ley define delitos), garantía penal (solo la ley establece penas), garantía jurisdiccional (solo un juez impone la pena mediante sentencia) y garantía de ejecución.
El principio de tipicidad
Exige que la descripción de la conducta prohibida sea precisa, clara y determinada (lex certa), proscribiendo la aplicación analógica del Derecho Penal en perjuicio del reo (analogía in malam partem). Sí se admite la analogía en beneficio del reo, por ejemplo para aplicar por analogía una circunstancia atenuante no expresamente prevista (art. 21.7 CP).
El principio de culpabilidad
La responsabilidad penal solo puede exigirse a quien actuó con dolo o imprudencia, nunca por el mero resultado (proscripción de la responsabilidad objetiva). Exige capacidad de culpabilidad (imputabilidad), lo que excluye o atenúa la responsabilidad en supuestos de anomalía psíquica, intoxicación plena o alteración de la percepción, y en el caso de los menores de edad, sujetos a régimen especial.
El principio de proporcionalidad de las penas
Exige correspondencia entre la gravedad del delito (bien jurídico afectado e intensidad de la lesión o puesta en peligro) y la gravedad de la pena, tanto en el marco penal abstracto fijado por el legislador como en la pena concreta impuesta por el juez. Se proyecta en el sistema de graduación por circunstancias modificativas y por los grados de ejecución y participación.
El principio de intervención mínima
El Derecho Penal, por disponer de las sanciones más gravosas, debe reservarse a los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves, recurriendo a otras ramas (civil, administrativa) cuando resulten suficientes. Se manifiesta en su carácter fragmentario (no protege todos los bienes jurídicos) y subsidiario (solo interviene si el resto del ordenamiento resulta insuficiente).
El principio non bis in idem
De creación jurisprudencial, derivado del art. 25.1 CE, prohíbe sancionar dos veces unos mismos hechos cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento. Tiene vertiente material (prohibición de doble sanción) y procesal (prohibición de doble enjuiciamiento), exigiendo suspender el procedimiento administrativo sancionador mientras se sustancia un proceso penal por los mismos hechos, con preferencia de la jurisdicción penal.
Clasificación de infracciones penales: delitos graves, menos graves y leves (art. 13 CP)
Tras la LO 1/2015, que suprimió las faltas, los delitos se clasifican según la pena que llevan aparejada: graves (pena grave, art. 33.2 CP, como prisión superior a 5 años), menos graves (art. 33.3 CP, prisión de 3 meses a 5 años) y leves (art. 33.4 CP, como la multa de hasta 3 meses). En caso de duda entre grave y menos grave se considera grave; entre menos grave y leve, se considera leve.
El dolo y la imprudencia (art. 5 CP)
No hay pena sin dolo o imprudencia. El dolo es la conciencia y voluntad de realizar el tipo penal, distinguiéndose dolo directo de primer grado, de segundo grado y dolo eventual (el autor asume el riesgo del resultado probable). La imprudencia consiste en infringir el deber objetivo de cuidado, produciendo un resultado no querido pero previsible y evitable; exige previsión expresa para ser punible (art. 12 CP).
Actos preparatorios punibles: conspiración, proposición y provocación
Solo se castigan cuando la ley lo prevé expresamente (arts. 17-18 CP). La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para ejecutar un delito y resuelven ejecutarlo. La proposición existe cuando quien ha resuelto cometerlo invita a otros a participar. La provocación es la incitación directa, por medio con eficacia de difusión, a perpetrar un delito; la apología es una forma de provocación cuando constituye incitación directa.
La tentativa (art. 16 CP)
El sujeto da principio a la ejecución directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que deberían producir el resultado, sin que este se produzca por causas independientes de su voluntad. Se castiga con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado (art. 62 CP), distinguiéndose tentativa acabada e inacabada.
El desistimiento voluntario (art. 16.2 CP)
Excluye la responsabilidad por el delito intentado a quien evita voluntariamente la consumación, desistiendo de la ejecución o impidiendo el resultado, sin perjuicio de responder por los actos ya ejecutados si fueran constitutivos de otro delito. Es una excusa absolutoria basada en razones de política criminal, no una causa de justificación.
La autoría: directa, coautoría y autoría mediata (art. 28 CP)
El autor directo ejecuta personalmente el tipo penal. El coautor realiza el hecho conjuntamente con otros, mediando acuerdo previo y reparto de tareas esenciales, respondiendo cada uno de la totalidad del hecho. El autor mediato realiza el hecho valiéndose de otra persona como instrumento (inimputable, engañado o coaccionado), recayendo la responsabilidad exclusivamente en quien domina la voluntad del ejecutor material.
La participación: inductores, cooperadores necesarios y cómplices (arts. 28-29 CP)
Los inductores determinan directamente a otro a ejecutar el delito, creando la resolución criminal; los cooperadores necesarios cooperan con un acto sin el cual no se habría efectuado; ambos se equiparan a los autores en pena. Los cómplices cooperan con actos anteriores o simultáneos no esenciales, castigándose con la pena inferior en un grado a la de los autores.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP)
Introducida por la LO 5/2010, se exige en los delitos expresamente previstos (Hacienda Pública, medio ambiente, blanqueo de capitales, entre otros) cuando el delito se comete en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio, por sus representantes legales o por quienes actúan bajo su autoridad, cuando no se ejerció el debido control (modelos de compliance como eximente o atenuante).
La prisión permanente revisable
Introducida por la LO 1/2015, pena privativa de libertad de duración indeterminada reservada a delitos de extrema gravedad tasados (asesinato agravado, homicidio del Jefe del Estado, genocidio, terrorismo con resultado de muerte). Sujeta a revisión periódica tras un plazo mínimo (con carácter general 25 años), determinando el Tribunal si procede la libertad condicional según pronóstico de reinserción.
Las medidas de seguridad: presupuestos de aplicación (art. 6 CP)
Exigen que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito y que se aprecie en él un pronóstico de peligrosidad criminal (probabilidad de cometer nuevos delitos). No pueden ser más gravosas ni de mayor duración que la pena aplicable al hecho. Se clasifican en privativas de libertad (internamiento psiquiátrico, de deshabituación o educativo especial) y no privativas (libertad vigilada, custodia familiar).
Vigencia espacial de la Ley Penal: el principio de territorialidad (art. 23 LOPJ)
Regla general: la jurisdicción penal española conoce de los delitos cometidos en territorio español, o a bordo de buques o aeronaves españoles, con independencia de la nacionalidad del autor, en aplicación de la soberanía estatal. Es el criterio que rige la inmensa mayoría de los procesos penales sustanciados en España.
El principio de justicia universal y el principio de personalidad (art. 23 LOPJ)
El principio de personalidad (art. 23.2) permite perseguir en España delitos cometidos por españoles en el extranjero, si el hecho es también punible en el lugar de comisión. El principio de justicia universal (art. 23.4-5), muy restringido desde 2014, permite perseguir delitos de especial gravedad internacional (genocidio, lesa humanidad, terrorismo) cometidos fuera de España cuando exista punto de conexión relevante.
La edad penal (art. 19 CP) y la responsabilidad penal del menor
Los menores de 18 años no son responsables criminalmente conforme al Código Penal: su responsabilidad se rige por la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (aplicable a mayores de 14 y menores de 18 años). Esta edad coincide con la mayoría de edad civil (art. 12 CE y art. 240 CC tras la Ley 8/2021).
El homicidio y sus formas: homicidio y asesinato (arts. 138-140 CP)
El homicidio (art. 138 CP) consiste en matar a otro, castigado con prisión de 10 a 15 años. El asesinato (art. 139 CP) exige, además de matar, que concurra alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento, o que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o evitar su descubrimiento, castigado con prisión de 15 a 25 años. El art. 140 CP reserva la prisión permanente revisable a los asesinatos agravados de especial gravedad.
Las lesiones (arts. 147 y ss. CP)
El art. 147.1 CP castiga a quien, por cualquier medio, cause a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Existen tipos agravados por el medio empleado, el resultado (pérdida de órgano, deformidad) o la relación con la víctima (violencia doméstica o de género).
Delitos contra la libertad: detención ilegal, amenazas y coacciones
La detención ilegal (arts. 163 y ss. CP) castiga al particular que encierra o detiene a otro privándole de su libertad. Si el autor es autoridad o funcionario público fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito, se aplican las penas con agravación e inhabilitación absoluta (art. 167 CP); si media causa por delito pero se incumplen plazos o garantías constitucionales o legales, rige el art. 530 CP (inhabilitación especial). Son preceptos de especial interés para el agente que practica detenciones. Las amenazas (art. 169 CP) castigan anunciar un mal futuro constitutivo de delito. Las coacciones (art. 172 CP) castigan impedir con violencia a otro hacer lo que la ley no prohíbe, o compelerle a efectuar lo que no quiere.
Delitos contra la libertad e indemnidad sexual: reforma de la LO 10/2022
La LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual («solo sí es sí»), unificó en un único delito de agresión sexual (art. 178 CP) las anteriores figuras de abuso y agresión sexual, que se define como cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento solo cuando se ha manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. La violación (acceso carnal) se agrava en el art. 179. Introdujo el acoso sexual callejero como delito leve (art. 173.4 CP). La LO 4/2023 revisó posteriormente el cuadro de penas de esta reforma.
Delitos contra el patrimonio: estafa y apropiación indebida
La estafa (art. 248 CP) castiga a quienes, con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. La apropiación indebida (art. 253 CP) castiga apropiarse de dinero, efectos o bienes muebles recibidos en depósito, comisión o administración, con obligación de entregarlos o devolverlos.
Delitos contra la seguridad vial: conducción bajo influencia de alcohol o drogas (art. 379 CP)
Castiga conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, así como, en todo caso, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l o en sangre superior a 1,2 g/l. Estas tasas penales son iguales para todos los conductores; las tasas inferiores para profesionales y noveles pertenecen al ámbito administrativo (Reglamento General de Circulación). Las penas son prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.
Delitos contra la seguridad vial: negativa a pruebas y conducción sin permiso (arts. 383-384 CP)
El art. 383 CP castiga con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se niegue a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia o de la presencia de drogas. El art. 384 CP castiga con prisión de tres a seis meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad conducir un vehículo a motor en los casos de pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de puntos, o tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso, o sin haberlo obtenido nunca.
Delitos contra el orden público: el atentado (art. 550 CP)
Castiga a quienes agredan, empleen fuerza, intimiden gravemente o resistan activamente de forma grave a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, considerándose a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todo caso, agentes de la autoridad a estos efectos, con tipos agravados por el uso de armas u otros medios peligrosos.
Delitos contra el orden público: resistencia y desobediencia (art. 556 CP)
Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de atentado, resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La resistencia no grave (mera oposición pasiva) queda al margen del ámbito penal, correspondiendo, en su caso, al régimen sancionador administrativo de la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
Los desórdenes públicos (art. 557 CP)
Castiga a quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, con tipos agravados cuando se porten armas, se lleven a cabo actos de pillaje, o se cometan con ocasión de reuniones o manifestaciones numerosas.
Delitos contra la Administración Pública: prevaricación y cohecho
La prevaricación administrativa (art. 404 CP) castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo, con inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve a quince años. El cohecho pasivo (arts. 419 y ss. CP) castiga a la autoridad o funcionario que solicite o reciba dádiva, favor o retribución, o acepte promesa, a cambio de realizar un acto contrario a los deberes del cargo, un acto propio del cargo o no realizar o retrasar un acto debido; la pena varía según que el acto sea constitutivo de delito, injusto o propio del cargo. El art. 408 CP castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deje intencionadamente de promover la persecución de delitos o de sus responsables.
Delitos contra la Administración de Justicia: el quebrantamiento de condena (art. 468 CP)
Castiga a quienes quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, con tipo agravado cuando se trata de quebrantar una pena de las contempladas en el art. 48 CP (alejamiento) impuesta en delitos de violencia de género o doméstica, materia de especial relevancia en la actuación diaria de la Guardia Civil.
Delitos contra el medio ambiente (art. 325 CP)
Castiga a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de protección del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, extracciones, radiaciones o depósitos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, con tipos agravados por la clandestinidad, el falseamiento de datos o la ocultación de información. La investigación de estos delitos corresponde en gran medida al SEPRONA de la Guardia Civil.
Los delitos de odio (art. 510 CP) y la agravante de discriminación (art. 22.4 CP)
El art. 510 CP castiga la incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o persona por razón de su origen étnico, religión, orientación sexual, discapacidad u otras circunstancias, así como la humillación o el menosprecio de sus miembros. El art. 22.4 CP prevé una circunstancia agravante genérica aplicable a cualquier delito cometido por motivos discriminatorios de esa misma naturaleza.
La prescripción de los delitos y la cancelación de antecedentes
El artículo 131 CP fija los plazos de prescripción de los delitos: veinte años cuando la pena máxima señalada sea prisión de quince o más años; quince para inhabilitación por más de diez años o prisión de más de diez y menos de quince; diez para prisión o inhabilitación de más de cinco y no más de diez años; cinco para los demás delitos, salvo los leves, que prescriben al año. No prescriben los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y los de terrorismo si hubieran causado la muerte de una persona. Los antecedentes penales se cancelan por el transcurso de plazos, que dependen de la pena (art. 136 CP).
El concurso de delitos y el delito continuado
El concurso real (art. 73 CP) se da cuando un mismo sujeto ha cometido varios delitos mediante varias acciones; se castigan todos, con límites de cumplimiento (art. 76 CP: triple de la pena más grave, máximo de veinte años, con excepciones de veinticinco, treinta y cuarenta). El concurso ideal (art. 77 CP) se da cuando un solo hecho constituye dos o más delitos, o uno es medio necesario para cometer el otro: se aplica la pena del delito más grave en su mitad superior. El delito continuado (art. 74 CP) agrupa varias acciones en ejecución de un plan preconcebido que infringen el mismo precepto penal.
Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas (art. 368 CP)
Castiga a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines. La pena es de prisión de tres a seis años y multa si se trata de sustancias que causan grave daño a la salud (heroína, cocaína), y de uno a tres años y multa en los demás casos (cannabis). El art. 369 prevé agravaciones (notoria importancia, pertenencia a organización, utilización de menores, entre otras). El consumo propio no es delito, pero sí es infracción administrativa grave la tenencia y consumo en lugares públicos (LO 4/2015).
Delitos de violencia de género y doméstica
La LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, estableció un sistema integral de protección. En el Código Penal, el maltrato ocasional (art. 153), el maltrato habitual (art. 173.2) y las amenazas y coacciones sobre la pareja o ex pareja tienen tipos agravados, con penas de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y alejamiento (art. 48 CP). El quebrantamiento de condena o de medida cautelar de alejamiento (art. 468 CP) es delito. La actuación de la Guardia Civil incluye la valoración del riesgo (sistema VioGén) y la protección de la víctima.
Tortura y delitos contra la integridad moral
El artículo 173.1 CP castiga al que inflija a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. La tortura (art. 174 CP) la comete la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información, someta a otra persona a condiciones o procedimientos que, por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales. Es un tipo de especial relevancia en el ejercicio de la función policial, con penas de prisión e inhabilitación absoluta.
Delitos de terrorismo (arts. 571 y ss. CP)
El Capítulo VII del Título XXII del Libro II regula los delitos de terrorismo. Comete delito de terrorismo quien, con las finalidades que enumera el art. 573 CP (subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar organizaciones internacionales o provocar el terror), comete delitos graves contra la vida, la integridad, la libertad o el patrimonio, entre otros. Se castiga la pertenencia o colaboración con organización terrorista, el adoctrinamiento y la capacitación, y el enaltecimiento (art. 578). El terrorismo con resultado de muerte puede castigarse con prisión permanente revisable. Su investigación corresponde a la Audiencia Nacional.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Concepto legal de delito (art. 10 CP): acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley; desde la LO 1/2015 ya no existe la categoría de falta, sustituida por los delitos leves.
Legítima defensa (art. 20.4ª CP): exige agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del defensor.
Reincidencia (art. 22.8ª CP): exige condena ejecutoria previa por delito del mismo título del Código y de la misma naturaleza; no cuentan los antecedentes cancelados o que debieran estarlo.
Novedad: LO 1/2026, de 8 de abril, de multirreincidencia (BOE-A-2026-7966, en vigor el 10-4-2026): modifica el CP, entre otros los arts. 22, 66 y 80, así como los delitos de hurto y estafa; los antecedentes por delitos leves solo se computan para los tipos agravados por multirreincidencia.
La circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP) puede atenuar O agravar según el delito: trampa habitual asumir que siempre agrava.
Multa por días-multa (art. 50 CP): de 10 días a 2 años, cuota diaria de 2 a 400 euros para personas físicas; no confundir con la multa proporcional de otros delitos.
Umbral entre hurto con pena de prisión y hurto leve: 400 euros (art. 234 CP); el hurto leve se castiga con multa de uno a tres meses.
Tasas de alcoholemia penal (art. 379.2 CP): 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre; son distintas y más altas que los límites administrativos de tráfico.
Las tasas de alcohol del art. 379.2 CP (0,60 mg/l en aire; 1,2 g/l en sangre) son iguales para todos los conductores; las tasas reducidas para profesionales y noveles son solo administrativas (0,15 mg/l).
Los menores de 18 años no responden con arreglo al Código Penal (art. 19 CP); la LO 5/2000 es aplicable de 14 a 17 años.
Tráfico de drogas (art. 368 CP): prisión de 3 a 6 años y multa si la sustancia causa grave daño a la salud; de 1 a 3 años y multa en los demás casos.
Atentado (art. 550 CP): prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses contra autoridad; prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos (agentes o funcionarios). Resistencia y desobediencia grave (art. 556 CP): prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.
Prescripción de los delitos (art. 131 CP): 20, 15, 10 y 5 años según la pena; los leves, al año. Los de lesa humanidad, genocidio y terrorismo con muerte no prescriben.
Detención ilegal por funcionario: art. 167 CP (sin causa por delito) y art. 530 CP (con causa por delito pero incumpliendo plazos o garantías).
Concurso ideal (art. 77 CP): pena del delito más grave en su mitad superior; concurso real (art. 73): se acumulan penas con límite del art. 76.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el artículo 10 del Código Penal, ¿qué son los delitos?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 8 de Guardia Civil?
El Derecho Penal español se regula en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, norma que ha sido reformada de manera muy intensa desde su aprobación, destacando la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (que suprimió las faltas y las reconvirtió en delitos leves) y numerosas reformas posteriores en materias como los delitos contra la libertad sexual o el patrimonio. Este tema aborda la parte general del Código Penal, esto es, las reglas comunes aplicables a todos los delitos: el concepto legal de delito, sus elementos estructurales (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), las circunstancias que eximen, atenúan o agravan la responsabilidad criminal, y el sistema de penas. Se completa con una introducción a tres bloques de la parte especial de especial relevancia práctica para la Guardia Civil: los delitos contra el patrimonio, contra la seguridad vial y contra el orden público.
¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?
Concepto legal de delito (art. 10 CP): acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley; desde la LO 1/2015 ya no existe la categoría de falta, sustituida por los delitos leves. Legítima defensa (art. 20.4ª CP): exige agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Reincidencia (art. 22.8ª CP): exige condena ejecutoria previa por delito del mismo título del Código y de la misma naturaleza; no cuentan los antecedentes cancelados o que debieran estarlo. Novedad: LO 1/2026, de 8 de abril, de multirreincidencia (BOE-A-2026-7966, en vigor el 10-4-2026): modifica el CP, entre otros los arts. 22, 66 y 80, así como los delitos de hurto y estafa; los antecedentes por delitos leves solo se computan para los tipos agravados por multirreincidencia. La circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP) puede atenuar O agravar según el delito: trampa habitual asumir que siempre agrava. Multa por días-multa (art. 50 CP): de 10 días a 2 años, cuota diaria de 2 a 400 euros para personas físicas; no confundir con la multa proporcional de otros delitos. Umbral entre hurto con pena de prisión y hurto leve: 400 euros (art. 234 CP); el hurto leve se castiga con multa de uno a tres meses. Tasas de alcoholemia penal (art. 379.2 CP): 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre; son distintas y más altas que los límites administrativos de tráfico. Las tasas de alcohol del art. 379.2 CP (0,60 mg/l en aire; 1,2 g/l en sangre) son iguales para todos los conductores; las tasas reducidas para profesionales y noveles son solo administrativas (0,15 mg/l). Los menores de 18 años no responden con arreglo al Código Penal (art. 19 CP); la LO 5/2000 es aplicable de 14 a 17 años. Tráfico de drogas (art. 368 CP): prisión de 3 a 6 años y multa si la sustancia causa grave daño a la salud; de 1 a 3 años y multa en los demás casos. Atentado (art. 550 CP): prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses contra autoridad; prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos (agentes o funcionarios). Resistencia y desobediencia grave (art. 556 CP): prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. Prescripción de los delitos (art. 131 CP): 20, 15, 10 y 5 años según la pena; los leves, al año. Los de lesa humanidad, genocidio y terrorismo con muerte no prescriben. Detención ilegal por funcionario: art. 167 CP (sin causa por delito) y art. 530 CP (con causa por delito pero incumpliendo plazos o garantías). Concurso ideal (art. 77 CP): pena del delito más grave en su mitad superior; concurso real (art. 73): se acumulan penas con límite del art. 76.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 112, de 8 de mayo de 2026 (Resolución 160/38243/2026, de 5 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, BOE-A-2026-9982), que remite al temario fijado en la Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la Resolución de 3 de octubre de 2022, ambas de la Dirección General de la Guardia Civil (Convocatoria 2026 — Escala de Cabos y Guardias (turno libre)).
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal (BOE-A-2015-3439)
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal (BOE-A-2010-9953)
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-2026-7966)
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